{"id":99572,"date":"2026-06-25T18:41:42","date_gmt":"2026-06-25T18:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2357-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:42","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:42","slug":"stc2357-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2357-2017\/","title":{"rendered":"STC2357-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2357-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02242-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de enero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Cementos Argos S.A. contra la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda de Turbaco, a las Fiscal\u00edas Treinta y Uno y Treinta y Ocho Seccionales de la misma ciudad, y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y defensa, que considera vulnerados por la autoridad p\u00fablica encausada al resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del fiscal inferior, dentro del tr\u00e1mite incidental del restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima, dentro del proceso penal adelantado contra Enrique Mu\u00f1oz Ruiz, en el que intervino como tercero de buena fe.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se revoque la determinaci\u00f3n censurada y se ordene al organismo querellado que se pronuncie nuevamente sobre el medio de impugnaci\u00f3n propuesto.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adjudic\u00f3 a Enrique Mu\u00f1oz Ruiz el bien identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 060-200409, mediante la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1134 de mayo 19 de 2003, en el cual se incluy\u00f3 un predio que era de propiedad de Maritza Romero Jaramillo.  <\/span><\/p>\n

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2. Posteriormente, el adjudicatario enajen\u00f3 ese inmueble a Conklinker S.A., y este a su vez a Cementos del Caribe S.A., hoy Cementos Argos S.A.  <\/span><\/p>\n

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3. El 28 de febrero de 2007, la Fiscal\u00eda Treinta y Uno Seccional de Turbaco dio apertura a la investigaci\u00f3n formal contra Enrique Mu\u00f1oz Ruiz, por el delito de fraude procesal, entre otros, en virtud de la denuncia efectuada por la se\u00f1ora Romero Jaramillo.  <\/span><\/p>\n

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4. El ente acusador declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y dispuso restablecer los derechos de la denunciante, por medio de la cancelaci\u00f3n de las inscripciones y registros realizados sobre el bien ra\u00edz mencionado, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n fechada el 12 de agosto de 2013.  <\/span><\/p>\n

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5. A fines del a\u00f1o 2013, el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 una acci\u00f3n de la misma naturaleza contra la autoridad mencionada, con miras a que se dejara sin efecto la determinaci\u00f3n anterior y se permitiera su intervenci\u00f3n en ese proceso.  <\/span><\/p>\n

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6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, en fallo de 14 de noviembre de 2014, neg\u00f3 el resguardo ante la falta de cumplimiento de los requisitos de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional.  <\/span><\/p>\n

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7. La Hom\u00f3loga Penal, mediante la sentencia STP7774-2014 del 17 de junio siguiente, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n anterior y concedi\u00f3 la salvaguarda, para lo cual dej\u00f3 sin efecto la resoluci\u00f3n censurada en lo relativo al restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima y orden\u00f3 que, a trav\u00e9s de tr\u00e1mite incidental, se notificara a Cementos Argos S.A. y a los dem\u00e1s terceros de buena fe, sobre la existencia de ese asunto y les brindara la oportunidad de participar para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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8. En efecto, el 19 de enero de 2015 la Fiscal\u00eda Treinta y Ocho Seccional de Turbaco, a quien se reasign\u00f3 ese proceso, dio cumplimiento al fallo precedente y orden\u00f3 notificar y vincular al aqu\u00ed quejoso.  <\/span><\/p>\n

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9. En la resoluci\u00f3n dictada el 11 de junio del a\u00f1o citado, el ente acusador declar\u00f3 la nulidad absoluta del acto administrativo referido atr\u00e1s, emitido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 060-200409, incluyendo todas las anotaciones realizadas sobre el mismo, y comision\u00f3 al Inspector de Polic\u00eda de Turbaco para que realizara la diligencia de restablecimiento del derecho a favor de la se\u00f1ora Romero Jaramillo.  <\/span><\/p>\n

