{"id":99595,"date":"2026-06-25T18:59:18","date_gmt":"2026-06-25T18:59:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2381-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:59:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:59:18","slug":"stc2381-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2381-2017\/","title":{"rendered":"STC2381-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2381-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 05000-22-13-000-2016-00442-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el catorce de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la firma comercial Marketing Visi\u00f3n Aristizabal Lenis y C\u00eda. S. en C., en liquidaci\u00f3n, contra el Juzgado Civil del Circuito de Apartad\u00f3 (Antioquia); tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo g\u00e9nesis de la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La compa\u00f1\u00eda solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y trabajo, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al incurrir en dilaciones injustificadas para efectos de llevar a cabo la diligencia entrega de la cuota parte del bien denominado \u201cSanta Monica No.\u201d, que le fue adjudicada en la almoneda celebrada al interior del juicio ejecutivo instaurado por el Banco Popular S.A. en el a\u00f1o 1995.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se ordene \u00ab\u2026la entrega de lo secuestrado y vendido (\u2026) dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo\u2026\u00bb [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 1995, el Banco Popular S.A. promovi\u00f3 demanda ejecutiva mixta contra Diego Sierra Vel\u00e1squez, Agropecuaria Carepa Ltda. y \u00c1lvaro Chalarc\u00e1 Cano.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Apartad\u00f3 (Antioquia) que tras adelantar las fases procesales pertinentes, por auto del 30 de septiembre de 1998, dispuso el remate de los bienes cautelados.  <\/span><\/p>\n

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3. El 16 de octubre de 2003, en desarrollo de la almoneda de los inmuebles denominados Santa M\u00f3nica No. 1 y Santa M\u00f3nica No. 2, identificados con matr\u00edculas Nos. 007-13349 y 007-13350, respectivamente, fueron acogidas las posturas de la empresa accionante y de Arcesio Manuel Gonz\u00e1lez Lozano a quienes se les adjudic\u00f3 el 50% de cada uno.  <\/span><\/p>\n

4. El 25 del mismo mes y a\u00f1o se aprob\u00f3 el mencionado acto procesal.  <\/span><\/p>\n

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5. El 30 de marzo de 2009, se aclar\u00f3 la diligencia de remate, tras resolver un incidente de nulidad presentado por la Sociedad Rio Cedro S.A., con fundamento en la sentencia de deslinde y amojonamiento emitida el 31 de julio de 2001, dentro del proceso instaurado por la incidentante contra dos de los ejecutados, que modificaba los linderos de la finca Santa M\u00f3nica No. 1.  <\/span><\/p>\n

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6. En dicha anualidad, Liria Rosa Hern\u00e1ndez Durango y otros, instauraron demanda de pertenencia contra los rematantes respecto del predio Santa M\u00f3nica No. 2 y mediante sentencia del 21 de octubre del mismo a\u00f1o, se adjudic\u00f3 el derecho de dominio del referido bien al usucapiente.  <\/span><\/p>\n

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7. La anterior decisi\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n y tras ser declarada extempor\u00e1nea la censura, cobr\u00f3 firmeza el fallo.  <\/span><\/p>\n

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8. El 22 de mayo de 2014, se intent\u00f3 materializar la entrega del inmueble Santa M\u00f3nica No. 1, pero debido a que el juzgador evidenci\u00f3 que el bien hab\u00eda sido objeto de modificaciones, consider\u00f3 necesaria la intervenci\u00f3n de un perito top\u00f3grafo para que clarificara lo correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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9. Mediante auto de julio 3 posterior, se impuso a los rematantes sufragar los costos de aquella pericia y acompa\u00f1amiento profesional.  <\/span><\/p>\n

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10. Lo as\u00ed resuelto no fue objeto de controversia alguna por los interesados en la diligencia.  <\/span><\/p>\n

