{"id":99574,"date":"2026-06-25T18:41:49","date_gmt":"2026-06-25T18:41:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2360-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:41:49","modified_gmt":"2026-06-25T18:41:49","slug":"stc2360-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2360-2017\/","title":{"rendered":"STC2360-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2360-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-002-2016-00421-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el trece de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior Florencia en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yolanda Sicacha Rico, en representaci\u00f3n de su menor hijo Braian Stiven P\u00e9rez Sicacha contra la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar EPS;  tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y al Establecimiento de Sanidad Militar del BASER 12.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La tutelante solicita el amparo de los derechos a la salud, y a la vida en condiciones dignas de su menor hijo, los cuales considera vulnerados por la autoridad acusada, por no autorizar de manera efectiva el apoyo econ\u00f3mico que requiere para trasladar al infante a la ciudad de Bogot\u00e1 a fin de que acuda a la cita m\u00e9dica de neurocirug\u00eda ordenada por el galeno.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene a la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar E.P.S., o a quien corresponda, i) \u00abque de forma inmediata proceda adelantar los tr\u00e1mites administrativos pertinentes para que en el t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la respectiva providencia, autorice el apoyo econ\u00f3mico solicitado y asuma los costos de transporte, hospedaje y alimentaci\u00f3n (vi\u00e1ticos) que se generen en el traslado a la Ciudad de Bogot\u00e1 para [mi] hijo y su acompa\u00f1ante, con el fin de que pueda acudir a su cita y recibir el tratamiento ordenado por el m\u00e9dico tratante, como tambi\u00e9n a cualquier otro lugar que requiera  en raz\u00f3n de las citas m\u00e9dicas, remisiones y tratamientos que sean programados desde ahora y en adelante, todas las veces que sea necesario mientras dure el tratamiento m\u00e9dico al que est\u00e1 siendo sometido\u00bb y ii) \u00abse ordene a la EPS accionada, que el tratamiento que se le est\u00e1 suministrando a [mi] hijo de conformidad con la patolog\u00eda que presenta, comience a proporcion\u00e1rsele de manera integral, y no a interrumpir la continuidad del mismo\u00bb. [Folio 3, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante es madre del menor Braian Stiven P\u00e9rez Sicacha, quien tiene 6 a\u00f1os de edad1 y, est\u00e1 afiliado al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares -actualmente activo2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El referido menor de edad, padece de \u00abhidrocefalia, mielomeringocele y luxaci\u00f3n de cadera\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. El 26 de enero de 2016, el paciente ingres\u00f3 a control m\u00e9dico por Medicina Especializada \u2013Pediatr\u00eda-, en el Establecimiento de Sanidad Militar B.A.S.P.C. N\u00b0 12., en cuya consulta, el m\u00e9dico tratante dispuso remitirlo para ser valorado por Neurocirug\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La EPS accionada, emiti\u00f3 la autorizaci\u00f3n el d\u00eda 8 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Relat\u00f3 la accionante, que en ese momento, se enter\u00f3 que dicha consulta ser\u00eda realizada en el Hospital Militar Central de la ciudad de Bogot\u00e1 el d\u00eda 12 de diciembre de 2016, por lo que procedi\u00f3 a manifestarle a la E.P.S. accionada, sobre su imposibilidad de asumir los costos de desplazamiento a la ciudad remitida, por ser una persona de escasos recursos, y por tal motivo, solicitarle apoyo para el suministro de vi\u00e1ticos para su hijo y un acompa\u00f1ante, por tratarse de un menor de 6 a\u00f1os de edad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Cont\u00f3 que el mismo 8 de agosto, la E.P.S. accionada, le respondi\u00f3 de manera verbal que le ser\u00edan suministrados los vi\u00e1ticos, pero sin embargo, no adelant\u00f3 ninguna gesti\u00f3n tendiente a materializar su pedimento.  <\/span><\/p>\n

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7. En su criterio, la entidad convocada conculc\u00f3 las garant\u00edas invocadas porque pese a que no se ha negado a reconocerle los vi\u00e1ticos, tampoco le ha generado la orden que se los autorice.  [Folios 1 – 2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El Tribunal, el 1\u00b0 de diciembre de 2016, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la referida demanda de tutela, corri\u00f3 traslado de la misma a las entidades encausadas y vinculadas para que ejercieran el derecho de contradicci\u00f3n y, como medida provisional, orden\u00f3 a las accionadas que, en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de dicho prove\u00eddo, \u00abrealicen las diligencias necesarias para garantizar el pago de un subsidio de transporte y de los gastos de estad\u00eda para que la (sic) paciente acceda  los servicios que requiera su enfermedad con un acompa\u00f1ante en la ciudad de Bogot\u00e1. El desembolso del traslado deber\u00e1 incluir los costos de la remisi\u00f3n de Florencia a Bogot\u00e1, y Bogot\u00e1 Florencia\u00bb. [Folios 13 y 14, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Director General de Sanidad Militar pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite tras referirse a que la entidad directamente responsable para acceder a las pretensiones de la actora, es la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y no ella, pues cumple funciones administrativas y no asistenciales, adem\u00e1s de que las Direcciones no dependen jer\u00e1rquicamente la una de la otra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Director del Establecimiento de Sanidad Militar 5177 BASPC – 12, indic\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas del menor, toda vez que le ha ofrecido una eficiente y oportuna prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico de acuerdo a la patolog\u00eda del paciente;  sin embargo, respecto del suministro de pasajes y vi\u00e1ticos, arguy\u00f3 que no le corresponde a esa dependencia como quiera que cumple funciones de car\u00e1cter asistencial y por tanto, es la Direcci\u00f3n de Sanidad con sede en la ciudad de Bogot\u00e1, quien debe atender la petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 13 de diciembre de 2016 el Tribunal concedi\u00f3 el resguardo implorado;  y en ese sentido, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ejercito Nacional y al Establecimiento de Sanidad Militar Baser 12 de la ciudad de Florencia, proceder a i) \u00absufragar los costos de traslado  -transporte, alojamiento y alimentaci\u00f3n \u2013 de Braian Stiven P\u00e9rez Sicacha  a la ciudad de Bogot\u00e1, a fin de atender la valoraci\u00f3n por neurocirug\u00eda que dispuso el m\u00e9dico tratante, para el tratamiento de la patolog\u00eda HIDROCEFALIA MIELOMERINGOCELE Y LUXACI\u00d3N DE CADERA, que fue puesta en conocimiento [a \u00e9ste Despacho].   Los gastos de traslado se extienden a su acompa\u00f1ante\u00bb;  y, ii) \u00abque la prestaci\u00f3n del servicio de salud se haga en forma integral, es decir, que en adelante preste todos los servicios m\u00e9dicos, quir\u00fargicos, hospitalarios y farmac\u00e9uticos que requiera el menor Braian Stiven P\u00e9rez Sacacha para su enfermedad\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para arribar a esa decisi\u00f3n, en lo medular, expuso la colegiatura que las entidades encartadas, no desvirtuaron las afirmaciones hechas por la accionante relativas a no contar con los recursos econ\u00f3micos para sufragar los gastos de desplazamiento a la ciudad de Bogot\u00e1;  y que por tratarse de un menor de edad dependiente de su madre, es procedente, conceder el amparo, extendido a los gastos de un acompa\u00f1ante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El Establecimiento de Sanidad Militar 5177 BASPC-12 impugn\u00f3 el fallo compendiado, para lo que reiter\u00f3 los argumentos expuestos al contestar la tutela e hizo \u00e9nfasis en que cumple funciones exclusivamente de car\u00e1cter asistencial, y en ese entendido, pidi\u00f3 ser desvinculado de la orden. [Folio 43, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Esta Sala ha reiterado que acorde con la jurisprudencia constitucional, la salud es \u00abun derecho fundamental aut\u00f3nomo que tiene una doble connotaci\u00f3n – derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-\u00bb, concepto por el cual se ha entendido que \u00abtodas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u00bb. (CC T-1036\/07)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, se debe garantizar la protecci\u00f3n de los derechos a la vida, salud y seguridad social, de ah\u00ed que sea un deber inexcusable para las entidades encargadas de prestar los servicios de salud, garantizar la efectiva atenci\u00f3n, as\u00ed como la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes, la entrega completa y oportuna de los f\u00e1rmacos, y de los controles m\u00e9dicos requeridos.  <\/span><\/p>\n

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2. Lo anterior cobra mayor relevancia frente a la protecci\u00f3n de un menor de edad, como en el caso del ep\u00edgrafe, pues as\u00ed lo ha sentado de tiempo atr\u00e1s la Corte Constitucional, que al respecto refiri\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, por encontrarse en condici\u00f3n de debilidad, merecen mayor protecci\u00f3n, de forma tal que se promueva su dignidad. Tambi\u00e9n ha afirmado que sus derechos, entre ellos la salud, tienen un car\u00e1cter prevalente en caso de que se presenten conflictos con otros intereses. Adicionalmente, atendiendo al car\u00e1cter de fundamental del derecho, la acci\u00f3n de tutela procede directamente para salvaguardarlo sin tener que demostrar su conexidad con otra garant\u00eda, incluso en los casos en los