{"id":99567,"date":"2026-06-25T18:41:13","date_gmt":"2026-06-25T18:41:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2352-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:13","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:13","slug":"stc2352-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2352-2017\/","title":{"rendered":"STC2352-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2352-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01301-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad y de las garant\u00edas procesales, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 se ordene \u00ababrir incidente de desacato [a la entidad demandada en la acci\u00f3n popular]\u00bb; devolver \u00e9ste tr\u00e1mite al Tribunal para que se liquiden las costas y, adem\u00e1s, \u00abpagar inmediatamente las costas [ordenadas] a [su] bien\u00bb (folios 1 a 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Coomeva S.A. \u2013 Sucursal Eje Cafetero, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al despacho accionado con radicado 2015-00056, quien con sentencia de 5 de abril de 2016, confirmada por el Tribunal Superior de Pereira el 27 de octubre siguiente, accedi\u00f3 a las pretensiones y fij\u00f3 agencias en derecho a favor del demandante.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Sostuvo el quejoso que present\u00f3 proceso ejecutivo a fin de que le fueran pagadas las \u00abcostas\u00bb, a m\u00e1s que solicit\u00f3 incidente de desacato contra la all\u00ed demandada pero la sede judicial accionada \u00abse niega a iniciar[lo]\u00bb, por lo que, afirma, las expensas reconocidas a su favor no han sido canceladas.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira refiri\u00f3 que la salvaguarda se tornaba prematura, pues la entidad demandada cuenta con 30 d\u00edas para cumplir lo ordenado y s\u00f3lo hasta el 2 de diciembre de 2016 cobr\u00f3 ejecutoria la liquidaci\u00f3n de costas, sin que el t\u00e9rmino dado se encuentre fenecido (folios 7 a 8, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que respecto a las diversas acciones adelantadas por el quejoso ha designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por esa entidad, a m\u00e1s que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia (folio 20, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las piezas procesales correspondientes a la acci\u00f3n popular que origina la queja constitucional; agreg\u00f3 que libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del actor el 13 de diciembre de 2016 (folio 26, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Banco Coomeva \u2013 Sucursal Eje Cafetero relat\u00f3 que, \u00aben cuanto al cumplimiento del fallo\u2026 dentro del proceso radicado\u2026 2015-00056\u2026[,] est[\u00e1] en condiciones de demostrar ante el Juzgado\u2026 o ante el Comit\u00e9 que se ordene conformar[,] el acatamiento de la orden impartida en punto a la implementaci\u00f3n de los servicios de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete\u2026    <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que respecto a las costas procesales que fueron reconocidas a favor de Arias Id\u00e1rraga, \u00e9ste \u00abno se ha presentado a reclamar[las], [a m\u00e1s] tampoco ha sido posible su localizaci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abha decidido girar el cheque\u2026 a las cuentas de dep\u00f3sitos judiciales\u2026 a nombre del Juzgado Tercero Civil del Circuito en el Banco Agrario\u00bb (folio 31 a 32, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que el accionante no ha solicitado ante el fallador ordinario la devoluci\u00f3n de su acci\u00f3n popular al Tribunal a fin de que se liquiden las costas, aunado a que \u00e9stas ya fueron fijadas, liquidadas y aprobadas por el Juzgado, sin que el tutelante formulara reparo alguno frente a esas decisiones; agreg\u00f3 que en cuanto al pago de aqu\u00e9llas se promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra del Banco Coomeva S.A., cuyo tr\u00e1mite \u00e9sta en curso y en el que se han surtido las etapas propias del juicio.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abel proceso ejecutivo tiene la virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello que se quiere eludir, mediante la aplicaci\u00f3n de medidas que, como el embargo y posterior remate de los bienes de deudor, est\u00e1n en manos del juez, quien las lleva adelante pese a la resistencia del demandado, en los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes\u00bb (folios 39 a 42, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante sin manifestar el motivo de su disidencia (folio 45, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestionan (i) la falta de pronunciamiento del despacho accionado a fin de iniciar el incidente de desacato en virtud del incumplimiento al fallo definitorio de la acci\u00f3n popular 2015-00056, (ii) que el Juzgado no haya devuelto ese tr\u00e1mite al Tribunal para que \u00e9ste liquide las costas; y (iii) el juicio ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n por cuanto no se ha efectuado el pago de \u00ablas costas ordenadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        En primer t\u00e9rmino, frente a la queja planteada por el actor por la falta de pronunciamiento por parte de la sede judicial acusada respecto a la solicitud de incidente de desacato a fin de se cumpla que lo ordenado a el Banco Coomeva S.A. en el fallo de 5 de abril de 2016, confirmado por el colegiado el 27 de octubre siguiente, dentro de la acci\u00f3n popular 2015-00056, esto es, la instalaci\u00f3n de \u00abse\u00f1alizaci\u00f3n, avisos, informaci\u00f3n visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoac\u00fastica\u2026 [y] la atenci\u00f3n por interprete\u00bb; advierte la Sala que la s\u00faplica rogada deviene improcedente, en la medida en que el actor ten\u00eda como mecanismo ordinario, para obtener definici\u00f3n al respecto por parte del juez natural, la posibilidad de solicitar la adici\u00f3n del prove\u00eddo de 13 de diciembre de 2016, medio establecido por el legislador para plantear la irregularidad que ahora alega en sede de tutela, conforme lo establece inciso 3\u00ba del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso1  <\/span><\/p>\n

, del que no hizo uso, sin que su incuria tenga justificaci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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Por otro lado, ninguna petici\u00f3n elev\u00f3 ante el fallador acusado en punto a la pretendida devoluci\u00f3n del expediente de la acci\u00f3n popular ante el Tribunal, sumado a que las liquidaciones de las costas de ambas instancias fueron fijadas y aprobadas por el juzgado, sin que el actor formulara repara alguno, mostr\u00e1ndose acorde con tal proceder.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01).  <\/span><\/p>\n

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En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto\u2026 (CSJ STC13839-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00805-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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6.        Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Art\u00edculo 287. Adici\u00f3n. \u2026Los autos s\u00f3lo podr\u00e1n adicionarse de oficio dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo t\u00e9rmino (Subrayas y negrillas fuera de texto).      <\/span><\/p>\n

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