{"id":99580,"date":"2026-06-25T18:42:17","date_gmt":"2026-06-25T18:42:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2366-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:42:17","modified_gmt":"2026-06-25T18:42:17","slug":"stc2366-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2366-2017\/","title":{"rendered":"STC2366-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2366-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2016-00605-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra  el fallo proferido el veintiocho de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marlene del Carmen Arroyo de la Ossa contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda y la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba; tramite al que se orden\u00f3 vincular a la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de C\u00f3rdoba, la Uni\u00f3n Temporal Villa Melisa y al ingeniero Gustavo Ram\u00edrez Mendoza.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, vivienda digna, m\u00ednimo vital y debido proceso, que considera vulnerados por las autoridades accionadas al no brindarle una soluci\u00f3n de vivienda y al permitir con su inacci\u00f3n que venciera el \u00absubsidio familiar de vivienda urbana\u00bb del que ella es beneficiaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que \u00aben raz\u00f3n de mi condici\u00f3n de extrema pobreza, procedan a realizar a la brevedad posible, la calificaci\u00f3n y\/o evaluaci\u00f3n de mi subsidio de vivienda a fin de que este sea prorrogado.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En gracia de discusi\u00f3n si la vivienda ya fue construida con el subsidio asignado, autorizar inmediatamente la entrega material de vivienda como consecuencia de la resoluci\u00f3n 950 del 22 de noviembre de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En caso de no acceder a mi petici\u00f3n, se emita respuesta escrita en la que se\u00f1alen las razones de hecho y de derecho de la negativa.\u00bb   [Folios 3-4, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El hogar de la accionante fue beneficiado de un subsidio de vivienda en la convocatoria de \u201cEsfuerzo Territorial Nacional\u201d en la modalidad de vivienda para la adquisici\u00f3n de casa nueva, en el proyecto \u00abURBANIZACI\u00d2N VILLA MELISA\u00bb ubicado en Monter\u00eda \u2013 C\u00f3rdoba, declarado elegible mediante certificado No. ETN 2009-0001 de fecha 10 de noviembre de 2011, con una oferta total de 2.098 soluciones de vivienda por un valor de $63.314.753.070.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el citado proyecto se asignaron 1.869 subsidios familiares de vivienda los cuales se postularon como poblaci\u00f3n vulnerable y 229 auxilios correspondientes a la  poblaci\u00f3n desplazada, para un total de 2.098 ayudas asignadas por parte del Fondo Nacional de Vivienda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De las 2.098 viviendas, 884 correspondientes a las etapas I, II, III, IV y V, fueron certificadas por parte de FONADE como entidad supervisora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En lo que respecta a la postulaci\u00f3n realizada por el hogar de la actora, le fue asignado un SFV por valor de $11.783.200 mediante resoluci\u00f3n No. 950 de 22 de noviembre de 2011 con fecha de vencimiento del subsidio el 30 de junio de 2015.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Posteriormente, en las Resoluciones  N\u00b0 289 de 30 de abril de 2015 y 521 de 30 de junio de ese a\u00f1o, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ampli\u00f3, en la primera de aquellas, hasta el 30 de junio de esa anualidad, y en segunda, hasta el 30 de septiembre siguiente, la vigencia de algunos de los subsidios asignados, entre los cuales no se encontraba el de la accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, el 30 de junio del a\u00f1o precedente, venci\u00f3 el auxilio concedido a la actora, por lo que en la base de datos de la entidad accionada figura como \u00abApto con subsidio vencido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Ante la situaci\u00f3n expuesta, la reclamante de la protecci\u00f3n constitucional considera que se vulneraron los derechos fundamentales invocados, puesto que fue beneficiaria de un subsidio para la adquisici\u00f3n de vivienda nueva, el cual no se materializ\u00f3 por causas imputables a las entidades accionadas, quienes no gestionaron adecuadamente la ejecuci\u00f3n del proyecto Urbanizaci\u00f3n Villa Melisa, lo que constituye un motivo injustificado para que el auxilio concedido haya vencido, m\u00e1xime que se trata de una persona de escasos recursos que no tiene donde vivir junto con sus dos hijos menores y compa\u00f1ero. [Folios 1-19, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 16 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los acusados y vinculados, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 25, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Jefa de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba manifest\u00f3 que no es la competente para ordenar que se prorrogue el subsidio de vivienda de inter\u00e9s social de la accionante, siendo el encargado el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. [Folios 39-42, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la apoderada especial del Fondo Nacional de Vivienda \u2013 Fonvivienda se opuso a la prosperidad del amparo y se\u00f1al\u00f3 que con relaci\u00f3n a la manifestaci\u00f3n efectuada por la accionante, la vigencia del subsidio no fue ampliada por el citado Ministerio, en virtud de que la ejecuci\u00f3n del proyecto Urbanizaci\u00f3n Villa Melisa, no present\u00f3 avances de obra que viabilizara la movilizaci\u00f3n del SFV, es decir, \u00aben raz\u00f3n a que el proyecto presenta atrasos considerables, no fue posible por parte de la entidad materializar dicho subsidio, el proyecto Urbanizaci\u00f3n Villa Melisa fue declarado en incumplimiento (no se ejecutar\u00e1).