{"id":99583,"date":"2026-06-25T18:42:31","date_gmt":"2026-06-25T18:42:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2369-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:42:31","modified_gmt":"2026-06-25T18:42:31","slug":"stc2369-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2369-2017\/","title":{"rendered":"STC2369-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2369-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00422-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el 18 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Johana Taborda Leiva contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La solicitante quien act\u00faa en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad y acceso a los cargos p\u00fablicos, presuntamente vulnerados por las accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de la queja expuso en s\u00edntesis, que se inscribi\u00f3 al Concurso de m\u00e9ritos n\u00b0 22 convocado mediante Acuerdo PSAA13-9939 de 2013 del Consejo Superior de la Judicatura, aspirando al cargo de Juez Penal Municipal, en el examen, inicialmente obtuvo un puntaje de 780,67, frente al cual interpuso el recurso de reposici\u00f3n.  En la Resoluci\u00f3n CJRES15-252 de 2015, mediante la cual fueron resueltos los recursos contra esa primera calificaci\u00f3n, se indic\u00f3 que fueron excluidas de valoraci\u00f3n varias preguntas por defectos en su formulaci\u00f3n, entre ellas, la n\u00famero cuatro (4) del componente com\u00fan de la prueba.  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente, con motivo del cumplimiento de fallos de tutela, se orden\u00f3 una recalificaci\u00f3n de todos los ex\u00e1menes, incluyendo la citada pregunta, respecto de la cual, la entidad encargada, reconoci\u00f3 un error en su \u00abclave de respuesta\u00bb, sum\u00e1ndola a la calificaci\u00f3n de varios aspirantes que reclamaron por esta v\u00eda su inclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este particular manifest\u00f3 que \u00ab(\u2026) bajo estas condiciones la Universidad de Pamplona y la Sala Administrativa-Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, me est\u00e1n vulnerando los derechos a la igualdad (\u2026) al no sumarme como respuesta acertada la opci\u00f3n B en la pregunta n\u00famero 4 que seleccion\u00e9, en cambio, s\u00ed lo ha hecho frente a m\u00faltiples participantes, en cuanto a que de manera sucesiva est\u00e1n publicando las resoluciones corrigiendo su error\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Aleg\u00f3 que, con una respuesta acertada m\u00e1s, lograr\u00eda el puntaje m\u00ednimo para continuar en el proceso, debido a que con la recalificaci\u00f3n ordenada por el Consejo de Estado su puntaje definitivo fue de 793,06.  Similares deficiencias se\u00f1al\u00f3 de las preguntas 16 y 42, las cuales, seg\u00fan expone, fueron tambi\u00e9n contestadas correctamente por ella, pero no fueron tenidas en cuenta en la revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente cit\u00f3 las sentencias de tutela que ordenaron tener en cuenta en el examen presentado por otras personas, las 3 preguntas que fueron eliminadas, arguyendo que se le debe dar igual trato que a estos ciudadanos, por ser su situaci\u00f3n igual.  <\/span><\/p>\n

