{"id":99566,"date":"2026-06-25T18:41:09","date_gmt":"2026-06-25T18:41:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2351-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:09","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:09","slug":"stc2351-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2351-2017\/","title":{"rendered":"STC2351-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2351-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2016-00710-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el treinta de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Silvio Alfonso Ladino Torres contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad p\u00fablica acusada al no iniciar el tr\u00e1mite para rehacer la partici\u00f3n de la sucesi\u00f3n intestada de Mar\u00eda del Rosario Garc\u00eda Rojas (q.e.p.d.), y denegar la reconstrucci\u00f3n del expediente de ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene al despacho accionado que rehaga la partici\u00f3n referida.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 10 de diciembre de 2001, falleci\u00f3 Mar\u00eda del Rosario Garc\u00eda Rojas (q.e.p.d.).  <\/span><\/p>\n

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2. Jos\u00e9 Mart\u00edn Garc\u00eda Rojas, como heredero \u00fanico, promovi\u00f3 demanda de sucesi\u00f3n intestada de la difunta, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, dict\u00f3 sentencia el 26 de marzo de 2003, en la que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, y orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la misma en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva y la protocolizaci\u00f3n de ese proceso en una notar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, Silvio Alfonso Ladino Torres present\u00f3 demanda contra Mar\u00eda Magdalena, Ana Sof\u00eda, Carlos Julio y Jos\u00e9 Mart\u00edn Garc\u00eda Rojas, en calidad de herederos de la se\u00f1ora Garc\u00eda Rojas (q.e.p.d.), y los herederos indeterminados de ella, a fin de obtener la declaraci\u00f3n de la existencia de uni\u00f3n marital y sociedad patrimonial de hecho con la fallecida, y la disoluci\u00f3n de esta \u00faltima.  <\/span><\/p>\n

5. El Juzgado Veinte de Familia de esta ciudad, despu\u00e9s de cumplir las etapas respectivas, emiti\u00f3 fallo el 14 de enero de 2005, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones del actor.  <\/span><\/p>\n

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6. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se pronunci\u00f3 sobre el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la decisi\u00f3n anterior, en la sentencia adiada el 31 de mayo siguiente, donde dispuso modificarla en el sentido de precisar las fechas en que estuvieron vigentes la uni\u00f3n y la sociedad patrimonial.  <\/span><\/p>\n

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7. En el a\u00f1o 2007, el aqu\u00ed quejoso inco\u00f3 una demanda ordinaria de petici\u00f3n de herencia contra Jos\u00e9 Mart\u00edn Garc\u00eda Rojas, que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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8. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juzgador emiti\u00f3 fallo el 31 de agosto de 2011, en el que declar\u00f3 la vocaci\u00f3n para suceder y el derecho a recoger los gananciales y la cuota parte que le corresponde a la parte actora en la sucesi\u00f3n de su compa\u00f1era permanente difunta, y por ende, orden\u00f3 que se rehiciera el trabajo de partici\u00f3n correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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9. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el demandado propuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. El ad quem, en sentencia fechada el 28 de septiembre de 2012, revoc\u00f3 lo concerniente al derecho para suceder a la causante, aclar\u00f3 que el derecho de gananciales se circunscribe sobre los bienes adquiridos en vigencia de la sociedad patrimonial, y confirm\u00f3 en lo restante la providencia recurrida.  <\/span><\/p>\n

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11. En efecto, el se\u00f1or Ladino Torres solicit\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 que reconstruyera el expediente del proceso de sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Garc\u00eda Rojas (q.e.p.d.).  <\/span><\/p>\n

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13. Posteriormente, el reclamante pidi\u00f3 que se iniciara el tr\u00e1mite para rehacer la partici\u00f3n, sin embargo, el fallador no accedi\u00f3 a esa solicitud porque el proceso respectivo no se encontraba en ese estrado judicial, mediante prove\u00eddo de agosto 3 de 2016.  <\/span><\/p>\n

