{"id":99570,"date":"2026-06-25T18:41:33","date_gmt":"2026-06-25T18:41:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2355-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:33","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:33","slug":"stc2355-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2355-2017\/","title":{"rendered":"STC2355-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       STC2355-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-001-2016-00295-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el diecis\u00e9is de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Yopal \u2013 Casanare, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Concretos Asfalticos de Colombia S.A. \u2013 Concrescol, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes del proceso ejecutivo con radicado No. 2013-00072-01.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La Empresa accionante, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad que considera vulnerados por la autoridad accionada con ocasi\u00f3n a las decisiones emitidas el 12 de agosto de 2015, 9 de marzo, 7 de abril y 25 de agosto de 2016 por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 310 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y se actu\u00f3 al margen del procedimiento establecido en el art\u00edculo 70 de la Ley 1116  de 2006.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que \u00abse declare con respecto a la accionante CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. \u2013 CONCRESCOL S.A. \u2013  la nulidad de los Autos de: 12 de agosto de 2015; 9 de marzo de 2016; 7 de abril de 2016; y 25 de agosto de 2016, todos proferidos por el Juez Primero Civil del Circuito de Yopal\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Que se ordene al Juez Primero Civil del Circuito de Yopal, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al fallo, expida a la accionante CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A.- CONCRESCOL S.A. \u2013 copia autentica, con constancia de ejecutoria del Auto de 22 de julio de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Que se condene en costas al Juez Primero Civil del Circuito de Yopal\u2026\u00bb. [Folio 53, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Diego Hernando D\u00edaz Castelblanco formul\u00f3 demanda ejecutiva contra las Empresas Concretos Asfalticos de Colombia S.A. \u2013 Concrescol S.A. ahora accionante, Actividades y Obras Civiles S.A., Megavial Ltda., Rodaequipos Construcciones y Servicios Ltda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal \u2013 Casanare, autoridad que el 22 de mayo de 2013 libr\u00f3 mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 2 de abril de 2014, la Superintendencia Delegada para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, decret\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial de la Sociedad demandada Actividades y Obras Civiles S.A. \u2013 Sucursal Colombia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Tal situaci\u00f3n fue informada al juzgado por lo que envi\u00f3 el proceso a la Superintendencia sin dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 70 de la Ley 1116 de 2006, el cual fue devuelto para que diera cumplimiento al citado canon.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Mediante decisi\u00f3n del 8 de julio de 2015, el despacho dio acatamiento y dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, la parte demandante alleg\u00f3 escrito manifestando su deseo de desistir ejecutivamente de las pretensiones de la demanda contra las empresas demandadas, siguiendo solo contra Actividades y Obras Civiles. [Folio 59, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 22 de julio de ese a\u00f1o se acept\u00f3 el desistimiento y se orden\u00f3  el levantamiento de las medidas cautelares, as\u00ed mismo se dispuso el env\u00edo del expediente a la Superintendencia de Sociedades. [Folios 60-61, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Contra la anterior determinaci\u00f3n y dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, el extremo activo solicit\u00f3 su aclaraci\u00f3n por cuanto cometi\u00f3 un error al indicar que desist\u00eda de la demanda en contra de la empresa ahora accionante y Megavial Ltda., cuando realmente la intenci\u00f3n era \u00fanicamente sobre la Sociedad Radaequipos Construcciones y Servicios Ltda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Por decisi\u00f3n fechada 12 de agosto siguiente, el juzgado corrigi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de aceptar el desistimiento de la demanda y levantar las medidas cautelares decretadas s\u00f3lo en contra de la Empresa Radaequipos Construcciones y Servicios Ltda., y dispuso continuar el proceso contra la tutelante y Megavial Ltda. Determinaci\u00f3n contra la cual no se interpuso recurso alguno. [Folios 62-63, c.1]   <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

