{"id":99561,"date":"2026-06-25T18:40:48","date_gmt":"2026-06-25T18:40:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2346-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:40:48","modified_gmt":"2026-06-25T18:40:48","slug":"stc2346-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2346-2017\/","title":{"rendered":"STC2346-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2346-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02231-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de tutela proferido el trece de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Alejandra G\u00e9lvez Ram\u00edrez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Penal del Circuito de la Dorada \u2013Caldas, tr\u00e1mite al que se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes dentro en la acci\u00f3n de tutela N\u00b0 2016-00027, y en el incidente de desacato que con posterioridad se surti\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, y a la justa administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por las autoridades acusadas en virtud de la sanci\u00f3n impuesta en su contra por desacato a una orden de tutela, a pesar de no ser la funcionaria encargada de obedecerla pues fungi\u00f3 como Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, hasta el 11 de julio de 2017, y el primer requerimiento previo dentro del tr\u00e1mite incidental, se profiri\u00f3 s\u00f3lo hasta el 13 de julio siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada y se deje sin valor ni efecto, las providencias por medio de las cuales se resolvi\u00f3 el incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta. [Folio 5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante fallo de tutela de 17 de febrero de 2016, el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada \u2013Caldas, deneg\u00f3 la salvaguarda deprecada por los se\u00f1ores Cesar Augusto Mu\u00f1oz Salda\u00f1a, Jes\u00fas Emilio Gallego Monsalve, Leonardo Fabio Orozco Casta\u00f1o, Daniel Guevara Abonce, Alexander Rodr\u00edguez Pe\u00f1aranda, Edwar Parra Medina y Wilmer Antonio Valencia Ayala.  <\/span><\/p>\n

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2. Inconformes, los all\u00ed tutelantes impugnaron la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

3. El Tribunal accionando, en fallo de 19 de abril de 2016, resolvi\u00f3 revocar la sentencia de tutela revisada, y en su lugar le orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n General del INPEC, a la USPEC y a la direcci\u00f3n del EPAMS de la Dorada, que en un t\u00e9rmino no superior al mes, coordine lo necesario para que \u00ab\u2026i) entreguen una silla nueva para peluquer\u00eda al pabell\u00f3n n\u00famero 8 del EPAMS de La Dorada;  ii) instalen una barrera completa transparente, que divida el \u00e1rea de peluquer\u00eda, con la sala de televisi\u00f3n, esto, sin afectar la seguridad del pabell\u00f3n, ni la posibilidad de vigilancia de los que all\u00ed se encuentren; iii) organicen el piso y las paredes del lugar donde se preste el servicio, que est\u00e9n debidamente lisos y pintados, para facilitar su permanente aseo;  iv) otorguen los elementos de bioseguridad, tales como tapabocas y desinfectantes de manera diaria; y la entrega las (sic) cuchillas para la m\u00e1quina de motilar cada 6 meses. v) se capacite debidamente a las personas que se encuentren desarrollando esta actividad, conforme a lo motivado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 8 de julio de 2016, los accionantes promovieron incidente de desacato contra las entidades tuteladas, por considerar que hab\u00edan desobedecido la orden de protecci\u00f3n constitucional dictada a su favor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 13 de julio de 2016, el Juzgado de primer grado, requiri\u00f3 a la  Direcci\u00f3n del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad  local a cargo del se\u00f1or Enrique Malag\u00f3n P\u00e9rez, a la Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC-, hoy a cargo del Brigadier General Jorge Luis Ram\u00edrez Aragon, en su condici\u00f3n de Director General, y a la Direcci\u00f3n de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC- a cargo de la doctora Claudia Alejandra G\u00e9lvez Ram\u00edrez, para que se sirvieran informar lo concerniente al fallo tutelar.  <\/span><\/p>\n

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4. En providencia de 28 de julio de 2016, se dio apertura al tr\u00e1mite incidental, contra los funcionarios requeridos y se les concedi\u00f3 un lapso de tres (3) d\u00edas para ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa.  <\/span><\/p>\n

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5. El juzgado accionado, le notific\u00f3 a la aqu\u00ed tutelante, con oficio N\u00b0 3822, la apertura del incidente al correo electr\u00f3nico institucional: buzonjudicial@uspec.gov.co.  <\/span><\/p>\n

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6. En providencia de 4 de agosto de 2016, el fallador sancion\u00f3 por desacato a los prenombrados, por hallar insatisfecha la orden de amparo en comento. En consecuencia, impuso a cada uno de ellos tres  (3) d\u00edas de arresto y multa equivalente a cinco (5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes.  <\/span><\/p>\n

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7. El 5 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Manizales, desat\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta respecto del anterior prove\u00eddo en el que resolvi\u00f3 confirmar la sanci\u00f3n impuesta s\u00f3lo respecto de la Dra. Claudia Alejandra G\u00e9lvez Ram\u00edrez, y a rengl\u00f3n seguido, revoc\u00f3 la sanci\u00f3n dirigida contra los otros dos funcionarios incidentados.  <\/span><\/p>\n

