{"id":99559,"date":"2026-06-25T18:40:34","date_gmt":"2026-06-25T18:40:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2344-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:40:34","modified_gmt":"2026-06-25T18:40:34","slug":"stc2344-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2344-2017\/","title":{"rendered":"STC2344-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2344-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02195-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Alberto P\u00e9rez Quintero contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, ambos de Bucaramanga, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas y Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Fiscal\u00eda Tercera Seccional CAIVAS, todos de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la defensa t\u00e9cnica, debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad y contradicci\u00f3n, que estima vulnerados por las autoridades judiciales al no declarar la nulidad del proceso penal adelantado en su contra por el delito de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado, a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n, y al denegar su libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se ordene al Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga que se abstenga de continuar el juicio referido y decrete su excarcelaci\u00f3n inmediata.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante denuncia penal instaurada el 6 de octubre de 2011, se tuvo conocimiento de los presuntos vej\u00e1menes sexuales cometidos por Jes\u00fas Alberto P\u00e9rez Quintero contra la ni\u00f1a MCGM, cuando esta habitaba con su t\u00eda, c\u00f3nyuge del implicado, en una residencia ubicada en Floridablanca, Santander.  <\/span><\/p>\n

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2. El 15 de abril de 2013, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de la ciudad mencionada, se declar\u00f3 la contumacia, se formul\u00f3 la imputaci\u00f3n contra el aqu\u00ed quejoso por el delito de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y adem\u00e1s se orden\u00f3 una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.  <\/span><\/p>\n

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3. La Fiscal\u00eda present\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n por la conducta punible referida y, en efecto, el 1\u00b0 de abril de 2014 se llev\u00f3 a cabo la diligencia correspondiente en el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga.  <\/span><\/p>\n

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4. El fallador efectu\u00f3 la audiencia preparatoria el 29 de mayo de 2015.  <\/span><\/p>\n