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3.        Pretende en consecuencia, que se ordene a los entes convocados, \u00ab(\u2026) publiquen en mi caso la Resoluci\u00f3n respectiva en relaci\u00f3n con la calificaci\u00f3n de la pregunta n\u00b0 4, teniendo en cuenta que la \u00fanica opci\u00f3n de respuesta que resuelve correctamente el enunciado propuesto en dicha pregunta es aquella consignada en la opci\u00f3n B, como lo ha aceptado oficial y p\u00fablicamente en m\u00faltiples casos y en varias resoluciones (\u2026) por ende, la Sala Administrativa-Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura deber\u00e1 adicionar mi puntaje al obtenido por \u00e9ste \u00edtem (\u2026)\u00bb  adicionalmente, el mismo pedimento lo eleva frente a las preguntas 16 y 42, solicitando se emita un nuevo acto administrativo donde se incluyan las referidas preguntas con la calificaci\u00f3n que corresponda. (ff. 1 a 10, cd 1).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Universidad de Pamplona aleg\u00f3, que la \u00abacci\u00f3n carece de todo fundamento factico y jur\u00eddico, dado que en le actualidad tiene vigencia la RESOLUCI\u00d3N No. CJRES 15-20 DE FEBRERO 12 DE 2015, evidenci\u00e1ndose as\u00ed la falta de objeto tutelable, pues las (\u2026) accionadas actuaron en aras de acatar una orden judicial, adicional a ello existe otro mecanismo judicial pendiente por agotarse\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de sentencia T-386 de 2016 de 28 de julio de 2016, la Corte Constitucional aval\u00f3 la supresi\u00f3n de los \u00edtems que exige la actora le tengan en cuenta (ff. 92 a 99, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Directora de Carrera Judicial, se pronunci\u00f3 resaltando la improcedencia de la acci\u00f3n al existir otro mecanismo judicial id\u00f3neo y eficaz para plantear las pretensiones exhibidas en esta sede, adem\u00e1s, que no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que d\u00e9 lugar al amparo como mecanismo transitorio.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que la Resoluci\u00f3n CJRES 16-488 de 28 de septiembre de 2016, mediante la cual se dej\u00f3 sin efecto la CJRES 16-355 de 25 de julio de 2016, para que cobraran vigencia los actos administrativos que conten\u00edan las calificaciones inicialmente dadas con exclusi\u00f3n de varias preguntas fue el Consejo de Estado quien lo aval\u00f3 al admitir que fue por razones estad\u00edsticas.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, respecto a los aspirantes que s\u00ed habr\u00edan sido beneficiados con la recalificaci\u00f3n y la inclusi\u00f3n de la pregunta n\u00ba 4, logrando una modificaci\u00f3n favorable de su puntaje, explic\u00f3 que dicha pregunta no estuvo dentro de las suprimidas para los cargos a los que ellos optaron, por lo que no se encuentran en la misma condici\u00f3n de la quejosa que concurs\u00f3 para juez penal municipal (ff. 150 a 155, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda pretendida, al concluir que \u00ab(\u2026) La accionante pretende que al igual que a otros concursantes, se le califique la pregunta No. 4 para que con ello pueda superar el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos y as\u00ed continuar con la etapa del curso-concurso; sin embargo, no se tiene en cuenta que con posterioridad a la recalificaci\u00f3n efectuada por la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial, el mismo Consejo de Estado dentro de la acci\u00f3n de tutela aclar\u00f3 que era viable la exclusi\u00f3n de preguntas de la prueba de conocimientos con el fundamento de que el \u00fanico motivo de exclusi\u00f3n deb\u00eda ser el bajo \u00edndice de respuestas correctas\u00bb, y agreg\u00f3, \u00ab(\u2026) Se infiere de lo anterior, que el hecho de eliminar de la prueba de conocimientos las preguntas por bajo \u00edndice de respuestas correctas, no obedece a un capricho de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial sino a la providencia emitida por el Consejo de Estado el 23 de Agosto de 2016\u00bb (ff. 166 a 182, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la querellante sin argumentaci\u00f3n adicional, solo aduciendo que acud\u00eda al recurso aspirando \u00ab(\u2026) se haga una valoraci\u00f3n de fondo sobre el problema jur\u00eddico planteado\u00bb(f. 195 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La tutela es un mecanismo de car\u00e1cter preferente y sumario previsto para la protecci\u00f3n inmediata de las prerrogativas fundamentales, cuando \u00e9stas resulten vulneradas o amenazadas por la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o, de los particulares en los casos se\u00f1alados en la Constituci\u00f3n o en la ley; sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los instrumentos ordinarios y extraordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos.  <\/span><\/p>\n

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2.        De otra parte, los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

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Lo dicho significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias, todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

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De manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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Bajo esa perspectiva, observa la Corte que en torno al referido proceso de selecci\u00f3n se han desarrollado las siguientes actuaciones:  <\/span><\/p>\n

