{"id":99564,"date":"2026-06-25T18:41:02","date_gmt":"2026-06-25T18:41:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2349-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:02","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:02","slug":"stc2349-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2349-2017\/","title":{"rendered":"STC2349-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2349-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01251-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Alcald\u00eda Municipal y la Personer\u00eda de esa urbe; y la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar que \u00abse admita[n] inmediatamente la[s] accion[es] popular[es], ya que el requisito por el cual fue[ron] rechazada[s], no est\u00e1 contemplado en la Ley 472 de 1998\u00bb (folios 1 a 26, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga y Cristian V\u00e1squez Arias instauraron acciones populares, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, bajo los radicados 2016-00401-00, 2016-00403-00, 2016-00491-00, 2016-00496-00, 2016-00500-00, 2016-00507-00, 2016-00512-00, 2016-00514-00, 2016-00542-00 y 2016-00546-00, las dos primeras propuestas contra el Centro de Servicios Crediticios, las seis siguientes contra Audifarma S.A., mientras que las dos \u00faltimas contra el BBVA o Bancolombia, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Indic\u00f3 que el estrado judicial convocado inadmiti\u00f3 las demandas atr\u00e1s referidas y posteriormente las rechaz\u00f3, en abierto desconocimiento del art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998, as\u00ed como lo dispuesto en precedente de tutela de esta Sala de Casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Sostuvo que contra los prove\u00eddos que lo requirieron a fin de subsanar los l\u00edbelos iniciales present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, deneg\u00e1ndose el primero y rechazando por improcedente el segundo.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Alcald\u00eda de Pereira manifest\u00f3 que no ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del quejoso, por lo cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, pues la censura se dirige a criticar actuaciones del juzgado de conocimiento, frente a lo cual no tiene injerencia alguna en aplicaci\u00f3n del principio de autonom\u00eda judicial (folios 34 a 36, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las piezas procesales correspondientes a las acciones populares que originan la queja constitucional; agreg\u00f3 que \u00ablos autos mediante los cuales se rechazaron las demandas no fueron objeto de ning\u00fan recurso\u00bb (folios 47 a 102, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3. El Municipio de Pereira inst\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, argument\u00f3 que no es \u00abgesti\u00f3n de [esa] entidad aplicar ninguna clase de procedimientos o normas que son atribuibles de manera exclusiva a las entidades judiciales\u00bb (folios 104 a 105, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        La Personer\u00eda de Pereira adujo que no se le puede endilgar responsabilidad alguna respecto a la actuaci\u00f3n del operador judicial criticado, por no ser de su competencia (folios 117 a 119, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

5. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n tuitiva, pues resulta ajena al Ministerio P\u00fablico, como ente de control, puesto que la salvaguarda de los derechos colectivos podr\u00e1 ser verificada en la diligencia de pacto de cumplimiento, la que a\u00fan no ha sido programada (folio 121, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo porque el promotor no propuso reposici\u00f3n contra las providencias que ahora cuestiona en tutela (folios 133 a 136, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos tra\u00eddos en el libelo inicial (folio 139, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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1. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, toda vez que en las acciones populares nros. 2016-00401-00, 2016-00403-00, 2016-00491-00, 2016-00496-00, 2016-00500-00, 2016-00507-00, 2016-00512-00, 2016-00514-00, 2016-00542-00 y 2016-00546-00 el reclamante   no subsan\u00f3 las demandas de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; a m\u00e1s ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra los prove\u00eddos que ordenaron el rechazo de los juicios populares incoados, el cual no agot\u00f3, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 3181  <\/span><\/p>\n

2. del C\u00f3digo General de Proceso, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.    <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3.        Por otro lado, si bien, sostiene el actor que las actuaciones cuestionadas desconocieron los precedentes 2016-00878-01 y 2016-00555-01 de esta Corporaci\u00f3n; al respecto, esta Corte precisa que en los referidos asuntos se accedi\u00f3 al amparo implorado en la medida en que los rechazos cuestionados refer\u00edan a la falta de certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de las entidades financieras all\u00e1 demandadas, pues dichos datos pod\u00edan ser consultados por la sede judicial de conocimiento en la p\u00e1gina de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que dicho requisito fuera necesario para acreditar los datos de los bancos demandados; supuesto que no es el que aqu\u00ed se presenta.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en el caso de las acciones populares con radicados 2016-00401-00, 2016-00403-00, 2016-00491-00, 2016-00496-00, 2016-00500-00, 2016-00507-00, 2016-00512-00 y 2016-00514-00, se tiene que fueron promovidas contra Audiofarma S.A. y el Centro de Servicios Crediticios, sin que dichas entidades ostenten la calidad de financieras, por lo que no era dable que se pudiera subsanar la solicitud de inadmisi\u00f3n del libelo inicial conforme a lo establecido en los precedentes jurisprudenciales referidos a espacio, pues aquellos no hacen parte de a base de datos de la Superintendencia Financiera.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, respecto a las demandas populares 2016-00542-00 y 2016-00546-00, se tiene que las mismas fueron promovidas contra el Banco BBVA y Bancolombia, y de lo evidenciado en el plenario, se desprende que fueron inadmitidas a fin de que el actor aclarara \u00abcontra quien dirige la demanda, pues en el encabezado se relaciona al banco BBVA y en la parte final se hace menci\u00f3n a Bancolombia\u00bb (folios 86 y 91, cuaderno 1), por lo que en el mismo sentido el resguardo suplicado carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, dado que el rechazo no deriv\u00f3, exclusivamente, de la ausencia del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal.  <\/span><\/p>\n

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1. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Reposici\u00f3n. (\u2026) Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez (\u2026).      <\/span><\/p>\n

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