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6. Posteriormente, el se\u00f1or P\u00e9rez Quintero solicit\u00f3 su libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, la cual negada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bucaramanga el 16 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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7. Contra esta decisi\u00f3n, el procesado formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue resuelto por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, confirmando la providencia cuestionada el 14 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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8. Durante el tr\u00e1mite de la audiencia oral, el defensor del implicado solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la audiencia de acusaci\u00f3n, debido a que su apoderado se encontraba suspendido disciplinariamente, sin embargo esta fue denegada por el fallador el 25 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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9. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el procesado interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en providencia del 15 de junio de 2016, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que cuando se inici\u00f3 la audiencia de acusaci\u00f3n en el proceso penal adelantado en su contra, su defensor estaba inhabilitado para el ejercicio de su profesi\u00f3n, lo que significa que \u00e9l careci\u00f3 de una defensa t\u00e9cnica real, por lo que se solicit\u00f3 la nulidad de esa actuaci\u00f3n, sin embargo los jueces de las instancias la denegaron, y de otro lado se vencieron los t\u00e9rminos para que se iniciara la audiencia de juicio, sin que los jueces de control de garant\u00edas concedieran la libertad inmediata. [Folios 1-13, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1\u00b0 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las sedes judiciales querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de los Juzgados Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas y Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Fiscal\u00eda Tercera Seccional CAIVAS, todos de Bucaramanga, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 253-255, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga se opuso a la prosperidad del resguardo, debido a que neg\u00f3 la nulidad del juicio penal censurado porque el defensor del procesado particip\u00f3 activamente en la audiencia preparatoria, sin que se afectara el desarrollo de esa actuaci\u00f3n ni se conculcaran los derechos del quejoso, pese a que el profesional del derecho se encontrara suspendido. [Folios 271-273, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Fiscal\u00eda Tercera Seccional CAIVAS indic\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas superiores del impulsor de la salvaguarda. [Folios 280-281, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga manifest\u00f3 que es improcedente la protecci\u00f3n constitucional solicitada, a ra\u00edz de que las decisiones atacadas no son arbitrarias y que el juez de tutela no puede reemplazar a los jueces ordinarios. [Folio 282, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bucaramanga inform\u00f3 que no accedi\u00f3 a la solicitud de libertad provisional del actor, conforme a las normas aplicables al caso y los precedentes vigentes al momento de tomar esa determinaci\u00f3n. [Folio 285, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga refiri\u00f3 los argumentos que sustentaron la providencia que confirm\u00f3 la dictada por el a quo, en lo relativo a la no concesi\u00f3n de la libertad provisional al reclamante. [Folios 288-290, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 15 de diciembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que el accionante puede acudir al juez natural para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos, lo que impide la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional, como quiera que el proceso penal se encuentra en curso, y de otro lado, si esa persona pretende obtener la libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos, debe acudir nuevamente a los jueces de control de garant\u00edas para que verifiquen la procedencia de ese solicitud, dado que ellos se pronunciaron con anterioridad al fallo STP6017-2016, emitido el 11 de mayo de 2016, por ende, aquellos son los llamados a evaluar si en el caso concreto se dan las condiciones para su excarcelaci\u00f3n. [Folios 291-306, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, sin dejar ver su disenso con el fallo. [Folio 316, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo, eso s\u00ed, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el reclamante tiene otros medios de defensa judiciales id\u00f3neos para procurar la defensa de sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el actor alega, en s\u00edntesis, que los jueces de conocimiento denegaron la solicitud de nulidad del proceso penal adelantado en su contra desde que se inici\u00f3 la audiencia de acusaci\u00f3n, a pesar de que su defensor se encontraba inhabilidad para el ejercicio de su profesi\u00f3n, lo que conlleva a una falta de defensa t\u00e9cnica durante esa actuaci\u00f3n y las subsiguientes, motivo por el cual se est\u00e1n transgrediendo sus garant\u00edas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Corte que el juicio penal examinado todav\u00eda no ha finalizado, puesto que al momento de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional se hallaba en la etapa de juicio oral, lo que conlleva ineludiblemente a que el quejoso a\u00fan cuenta con medios de defensa judicial id\u00f3neos a su alcance para formular los reparos alegados por esta v\u00eda, de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, las determinaciones de los despachos accionados no pueden considerarse definitivas, circunstancias que tornan en prematura la acci\u00f3n de tutela y, a todas luces, emerge inconveniente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que no es permitido que a trav\u00e9s suyo se suplan los mecanismos procesales de defensa.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, resulta inviable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que est\u00e1 pendiente de ser decidida por los jueces naturales mediante los mecanismos de contradicci\u00f3n que la legislaci\u00f3n adjetiva prev\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Sumado a lo anterior, frente la s\u00faplica del reclamante relativa a la libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos, la Corporaci\u00f3n advierte que no se cumpli\u00f3 el requisito de la subsidiariedad, puesto que \u00e9l cuenta con instrumentos procesales para solicitarla ante los jueces ordinarios, sin que sea procedente que utilizar la v\u00eda constitucional como un mecanismo alternativo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior se debe a que, si bien los jueces penales con funciones de control de garant\u00edas se pronunciaron los d\u00edas 16 de febrero y 14 de abril de 2016 y no concedieron el levantamiento de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, la aplicabilidad del precedente establecido en la sentencia STP6017-2016, proferida el 11 de mayo de 2016 por la Hom\u00f3loga Penal, en un caso de similares contornos en su criterio, lo cierto es que los funcionarios referidos no han tenido la oportunidad para pronunciarse sobre los nuevos argumentos presentados por el accionante.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que no sea procedente el resguardo deprecado, porque es al interior del proceso que el procesado tiene la oportunidad de esbozar las nuevas razones que por esta v\u00eda expone y no puede pretender que por medio de la acci\u00f3n de tutela incoada, el juez constitucional sustituya al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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4. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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