{"id":99578,"date":"2026-06-25T18:42:11","date_gmt":"2026-06-25T18:42:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2364-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:42:11","modified_gmt":"2026-06-25T18:42:11","slug":"stc2364-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2364-2017\/","title":{"rendered":"STC2364-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2364-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01181-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el trece de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las territoriales Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Alcald\u00eda y a la Personer\u00eda Municipal de aquella localidad y al Banco Davivienda S.A.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al condenarlo al pago de costas procesales sin demostrar su temeridad ni mala fe en la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra el banco Davivienda S.A.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se \u00ab\u2026revoquen las costas o se pruebe mi temeridad y mala fe\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, reclam\u00f3 \u00ab\u2026un listado de todas las acciones populares donde ha dado costas a mi bien y a mi contra a fin de probar que gusta condenarme en costas en 1.000.000 y cuando gano me da costas en 50.000 desconociendo art. 13 y 83 C.N.\u00bb [Folio 2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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1. El tutelante promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular No. 2014-00139-00, contra el Banco Davivienda, por considerar que vulnera derechos colectivos de la comunidad usuaria, al no contar en su local comercial con gu\u00eda e int\u00e9rprete acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, como lo dispone el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 382 de 2005.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, que mediante sentencia de 5 de septiembre de 2016, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas al actor popular fijando, por concepto de agencias en derecho, la suma de $1.000.000.  <\/span><\/p>\n

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3. Inconforme, el tutelante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo, basado en que el contrato del gu\u00eda o int\u00e9rprete con que dice contar la entidad financiera no se acredit\u00f3 en las diligencias y, en todo caso, la instituci\u00f3n contratante no est\u00e1 certificada por el Ministerio de Educaci\u00f3n. Adicionalmente, solicit\u00f3 revocar la condena pecuniaria por considerarla violatoria de los art\u00edculos 13 y 83 de la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Por auto de 21 de septiembre de 2016, se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la impugnaci\u00f3n del accionante.  <\/span><\/p>\n

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5. El 5 de octubre siguiente, se elabor\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y mediante auto del d\u00eda siguiente fueron aprobadas por el valor determinado en la sentencia.  <\/span><\/p>\n

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6. Contra aquella determinaci\u00f3n el reclamante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El 11 de noviembre de 2016 la autoridad accionada dispuso mantener inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n, pues consider\u00f3 que en aquella fase procesal no era dable cuestionar la condena en costas sino, \u00fanicamente su monto por errores aritm\u00e9ticos, cosa que dista diametralmente de lo alegado por el recurrente. Adicionalmente, consider\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n subsidiario, por no estar consagrado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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8. En desacuerdo, el promotor del amparo present\u00f3 recurso de \u00ab\u2026reposici\u00f3n, casaci\u00f3n, insistencia, s\u00faplica, reposici\u00f3n, alzada o recurso pertinente\u2026\u00bb, para que se concediera su apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas.  <\/span><\/p>\n

9. El 5 de diciembre de 2016, el juez accionado rechaz\u00f3 de plano la censura, tras argumentar que de acuerdo con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab\u2026el auto que decide la reposici\u00f3n no es susceptible de ning\u00fan recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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10. El promotor del amparo acude a este mecanismo constitucional, porque en su sentir, la condena en costas fijada en su contra, desconoce sus prerrogativas fundamentales en la medida en que no se demostr\u00f3 su temeridad o mala fe en la acci\u00f3n popular y porque cuando es \u00e9l quien sale airoso en sus pretensiones, el monto fijado a su favor por tal concepto, es \u00ednfimo.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 9-10, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El juzgado accionado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copia electr\u00f3nica de la actuaci\u00f3n judicial donde se origina la queja. [Folios 13-14, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Alcald\u00eda Municipal de Pereira y la Territorial Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, alegaron su falta de legitimidad en la causa por pasiva y, consecuentemente, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional. [Folios 15-26 y 35-37, c.1]  <\/span><\/p>\n

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El Banco Davivienda, por su parte, estim\u00f3 improcedente la solicitud de amparo para debatir asuntos netamente econ\u00f3micos como el que el quejoso pone de manifiesto en su demanda. [Folios 28-34, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 13 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras considerar que la acci\u00f3n presentada desconoce el requisito de la subsidiaridad, en la medida en que el quejoso pretende controvertir una decisi\u00f3n que no fue oportunamente recurrida en el interior de la acci\u00f3n popular objeto de reproche.  <\/span><\/p>\n

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4. El tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, con fundamento en que dada su calidad de defensor de derechos humanos, no le es aplicable el requisito de la inmediatez, m\u00e1xime porque es de p\u00fablico conocimiento que tiene centenares de acciones populares y no puede estar pendiente de todas ellas. [Folio 47, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. El accionante critica que al momento de emitir sentencia, la autoridad accionada lo condenara al pago de las costas procesales ocasionadas a su contraparte, pues asegura, para proceder de esa manera, no acredit\u00f3 previamente su temeridad y mala fe con la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, observa la Sala que contra aquella determinaci\u00f3n el reclamante contaba con el recurso de apelaci\u00f3n, que, seg\u00fan lo preceptuado por el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 \u00ab\u2026procede contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (hoy C\u00f3digo General del Proceso)\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y aunque el promotor del amparo acudi\u00f3 a tal medio de censura, es lo cierto que mediante auto de 21 de septiembre de 2016 le fue rechazado por no haber sido presentado tempestivamente, esto es, en la oportunidad establecida por el C\u00f3digo General del Proceso, sin que tal determinaci\u00f3n hubiese sido materia de controversia alguna por parte del actor constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que deb\u00eda dirimir el juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora bien, en torno a la discusi\u00f3n que plantea el tutelante frente al monto de las costas liquidadas por el juzgador cuestionado, que ascienden a la suma de $1.000.000, se advierte que ello no fue objeto de controversia al interior de las diligencias donde se origina la solicitud de amparo, pues una vez practicado el c\u00e1lculo y aprobado por el despacho mediante auto de 6 de octubre de 2016, el quejoso limit\u00f3 sus reproches a censurar la imposici\u00f3n de la condena, pero no su valor, cuando ya la oportunidad procesal para cuestionar tal asunto hab\u00eda preclu\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, es de ver que el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00abla liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n (\u2026) contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, el quejoso sustent\u00f3 su impugnaci\u00f3n contra el mencionado pronunciamiento, en que no debi\u00f3 ser condenado en costas porque no estaba acreditada su temeridad o mala fe, cuando ese aspecto no era el que se discut\u00eda en aquella fase procesal, pues para tal efecto el actor cont\u00f3 con la posibilidad de cuestionar la sentencia, oportunidad que dej\u00f3 de aprovechar al no presentar dentro del t\u00e9rmino de ley su recurso.  <\/span><\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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