{"id":99551,"date":"2026-06-25T18:39:49","date_gmt":"2026-06-25T18:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2335-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:39:49","modified_gmt":"2026-06-25T18:39:49","slug":"stc2335-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2335-2017\/","title":{"rendered":"STC2335-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2335-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-002-2016-00297-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C.,   veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 19 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ofelia Beatriz Carrillo Arregoc\u00e9s, en su calidad de representante legal del Consejo Comunitario Afrodescendientes Negros de Sarahita contra el Ministerio del Interior y Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el municipio de Barrancas, Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de la Guajira \u2013 Corpoguajira, Agencia Nacional de Licencias Ambientales \u2013 Anla, Agencia Nacional de Tierras, y se cit\u00f3 a   la Defensor\u00eda del Pueblo y las Procuradur\u00edas Delegadas en Asuntos Agrarios y Ambientales, y para asuntos \u00c9tnicos.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la accionante reclama el amparo los \u00abDerechos Constitucionales a la Consulta Previa, Igualdad, Debido Proceso, Derechos Colectivos, \u2026Propiedad Colectiva, Diversidad \u00c9tnica y Cultural, y Derecho al Tejido Social de los Miembros Ancestral del Asentamiento Afrodescendientes de SARAHITA, Municipio de Barrancas\u00bb, presuntamente vulnerados por los convocados, al permitir que se adelantara la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n del carb\u00f3n en sus territorios, y con ello la expropiaci\u00f3n y desplazamiento de la comunidad.  <\/span><\/p>\n

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       2.        En s\u00edntesis, expuso que como nativa del mentado asentamiento \u00e9tnico y descendiente de quienes ocuparon el \u00abTerreno Ancestral denominado LA CLAVADA\u2026 fundado desde 1780 aproximadamente por Negros Esclavos Procedentes de \u00c1frica\u00bb,  representa legalmente el Consejo Comunitario Afrodescendientes Negros de Sarahita, cuya personer\u00eda jur\u00eddica otorgada por la Alcald\u00eda Municipal mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 222 del 11 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

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       Indic\u00f3 que \u00abdesde \u00e9pocas milenarias\u00bb ese territorio es \u00abPropiedad Colectivo (sic)\u00bb, con m\u00e1s de 2.000 hect\u00e1reas y estuvo habitado por m\u00e1s de ochenta familias \u00abquienes subsist\u00edan de la Ganader\u00eda, Agricultura, Pesca del R\u00edo Rancher\u00eda, Arroyo Oreganal y Palmarito\u2026\u00bb, y que a\u00fan all\u00ed \u00abse encuentra su Cementerio Ancestral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que las familias en menci\u00f3n \u00abfueron Desplazadas, Expropiadas y Desalojadas por las Autoridades Competente (sic) por solicitud de la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n en el a\u00f1o 1990\u00bb, y que consecuencia del procedimiento jur\u00eddico que obvi\u00f3 la consulta previa \u00aba la que a\u00fan tiene derecho\u00bb, \u00abse encuentran dispersas por diferentes Municipios de La Guajira y de otros Departamentos de Colombia\u00bb, pues \u00abno han sido Reubicadas o Reasentadas\u2026 en un nuevo Territorio para Conservar su Tejido Social, ni indemnizadas por la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3. Pretende que se ordene al Ministerio del Interior \u00abEfectuar el Proceso de Consulta Previa\u00bb entre la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n y los miembros de la comunidad demandante;  \u00abAnular los contratos de Compraventas\u00bb porque \u00e9stas se hicieron \u00abpor Lotes\u00bb como se aplica entre particulares \u00aby no para grupos \u00e9tnicos\u00bb; y que tambi\u00e9n la empresa carbon\u00edfera proceda a \u00abReasentar o Reubicar a las Familias Nativas\u2026 para Conservar su Tejido Social, Usos y Costumbres\u00bb, as\u00ed como a \u00abIndemnizar\u00bb los perjuicios materiales, morales y fisiol\u00f3gicos causados por el \u00abdesplazamiento\u00bb de su territorio (fls. 2 a 15, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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2. La empresa Carbones del Cerrej\u00f3n, expuso a trav\u00e9s de apoderado judicial, que el ascendiente de la accionante, el 2 de septiembre de 1992, \u00abde forma libre y espont\u00e1nea decidi\u00f3 transferir  el derecho de posesi\u00f3n de un predio rural denominado \u201cla Clavada\u201d ubicado en el Paraje de Saharita\u00bb, declarando ser \u00abcolono de buena fe\u00bb; adujo que el Consejo Comunitario a\u00fan no ha agotado los requisitos para su conformaci\u00f3n seg\u00fan la ley 70 de 1993 y dem\u00e1s disposiciones aplicables, y que \u00abno es cierto que el territorio Saharita haya sido de propiedad colectiva\u00bb, habida cuenta \u00ablas negociaciones particulares e individuales realizadas por quienes ostentaban la posesi\u00f3n de los predios rurales bald\u00edos localizados en el sector\u00bb (fls. 86 a 95, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de La Guajira \u2013 Corpoguajira, indic\u00f3 que dentro de sus funciones est\u00e1 la de brindar acompa\u00f1amiento a las reuniones de consulta previa, y por no haber vulnerado prerrogativa alguna a la demandante, solicit\u00f3 que la entidad fuera exonerada de toda responsabilidad (fls. 131 y 132, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. El Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior dijo que esa autorizaci\u00f3n se cumple \u00aba solicitud de parte\u00bb, requiri\u00e9ndose para empezar una certificaci\u00f3n \u00absobre la presencia o no de grupos \u00e9tnicos en el marco de la ejecuci\u00f3n de un proyecto\u00bb; expres\u00f3 la importancia de que se realice antes de iniciar la ejecuci\u00f3n de las obras, a fin de \u00abgarantizar que los grupos \u00e9tnicos tengan una oportunidad efectiva de participaci\u00f3n en la identificaci\u00f3n de los impactos y el dise\u00f1o de las medidas de prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n, correcci\u00f3n y compensaci\u00f3n\u00bb, y precis\u00f3 que si los elementos de \u00abafectaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n de las comunidades \u00e9tnicas dentro del \u00e1rea de influencia del proyecto, obra o actividad, no son evidenciados, la consulta previa no procede\u00bb (fls. 134 a 138, id.).  <\/span><\/p>\n

