{"id":99557,"date":"2026-06-25T18:40:26","date_gmt":"2026-06-25T18:40:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2341-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:40:26","modified_gmt":"2026-06-25T18:40:26","slug":"stc2341-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2341-2017\/","title":{"rendered":"STC2341-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2341-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-22-14-000-2016-00292-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Celina Rubio Carrillo, contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Cooperativa de Transportadores \u201cLos Fundadores Cootrafun\u201d Ltda.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades judiciales tuteladas al variar el efecto en el que fue concedido el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia y ordenarle pagar el valor estimado por el A quo, como debido a su demandante, sin que previamente se hubiese establecido el momento a partir del cual se contabilizar\u00eda el plazo otorgado para ello.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se declare nula la actuaci\u00f3n adelantada en el juicio ejecutivo iniciado a continuaci\u00f3n de la rendici\u00f3n provocada de cuentas que se sigui\u00f3 en su contra y, en su lugar, se dicte auto en el cual se le ordene rendir cuentas de su gesti\u00f3n y que se le conceda el plazo para cancelar, a partir de la notificaci\u00f3n de aquel prove\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Cootrafun Ltda., formul\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra la tutelante, en su condici\u00f3n de gerente de la Cooperativa.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 70 Civil Municipal de Armenia, que tras admitirlo a tr\u00e1mite y adelantar las gestiones procesales de rigor, emiti\u00f3 sentencia el 2 de junio de 2016, en la cual dispuso que la accionante diera cuenta de su gesti\u00f3n a la sociedad demandante, para cuyo efecto se le concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas calendario.  <\/span><\/p>\n

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3. Inconforme, la reclamante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra lo as\u00ed resuelto.  <\/span><\/p>\n

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4. La impugnaci\u00f3n fue concedida en el efecto suspensivo y el 21 de junio siguiente, el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Armenia lo admiti\u00f3 pero en el devolutivo, por lo que remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n a su inferior funcional.  <\/span><\/p>\n

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5. El 16 de agosto de 2016, el demandante exigi\u00f3 requerir a la tutelante para que diera cumplimiento a la condena impuesta.  <\/span><\/p>\n

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6. El 17 de noviembre de 2016, el Ad quem imparti\u00f3 integral confirmaci\u00f3n a la decisi\u00f3n censurada.  <\/span><\/p>\n

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7. El 23 del mismo mes y a\u00f1o, la Cooperativa insisti\u00f3 en el obedecimiento de la demandada.  <\/span><\/p>\n

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8. El 12 de diciembre posterior, el juzgador de instancia dispuso obedecer lo resuelto por su superior y orden\u00f3 a la quejosa cancelar lo debido a la demandante.  <\/span><\/p>\n

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9. La peticionaria del amparo acude a este mecanismo constitucional para solicitar la salvaguarda de la garant\u00eda superior que considera vulnerada por las tuteladas, en tanto no le fijaron el momento a partir del cual corr\u00eda su obligaci\u00f3n de rendir las cuentas a su empleadora, impidiendo de esta manera que ella cumpliera con tal carga oportunamente, circunstancia que conllev\u00f3 a la emisi\u00f3n de una orden de pago que, en su sentir, debe ser invalidada.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 20, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. En sentencia de 16 de diciembre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras considerar que la acci\u00f3n presentada desconoce el requisito de la subsidiaridad, en la medida en que la quejosa pretende controvertir una decisi\u00f3n cuya adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n no fue oportunamente solicitada. Respecto a la anulaci\u00f3n pedida, hizo ver que para cuando la reclamante acudi\u00f3 al amparo, a\u00fan estaba a tiempo de cuestionar el auto correspondiente, a trav\u00e9s de los medios ordinarios y no lo hizo. [Folios 40-48, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. La tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin adicionar los motivos de su inconformidad. [Folio 60, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. La accionante critica que mediante sentencia de 2 de junio de 2016, se le hubiese ordenado rendir cuentas de su gesti\u00f3n como gerente a su contraparte, sin determinar la fecha a partir de la cual iniciaba a correr el t\u00e9rmino de los treinta (30) d\u00edas que se le otorgaron para el efecto, raz\u00f3n por la cual pretende que por esta v\u00eda se deje sin efectos el tr\u00e1mite adelantado por el juzgador del conocimiento con miras a aplicar lo normado en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso, tal como lo solicit\u00f3 la Cooperativa que gerenciaba.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, se tiene que, de un lado, si  bien la tutelante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que dispuso la rendici\u00f3n de cuentas a su cargo e inicialmente el juez de primer grado concedi\u00f3 tal censura en el efecto suspensivo, lo cierto es que de acuerdo con la normatividad procesal que regula la materia, tal medio de impugnaci\u00f3n en ese tipo de asuntos, procede en el efecto en que lo admiti\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, esto es, en el devolutivo.  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo a ello, es claro que la concesi\u00f3n del recurso no suspende la competencia del juez A quo, como equivocadamente lo estima la peticionaria del amparo, a quien debe recordarse que las disposiciones procedimentales son de orden p\u00fablico y por tanto de inmediato cumplimiento.  <\/span><\/p>\n

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Es decir, que la equivocaci\u00f3n del juez del conocimiento en torno al efecto en que deb\u00eda concederse la apelaci\u00f3n, no tiene la entidad suficiente para generar la irregularidad endilgada en la demanda de amparo, pues se trata de un asunto que regula expresamente el legislador cuando en el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00ab\u2026[s]e otorgar\u00e1 en el efecto suspensivo la apelaci\u00f3n de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las apelaciones de las dem\u00e1s sentencias se conceder\u00e1n en el efecto devolutivo, pero no podr\u00e1 hacerse entrega de dineros u otros bienes, hasta tanto sea resuelta la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, es de p\u00fablico conocimiento que \u00ab[e]n el efecto devolutivo (\u2026) no se suspende(\u2026) el cumplimiento de la providencia apelada, ni el curso del proceso, tal como lo estipula el numeral 2\u00ba del precepto legal en comento, raz\u00f3n por la cual ninguna duda admit\u00eda que el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia dictada el 2 de junio de 2016 por el Juzgado 7\u00ba Civil Municipal de Armenia, surt\u00eda plenos efectos a partir de su notificaci\u00f3n, no obstante haber sido objeto de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Con todo, si la promotora del amparo consideraba necesario que se le indicase con precisi\u00f3n el punto de partida del lapso concedido para entregar las cuentas de su administraci\u00f3n, ha debido solicitar tal claridad al A quo, como se lo permit\u00eda el art\u00edculo 285 ej\u00fasdem.  <\/span><\/p>\n

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4. En lo que respecta al auto proferido el 12 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s del cual se dispuso el pago de lo estimado en la demanda a la quejosa, evidencia la Sala que aquel es el resultado del desobedecimiento de la reclamante a la condena emitida en su contra, pues obs\u00e9rvese que no s\u00f3lo desde la emisi\u00f3n de la sentencia de primer grado transcurri\u00f3 en silencio el lapso de los 30 d\u00edas otorgado para rendir el informe de su gesti\u00f3n, sino que proferida la decisi\u00f3n del sentenciador de segunda instancia que ratific\u00f3 en todas sus partes el fallo de su inferior funcional, la actora se abstuvo de cumplir lo mandado.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional la promotora del amparo pretenda subsanar su desatenci\u00f3n a la orden judicial que le fue impartida y habilitar t\u00e9rminos que por su propia incuria dej\u00f3 vencer.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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