{"id":99573,"date":"2026-06-25T18:41:45","date_gmt":"2026-06-25T18:41:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2359-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:45","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:45","slug":"stc2359-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2359-2017\/","title":{"rendered":"STC2359-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2359-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2016-00479-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 19 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Seatech International Inc. contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n Talid, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes en el respectivo proceso arbitral.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales fueron presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al proferir \u00abel laudo arbitral de 8 de febrero de 2016, aclarado mediante providencia del 19 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, como soporte de la demanda expuso que para resolver \u00abuna disputa comercial entre RECURSOS ESPECIALES S.A.S. hoy \u201cen liquidaci\u00f3n\u201d, como demandante y SEATECH INTERNATIONAL, INC, como demandado\u00bb, acudieron al Tribunal accionado, quien orden\u00f3 a su representada pagar una indemnizaci\u00f3n por \u00ab$597.412.420\u2026 resultando finalmente\u2026. la suma de $153\u00b4509.258\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asegur\u00f3 que por no haber quedado satisfecha con la decisi\u00f3n, la sociedad accionante \u00abinterpuso oportunamente recurso de anulaci\u00f3n contra el Laudo Arbitral\u00bb, el cual fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena el 1\u00ba de agosto de 2016 \u00abdeclarando infundado el mismo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que el laudo arbitral vulnera las prerrogativas fundamentales de la accionante, al haber incurrido en defectos de procedibilidad concretamente sobre el tratamiento de la prueba pericial que defini\u00f3 la indemnizaci\u00f3n a su cargo.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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Gledys Carolina Vital Sierra, \u00fanica \u00e1rbitro que conform\u00f3 el Tribunal que resolvi\u00f3 el proceso promovido por Recursos Especiales SAS contra Seatech International Inc., indic\u00f3 que \u00ablas pruebas solicitadas y aportadas con la demanda inicial, su contestaci\u00f3n, la demanda de reconvenci\u00f3n uy su contestaci\u00f3n, y la prueba decretada de oficio\u2026 fueron incorporadas y practicadas legal y oportunamente\u00bb; concretamente sobre el dictamen pericial, dijo que la accionante \u00abdej\u00f3 de lado la observancia de lo preceptuado en la norma acerca de la forma de contradicci\u00f3n de dicha prueba, y este punto quedo (sic) decantado dentro del debate\u00bb, y refiriendo que la actora no se opuso a la pr\u00e1ctica de la prueba oficiosa ni la controvirti\u00f3 en los t\u00e9rminos de ley, pidi\u00f3 negar el amparo por desconocer la subsidiariedad, y tambi\u00e9n por la inexistencia de defecto alguno en lo actuado (fls. 157 a 165, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que la accionante no agot\u00f3 los mecanismos previstos al interior del proceso, considerando para ello que como el ataque se dirigi\u00f3 a invalidar la decisi\u00f3n del Tribunal de Arbitramento, porque \u00abel dictamen pericial que sirvi\u00f3 de base para determinar los perjuicios requeridos por ambas partes estaba viciado de subjetividad y versaba sobre puntos de derecho\u00bb, aunque solicit\u00f3 su inadmisibilidad no present\u00f3 \u00abexperticias para controvertirlo\u00bb como lo prev\u00e9 el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 31 de la ley 1563 de 2012. Adicionalmente, porque observ\u00f3 que lo resuelto obedece a criterio razonable del juzgador de instancia (fls. 167 a 170, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor el amparo, se\u00f1alando que no puede atribu\u00edrsele incuria porque desde el comienzo el tutelante solicit\u00f3 la inadmisi\u00f3n del dictamen, y que como se insisti\u00f3 en que no pod\u00eda tenerse en cuenta \u00abno puede ni debe presentar experticias para controvertir algo que uno no considera leg\u00edtimo\u00bb; indic\u00f3 que la carga de la prueba la tiene \u00fanicamente el demandante, por lo que cuestion\u00f3 el protagonismo del \u00e1rbitro quien antes de instruir al perito, debi\u00f3 encontrar la responsabilidad contractual indemnizable, pues tal despliegue de actividad no es viable \u00abni siquiera bajo el amparo del nuevo principio de la carga din\u00e1mica de la prueba\u00bb. Aclar\u00f3 finalmente que \u00abla presente acci\u00f3n se dirige \u00fanica y exclusivamente contra el laudo arbitral y no contra el auto del primero (1\u00b0) de agosto de 2016, \u2026 en el cual se declar\u00f3 infundado el Recurso de Anulaci\u00f3n\u00bb (fls. 173 a 185, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Esta Corte ha dicho y reiterado que para la viabilidad del amparo de los derechos fundamentales respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales son esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al resguardo se hayan agotado los mecanismos de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Bajo estas premisas, encuentra la Sala que el fallo denegatorio del auxilio deber\u00e1 respaldarse, comoquiera que en este no se alcanza a cumplir el presupuesto tempestivo que permita su procedibilidad, pues desde cuando se consolid\u00f3 la actuaci\u00f3n cuestionada a la fecha en que se interpuso la querella constitucional, ya hab\u00eda rebasado el t\u00e9rmino de seis meses establecido para determinar su oportuna presentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.1. En efecto, el resguardo est\u00e1 dirigido a atacar \u00ab\u00fanica y exclusivamente\u00bb el laudo que defini\u00f3 la controversia jur\u00eddica a la que fue convocada la ac\u00e1 demandante, esto es, el proferido por el Tribunal de Arbitramento el 8 de febrero de 2016, corregido el 19 del mismo mes y a\u00f1o (fls. 20 a 62, ib\u00edd.), en tanto los motivos que dieron lugar al recurso de anulaci\u00f3n que el Tribunal Superior de Cartagena declar\u00f3 infundado el 1\u00b0 de noviembre de 2016, refer\u00edan a situaciones jur\u00eddicas distintas con vista en las causales que el ordenamiento legal prev\u00e9 para esos eventos. Frente a esa tem\u00e1tica, la Corte ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEs menester destacar, asimismo, el car\u00e1cter restringido del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, que obliga al juez que lo resuelve a circunscribirse a las limitadas causales que le dan soporte, pues no puede encaminar la decisi\u00f3n por fuera de los estrictos caminos que para ello consagra el ordenamiento jur\u00eddico, caracter\u00edstica que fue puesta de relieve por la Sala cuando manifest\u00f3 \u00abque las causales que habilitan el recurso de anulaci\u00f3n, consagradas en el art\u00edculo 163 del Decreto 1818 de 1998, son taxativas y de aplicaci\u00f3n restrictiva, de forma que, en ning\u00fan caso, pueda invalidarse un laudo por fuera de los precisos motivos que en tales causales se establecieron, en el entendido de que si ello no fuera as\u00ed, el juez encargado de resolver dicha impugnaci\u00f3n estar\u00eda interfiriendo indebidamente en el proceso arbitral mismo y, por esta v\u00eda, de paso, provocar\u00eda una reprochable afectaci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad de quienes convinieron el compromiso o pactaron la cl\u00e1usula compromisoria, en tanto que, se insiste, con amparo en la Constituci\u00f3n y en la ley, los interesados optaron, precisamente, por excluir del conocimiento del \u00f3rgano jurisdiccional su conflicto\u00bb (CSJ, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 2008-01200-00, citada en STC, 12 dic de 2012, rad. 02706-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, como la discusi\u00f3n sobre los puntos resueltos en el referido laudo arbitral, solo vinieron a ser tra\u00eddos a esta sede excepcional en procura de su quebrantamiento, hasta el 15 de diciembre de 2016 (fl. 149, \u00eddem), la invocaci\u00f3n que ahora se realiza resulta tard\u00eda, pues n\u00f3tese que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de nueve meses desde el conocimiento que a esa determinaci\u00f3n se dio, lapso que supera holgadamente el que la jurisprudencia constitucional de esta Corte tiene presupuestado como tempestivo.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Ciertamente, esta Corte ha determinado la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento del principio de la inmediatez, vista como la urgencia para acudir a la protecci\u00f3n constitucional, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora ese remedio, se supera el t\u00e9rmino prudencialmente previsto como razonable, en tanto:  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada, entre otras en STC17975-2016, 9 dic. 2016, rad. 00734-01).  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese mismo aspecto, m\u00e1s adelante esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada entre otras en STC16308-2016, 18 nov. 2016, rad. 00760-01, y STC664-2017, 26 ene. 2017, rad. 00695-01).  <\/span><\/p>\n