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5. La Defensor\u00eda del Pueblo, a trav\u00e9s de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, dijo que no pod\u00eda hacer un an\u00e1lisis sobre la situaci\u00f3n descrita en la tutela, ya que no ten\u00eda certeza \u00abacerca de los derechos colectivos vulnerados\u00bb, pues contrario a lo ocurrido en otros casos similares, para \u00e9ste la entidad \u00abno ha realizado estudios, investigaciones, o visitas a campo en esa zona\u00bb (fls.  145 a 147, cit.).  <\/span><\/p>\n

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6. Finalmente, la Subdirectora de Asuntos \u00c9tnicos de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, informo que de acuerdo con la base de datos de esa dependencia oficial, \u00abno se registra solicitud de titulaci\u00f3n colectiva por parte del Consejo Comunitario de Sarahita \u2013 COAFROSARAHITA\u00bb, y que la ANT tampoco ha proferido resoluci\u00f3n en ese sentido (fl. 159, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el resguardo al establecer, luego del respectivo an\u00e1lisis normativo, que la Comunidad no ha obtenido el t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n del territorio como propiedad colectiva, dentro de cuyos efectos jur\u00eddicos est\u00e1 la destinaci\u00f3n y su \u00abnaturaleza de inalienable, imprescriptible e inembargable\u00bb; agreg\u00f3 que tampoco es posible que se conceda una \u00abprotecci\u00f3n especial\u00bb a dicha propiedad frente a terceros, en tanto la representante legal del Consejo Comunitario \u00abest\u00e1 en imposibilidad de probar que se hab\u00eda expedido el t\u00edtulo colectivo del territorio, en tanto que, las ventas unipersonales fueron celebradas con anterioridad a la expedici\u00f3n de las normas que regularon el tema\u00bb (fls. 160 a 170, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la accionante reiterando los argumentos y peticiones (fls. 187 y 188, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial, advirtiendo que no es sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s mecanismos de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual, seg\u00fan esta Corporaci\u00f3n, se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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2. Para el caso bajo estudio, la accionante, y el grupo de familias que representa, pretende luego de haber cedido individualmente sus posesiones para facilitar la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de carb\u00f3n, que se les otorgue la oportunidad de entrar a un proceso de consulta previa frente al proyecto minero que adelanta la empresa Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, y como consecuencia de ello se dejen sin efecto las compraventas o que la compa\u00f1\u00eda proceda a reubicarlos pag\u00e1ndoles una indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados.  <\/span><\/p>\n

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3. En lo atinente a la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales derivadas de la omisi\u00f3n del derecho a la consulta previa, es preciso recordar que el reconocimiento multicultural que existe en nuestro pa\u00eds, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica estableci\u00f3 mecanismos que permiten la preservaci\u00f3n de las comunidades locales, en orden a salvaguardar sus costumbres, cultura, modelos de gesti\u00f3n, entre otros factores propios de su identidad colectiva (CC  C-622\/13).  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed como el ordenamiento jur\u00eddico ha establecido, entre otros instrumentos de protecci\u00f3n, la consulta previa, elevada \u00aba derecho fundamental en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los (\u2026) grupos \u00e9tnicos y tribales\u00bb (CSJ STC, 27 ago. 2012, rad. 2012-00200-01), de cuya trascendencia tambi\u00e9n se ocupa el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, que hace parte del bloque de constitucionalidad.  <\/span><\/p>\n