\u00bb   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que como consecuencia de lo anterior y atendiendo a que el subsidio hace parte de vigencias anteriores, \u00e9ste fue restituido a la Direcci\u00f3n del Tesoro Nacional, y no existe posibilidad de retorno de los recursos, toda vez que la funci\u00f3n  del Fondo Nacional de Vivienda  y del Ministerio es velar por la correcta ejecuci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las ayudas familiares de vivienda y en ese entendido la entidad supervisora Fonade, evidenci\u00f3 que no se presentaba ning\u00fan avance en la construcci\u00f3n de las 787 viviendas de la uni\u00f3n temporal de la cual hace parte la Gobernaci\u00f3n. [Folios 48-51, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el ingeniero Gustavo Adolfo Ram\u00edrez Mendoza manifest\u00f3 que construye casas de inter\u00e9s social en el proyecto Villa Melisa cuyo contratante es la Gobernaci\u00f3n  de C\u00f3rdoba y dentro del contrato se estableci\u00f3 la construcci\u00f3n de 1.043 viviendas para entregar por un lapso de dos a\u00f1os, sin embargo el gobierno suprimi\u00f3 700 subsidios desconociendo el motivo de la cancelaci\u00f3n. [Folios 53, c.1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicit\u00f3 no acoger las pretensiones de la tutela por cuanto no ha vulnerado derecho alguno a la tutelante y la situaci\u00f3n presentada no inhabilita su hogar para postularse en futuras convocatorias para asignaci\u00f3n de subsidios familiares de vivienda que realice Fonvivienda. [Folios 54-55, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 28 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Monter\u00eda concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que realizara las actuaciones necesarias para que se prorrogara el subsidio otorgado a la accionante, tras considerar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha concedido la salvaguarda en casos similares al de la actora, quien fue beneficiaria del subsidio de vivienda de inter\u00e9s social a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 950 del 22 de noviembre de 2011, no obstante se encuentra actualmente en estado de \u00abApto con subsidio vencido\u00bb, lo que demuestra la necesidad de la intervenci\u00f3n del juez constitucional para que el auxilio mencionado sea prorrogado, a fin de precaver la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. [Folios 61-69, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la impugn\u00f3, para lo cual indic\u00f3 que el Fondo Nacional de Vivienda \u2013 Fonvivienda es una entidad diferente a esa cartera ministerial, pues tiene personer\u00eda jur\u00eddica y patrimonio propio, total autonom\u00eda presupuestal y financiera, de lo que se deduce que no es a ese despacho a quien le corresponde las funciones relacionadas con la asignaci\u00f3n del subsidio familiar de vivienda de inter\u00e9s social, pues es solo el ente encargado de dictar la pol\u00edtica en materia habitacional, y no tiene funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control sobre la materia, raz\u00f3n por la cual se configura la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. [Folios 76-77, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente caso, la actora solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, debido a que estima que est\u00e1n siendo conculcados por las entidades accionadas al impedir que se hiciera efectivo el subsidio familiar de vivienda urbana asignado en el a\u00f1o 2011, el cual se encuentra vencido en la actualidad, sin que se haya entregado el inmueble que har\u00eda parte del proyecto Urbanizaci\u00f3n Villa Melisa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, para la Corte es claro que las autoridades encargadas de la administraci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los subsidios familiares de vivienda, deben respetar la adquisici\u00f3n de dicha subvenci\u00f3n, y que a la mayor brevedad posible deben hacerlo efectivo de manera que se le garantice a la ciudadana una soluci\u00f3n de vivienda digna, por cuanto su falta de materializaci\u00f3n obedeci\u00f3 a circunstancias atribuibles tanto a esas entidades p\u00fablicas como a los particulares contratados para construir las unidades habitacionales, en las que se har\u00eda efectiva la ayuda econ\u00f3mica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al resolver acciones de tutela interpuestas por personas que se encontraban en similares circunstancias al de la aqu\u00ed quejosa, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en jurisprudencia reiterada, dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abDe la revisi\u00f3n a la documental obrante en el proceso, fluye indiscutible que la accionante adelant\u00f3 los tr\u00e1mites necesarios para ser acreedora del subsidio de vivienda familiar, habiendo participado en  la convocatoria realizada para tal fin, cumpli\u00f3 con todos los requisitos y condiciones que se le exigieron de acuerdo con la normatividad aplicable al caso. En consecuencia, mediante Resoluci\u00f3n 950 del 22 de noviembre de 2011 se le otorg\u00f3 subsidio para la adquisici\u00f3n de vivienda en el proyecto denominado Villa Melisa, ubicado en el Departamento de C\u00f3rdoba.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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         <\/span><\/p>\n

