{"id":99565,"date":"2026-06-25T18:41:04","date_gmt":"2026-06-25T18:41:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2350-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:04","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:04","slug":"stc2350-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2350-2017\/","title":{"rendered":"STC2350-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2350-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 66001-22-13-000-2016-01184-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristi\u00e1n V\u00e1squez Arias contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de aquella ciudad y el Agente del Ministerio P\u00fablico; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad accionada al rechazar de plano sus acciones populares pese a que inform\u00f3 que el domicilio de la entidad demandada se encuentra en Pereira, por cuanto el juzgado no pudo refutar su elecci\u00f3n a prevenci\u00f3n, art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998 y en cambio s\u00ed ha admitido otras acciones populares en las que se aduce infracciones en diferentes partes del pa\u00eds.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene a la sede judicial \u00abse admita mi acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Se ordene de haberse remitido mi acci\u00f3n popular, se decrete nulo el auto por el cual rechaz\u00f3 y se requiera de manera inmediata al juzgado donde se remiti\u00f3 mi acci\u00f3n, a fin de que la devuelva ante el juzgado donde inicialmente a prevenci\u00f3n, presente mi acci\u00f3n, es decir se devuelva ante el despacho tutelado.\u00bb [Folios 1-2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento de dichos asuntos correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el cual, mediante providencias de 28 de noviembre de 2016, resolvieron rechazar por competencia \u2013 factor territorial, cada una de las s\u00faplicas rese\u00f1adas y remitirlas a sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1. [Folio 4, c. Corte]  <\/span><\/p>\n

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3. En criterio del peticionario, el despacho judicial desconoce sus derechos, porque, a su juicio, no existe norma que le permita separarse del conocimiento de las acciones populares impetradas. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la queja constitucional y se orden\u00f3 el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 9, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 que las acciones populares radicadas por el accionante con los n\u00fameros 2016-555 y 2016-549 fueron remitidas por competencia a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1. [Folio 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 16 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, por hallar insatisfecho el requisito de la subsidiariedad, ante la existencia de mecanismos judiciales id\u00f3neos para la definici\u00f3n de competencia. [Folios 15-17 c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, con el argumento que contra el auto que rechaza la acci\u00f3n popular no procede recurso alguno. [Folio 19, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en la demanda de tutela, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante pretende desconocer el presupuesto de procedibilidad que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que la queja del actor se suscita en el rechazo de sus dos acciones populares contra la sucursal de Bogot\u00e1 de Bancolombia y la remisi\u00f3n por competencia territorial de las respectivas diligencias a los juzgados Civiles del Circuito con sede en esta ciudad, no obstante, es claro que, en caso de que los jueces receptores no acojan el criterio del funcionario remitente, deber\u00e1n dar aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso.  <\/span><\/p>\n

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El juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.  <\/span><\/p>\n

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El juez que reciba el expediente no podr\u00e1 declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.  <\/span><\/p>\n

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El juez o tribunal al que corresponda, resolver\u00e1 de plano el conflicto y en el mismo auto ordenar\u00e1 remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.  <\/span><\/p>\n

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Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.  <\/span><\/p>\n

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La declaraci\u00f3n de incompetencia no afecta la validez de la actuaci\u00f3n cumplida hasta entonces.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. Significa lo anterior, que al sentenciador de tutela no le corresponde definir el funcionario judicial al cual le compete conocer la litis, porque con ese proceder se estar\u00eda usurpando la atribuci\u00f3n constitucional y legalmente asignada a esta Corporaci\u00f3n en el respectivo tr\u00e1mite legal, en caso de suscitarse el conflicto negativo de competencia.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. De otra parte, es de indicar que la vinculaci\u00f3n de la Corte Constitucional a este excepcional tr\u00e1mite, no es jur\u00eddicamente viable, porque ser\u00e1 en el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n de esta sentencia, que aquella Corporaci\u00f3n entrar\u00e1 a determinar si hay lugar a prodigar la protecci\u00f3n invocada en la queja popular cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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5. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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