{"id":99576,"date":"2026-06-25T18:42:06","date_gmt":"2026-06-25T18:42:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2362-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:42:06","modified_gmt":"2026-06-25T18:42:06","slug":"stc2362-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2362-2017\/","title":{"rendered":"STC2362-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2362-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2016-01152-011  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el trece de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las Regionales Risaralda y Barranquilla de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Direcci\u00f3n de Control F\u00edsico de la Alcald\u00eda Municipal de Barranquilla y de Bogot\u00e1, a Leandro Giraldo y a Cristian V\u00e1squez.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial tutelada al no dar tr\u00e1mite oficioso a sus acciones populares Nos. 2015-01314 y 2016-00254, pese a tratarse de actuaciones constitucionales prioritarias y preferentes; concretamente, cuestiona que el fallador tutelado no haya dispuesto lo necesario para notificar de la admisi\u00f3n de la demanda a la entidad presuntamente vulneradora de los derechos de la colectividad y al Procurador Delegado para estos asuntos, ni publicado el aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, en un medio masivo de comunicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se \u00ab\u2026ordene a la tutelada que pruebe y demuestre en que consiste su impulso oficioso (\u2026) y de no probarse se aplique el art. 84 Ley 472 de 1998\u2026\u00bb y se \u00ab\u2026vincule al procurador General de la Naci\u00f3n en Bogot\u00e1, a fin que se pruebe que ha hecho el delegado del Ministerio P\u00fablico en la A popular y consigne si existe renuencia y desconocimiento ley 472\/1998 y ley 734\/2002\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Cristian V\u00e1squez y Leandro Giraldo presentaron dos acciones populares contra Audifarma y Barranquilla, respectivamente, por considerar que vulneran las garant\u00edas colectivas de la comunidad usuaria.  <\/span><\/p>\n

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2. El 16 de junio de 2016, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, avoc\u00f3 el conocimiento de las quejas y orden\u00f3 notificar personalmente a las sociedades demandadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como efectuar las publicaciones de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, a cargo del actor. As\u00ed mismo, dispuso la vinculaci\u00f3n de las Alcald\u00edas de aquellos municipios y de la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por medio de sus respectivos delegados.  <\/span><\/p>\n

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3. El 29 de junio de 2016 se libraron las comunicaciones pertinentes para la notificaci\u00f3n de las mencionadas autoridades y se elabor\u00f3 el aviso a la comunidad.  <\/span><\/p>\n

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4. El 6 de diciembre de 2016, se reconoci\u00f3 al tutelante como coadyuvante de la queja popular y se le inform\u00f3 que los t\u00e9rminos establecidos en la Ley que regula la acci\u00f3n popular, se cumplen en la medida en que las partes asuman las cargas procesales que les asisten.  <\/span><\/p>\n

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5. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, desconoce la perentoriedad de las acciones constitucionales donde funge como coadyuvante, por no adelantarlas de oficio, con observancia de la perentoriedad de los t\u00e9rminos de ley. [Folios 1-5 c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 su traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 8, c. 1]  <\/span><\/p>\n

2. La Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, se mostr\u00f3 ajena a los hechos en los cuales el quejoso fundamenta su reclamo, puesto que sus reparos est\u00e1n dirigidos a controvertir \u00fanica y exclusivamente actuaciones del Juzgado accionado. [Folios 12-14, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Territorial Barranquilla de la mencionada instituci\u00f3n inform\u00f3 el nombre del Procurador Delegado al que ser\u00e1 asignada la queja contra Bancolombia S.A. [Folio 15, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n con sede en Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del Procurador 7 Judicial II Para Asuntos Civiles, puso de presente que aunque es cierto que la acci\u00f3n popular debe ser impulsada por el funcionario cognoscente de manera oficiosa, es carga del actor popular o de la persona interesada adelantar correctamente las gestiones necesarias para que al interior de ese tr\u00e1mite se de aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 472 de 1998, cosa que, estim\u00f3, no ha ocurrido en el presente asunto. Con base en ello, concluy\u00f3 que no se encuentra satisfecho el requisito de la subsidiaridad que gobierna a la acci\u00f3n de tutela y por ende \u00e9sta no debe prosperar. [Folios 19-21, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 13 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que ni el accionante ni los actores populares hicieron uso del mecanismo legal con que contaban para controvertir el auto a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n y publicaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a cargo de los interesados, cuando era susceptible del recurso de reposici\u00f3n. Adicionalmente, estim\u00f3 razonable la carga procesal impuesta. [Folios 49-51, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin exponer los motivos de su censura. [Folio 59, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha efectuado la notificaci\u00f3n del auto admisorio de las acciones populares 2015-1314 y 2016-00254 a la entidad accionada, as\u00ed como tampoco ha surtido las publicaciones de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, pese a tratarse de acciones constitucionales, cuyo tr\u00e1mite es preferencial y oficioso.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).  <\/span><\/p>\n

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Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019  (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.  <\/span><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite de los asuntos sometidos al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado de las actuaciones no surge de una conducta arbitraria, infundada o caprichosa del Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira, que justifique la intervenci\u00f3n del fallador constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n del mismo para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que la sede judicial cuestionada, al momento de admitir a tr\u00e1mite las quejas contra Audifarma y Bancolombia S.A., de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, orden\u00f3 a los actores populares realizar las notificaciones y publicaciones de rigor, cosa que ni ellos ni el coadyuvante de aquellas s\u00faplicas han obedecido, sin que exista justificaci\u00f3n v\u00e1lida para ello.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, es de ver que con posterioridad a aquel prove\u00eddo, que data del 16 de junio de 2016, no han ejercido actuaci\u00f3n procesal alguna, pese a que es de su resorte dar cumplimiento a las cargas procesales dispuestas en el auto admisorio o acreditar su imposibilidad de hacerlo, tal como lo permite el art\u00edculo 19 de la Ley 472 de 1998, que consagra la figura del amparo de pobreza, si es que los reclamantes carecen de los recursos econ\u00f3micos para asumir el costo que tales diligencias generan.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, si lo que pretende el tutelante es cuestionar la determinaci\u00f3n en comento, es de resaltar que el juzgador fue claro en radicar, en principio, en cabeza del actor popular la obligaci\u00f3n de adelantar tales actos de enteramiento, decisi\u00f3n que, en todo caso, no fue controvertida y por lo tanto no se puede pretender que por esta v\u00eda excepcional se provean soluciones a situaciones que debieron ser sometidas a debate ante el juez natural.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, m\u00e1s que incumplimiento a la perentoriedad de la acci\u00f3n popular, lo que se evidencia es la inactividad de los promotores y coadyuvantes de esa demanda.  <\/span><\/p>\n

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4. Con fundamento en las consideraciones expuestas, se impartir\u00e1 integral confirmaci\u00f3n a la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Actuaci\u00f3n a la cual fue acumulada la actuaci\u00f3n constitucional No. 66001-22-13-000-2016-01159-00.      <\/span><\/p>\n

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