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La finalidad de dicha consulta es \u00ab\u2026analizar el impacto econ\u00f3mico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad ind\u00edgena o afrodescendiente\u2026\u00bb (CSJ STC, 14 jun. 2012, rad. 60870, citada en STC1431-2017, 8 feb. 2017, rad. 00289-01), con ocasi\u00f3n de cualquier medida legislativa, administrativa o de hecho que las afecte directamente, incluyendo la explotaci\u00f3n de recursos naturales en sus territorios y la delimitaci\u00f3n de sus entidades territoriales (art\u00edculos 330 y 329 de la Carta Pol\u00edtica).  <\/span><\/p>\n

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No obstante el car\u00e1cter preventivo de la consulta, \u00e9sta puede suscitarse cuando el proyecto ya est\u00e9 en ejecuci\u00f3n, pero se advierte que \u00abdichas consultas no pueden desnaturalizarse convirti\u00e9ndose \u00fanicamente en mecanismos de compensaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os causados a los miembros de la comunidad individualmente considerados. Esto debilitar\u00eda la autoridad de las instituciones y las formas organizativas propias de dichas comunidades. Las consultas en tales casos deben ir encaminadas, principalmente, a corregir los impactos debidamente identificados, que hayan sido causados a los derechos colectivos de la comunidad\u00bb (CC T-969\/14).  <\/span><\/p>\n

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4. De conformidad con lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que la demandante, aparte de pretender darle a la salvaguarda un tratamiento que desborda su  naturaleza jur\u00eddica, en tanto el juez constitucional no puede sustituir al juez ordinario encargado de reversar los efectos jur\u00eddicos de contratos de compraventa, o de resolver el eventual resarcimiento econ\u00f3mico derivado de tales negocios, con esta invocaci\u00f3n tambi\u00e9n desatiende el principio de subsidiariedad del resguardo.  <\/span><\/p>\n

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Esto, porque para la \u00e9poca en que Carbones del Cerrej\u00f3n adquiri\u00f3 los lotes para el proyecto minero, que seg\u00fan los instrumentos p\u00fablicos adosados al expediente ocurri\u00f3 entre 1990 a 1993 (fls. 108 a 127, cd. 1), ni para el momento en que se obtuvo la aprobaci\u00f3n del plan de manejo ambiental, el Ministerio del Interior hab\u00eda certificado la presencia de grupos \u00e9tnicos en ese espec\u00edfico paraje de Saharita del municipio de Barrancas, y en esas condiciones a la empresa no le era exigible agotar el procedimiento de consulta previa.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, como durante la ejecuci\u00f3n del proyecto, obra o actividad, la empresa carbon\u00edfera no ha observado la causaci\u00f3n de afectaciones directas a comunidades \u00e9tnicas, y por ende no ha solicitado a la autoridad estatal que adelante el tr\u00e1mite de consulta previa, la organizaci\u00f3n tribal es la llamada a alertar a la compa\u00f1\u00eda sobre su asentamiento en la zona de influencia, en aras a que se surta la aludida consulta previa que ahora echa de menos, pero no lo ha hecho.  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo anterior se advierte que si bien el Consejo Comunitario accionante, solo fue constituido el 17 de junio de 2016 e inscrito ante la Alcald\u00eda Municipal de Barrancas mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 222 del 11 de julio de 2016 (fls. 16 y 17, ib\u00eddem), a la fecha no ha acreditado la gesti\u00f3n antes referida, ni ha cumplido el proceso jur\u00eddico tendiente a que se adjudiquen los terrenos en que dice se asentaron sus antepasados y del que sus descendientes \u00abfueron Desplazadas, Expropiadas y Desalojadas\u2026 por solicitud de la Empresa Carbones del Cerrej\u00f3n en el a\u00f1o 1990\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que esta Sala proh\u00edje lo argumentado por el Tribunal de primer grado para negar la tutela, en relaci\u00f3n con el comportamiento omisivo del reci\u00e9n creado Consejo Comunitario para gestionar, con soporte en la ley 70 de 1993 y disposiciones concordantes y aplicables, la declaratoria de \u00abpropiedad colectiva\u00bb en cabeza de la \u00abcomunidad negra\u00bb que representa, lo cual se traduce en el no agotamiento de los medios de defensa que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico, y con ello la improcedencia de la tutela al tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la exigencia de que con antelaci\u00f3n a la tutela debe haberse acudido a las autoridades encargadas de brindar soluci\u00f3n al asunto que se atribuye como vulnerador de los derechos fundamentales, la Corte ha sostenido que: \u00ab(\u2026) la salvaguarda invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, teniendo en cuenta que el amparo invocado desconoce el \u00abprincipio de subsidiariedad\u00bb, como quiera que, de una parte no acreditaron haber puesto en conocimiento de la autoridades acusadas y vinculadas los hechos que son hoy objeto de \u00abqueja constitucional\u00bb, por ello mal se har\u00eda en endilgar responsabilidad a los organismos acusados cuando a ellos no se les ha descrito la situaci\u00f3n reprochada\u00bb (CSJ STC, 21 abr. 2014, rad. 2013-01315-02, reiterada en STC9813-2016, 19 jul. 2016, rad. 00020-01).  <\/span><\/p>\n

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5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se respaldar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia mediante la cual se neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente             STC2335-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-002-2016-00297-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C.,   veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99551\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}