{"id":99568,"date":"2026-06-25T18:41:25","date_gmt":"2026-06-25T18:41:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2353-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:25","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:25","slug":"stc2353-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2353-2017\/","title":{"rendered":"STC2353-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2353-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00723-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el primero de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Flor Rubiela C\u00e1rdenas Caro contra el Juzgado Veinticinco de Familia de esta ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Defensor de Familia y agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al juzgado junto con las partes e intervinientes en el proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante, solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por las v\u00edas de hecho en las que incurri\u00f3 el juzgado acusado al cancelar el patrimonio de familia inembargable que pesaba sobre el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50C-312227 por un indebido an\u00e1lisis probatorio y finalmente desconocer el derecho a la vivienda digna que le asiste a sus menos hijos Diana Carolina y Carlos Andr\u00e9s Buitrago C\u00e1rdenas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita que se ordene al juzgado accionado modificar la mentada decisi\u00f3n, para que en su lugar, mantenga la afectaci\u00f3n a patrimonio de familia en el mentado folio;  y a su vez, la autoridad judicial le indique a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos mantener en firme la anotaci\u00f3n 16 de ese certificado de tradici\u00f3n y libertad.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante es propietaria del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50C-312227 \u2013apartamento 702-, ubicado en el edificio Torre del Campo P. H.- tras serle adjudicado en un remate que se surti\u00f3 en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 ese edificio contra \u00c1lvaro S\u00e1nchez el 21 de septiembre de 2005.  <\/span><\/p>\n

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2. La adjudicaci\u00f3n se anot\u00f3 en el respectivo folio, el 2 de diciembre de esa anulidad.  <\/span><\/p>\n

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3. Luego, la adquirente, el 7 de junio de 2007 constituy\u00f3 sobre el bien, patrimonio de familia inembargable \u2013madre cabeza de familia, el que qued\u00f3 consignado en la anotaci\u00f3n 16.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Alirio Reina, en su condici\u00f3n de administrador del Conjunto Residencial Edificio Torre del Campo, por intermedio de apoderado judicial, inici\u00f3 proceso de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia contra la aqu\u00ed accionante al alegar que con esa afectaci\u00f3n, la copropietaria evad\u00eda el pago de expensas de administraci\u00f3n de las \u00e1reas comunes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Le correspondi\u00f3 conocer del asusto al Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1, quien en auto de 16 de julio de 2014, admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 el enteramiento de la pasiva.  <\/span><\/p>\n

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6. La demandada se notific\u00f3 personalmente el 13 de agosto siguiente y al contestar, formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abexcepci\u00f3n de uso de sus propias razones\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de inexistencia de hechos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos para sustentar la demanda\u00bb y, \u00abexcepci\u00f3n de madre cabeza de familia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 18 de agosto de 2016, el juzgado de conocimiento dict\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPRIMERO: DECLARAR no pr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la pasiva.  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: CANCELAR EL PATRIMONIO DE FAMILIA inembargable que pesa sobre el inmueble  distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 50C-312227.  <\/span><\/p>\n