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11. La sociedad solicitante del amparo acude a este mecanismo constitucional, porque considera que la sede judicial cuestionada ha dilatado indefinidamente la diligencia de entrega de la parte del predio que le fue adjudicada, admitiendo todo tipo de solicitudes y demandas que esa compa\u00f1\u00eda no tiene porqu\u00e9 soportar.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende la protecci\u00f3n constitucional en la forma vista. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela contra la sede judicial mencionada en el escrito introductor y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el proceso objeto de reproche, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 103-105, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado accionado remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n cuestionada para inspecci\u00f3n y adujo que las razones que han imposibilitado materializar la entrega del predio rematado, son atribuibles a la tutelante, por no asumir las cargas procesales requeridas para finalizar tal diligencia, por lo que una vez proceda a ello, se proceder\u00e1 con lo pretendido. [Folios 120-121, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Banco Popular puso de presente que ha dado cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas por el juzgador de la causa, entre ellas, la devoluci\u00f3n de $30.302.675, sin que a la fecha tenga conocimiento del estado actual de aquella actuaci\u00f3n. Adicionalmente, inform\u00f3 que no era su intenci\u00f3n rehacer la actuaci\u00f3n, en virtud de las vicisitudes que se han presentado con los opositores. [Folios 126-127, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 14 de diciembre de 2016, el juez constitucional A quo deneg\u00f3 la solicitud de amparo, por encontrar justificada la mora judicial alegada, en tanto la firma accionante no ha acreditado el cumplimiento de la carga procesal impuesta mediante auto de julio 3 de 2014, providencia que no fue objeto de controversia alguna de su parte. [Folios 130-144, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, con fundamento en similares argumentos a los que dieron soporte a su escrito inicial. [Folios 156-158, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha dado tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 contra la sentencia de primer grado, emitida el pasado 28 de junio de 2016, pese a tratarse de una actuaci\u00f3n constitucional, cuyo tr\u00e1mite es perentorio y preferencial.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).  <\/span><\/p>\n

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Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019  (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.  <\/span><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00).  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado del proceso no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso del Juzgado Civil del Circuito de Apartad\u00f3, que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n del mismo para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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Al respecto, se tiene que de acuerdo con la rese\u00f1a procesal efectuada en el ac\u00e1pite pertinente de esta providencia, el 22 de mayo de 2014 se intent\u00f3 llevar a cabo la entrega del predio Santa M\u00f3nica No. 1 a sus adjudicatarios, pero el fallador de la causa advirti\u00f3 que no era posible concluir aquel acto procesal en ese momento porque no hab\u00eda claridad sobre los linderos del bien a desalojar.  <\/span><\/p>\n

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Para conjurar tal situaci\u00f3n, la autoridad tutelada, mediante auto de julio 3 de 2014, orden\u00f3 a los rematantes, \u00fanicos interesados en la materializaci\u00f3n de la referida orden de entrega, asumir los costos de los honorarios de la pericia topogr\u00e1fica necesaria, decisi\u00f3n que no fue objeto de controversia alguna.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, la carga procesal all\u00ed dispuesta cobr\u00f3 firmeza y sin embargo, no hay prueba que acredite que se dio cumplimiento a lo as\u00ed dispuesto, pues la firma reclamante ha limitado su actuaci\u00f3n en el tr\u00e1mite cuestionado a insistir en la materializaci\u00f3n de la diligencia anhelada, pero sin facilitar los medios indispensables para proceder de esa manera.  <\/span><\/p>\n

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A partir de los anteriores par\u00e1metros, se observa que en la actuaci\u00f3n donde se origina el presente reclamo, una vez agotadas las fases procesales que demand\u00f3, de acuerdo a sus particularidades, forma y frecuencia de intervenci\u00f3n de los sujetos procesales y terceros con inter\u00e9s, la autoridad cuestionada adelant\u00f3 ha adoptado las decisiones que ha requerido el caso para solventar el sin n\u00famero de vicisitudes que lo han rodeado, mas, ante la ausencia de la pericia ordenada en diligencia del 22 de mayo de 2014, no ha sido posible culminar la tramitaci\u00f3n satisfactoriamente para los intereses de los rematantes.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, la Sala encuentra justificada la tardanza en que ha incurrido el Juzgado Civil del Circuito de Apartad\u00f3 para culminar la entrega del predio Santa M\u00f3nica No. 1 a sus adjudicatarios, pues es evidente que no obedece a su capricho, desidia ni arbitrio la no realizaci\u00f3n de la pluricitada diligencia.  <\/span><\/p>\n

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5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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