que los servicios requeridos no est\u00e9n incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Igualmente, ha sostenido que cuando se vislumbre su vulneraci\u00f3n o amenaza, el juez constitucional debe exigir su protecci\u00f3n inmediata y prioritaria. De todo lo anterior se colige que los menores de edad gozan de un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n especial en el que prevalecen sus derechos sobre los de los dem\u00e1s y que cualquier vulneraci\u00f3n a su salud exige una actuaci\u00f3n inmediata y prioritaria por parte de todas las autoridades p\u00fablicas, incluyendo al juez constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del servicio m\u00e9dico afecta los derechos a la salud, a la integridad f\u00edsica y a la vida de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, se deber\u00e1n modular o inaplicar las disposiciones que restrinjan el acceso a los servicios que requieren, teniendo en cuenta que tales normas de rango inferior impiden el goce efectivo de sus garant\u00edas Superiores. los menores de edad requieren de una atenci\u00f3n en salud id\u00f3nea, oportuna y prevalente, respecto de la cual toda entidad p\u00fablica o privada tiene la obligaci\u00f3n de garantizar su acceso efectivo a los servicios como lo ordena el art\u00edculo 50 Superior, en concordancia con los principios legales de protecci\u00f3n integral e inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y ni\u00f1as.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso sub examine la impugnaci\u00f3n se contrae concretamente a establecer si al Establecimiento de Sanidad Militar 5177 BASPC-12 se le debe desvincular de la orden de tutela que dispuso, mancomunadamente, con la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional a \u00absufragar los costos de traslado \u2013transporte, alojamiento y alimentaci\u00f3n- de Braian Stiven P\u00e9rez Sicacha a la ciudad de Bogot\u00e1 (\u2026) los gastos de traslado se extienden a un acompa\u00f1ante(\u2026)\u00bb, porque, en su sentir la competencia de suministrar los pasajes y vi\u00e1ticos rogados, son en exclusiva de la Direcci\u00f3n de Sanidad con sede en Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Para abordar el tema de discusi\u00f3n, bastan las  siguientes precisiones.  <\/span><\/p>\n

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4. El Decreto 1795 de 2000, \u00abpor el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, en el canon 5\u00ba estableci\u00f3 como objeto el \u00ab[P]restar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su log\u00edstica Militar y adem\u00e1s brindar el servicio integral de salud en las \u00e1reas de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n del personal afiliado y sus beneficiarios  \u00bb. [Negrilla fuera de texto]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, respald\u00f3 dichos preceptos con los principios orientadores de \u00abprotecci\u00f3n integral e integraci\u00f3n funcional\u00bb que los describi\u00f3 se\u00f1alando que \u00abel SSMP brindar\u00e1 atenci\u00f3n en salud integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educaci\u00f3n, informaci\u00f3n y fomento de la salud\u00bb  y que \u00abla Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas, los Establecimientos de Sanidad Militar y Policial, y el Hospital Militar Central, concurrir\u00e1n arm\u00f3nicamente a la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, mediante la integraci\u00f3n en sus funciones, acciones y recursos (\u2026)\u00bb. [Art\u00edculo 6\u00ba]. Se resalta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el canon 16 estipul\u00f3 que \u00abel Ej\u00e9rcito Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza A\u00e9rea ser\u00e1n las encargadas de prestar los servicios de salud a trav\u00e9s de las Direcciones de Sanidad de cada una de las Fuerzas a los afiliados y sus beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por medio de sus Establecimientos de Sanidad Militar; as\u00ed mismo podr\u00e1n solicitar servicios preferencialmente con el Hospital Militar Central o con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y profesionales habilitados, de conformidad con los planes, pol\u00edticas, par\u00e1metros y lineamientos establecidos por el CSSMP\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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La anterior normativa permite inferir que el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, debe funcionar de manera arm\u00f3nica e integral entre todas las dependencias prestadoras de tal servicio, principios que en el caso particular son trascendentales.