{"id":99589,"date":"2026-06-25T18:58:42","date_gmt":"2026-06-25T18:58:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2375-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:58:42","modified_gmt":"2026-06-25T18:58:42","slug":"stc2375-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2375-2017\/","title":{"rendered":"STC2375-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2375-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 66001-22-13-000-2016-01170-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de aquella ciudad; tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Risaralda, el Ministerio P\u00fablico, la Alcald\u00eda Municipal-Direcci\u00f3n Operativa de Control F\u00edsico, la Personer\u00eda de dicha localidad y el Banco Davivienda S.A.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al tasar las costas procesales a su favor en la suma de ciento veintiocho mil pesos ($128.000), cuando a \u00e9l se le sanciona con valores que exceden ese monto al resultar vencido en otros procesos.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se ordene a la autoridad tutelada\u00ab\u2026conceder costas a mi bien, m\u00ednimamente en 1 SMMLV, igual a cuando me condena en costas a mi contra, dando agencias en derecho en 1 SMMLV. Se ordene liquidar las costas probadas pues se niega [a] hacerlo.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Javier El\u00edas Arias Idarraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra el Banco Davivienda S.A., sucursal de la carrera 18 No. 12-75 Local 111 de la ciudad de Pereira, porque presta servicios p\u00fablicos en un inmueble que no cuenta con \u201cPROFESIONAL INTERPRETE Y GUIA INTERPRETE DE PLANTA Y PERMANENTE\u201d, como tampoco con se\u00f1ales luminosas, sonoras ni avisos visuales, para garantizar la atenci\u00f3n de los ciudadanos sordos, ciegos e hipo-ac\u00fasticos, tal como lo ordena el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005. [Folio 41, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, mediante auto del 15 de marzo de 2015, dict\u00f3 sentencia de primera instancia en la que acogi\u00f3 parcialmente las pretensiones del actor popular y fij\u00f3 como costas procesales a favor del vencedor el 20% y suma de $128.000 como agencias en derecho. [Folios 41-45, c. 1]  <\/span><\/p>\n

3. Inconforme el libelista, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, para controvertir que no se hubiese ordenado la contrataci\u00f3n del profesional que se echa de menos en la demanda. En el mismo escrito, formul\u00f3 reposici\u00f3n para que se aumentara el valor de las costas.  <\/span><\/p>\n

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4. Por auto de 29 de marzo de 2016, la autoridad accionada se neg\u00f3 la adici\u00f3n de la sentencia y se precis\u00f3 al accionante que el valor de las costas ser\u00eda liquidado en la forma establecida por el ordenamiento procesal y en la oportunidad correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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6. El 24 de agosto siguiente, el Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 desierta la censura, por no haber sido sustentada en la audiencia que para tal efecto se convoc\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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8. El 8 de septiembre de 2016, la secretar\u00eda del despacho accionado liquid\u00f3 las costas procesales en $128.850, por concepto de agencias en derecho, sin reconocer m\u00e1s gastos.  <\/span><\/p>\n

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9. Al d\u00eda siguiente se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n y acto seguido se corri\u00f3 traslado a las partes por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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10. Al no haber sido objetadas, las costas fueron canceladas por la entidad financiera demandada.  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio del promotor del amparo, la suma que le fue impuesta por concepto de agencias en derecho, es irrisoria frente a aquella que se impone cuando \u00e9l es quien resulta condenado al pago de tal emolumento, circunstancia que estima lesiva de sus garant\u00edas fundamentales invocadas.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, solicita que se protejan sus prerrogativas en la forma vista. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de diciembre de 2016 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El banco Davivienda S.A. consider\u00f3 improcedente la solicitud de amparo para controvertir asuntos de esta naturaleza y por ende, solicit\u00f3 denegarlo.  <\/span><\/p>\n

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La Personer\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal de Pereira se mostraron ajenas a los hechos en los cuales el tutelante funda su reclamo, por lo cual solicitaron su desvinculaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La autoridad judicial accionada limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copias de la actuaci\u00f3n cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante fallo de 16 de enero de 2017, el a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo deprecado, al hallar insatisfecho el requisito de la subsidiaridad, pues el quejoso dej\u00f3 de utilizar los recursos que ten\u00eda a su alcance para controvertir las decisiones que estima lesivas de sus garant\u00edas fundamentales. [Folios 55-56, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, con fundamento en que siempre ha interpuesto recursos contra las actuaciones reprochadas y le han sido rechazados por improcedentes, de modo que estima innecesario que se le exija agotar tales herramientas antes de acudir al amparo. [Folio 60, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n al debido proceso, no atiende el comentado principio, pues el accionante no hizo uso del medio de defensa judicial id\u00f3neo con que contaba al interior de la actuaci\u00f3n constitucional cuestionada, para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que el promotor del amparo, censura que las costas a su favor se tasaran en s\u00f3lo $128.000 y finalmente se le liquidaran en la suma de $128.850, cuando en las acciones populares donde no salen avante sus pretensiones si se le condena a pagar altas sumas de dinero por dicho concepto.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, olvida el peticionario que de conformidad con lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, contra la liquidaci\u00f3n de las costas del proceso, era procedente el recurso de reposici\u00f3n, siendo ese el escenario natural donde ha debido exponer los reproches que por esta v\u00eda formula:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n (\u2026) contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas. La apelaci\u00f3n se conceder\u00e1 en el efecto diferido, pero si no existiere actuaci\u00f3n pendiente, se conceder\u00e1 en el suspensivo.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Para la Sala no es de recibo el argumento del impugnante, referente a que no utiliz\u00f3 las referidas herramientas porque el fallador nunca se las tramita, pues se trata de una manifestaci\u00f3n que carece de respaldo o soporte probatorio alguno y, en todo caso, ello no es \u00f3bice para que antes de acudir a la protecci\u00f3n excepcional de la tutela, use oportuna y adecuadamente todos los medios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico le ofrece para hacer valer las garant\u00edas que considera conculcadas.  <\/span><\/p>\n

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Se reitera que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)As\u00ed las cosas, sin que los accionantes acudan previamente al juez de la causa y soliciten ante \u00e9ste lo que aqu\u00ed pretende[n], no resulta viable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que compete, de manera exclusiva, al juez que dirige el respectivo proceso. (CSJ STC3010-2016, 10 mar 2016, rad. 2016-00009-01)  <\/span><\/p>\n

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6. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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