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8. En criterio de la peticionaria del amparo, las determinaciones objeto de reproche transgreden sus derechos fundamentales invocados, toda vez que no funge como Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC-, pues ejerci\u00f3 dicho cargo hasta el 11 de julio de 2016 y a partir del d\u00eda siguiente, tom\u00f3 posesi\u00f3n en ese empleo, la Dra Mar\u00eda Cristina Palau Salazar, y por tanto, para el momento en que se inici\u00f3 el requerimiento previo, como el tr\u00e1mite posterior en el incidente de desacato, ya no ostentaba el cargo mencionado y en ese sentido, la sanci\u00f3n no debi\u00f3 impon\u00e9rsele a ella, m\u00e1xime cuando nunca se le notific\u00f3 acerca de las referidas actuaciones.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de diciembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado accionado, alleg\u00f3 copia de las actuaciones por \u00e9l dictadas.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Tribunal Superior de Manizales, inform\u00f3 que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC-, atendi\u00f3 el requerimiento previo pero no inform\u00f3 acerca del cambio de la funcionaria que deb\u00eda atender la queja, y por tanto, su decisi\u00f3n estuvo ajustada a derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, inform\u00f3 que en efecto la aqu\u00ed accionante ostent\u00f3 el cargo de Directora de esa entidad hasta el 11 de julio de 2016 y que luego, Mar\u00eda Cristina Palau Salazar, asumi\u00f3 ese empleo, cuya posesi\u00f3n se realiz\u00f3 el 12 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 13 de diciembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional y en consecuencia, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite incidental, a partir de la notificaci\u00f3n del auto de apertura de ese asunto, para que se proceda a rehacer la actuaci\u00f3n y se notifique personalmente a la Directora de la entidad encartada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Arrib\u00f3 a la anterior determinaci\u00f3n, luego de verificar que la promotora de este amparo, no fue notificada personalmente del auto de apertura de incidente de desacato en su contra, lo que le gener\u00f3 la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n sin otorg\u00e1rsele el derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Juzgado Penal del Circuito de La Dorada,  impugn\u00f3 el fallo, con el argumento que \u00abla accionante perfectamente pudo y debi\u00f3 haberse dirigido a este Despacho Judicial para informar que ya no era la regente de la USPEC. En caso de haberlo hecho, de inmediato [este] Juzgado habr\u00eda adoptado las medidas pertinentes. Pero no solo no se inform\u00f3, pudiendo hacerlo, sino que meses despu\u00e9s de haberse adelantado hasta su culminaci\u00f3n el tr\u00e1mite, solicita su nulidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela, desgastando con ello el aparato judicial de manera innecesaria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sostenido la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo constitucional para atacar decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que en esos tr\u00e1mites \u00abno se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional\u00bb (CSJ SC, 29 Nov. 2006, Rad. 2001-01927).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, tambi\u00e9n se ha establecido, que de manera excepcional es procedente este mecanismo, cuando en la tramitaci\u00f3n se ha desconocido flagrantemente la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes. Seg\u00fan se ha dicho, \u00ab… en el evento en que durante el curso del incidente se advierta desconocimiento del derecho al debido proceso y como consecuencia de ello se constituya una v\u00eda de hecho, es perfectamente admisible que quien considere vulnerado su derecho acuda a la acci\u00f3n de tutela en procura de obtener protecci\u00f3n constitucional. Ser\u00e1 el juez de tutela, entonces, el que entre a valorar si en el caso concreto se configuran los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n contra providencias judiciales y si se configura o no una v\u00eda de hecho. (…)\u00bb (CSJ SC, 8 Feb. 2008, Rad. 2001-00344; 3 Mar. 2010, Rad. 2010-00082; 4 Jul. 2012, Rad. 2012-01297).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se ha dicho, entonces, que \u201csi hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u201d.1  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo, si se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el asunto sub examine, la queja constitucional se dirige a cuestionar la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el incidente de desacato adelantado por el presunto incumplimiento al fallo de tutela de fecha 9 de abril de 2016;  en aquella determinaci\u00f3n, se sancion\u00f3 a la promotora de este amparo, y el subsiguiente prove\u00eddo que se dict\u00f3 en grado jurisdiccional de consulta confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta a la aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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Comporta ahora, analizar si en efecto, las autoridades judiciales acusadas, vulneraron o no, el debido proceso en el tr\u00e1mite incidental, por ser el punto que refuta el juzgado de primer grado, en su escrito de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para arribar al pronunciamiento que decida sobre la sanci\u00f3n por incurrir en desacato a una orden de tutela, debe advertirse que este tipo de actuaciones deben estar sujetas a las reglas procesales que rigen la materia para efectos de tomar una decisi\u00f3n de fondo, sin quebrantar los derechos de quienes acuden al juzgador constitucional en procura de sus garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, el juez de tutela, en su deber de administrar justicia y en aras de garantizar el debido proceso de los intervinientes en el tr\u00e1mite incidental debe proferir un pronunciamiento debidamente motivado con apego de las ritualidades previstas en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, para efectos de verificar el efectivo cumplimiento del de la orden impuesta, cuyo procedimiento no es otro que:  <\/span><\/p>\n