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10. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, Cementos Argos S.A. inco\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, con base en que se cometieron diversos yerros procedimentales al tramitar y resolver el incidente aludido, y de otro lado, no se contaba con pruebas para concluir que la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n era nula ni el fiscal era competente para emitir tal declaraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. La Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, en prove\u00eddo fechado el 2 de noviembre de 2016, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida, por cuanto el interesado fue notificado para que compareciera al proceso y ejerciera la defensa de sus derechos, y adicionalmente no existe prohibici\u00f3n para adoptar las medidas de restablecimiento de sus derechos a favor de la v\u00edctima de la infracci\u00f3n penal.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la entidad accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al soslayar todos los reparos propuestos en el recurso de apelaci\u00f3n, y en su lugar se limit\u00f3 a pronunciarse sobre aspectos superficiales, y adem\u00e1s la Fiscal\u00eda carec\u00eda de competencia para tomar la medida de restablecimiento cuestionada, motivos por los cuales se est\u00e1 infringiendo de manera expresa y directa la Constituci\u00f3n. [Folios 1-23, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los estrados judiciales querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda de Turbaco, a las Fiscal\u00edas Treinta y Uno y Treinta y Ocho Seccionales de la misma ciudad, y a las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 149-150, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Fiscal\u00eda Treinta y Ocho Seccional de Turbaco indic\u00f3 que conoci\u00f3 el proceso adelantado contra Enrique Mu\u00f1oz Ruiz por el delito de fraude procesal, en el que se emiti\u00f3 resoluci\u00f3n el 11 de junio de 2015, la cual fue confirmada por el superior, sin embargo no se pronunci\u00f3 frente a las inconformidades del actor. [Folio 155, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, Maritza Romero Jaramillo manifest\u00f3 que tiene la calidad de v\u00edctima y que no es procedente el resguardo solicitado, porque las decisiones censuradas tienen como objetivo restablecer sus derechos sobre un inmueble que debe ser entregado por el accionante. [Folios 165-171, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 12 de enero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, debido a que la determinaci\u00f3n cuestionada del ente acusador se sustent\u00f3 con un criterio razonable a partir de los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n pertinente, en la que se confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n dictada por el a quo, pues el tr\u00e1mite incidental se surti\u00f3 adecuadamente y la autoridad de primera instancia s\u00ed era competente para adoptar medidas de restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima. [Folios 174-181, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial e insisti\u00f3 en que no se resolvieron todos los temas de controversia propuestos en el recurso de apelaci\u00f3n aludido. [Folios 194-196, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena al pronunciarse sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el aqu\u00ed quejoso contra la resoluci\u00f3n dictada por el inferior, en la que se resolvi\u00f3 lo concerniente a las medidas de restablecimiento del derecho a favor de la v\u00edctima Maritza Romero Jaramillo, decidi\u00f3 confirmarla, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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Previo a la exposici\u00f3n de nuestros argumentos, debemos referirnos a que si bien el A quo, en la decisi\u00f3n impugnada, hace referencia a que se procede a la calificaci\u00f3n del sumario, insistiendo en ello en diferentes ocasiones, este despacho entiende que la providencia busca dar por finalizado los tramites (sic) del cuaderno del tercero incidental, por medio del cual se le dio la oportunidad a la Empresa Cementos Argos S.A., como tercero de buena fe, para que defendiera sus derechos dentro del proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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Entrando en el recurso de apelaci\u00f3n, iniciaremos con el an\u00e1lisis de los argumentos del dcotr Aimer Abel Palomino Morales [apoderado de Cementos Argos S.A.], referente a la solicitud de nulidad por flagrante violaci\u00f3n al debido proceso, originada en indebida notificaci\u00f3n de la providencia que dio origen al tr\u00e1mite incidental y en el desborde de las competencias de la Fiscal\u00eda, cuando invade la \u00f3rbita de otras autoridades.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto al tema de las notificaciones, es necesario recordar al impugnante que las comunicaciones dentro de un proceso, buscan la comparecencia de los sujetos procesales, para que ejerzan su derecho de defensa y, en tal sentido la norma ense\u00f1a que se puede realizar por cualquier medio eficaz.  <\/span><\/p>\n

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El hecho que se remita la comunicaci\u00f3n a una direcci\u00f3n distinta a la que originalmente se suministrara por quien pudiera ser afectado con la decisi\u00f3n, tiene como consecuencia que ese afectado no concurra al proceso, en cuyo caso es obligatoria la declaratoria de nulidad, por solicitud del interesado o de manera oficiosa.  <\/span><\/p>\n

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Caso contrario es el observado en el presente asunto, cuando la comunicaci\u00f3n se remiti\u00f3 a una direcci\u00f3n distinta, pero ello no fue \u00f3bice para que el interesado compareciera al proceso y ejerciera la defensa de sus derechos, lo que es en \u00faltima la meta de la citaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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A continuaci\u00f3n, la autoridad accionada se pronunci\u00f3 frente a los reparos sobre la competencia para declarar la nulidad de la adjudicaci\u00f3n realizada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria al investigado en ese proceso punitivo, para lo cual sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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En cuanto al desbordamiento de las funciones por parte de la Fiscal\u00eda, en que a juicio del impugnante, incurri\u00f3 el A quo al momento de restablecer el derecho, tambi\u00e9n debe tener presente el recurrente que este tema ha sido debatido en sede de casaci\u00f3n, concluy\u00e9ndose que ante la demostraci\u00f3n objetiva de un delito, se debe restablecer el derecho a las v\u00edctimas, aun si ha operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) es n\u00edtido que ninguna prohibici\u00f3n constitucional o legal impide adoptar en cualquier momento de la actuaci\u00f3n, a favor de la v\u00edctima de la infracci\u00f3n penal, las medidas de restablecimiento de los derechos patrimoniales conculcados, cuando quiera que los elementos objetivos del tipo penal est\u00e9n demostrados, pues es un deber del juez velar porque el disfrute o disposici\u00f3n de los bienes tenga causa l\u00edcita y repose en su leg\u00edtimo propietario o poseedor.  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior podemos manifestar sin dubitaci\u00f3n alguna, que debemos apartarnos del sentir del recurrente y, habi\u00e9ndose comprobado objetivamente la doble adjudicaci\u00f3n que pesa sobre el inmueble en litigio, confirmar la decisi\u00f3n impugnada restableciendo el derecho a la v\u00edctima, tal como decidi\u00f3 el funcionario instructor.  <\/span><\/p>\n

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3. Las conclusiones anteriores son producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n del acervo probatorio, circunstancias que, a juicio de la Fiscal\u00eda encausada, condujeron a que se determinara que el accionante fue notificado del tr\u00e1mite incidental para que ejerciera la defensa de sus derechos y adem\u00e1s que no estaba prohibida la adopci\u00f3n de medidas de restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima de la infracci\u00f3n penal, cuando se demuestra objetivamente los elementos del tipo penal, como ocurri\u00f3 en ese caso, y por tanto, se confirmara la providencia recurrida.  <\/span><\/p>\n

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De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 la autoridad p\u00fablica acusada, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario del resguardo es anteponer su propio criterio al del ente acusador accionado y atacar, por esta v\u00eda, la determinaci\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2357-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02242-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99572","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99572\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}