La anterior situaci\u00f3n gener\u00f3, en principio, que el subsidio asignado le fuera prorrogado hasta el 30 de junio de 2015, sin embargo, la referida Cartera, en lo que respecta a la se\u00f1ora Barrera Pereira, se abstuvo de ampliar su vigencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, siendo el objetivo del subsidio familiar posibilitar la adquisici\u00f3n de vivienda a personas de escasos recursos, resulta razonable que se establezcan requisitos y condiciones para acceder al mismo; como tambi\u00e9n, la necesidad de surtirse y respetarse un procedimiento que, como cualquier otro, se rige por la existencia de plazos legales que deben observarse para garantizar el disfrute efectivo del derecho, la posibilidad de acceder a otros participantes y el normal desarrollo del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, esa pol\u00edtica que las entidades gubernamentales fijan en torno al tema, regulada por normas de car\u00e1cter legal, no puede ser una talanquera para el logro del objetivo principal, que, se itera, es la adquisici\u00f3n de vivienda digna para personas especialmente vulnerables social y econ\u00f3micamente, cuando el incumplimiento en los plazos o t\u00e9rminos previstos no surge de la negligencia, descuido o incuria del beneficiario, sino por situaciones ajenas y sobre las cuales, l\u00f3gicamente, no tiene responsabilidad alguna, como ocurre en el presente evento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, considera esta Sala de la Corte, que resulta desproporcionado someter a la interesada a una nueva convocatoria para los efectos aqu\u00ed pretendidos, m\u00e1xime si se tiene en cuenta la situaci\u00f3n de la petente y las razones por las cuales no se logr\u00f3 el desembolso del subsidio asignado escapan a su competencia, dada las vicisitudes en el desarrollo del proyecto Villa Melisa\u00bb. (CSJ STL275, 20 ene. 2016, reiterada en STL811-2016, 27 ene. 2016, rad. 63937; STL2610-2016, 2 mar. 2016, rad. 64631, STC7567-2016, 9 jun. 2016, rad. 2016-00068-01 y STC13726-2016, 28 sep. 2016, rad. 2016-00371-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Frente a la vigencia de los subsidios familiares de vivienda, el art\u00edculo 51 del Decreto 2190 de 2009, incorporado en el art\u00edculo 2.1.1.1.1.4.2.5. del Decreto 1077 de 2015 \u00abPor medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio\u00bb, dispone lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abLa vigencia de los subsidios de vivienda de inter\u00e9s social otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, ser\u00e1 de seis (6) meses calendario contados desde el primer d\u00eda del mes siguiente a la fecha de la publicaci\u00f3n de su asignaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso de los subsidios de vivienda de inter\u00e9s social asignados por las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar, la vigencia ser\u00e1 de doce (12) meses calendario, contados desde el primer d\u00eda del mes siguiente a la fecha de la publicaci\u00f3n de su asignaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00b0. Para los subsidios otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, cuyos beneficiarios a la fecha de su vencimiento hayan suscrito promesa de compraventa de una vivienda ya construida, en proceso de construcci\u00f3n, o un contrato de construcci\u00f3n de vivienda en los casos de construcci\u00f3n en sitio propio, la vigencia del mismo tendr\u00e1 una pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de seis (6) meses adicionales (\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Par\u00e1grafo 2\u00b0. En todo caso, la vigencia de los subsidios familiares de vivienda otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional podr\u00e1 ser prorrogada mediante resoluci\u00f3n expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. \u00bb (Se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, para la Corte es ostensible que la cartera accionada tiene competencia para prorrogar o ampliar la vigencia de los subsidios familiares de vivienda, de conformidad con la normatividad vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, tambi\u00e9n es claro que, de acuerdo con el art\u00edculo 23 del Decreto 2190 de 2009, inserto en el art\u00edculo 2.1.1.1.1.3.1.5.2. del Decreto 1077 de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda es competente para supervisar \u00abla ejecuci\u00f3n de los planes de soluciones de vivienda, independientemente de la categor\u00eda del municipio en el que ser\u00e1n ejecutados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior se debe a que esa autoridad p\u00fablica tiene como objetivo \u00abejecutar las pol\u00edticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de inter\u00e9s social urbana, en particular aquellas orientadas a la descentralizaci\u00f3n territorial de la inversi\u00f3n de los recursos destinados a vivienda de inter\u00e9s social\u00bb, y, por ende, realiza la funci\u00f3n de \u00ab[a]signar subsidios de vivienda de inter\u00e9s social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional\u00bb, seg\u00fan lo dispuesto en Decreto N\u00b0 555 de 2003.