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14. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el juzgador accionado se ha negado a reconstruir el expediente del proceso de sucesi\u00f3n dado que se desconoce en cu\u00e1l notar\u00eda fue protocolizado, ni tampoco ha rehecho la partici\u00f3n ordenada en el proceso de petici\u00f3n de herencia, lo que le genera un grave perjuicio porque el heredero que promovi\u00f3 aquel juicio sucesoral puede enajenar el \u00fanico bien adjudicado all\u00ed. [Folios 90-96, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al estrado judicial querellado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 98, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el tr\u00e1mite para rehacer la partici\u00f3n de la se\u00f1ora Garc\u00eda Rojas (q.e.p.d.) no ha comenzado porque el expediente del juicio sucesoral no se encuentra en ese despacho y se desconoce en cu\u00e1l notar\u00eda aquel fue protocolizado, y que no es procedente su reconstrucci\u00f3n pues no est\u00e1 perdido, sino retirado de esa oficina, lo que impide iniciar aquel procedimiento. [Folios 103-106, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, Jos\u00e9 Mart\u00edn Garc\u00eda Rojas se opuso a la prosperidad del resguardo, debido a que el quejoso no re\u00fane las cualidades y calidades para heredar a la difunta referida, y adem\u00e1s el inmueble objeto de adjudicaci\u00f3n ha permanecido bajo su control durante m\u00e1s de 13 a\u00f1os. [Folios 183-185, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 30 de noviembre de 2016, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo, debido a que el accionante no controvirti\u00f3 mediante los recursos ordinarios la providencia que dispuso no iniciar el tr\u00e1mite dirigido a rehacer la partici\u00f3n de la sucesi\u00f3n intestada de la se\u00f1ora Garc\u00eda Rojas (q.e.p.d.), y de otro lado, el quejoso cuestiona que no se haya gestionado la reconstrucci\u00f3n del expediente, sin embargo el auto que neg\u00f3 realizarla fue proferido un a\u00f1o antes de que formulara esta acci\u00f3n, sin que esa justificara la tardanza, lo que le impide acudir al juez de tutela. [Folios 201-206, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que se examinaron sus argumentos acerca de la conducta omisiva del despacho accionado al denegar el cumplimiento de la sentencia que orden\u00f3 rehacer la partici\u00f3n aludida. [Folios 207-208, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con los principios de inmediatez y subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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2. El primero de los mencionados, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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3. Respecto al segundo presupuesto aludido, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con ese postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. En el caso que se examina, para la Corte es claro que la providencia del Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, fechada el 13 de noviembre de 2015, mediante la cual se neg\u00f3 la reconstrucci\u00f3n del expediente del proceso de sucesi\u00f3n de Mar\u00eda del Rosario Garc\u00eda Rojas (q.e.p.d.), la petici\u00f3n de tutela no atiende el primer postulado que se comenta, toda vez que los hechos sobre los que el accionante edifica el presunto quebrantamiento de sus garant\u00edas fundamentales, tuvieron lugar un a\u00f1o antes de que formulara la presente acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que el amparo se instaur\u00f3 luego de superado ampliamente el t\u00e9rmino que la jurisprudencia, seg\u00fan lo que se explic\u00f3, ha indicado que es razonable a efectos de la formulaci\u00f3n del resguardo constitucional, sin que se acredite alguna causa atendible para justificar dicha omisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Sumado a lo anterior, la Corporaci\u00f3n concluye que la protecci\u00f3n excepcional dirigida a que se inicie el tr\u00e1mite para rehacer la partici\u00f3n aludida tambi\u00e9n es improcedente porque no atiende el presupuesto de la subsidiariedad, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto la queja del impulsor de la salvaguarda recae en el auto emitido el 3 de agosto de 2016 por el despacho accionado, por el cual se neg\u00f3 aquella petici\u00f3n, no obstante se observa que esa persona omiti\u00f3 utilizar los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance, puesto que no manifest\u00f3 oportunamente las inconformidades que ac\u00e1 expone por medio de los recursos ordinarios que la legislaci\u00f3n adjetiva le confiere, cuando dichas oportunidades y escenarios era los id\u00f3neos para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que a su juicio se presentaron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir a los jueces naturales en escenarios procesales que no se suscitaron porque el aqu\u00ed quejoso no hizo uso de las herramientas que contempla la normatividad, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

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6. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2351-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2016-00710-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99566\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}