TERCERO: OFICIAR a la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente para que CANCELE la anotaci\u00f3n 16, en el folio de matr\u00edcula mencionado, limitaci\u00f3n al dominio (constituci\u00f3n patrimonio de familia) adjuntando copia aut\u00e9ntica de la sentencia a costa de la parte demandante (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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8. En criterio de la peticionaria del amparo, con la decisi\u00f3n de cancelar la afectaci\u00f3n de patrimonio de familia, se cercen\u00f3 el inter\u00e9s superior de los menores, pues quedaron desprotegidos sus dos hijos de 13 y 14 a\u00f1os de edad quienes tienen derecho a gozar de una vida en condiciones dignas.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 18 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 vincular al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al juzgado, as\u00ed como a las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de esta queja, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 63, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1 arguy\u00f3 que si bien es cierto, \u00abla familia y su vivienda son preceptos protegidos constitucionalmente, tambi\u00e9n lo es que las personas no pueden ampararse en ellos para perjudicar a terceros, por lo que la misma ley 258 de 1996, consagra en su art\u00edculo 4\u00b0, los motivos para levantar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirm\u00f3 que valor\u00f3 las pruebas tendientes a demostrar por parte del demandante, el justo motivo, y de ese modo, concluy\u00f3 que la accionante grav\u00f3 el inmueble ante un eventual cobro jur\u00eddico por cuotas de administraci\u00f3n pues conoc\u00eda de la deuda que hab\u00eda adquirido con el bien rematado, y adem\u00e1s, suspendi\u00f3 los pagos por dicho concepto.  [Folios 69 – 70, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 1\u00b0 de diciembre de 2016, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo, por considerar que la decisi\u00f3n del juzgado obedeci\u00f3 a una interpretaci\u00f3n razonable de la normatividad que rige la materia y los lineamientos jurisprudenciales trazados para efectos de estudiar la viabilidad de levantar la afectaci\u00f3n de patrimonio de familia inembargable que junto con la valoraci\u00f3n probatoria, lo llevaron a encontrar un justo motivo para acceder a las pretensiones.  [Folios 86 -92, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3, para lo cual hizo referencia a un indebido estudio del material probatorio e insisti\u00f3 en ser madre cabeza de familia. [Folios 107 -110, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub examine, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el a quo al dictar sentencia dentro del proceso que se promovi\u00f3 con el prop\u00f3sito de conseguir la cancelaci\u00f3n de la limitaci\u00f3n del dominio por patrimonio de familia, pretensi\u00f3n que estim\u00f3 el juez viable tras hallar acreditado un justo motivo a solicitud de un tercero \u2013Edificio Torre del Campo-, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n, el juzgado de conocimiento al abordar el tema de discusi\u00f3n, inici\u00f3 por delimitar el marco normativo aplicable a la materia, y explic\u00f3 la figura jur\u00eddica de patrimonio de familia instituido con la Ley 70 de 1931;  luego, se concentr\u00f3 en los eventos en los que era procedente levantar el gravamen que limita el dominio para efectos de estudiar la eventual prosperidad de las excepciones de m\u00e9rito en contraposici\u00f3n con las pretensiones incoadas en la demanda.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, se situ\u00f3 en el art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996 que reza:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab (\u2026) En todo caso podr\u00e1 levantarse la afectaci\u00f3n, a solicitud de uno de los c\u00f3nyuges, en virtud de providencia judicial en los siguientes eventos (\u2026) 7. Por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n\u00bb. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

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En punto a la valoraci\u00f3n probatoria para comprobar la existencia de un justo motivo, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) tenemos que en primer lugar, el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-312227, fue afectado a vivienda familiar por parte de la se\u00f1ora FLOR RUBIELA C\u00c1RDENAS CARO, hecho que se encuentra demostrado con la anotaci\u00f3n 16 de fecha 07-06-2007 del Certificado de Libertad y Tradici\u00f3n antes referido, en donde se indica en lo pertinente: \u201cCONSTITUCI\u00d3N PATRIMONIO DE FAMILIA MADRE CABEZA DE FAMILIA\u201d de la Notar\u00eda 31 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 D.C., sin embargo, a folio 153 se evidencia que de acuerdo a la respuesta dada por dicha notar\u00eda, no aparece el instrumento p\u00fablico (Escritura P\u00fablica) por medio de la cual se constituyera patrimonio de familia.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

De los testimonios practicados a las se\u00f1oras GLORIA CECILIA G\u00d3MEZ CABRERA y NOHRA ELIZABETH MENDIETA MENDIETA se anuncia que la demandada al adquirir el apartamento 702 ubicado en la cra. 12 n\u00famero 23-41\/55 del edificio Torre del Campo, ten\u00eda una deuda del anterior due\u00f1o y que al no alcanzar con el dinero del remate, la deuda se traslad\u00f3 al rematante.  <\/span><\/p>\n