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2.3. La Sala ha dejado sentado, en casos como el que se examina, el t\u00e9rmino para que se configure la carencia de inmediatez de la salvaguarda cuando ha mediado el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, no se contabiliza desde la definici\u00f3n de \u00e9ste, sino desde cuando se produjo el fallo arbitral al que se le atribuye defecto f\u00e1ctico, al sostener que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(…) la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez en relaci\u00f3n con la queja que por indebida valoraci\u00f3n probatoria endilgada al laudo arbitral de 12 de junio de 2014, habida cuenta de que entre la fecha de expedici\u00f3n de tal determinaci\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda que nos ocupa, 13 de abril de 2015 (…), transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que las personas afectadas en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerzan esta acci\u00f3n constitucional (…).  <\/span><\/p>\n

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Destaca la Sala que la interposici\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n tramitado frente al laudo arbitral descrito, ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, no imped\u00eda a la accionante la proposici\u00f3n de la salvaguarda constitucional de que se trata para censurar la supuesta errada valoraci\u00f3n probatoria que ahora esboza, en la medida en que por la naturaleza de aqu\u00e9l mecanismo de defensa no era viable poner de presente all\u00ed la censura constitucional aludida fundada en la valoraci\u00f3n probatoria, lo que implicaba que bien pudo, la accionante, realizar ambos ataques simult\u00e1neamente (…)\u00bb (STC, 12 dic de 2012, rad. 02706-00, citada en STC5010-2015, 28 ab. rad. 00793-00 y STC18245-2016, 14 dic. 2016, rad. 03460-00). Subraya la Sala.  <\/span><\/p>\n

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3. Corolario de lo anteriormente discurrido, se respaldar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la tutela, por desatender el esencial requisito de inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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