10. Que ante la situaci\u00f3n present\u00f3 solicitud de nulidad invocando la causal 3\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la cual le fue resulta desfavorablemente el 9 de marzo de 2016 tras considerar el despacho que la causal invocada no se configuraba por cuanto el proceso no ha sido legalmente concluido respecto de las empresas Megavial Ltda. y la actora. [Folios 64-65, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. Inconforme con la decisi\u00f3n la Sociedad tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n con el argumento que a su juicio \u00abel despacho se equivoc\u00f3 al afirmar que la providencia de Julio 22 de 2015 \u00abno alcanz\u00f3 ejecutoria formal ni material\u00bb pues al contrario, al no ser impugnada por ninguna de las partes cobr\u00f3 firmeza legal y en consecuencia termin\u00f3 el proceso\u00bb. De igual modo, hizo menci\u00f3n a algunas normas contenidas en la Ley 1116 de 2006 que considera aplicables en su caso y expuso que el extremo activo s\u00f3lo ten\u00eda una oportunidad para desistir de sus pretensiones y que tal opci\u00f3n es improrrogable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. Mediante prove\u00eddo fechado 7 de abril de ese a\u00f1o, el despacho no repuso su decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. [Folios 66-67, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. El 8 de junio siguiente el Tribunal Superior de Yopal inadmiti\u00f3 el recurso tras indicar que la decisi\u00f3n que niega la nulidad suplicada no es susceptible de ser atacada por esa v\u00eda. [Folios 68-69, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. El 25 de agosto siguiente el despacho dispuso ordenar  a la secretar\u00eda enviar el proceso ejecutivo con relaci\u00f3n a la empresa Rodaequipos Construcciones y Servicios Ltda a la Superintendencia de Sociedades para que sea incorporado al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial de la Sociedad Actividades y Obras Civiles S.A. [Folio 70, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