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, como qued\u00f3 probado en el presente asunto, al paciente no se hab\u00eda otorgado la autorizaci\u00f3n de suministrarle los vi\u00e1ticos de desplazamiento a la ciudad de Bogot\u00e1, junto con su acompa\u00f1ante para efectos de asistir a la cita con el especialista en neurocirug\u00eda ordenada por el m\u00e9dico tratante, desde el 26 de enero de 2016,  y autorizada s\u00f3lo hasta el mes de agosto del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, acorde con los apartes normativos atr\u00e1s transcritos, corresponden tanto a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ejercito Nacional como al Establecimiento de Sanidad Militar 5177 BASPC -12, gestionar, facilitar, autorizar, diligenciar y en t\u00e9rminos generales atender la situaci\u00f3n de salud del paciente, m\u00e1xime cuando la autorizaci\u00f3n del control con el especialista en neurocirug\u00eda la programaron las encausadas  para llevarse a cabo en la ciudad de Bogot\u00e1, esto es, diferente al sitio de residencia del menor \u2013Florencia \u2013Caquet\u00e1-, por lo que las alegaciones en torno a que la orden constitucional no deb\u00eda imponerse al referido Establecimiento de Sanidad resultan desafortunadas para pretender la modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por otro lado, no ofrece discusi\u00f3n la protecci\u00f3n concedida en primera instancia para que los encausados asumieran el pago de los gastos por transporte, alojamiento y alimentaci\u00f3n que se ocasionen en virtud del traslado del paciente y su acompa\u00f1ante fuera de su domicilio actual para recibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica que en estos momentos y a futuro requiera para obtener el tratamiento oportuno por la patolog\u00eda que soporta, pues aunado a la incuestionable necesidad de recibir el cuidado m\u00e9dico especializado, no se demostr\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica de la actora o de sus familiares para asumir dichos gastos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a este t\u00f3pico, para el caso es aplicable la jurisprudencia constitucional reiterada por esta Corporaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el transporte y hospedaje del paciente no son servicios m\u00e9dicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento y estad\u00eda en el lugar donde se le pueda prestar atenci\u00f3n m\u00e9dica. (\u2026) As\u00ed pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obst\u00e1culos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando \u00e9stas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado (Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008; tesis reiterada en la Providencia T-842 de 2011).  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, tambi\u00e9n ha puntualizado sobre los presupuestos que el juez constitucional debe observar para la concesi\u00f3n del amparo con relaci\u00f3n al subsidio de transporte y hospedaje del paciente, a saber:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos econ\u00f3micos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no efectuarse la remisi\u00f3n se pone en riesgo la vida, la integridad f\u00edsica o el estado de salud del usuario. (Corte Constitucional, Sentencias T-246 de 2010 y T-481 de 2011, citadas en el Fallo T-842 de 2011).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, \u00abcuando se verifican los requisitos mencionados, el juez constitucional debe ordenar el desplazamiento medicalizado o el pago total del valor de transporte y estad\u00eda para acceder a servicios m\u00e9dicos que no revistan el car\u00e1cter de urgencias m\u00e9dicas (Providencia T-481 de 2011, citada en la Sentencia T-842 de 2011).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a ello, la Corte Constitucional ha estimado que procede la tutela para garantizar el pago del traslado y estad\u00eda del usuario con un acompa\u00f1ante en aquellos casos en los que: \u201c(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atenci\u00f3n permanente para garantizar su integridad f\u00edsica y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni \u00e9l ni su n\u00facleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado\u201d. (CC T-233\/11)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Basten las anteriores razones para concluir que la impugnaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, ya que el Establecimiento de Sanidad Militar 5177 CASPC -12 es uno de los llamados a garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos que requiere el menor de edad dentro del tratamiento integral tutelado, y se cumplen los presupuestos constitucionales para la viabilidad de extender el resguardo al pago de los gastos derivados del transporte y alojamiento para el infante y un acompa\u00f1ante, siempre que aquel  requiera atenci\u00f3n en ciudad distinta a la que reside,  por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente. En oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Naci\u00f3 el 21 de octubre de 2006. [Folio 7, c. 1]    <\/span><\/p>\n

2 Folio 9, c. 1      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2360-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-002-2016-00421-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el trece de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99574","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99574\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}