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3.1        Con fallo de tutela proferido el 1\u00ba de junio de 2016, el Consejo de Estado en el marco de una acci\u00f3n constitucional con id\u00e9nticas pretensiones a las esbozadas, ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de Mar\u00eda del Carmen Quintero C\u00e1rdenas, disponiendo, entre otras cosas, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSEGUNDO.- ORD\u00c9NASE a la Universidad de Pamplona para que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, incluya nuevamente entre los \u00edtems calificables de la prueba de conocimientos de la Convocatoria 22 para el concurso de m\u00e9ritos en la Rama Judicial, aquellos que fueron retirados de todos los ex\u00e1menes de todos los concursantes, por ausencia de posibilidad de respuesta, mala redacci\u00f3n, errores de ortograf\u00eda y ambig\u00fcedad, y sean incluidos nuevamente dentro del total de los \u00edtems calificables. Una vez se realice lo anterior, deber\u00e1n verificarse cu\u00e1les de ellos obtuvieron respuesta acertada, a efectos de construir las escalas est\u00e1ndar y proceder a la aplicaci\u00f3n de la f\u00f3rmula matem\u00e1tica que indica la t\u00e9cnica psicom\u00e9trica de calificaci\u00f3n empleada; con base en esto, deber\u00e1n recalificarse los ex\u00e1menes de todos los concursantes que presentaron la prueba de conocimientos dentro de la Convocatoria 22. La consolidaci\u00f3n de los puntajes finales y certificaci\u00f3n de las preguntas incluidas nuevamente deber\u00e1 ser remitida a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en un t\u00e9rmino de un mes contado a partir de la notificaci\u00f3n de \u00e9ste prove\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

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\u201cTERCERO.- Con base en la anterior informaci\u00f3n, ORD\u00c9NASE a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, emitir el acto administrativo de recalificaci\u00f3n de todos los participantes de la prueba de conocimientos, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia. Dicho acto deber\u00e1 ser notificado a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial\u00bb (se resalta).  <\/span><\/p>\n

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3.2 Con la finalidad de dar cumplimiento a la referida orden, la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00ba CJRES16-355 de 25 de julio de 2016, que revoc\u00f3 las decisiones a trav\u00e9s de las cuales se hab\u00edan publicado los resultados de la prueba psicot\u00e9cnica y de conocimientos, sin tener en cuenta los 9 cuestionamientos descartados por razones t\u00e9cnicas, y en consecuencia fij\u00f3 un nuevo puntaje a los aspirantes.  <\/span><\/p>\n

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3.3 Sin embargo, posteriormente la Subsecci\u00f3n A de la Secci\u00f3n Segunda del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, emiti\u00f3 auto aclaratorio de 23 de agosto de 2016, en el que conmin\u00f3 a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial a dejar sin efectos \u00abla resoluci\u00f3n CJRES 16-355 y proceder a cumplir el fallo de tutela (\u2026), teniendo en cuenta\u00bb que \u00ab[s]i el \u00fanico motivo de exclusi\u00f3n de preguntas de la prueba de conocimientos de la Convocatoria 22 fue el bajo \u00edndice de respuestas correctas, permanecer\u00e1n vigentes los puntajes que se asignaron a los concursantes en las resoluciones CJRES 15-20 y CJRES15-252, del 12 de febrero y el 24 de septiembre de 2015, respectivamente\u00bb esto porque \u00ab(\u2026) no [hab\u00eda] mand[ado] calificar todas las preguntas de la prueba de conocimientos, sino incluir en la evaluaci\u00f3n aquellas excluidas por motivos distintos al bajo \u00edndice de respuestas acertadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.4 En virtud de esa directriz las autoridades que lideran el concurso en comento, profirieron la Resoluci\u00f3n CJRES16-488 de 28 septiembre de 2016, que le quit\u00f3 vigencia a la CJRES16-355 de 25 de julio de igual a\u00f1o, para que recobraran eficacia los actos administrativos CJRES 15-20 de 12 febrero y CJRES 15-252, ambos de 2015, contentivos de las calificaciones de los concursantes con la exclusi\u00f3n de las preguntas que estad\u00edsticamente fueron resueltas en su mayor\u00eda de forma errada.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, conforme a la actuaciones rese\u00f1adas, advierte la Sala que la pretensi\u00f3n de la accionante, consistente en que las entidades demandadas valoren la pregunta n\u00b0 4 eliminada de la prueba de conocimientos, de manera espec\u00edfica para el componente com\u00fan del examen de Juez Penal Municipal, es un asunto resuelto por el Consejo de Estado mediante la aludida sentencia de 1\u00b0 de junio de 2016, en el sentido de ordenar a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, precisamente, incluir en la evaluaci\u00f3n de todos los concursantes de la Convocatoria No. 22, aquellos interrogantes que \u00ab(\u2026) hubieren sido excluid[o]s por motivos distintos al bajo \u00edndice de respuestas acertadas\u00bb, que ser\u00eda el caso de la susodicha pregunta.  <\/span><\/p>\n