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(i) Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora.  <\/span><\/p>\n

(ii) Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigir\u00e1 al superior del responsable y le requerir\u00e1 para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aqu\u00e9l.  <\/span><\/p>\n

(iii) Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.  <\/span><\/p>\n

El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. (\u2026)\u201d. (Se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El desacato, ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala:  <\/span><\/p>\n

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[S]upone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde. (CSJ ATC, 14 sep. 2009, rad. 01417-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con la premisa que antecede, la sanci\u00f3n est\u00e1 llamada a imponerse cuando el depositario de la tutela no cumpliere la orden que se le imparte en la sentencia dentro del t\u00e9rmino establecido. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que subjetivamente el sujeto destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por voluntad propia, incuria, negligencia o por otra raz\u00f3n semejante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, la valoraci\u00f3n que se haga de la responsabilidad que pueda tener quien est\u00e1 llamado a cumplir la tutela, de ninguna manera puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que se precisa una imputaci\u00f3n subjetiva por comportar consecuencias de \u00edndole sancionatoria y en raz\u00f3n de la eventual restricci\u00f3n de su libertad; lo que supone, de modo ineludible, la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n de la persona a la que se endilga la inobservancia de la orden de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del    desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l dada. (Auto de 20 de abril de 1999, exp. 6212). (CSJ STC, 5 jun. 2009, rad. 2009-00883-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otra oportunidad, se explic\u00f3 que la enunciada naturaleza del incidente de desacato reclama que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[E]l individuo investigado, y no la entidad accionada, se encuentre debidamente notificado de la existencia de ese procedimiento en su contra, y que la sanci\u00f3n haya sido precedida por un riguroso apego a las ritualidades y al procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991 y desarrollado por la jurisprudencia constitucional, acorde con los par\u00e1metros ya rese\u00f1ados, en aras de garantizar el debido proceso que le asiste al funcionario implicado. (CSJ ATC, 18 nov. 2010, rad. 51.390)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Emerge de todo lo anterior que en el tr\u00e1mite incidental que se comenta, resulta indispensable la vinculaci\u00f3n del sujeto que est\u00e1 obligado a hacer efectivo el cumplimiento del fallo de tutela desde su inicio, pues, de otro modo, no podr\u00eda garantizarse su derecho de contradicci\u00f3n, e incluso tal persona debidamente individualizada ha de coincidir con aquella que es destinataria de la orden de protecci\u00f3n, a la cual se debi\u00f3 notificar la sentencia dictada en sede de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En el caso que se dej\u00f3 a la consideraci\u00f3n de esta instancia, se observa que no se comunic\u00f3 en legal forma los autos de requerimiento previo, adiado 13 de julio de 2016 y el prove\u00eddo que dispuso la apertura del incidente, con fecha 28 de julio siguiente, pues el correo electr\u00f3nico a donde fueron remitidos los oficios es institucional, sin que exista constancia de que efectivamente, \u00e9ste, pertenezca a la funcionaria incidentada y que la llamada a cumplir la orden, los haya recibido para ejercer su defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, al no existir certeza de que la incidentada haya sido debidamente enterada del fallo de tutela, as\u00ed como de los requerimientos efectuados por el a-quo constitucional o de la apertura de tal actuaci\u00f3n, se torna evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso y defensa de la sancionada tal y como se dej\u00f3 visto en el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Con todo, no puede desconocerse que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 si bien, prev\u00e9 que la sanci\u00f3n debe imponerse mediante tr\u00e1mite incidental, lo mismo sucede para poner fin a la solicitud de cumplimiento, por lo que el juez de tutela, adem\u00e1s, deb\u00eda acudir a las normas del estatuto procesal que regulan los incidentes, es decir, el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual impone la necesidad de emitir un auto en el que se decreten las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio se consideren pertinentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

De no ser necesario el decreto de pruebas, debi\u00f3 motivar su determinaci\u00f3n de relevarse de aquel, lo que en este caso no sucedi\u00f3, pues en prove\u00eddo de 28 de julio de 2016, abri\u00f3 el incidente propuesto por los all\u00ed accionantes y a rengl\u00f3n les corri\u00f3 traslado a los incidentados para que en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas a partir de su notificaci\u00f3n, presentaran los descargos pertinentes;  y luego, en providencia de 4 de agosto de 2016, se impuso la sanci\u00f3n aqu\u00ed revisada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. A juicio de esta Corte, se evidencian varias omisiones de tal magnitud que viciaron el tr\u00e1mite incidental y por tanto, las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia emitida en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Fallo de 21 de febrero de 2003, exp. 00382.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2346-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02231-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}