15. En criterio del gestor del amparo, el juzgado accionado mediante una aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 310 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil procedi\u00f3 mediante auto fechado 12 de agosto de 2015 a corregir la decisi\u00f3n emitida el 22 de julio de ese a\u00f1o que hab\u00eda aceptado el desistimiento de la demanda interpuesta en su contra, incurriendo en la causal de nulidad del art\u00edculo 140, numeral 3, situaci\u00f3n que fue ignorada por el despacho.  [Folios 1-58, c.1]  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 7 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada y vincular a los intervinientes en el asunto objeto del reclamo constitucional. [Folio 104 c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El vinculado Diego Hernando D\u00edaz Castelblanco, parte demandante en el proceso cuestionado, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que frente a la decisi\u00f3n fechada 12 de agosto de 2015 de la que ahora se duele la empresa accionante guard\u00f3 silencio, permitiendo que la misma cobrara firmeza \u00abculpabilidad de la que hoy quiere sacar provecho por su torpeza\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         De igual modo  se\u00f1al\u00f3 que no se satisface con el principio de la inmediatez por cuanto se pretende atacar decisiones de fecha 12 de agosto de 2015, 9 de marzo y 7 de abril de 2016, cuando han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha se\u00f1alado como tiempo prudencial para presentar acciones de tutela. [Folios 113-117, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 16 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Yopal deneg\u00f3 el amparo al considerar ausentes los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad por cuanto la pretensi\u00f3n principal de la actora es que se anule el auto fechado 12 de agosto de 2015 mediante el cual se corrigi\u00f3 la decisi\u00f3n del 22 de julio de ese a\u00f1o, prove\u00eddo frente al cual guard\u00f3 silencio, no siendo de recibo la excusa del no aviso oportuno de su dependiente judicial para interponer recurso. [Folios 121-123, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con el fallo, la tutelante lo impugn\u00f3, insistiendo en los argumentos consignados en su escrito inicial e indic\u00f3 que no se tuvo en cuenta que tambi\u00e9n atac\u00f3 los prove\u00eddos fechados 9 de marzo, 7 de abril y 25 de agosto de 2016, todos  emitidos  arbitrariamente por el juzgado accionado. [Folios 134-141, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la principal decisi\u00f3n que cuestiona  la accionante  y de la cual pretende se deje sin efecto es aquella a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal Casanare, corrigi\u00f3 la determinaci\u00f3n proferida el 22 de julio de 2015 que hab\u00eda aceptado el desistimiento de la demanda ejecutiva interpuesta en su contra y en su lugar orden\u00f3 continuar con el proceso, decisi\u00f3n que data del 12 de agosto de 2015, cuando el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 6 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta circunstancia deja en evidencia que la empresa  tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, aproximadamente 16 meses desde el pronunciamiento de esa decisi\u00f3n, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales [6 meses],  sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque si, a juicio de la actora, la citada decisi\u00f3n no se encontraba ajustada a derecho, de estar atenta a la actuaci\u00f3n pudo haberla recurrido con el fin de plantear el debate que ahora por esta v\u00eda pretende, mecanismo del que no hizo uso la interesada, no siendo de recibo el argumento que no tuvo conocimiento de su emisi\u00f3n porque su dependiente judicial no le inform\u00f3 oportunamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en la instancia que no se adelant\u00f3 porque la aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 los medios de defensa que establece la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de aquellas v\u00edas ordinarias contempladas por la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De otra parte, frente a las censuras formuladas contra los prove\u00eddos fechados 9 de marzo y 7 de abril de 2016, que despacharon desfavorablemente su solicitud de nulidad, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el juzgado accionado para no reponer el prove\u00eddo fechado 9 de marzo de 2016 que neg\u00f3 la solicitud de nulidad deprecada por la Sociedad accionante con fundamento en la causal 3\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEl Juzgado, en v\u00eda de resolver la impugnaci\u00f3n considera (i) el auto de Julio 22 de 2015, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria fue objeto de una solicitud de correcci\u00f3n, en el sentido de que la determinaci\u00f3n del proceso no inclu\u00eda a MEGAVIAL ni a CONCRESCOL, y en tal virtud en la providencia de Agosto 12 de 2015, se corrigi\u00f3 la primera decisi\u00f3n, no ejecutoriada. (iii) el derecho de suposici\u00f3n del titular de la acreencia supone que en los acuerdos de pago no intervinieron las citadas empresas, que es la verdadera causa de su pedimento, pues el recurrente nada dice ni explica al respecto, no puede prevalerse de una manifestaci\u00f3n, para obtener un beneficio procesal o legal, sin aportar ninguna prueba que acredite que tales empresas realizaron pagos de la obligaci\u00f3n o de haber formalizado un acuerdo sobre el particular (iv) es posible que existan diferencias jur\u00eddicas entre los concepto de correcci\u00f3n o adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n, pero aplicando el principio de que el derecho sustancial prevalece puramente formal. Es innegable que el ejecutante podr\u00eda rectificar dentro de ese t\u00e9rmino de ejecutoria, el alcance de su solicitud inicial (v) la providencia que dispuso terminar el proceso y la que lo corrigi\u00f3 en ese sentido, excluyendo a MEGAVIAL y CONCRESCOL, se integran en una sola, como as\u00ed lo expone el censor, pero precisamente ninguna de dichas entidades interpuso recurso alguno y por lo tanto la orden de no incluir a las mismas demandadas en la terminaci\u00f3n, les impon\u00eda el deber de contradecirla oportunamente pues les afectaba directamente.(\u2026)  (v) la solicitud de nulidad solo vino a proponerse, cerca cuatro meses despu\u00e9s de la ejecutoria del auto de Agosto 12 de 2015, con los efectos legales que implica el par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 del C.G. del P., en la simple eventualidad de que haya existido la causal invocada, texto id\u00e9ntico al que conten\u00eda el art. 140 del C. de P.C.\u00bb     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, al considerar el accionado que al no haberse terminado legalmente el proceso respecto a la empresa accionante y otra, la causal invocada carec\u00eda de todo fundamento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.  En ese orden, el prove\u00eddo que es objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional se aprecia adecuadamente motivado y contiene una valoraci\u00f3n frente a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden considerar el proceder del juzgado como trasgresor de garant\u00edas superiores, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La pretensi\u00f3n de la actora, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al criterio jur\u00eddico de la autoridad acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.)  <\/span><\/p>\n

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6. Finalmente no se observa vulneraci\u00f3n alguna con relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n emitida el 25 de agosto de 2016 por cuanto lo que all\u00ed se dispuso fue ordenar a secretar\u00eda darle cumplimiento a la decisi\u00f3n proferida el 12 de agosto de 2015, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada.  <\/span><\/p>\n

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7. Por lo dem\u00e1s, tampoco se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad de la peticionaria, porque no existe evidencia alguna de que haya recibido un trato diferencial, en detrimento de sus garant\u00edas,  frente a otros casos similares.  <\/span><\/p>\n

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8. De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento por las razones indicadas.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente             STC2355-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-001-2016-00295-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero  de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99570","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99570"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99570\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}