{"id":99579,"date":"2026-06-25T18:42:15","date_gmt":"2026-06-25T18:42:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2365-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:42:15","modified_gmt":"2026-06-25T18:42:15","slug":"stc2365-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2365-2017\/","title":{"rendered":"STC2365-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2365-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2016-00285-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 19 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nubia Garc\u00eda Acosta contra las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite el que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de la misma ciudad y las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario reprochado por la accionante.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La solicitante, actuando en nombre propio, solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00ab(\u2026) m\u00ednimo vital, debido proceso, protecci\u00f3n a la familia, principio de favorabilidad, a la seguridad social en pensiones a la compa\u00f1era permanente y a la igualdad, a la mujer cabeza de familia (\u2026)\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como soporte de la queja relata que instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral en contra del extinto Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, en reclamo de la pensi\u00f3n de sobrevivientes de la que afirma tener derecho causada por Jorge Alberto Rubio Garc\u00eda, con quien convivi\u00f3 desde 1983 hasta 1987, a\u00f1o de su deceso.  <\/span><\/p>\n

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El asunto estuvo a cargo del Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien mediante sentencia de 28 de agosto de 2015 acogi\u00f3 las pretensiones y la declar\u00f3 beneficiaria de esa prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, decisi\u00f3n que apelada por la entidad incoada, revoc\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Laboral, resolvi\u00f3 revocar el fallo de primera instancia, \u00abdespojando\u00bb del derecho a la demandante y retorn\u00e1ndolo a Nohora Serrano Gil, quien figuraba como c\u00f3nyuge del causante, determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza al no interponerse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n debido a su improcedencia por la cuant\u00eda que no superaba los 120 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.  <\/span><\/p>\n

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Contra \u00e9ste \u00faltimo fallo instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela que le fue desfavorable por improcedente, fallada en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 18 de mayo de 2016, y confirmada por la Sala Hom\u00f3loga Penal el 30 de junio del mismo a\u00f1o.    <\/span><\/p>\n

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3.        Acude nuevamente a la v\u00eda constitucional pero esta vez atacando los antedichos fallos de tutela, solicitando \u00ab(\u2026) revocar las sentencias proferidas por la Sala Laboral (\u2026) y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  respecto de la acci\u00f3n de amparo impetrada en contra del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Laboral (\u2026) [d]ejar sin efectos la sentencia proferida el d\u00eda 2 de marzo de 2016, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y en consecuencia dejar en firme el fallo del 28 de agosto de 2015 proferido por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb (ff. 1 a 14, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO E INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite procesal cuestionado que finaliz\u00f3 con la sentencia de 28 de agosto de 2015, donde orden\u00f3 suspender el pago de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a Nohora Serrano Gil, para en su lugar conced\u00e9rsela a Nubia Garc\u00eda Acosta, compa\u00f1era permanente del causante (ff. 108 y 109, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.         El apoderado de Nora Serrano Gil, la actual de beneficiaria de la pensi\u00f3n y quien intervino en el proceso como tercera ad excludendum, se opuso a las pretensiones de la tutela al considerarlas impertinentes, aduciendo que la demandante se vali\u00f3 de \u00absituaciones fraudulentas (\u2026) no siendo cierto que conviviera al momento del fallecimiento toda vez que el finado resid\u00eda en casa de su progenitora\u00bb (ff. 118 a 120, ib.)  <\/span><\/p>\n

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3.        El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se opuso a la acci\u00f3n debido a que se trata de una tutela contra tutela, adem\u00e1s de no cumplirse con el requisito de la subsidiariedad, pues no se interpuso en su momento el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, toda vez que la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir corresponde hacerla al fallador y no a las partes, desperdiciando dicha oportunidad (f. 122, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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4.        El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, aport\u00f3 copia de la sentencia de tutela emitida por dicha Sala el 30 de junio de 2016 que confirm\u00f3 la de origen (f. 124 y 125, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque la tutela es inviable para controvertir lo resuelto en otro tr\u00e1mite semejante, y explic\u00f3 que si de las decisiones constitucionales atacadas se evidenciaran serios defectos de fondo \u00ab(\u2026) contra esa providencia no es procedentes interponer posteriormente otra acci\u00f3n de tutela, toda vez que el mecanismo jur\u00eddico id\u00f3neo establecido para analizar la constitucionalidad de una sentencia de tutela es \u00fanicamente la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional.  De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta\u00bb (ff. 126 a 137, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Inconforme, la accionante reproch\u00f3 el fallo de primer grado insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial, agregando solo que en este caso, seg\u00fan una jurisprudencia constitucional que considera aplicable, al no existir otro mecanismo jur\u00eddico para hacer valer sus derechos, la acci\u00f3n de tutela se erige como el medio m\u00e1s eficaz para resolver la situaci\u00f3n que plantea en torno al derecho pensional que le negado (ff.146 y 147, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii)  Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii)  Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv)   Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026) (v)  Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026)  y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u201d. (CC. Sentencias C-590 de 2005; SU-198 de 2013) (Negrillas fuera de texto)  <\/span><\/p>\n

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Lo anteriormente resaltado revela con absoluta claridad que esta acci\u00f3n es a todas luces improcedente respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016).  <\/span><\/p>\n

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2.        Y es que resulta evidente que la pretensi\u00f3n de la quejosa se encuadra dentro de dicha hip\u00f3tesis que impide la irrupci\u00f3n de un juez de tutela en el \u00e1mbito de otra autoridad con id\u00e9ntico campo funcional excepcional de conocimiento, aspecto contundentemente proscrito bajo la consciencia de la necesidad de linderos que toda controversia debe tener para la realizaci\u00f3n de los fines de la justicia (CSJ SC STC4929-2016, 20 abr. 2016, rad. 2016-00041-01).  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, se ha dicho y reiterado que las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed que, se itera, al cuestionar fallos proferidos por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, no puede tener cabida otro para contrarrestarlo, porque de hacerlo, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01).  <\/span><\/p>\n

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Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela encaminada a infirmar las decisiones adoptadas en una acci\u00f3n parecida, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3.        Insiste la Sala que la inconformidad que se suscite frente al fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento jur\u00eddico, pues para ese efecto, tal como lo previno el a quo, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados.  <\/span><\/p>\n

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Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, recogiendo los precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, entre otras, en STC 2483-2016, 3 mar. 2016, rad. 00405-00 y STC8289-2016, 22 jun. 2016, rad. 00193-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        En consecuencia, deviene n\u00edtida la improcedencia de la salvaguarda, toda vez que volver a tramitar una acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza jur\u00eddica a la que ya fue definida, indudablemente torna incierta la cosa juzgada y la consiguiente seguridad jur\u00eddica de las actuaciones judiciales, por lo que se impone respaldar el fallo a trav\u00e9s del cual se deneg\u00f3 por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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