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Lo anteriormente descrito revela la configuraci\u00f3n de un presupuesto que vincula la decisi\u00f3n impugnada e impone la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda.  Se trata de la cosa juzgada constitucional, toda vez que la referida providencia del Consejo de Estado y el respectivo auto de aclaraci\u00f3n adquirieron absoluta firmeza desde el pasado 25 de noviembre de 2016, cuando fue excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Dado ese contexto, deviene n\u00edtida la inviabilidad del amparo, ya que el motivo de inconformidad que propici\u00f3 la presente acci\u00f3n qued\u00f3 resuelto en virtud del efecto inter comunis otorgado al fallo de 1 de junio de 2016 proferido por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, que al no tener variaci\u00f3n alguna hace tr\u00e1nsito al fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada constitucional, del que se entiende es \u00ab(\u2026) otorgar a ciertas providencias el car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CC T-185\/13).  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, m\u00e1s all\u00e1 de cualquier discusi\u00f3n sobre ese particular y con observancia en lo anterior, esta Sala estar\u00e1 a lo resuelto por la se\u00f1alada Corporaci\u00f3n en el fallo de tutela y, fundamentalmente, a lo explicado en el auto aclaratorio de 23 de agosto de 2016, absteni\u00e9ndose de realizar un nuevo pronunciamiento sobre tales hechos, en la medida que sobre esos espec\u00edficos puntos planteados por la accionante, se impone id\u00e9ntica soluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido ha sido reiterada la posici\u00f3n de esta Corte respecto de la situaci\u00f3n actual de los participantes del concurso de m\u00e9ritos para funcionarios de la Rama Judicial que han solicitado la incorporaci\u00f3n de los \u00edtems retirados del examen practicado, al precisar que \u00ab(\u2026) en la actualidad no existe vulneraci\u00f3n de los derechos deprecados que amerite una intervenci\u00f3n inmediata del juez constitucional en procura de adoptar una medida urgente de protecci\u00f3n, toda vez que si el reparo expuesto por los accionantes fue, en suma, que precisamente la entidad citada en precedencia deb\u00eda recalificar las preguntas excluidas de la prueba de conocimientos, haciendo la sumatoria correspondiente, ello, se itera, ya fue ordenado en el marco de otra acci\u00f3n de amparo, y la citada entidad se encuentra actualmente dando cumplimiento a ello\u00bb (STC15969-2016, rad 00401-01, 4 nov 2016). (Negrillas de esta Sala)  <\/span><\/p>\n

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5.        Por otro lado, respecto del derecho de igualdad reclamado por la quejosa, cuando pide que se le d\u00e9 aplicaci\u00f3n a decisiones proferidas por diferentes corporaciones que concedieron las prerrogativas que aqu\u00ed reclama, basta decir que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de los escenarios confrontados en este caso resulta incompatible con la suya, sobre todo frente al espec\u00edfico punto de la pregunta n\u00ba 4 de la prueba de conocimientos.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, debe aclararse que la pregunta acusada, solo fue excluida de calificaci\u00f3n en la evaluaci\u00f3n de los jueces penales municipales, atendiendo el criterio estad\u00edstico de bajo \u00edndice de acierto avalado en la sentencia de tutela del Consejo de Estado, hecho que no ocurri\u00f3 en el examen de los jueces laborales y de magistrados de Tribunal Administrativo, que corresponde a los casos citados por la demandante; bajo esa comprensi\u00f3n, se itera, al no haber equivalencia entre los supuestos tra\u00eddos a colaci\u00f3n por aquella se descarta la vulneraci\u00f3n del derecho invocado.  <\/span><\/p>\n

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6.        Consecuente con lo consignado, se confirmar\u00e1 pero por estas razones el fallo que se estudi\u00f3 por v\u00eda de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N   <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC2369-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00422-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99583\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}