De todo lo anterior  se puede concluir que existe un justo motivo para levantar la constituci\u00f3n de patrimonio de familia, al establecerse que la se\u00f1ora FLOR RUBIELA C\u00c1RDENAS CARO, para la fecha de constituci\u00f3n del gravamen sobre el inmueble ya citado, ten\u00eda una deuda de administraci\u00f3n que al momento de efectuarse el remate igualmente adquiriera, refiriendo el despacho que estamos frente a una profesional del derecho que tiene clara las posibles consecuencias que pudiesen afectar determinadas decisiones.  <\/span><\/p>\n

El solo hecho de adquirir un bien rematado con deuda, deja expuesto a una eventual ejecuci\u00f3n, m\u00e1xime cuando se hizo caso omiso de dicho pago, pues al referir la demandada que cuando efectuaba el pago lo hizo para el pago de la administraci\u00f3n y no de la deuda, por lo que es menester se\u00f1alar que bien lo uno o lo otro, igualmente pone en flagrante exposici\u00f3n al inmueble ante una eventual ejecuci\u00f3n y que fuera lo que precisamente aconteci\u00f3.  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, del material probatorio recaudado y analizado, se concluye que la se\u00f1ora FLOR RUBIELA C\u00c1RDENAS CARO, grav\u00f3 el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-312227 con afectaci\u00f3n de vivienda familiar, ante el eventual cobro jur\u00eddico por deuda de administraci\u00f3n, que conoc\u00eda de la deuda que hab\u00eda adquirido con el bien rematado y que suspendiera los pagos por dicho concepto, exponiendo el bien ante una eventual demanda. De ah\u00ed la decisi\u00f3n que con posterioridad tomara de afectar el bien no cabe duda ten\u00eda ese prop\u00f3sito de ampararse bajo la ley, no encontrando el despacho que haya obrado de buena fe, m\u00e1xime, como ya se hab\u00eda hecho menci\u00f3n, si se trata de una profesional del derecho; simple y llanamente existe un proceso ejecutivo donde se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo en su contra proveniente de deudas por concepto de administraci\u00f3n, antes de afectarse el bien y con posterioridad a ello, por lo que se aceptan los argumentos expuestos por la parte demandada (sic) y se tendr\u00e1 como un justo motivo para levantar el gravamen lo demostrado por la parte actora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la all\u00ed demandada, como gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, la accionante  no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la agencia judicial accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera le desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, si la actora refuta por v\u00eda de tutela el desconocimiento del inter\u00e9s superior de los derechos de los ni\u00f1os, al ser madre cabeza de familia de dos menores con edades de 13 y 14 a\u00f1os de edad, esta Sala no pasa por alto que sobre el punto, la oficina judicial accionada, expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab (\u2026) si bien es cierto la familia y su vivienda son preceptos protegidos constitucionalmente, tambi\u00e9n lo es que las personas no pueden ampararse en ellos para perjudicar a terceros, por lo que la misma ley 258 de 1996, consagra en su art\u00edculo 4\u00b0 los motivos para levantar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, en los que se encuentra el numeral 7\u00b0 -justo motivo apreciado por el juez de familia-\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y es que si ahora la tutelante insiste en que se d\u00e9 prevalencia al art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, y por tanto, se proceda a proteger las garant\u00edas fundamentales de sus hijos menores de edad, no resulta procedente atender el amparo, como quiera que la mala fe de la accionante, qued\u00f3 demostrada tal y como lo observ\u00f3 el juzgador de instancia, al concluir que con la afectaci\u00f3n, la all\u00ed demandada pretend\u00eda defraudar a la parte actora, pues se ven\u00eda sustrayendo de sus obligaciones como copropietaria del conjunto residencial.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente la Corporaci\u00f3n, en relaci\u00f3n a dicho tema ha se\u00f1alado que \u201clos privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u2019 (Fallo de 31 de enero de 2011, exp. 00313-01)\u2026\u201d (Sentencias de 1\u00ba de agosto de 2011, exp. 00769-01 y 30 de abril de 2013, exp. 00090-01, criterio reiterado en la sentencia de 11 de julio de 2011, exp. 2013-00108-01)  <\/span><\/p>\n

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5. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la tutelante.  <\/span><\/p>\n

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6. Por contera, estas razones se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2353-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00723-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}