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, se encuentra que en la Ley 1537 de 2012, relativa a las normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, entre otras disposiciones, se estableci\u00f3 que si la vigencia de un subsidio no era prorrogado por la entidad otorgante, deb\u00eda surtirse previamente un proceso de notificaci\u00f3n a los beneficiarios, en los t\u00e9rminos de la codificaci\u00f3n administraci\u00f3n y el reglamento que Fonvivienda expidi\u00f3 para tal efecto, esto es, la Resoluci\u00f3n N\u00b0 1140 de 6 de diciembre de 2013.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, para esta Corporaci\u00f3n es claro que, a partir de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la normatividad pertinente, es ostensible que tanto el Fondo Nacional de Vivienda, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, son competentes en los diversos asuntos relativos a aquellos subsidios, puesto que, en t\u00e9rminos generales, la primera entidad se encarga de la distribuci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n, la asignaci\u00f3n e, inclusive, la comunicaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de no prorrogar esa subvenci\u00f3n econ\u00f3mica, en tanto el segundo organismo define las pol\u00edticas en materia de acceso a la vivienda e igualmente tiene la facultad de prorrogar la vigencia de tales auxilios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo motivos precedentes, se explica que en este asunto haya sido el Fondo Nacional de Vivienda, a trav\u00e9s de  la Resoluci\u00f3n N\u00b0 0950 de noviembre 22 de 2011, quien haya asignado un subsidio a la aqu\u00ed quejosa, y, del mismo modo, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de las Resoluciones Nos. 289 de 30 de abril de 2015 y 521 de 30 de junio de ese a\u00f1o, haya ampliado la vigencia de algunos de los beneficios econ\u00f3micos que fueron otorgados en el a\u00f1o 2011, excluyendo t\u00e1citamente el conferido a la actora.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. De otro lado, revisado el plenario se advierte que el vencimiento del beneficio econ\u00f3mico para la adquisici\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social, que le fue concedido a la tutelante, no fue resultado de negligencia alguna de la beneficiaria, sino que obedeci\u00f3 a la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas encargadas del manejo administrativo y contractual del proyecto denominado Villa Melisa, as\u00ed como de los contratistas a quienes se encomend\u00f3 su ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, resulta apenas razonable que se ordene a los organismos competentes, prorrogar la vigencia del subsidio que fue otorgado a la impulsora de la salvaguarda, con el objetivo de adquirir una vivienda digna para provecho suyo y de su n\u00facleo familiar y, garantizar as\u00ed sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, le asiste parcialmente la raz\u00f3n al organismo impugnante en cuanto a que el Fondo Nacional de Vivienda \u2013 Fonvivienda est\u00e1 comprometido con la fijaci\u00f3n de las condiciones necesarias que permitan hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y la promoci\u00f3n de planes de vivienda de inter\u00e9s social, de acuerdo con las objetivos y las funciones que le asign\u00f3 el Gobierno Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, si la cartera y el fondo accionados tienen competencia para prorrogar la vigencia de los auxilios econ\u00f3micos referidos, de acuerdo con la normatividad examinada, nada obsta para que, de manera coordinada, ambas entidades procedan en ese sentido, en virtud del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica para la realizaci\u00f3n de los fines del Estado, prescrito en el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n, y m\u00e1xime que la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores de la promotora de la queja obedeci\u00f3 a causas no atribuibles a ella que impidieron la materializaci\u00f3n de la subvenci\u00f3n aludido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Con soporte en lo ac\u00e1 discurrido, se confirmar\u00e1 el amparo, modificando la orden contenida en el numeral segundo de la parte resolutiva, en el sentido que tanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, de manera coordinada y acorde con sus facultades legales, deber\u00e1n realizar las gestiones tendientes a prorrogar el subsidio familiar de vivienda a favor de la reclamante, en las condiciones en que fuera otorgado mediante la Resoluci\u00f3n N\u00ba 950 del 22 de noviembre de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, por las razones expuestas en este pronunciamiento, se ORDENA tanto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, que dentro del t\u00e9rmino perentorio de 10 d\u00edas, procedan de manera coordinada y conforme con sus funciones y facultades legales, a realizar las gestiones tendientes a prorrogar el subsidio familiar de vivienda a favor de la se\u00f1ora Marlene del Carmen Arroyo de la Ossa, a quien se le tutela el derecho a la vivienda digna. En lo dem\u00e1s, se CONFIRMA el fallo de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2366-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2016-00605-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra  el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}