{"id":99597,"date":"2026-06-25T18:59:24","date_gmt":"2026-06-25T18:59:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2383-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:59:24","modified_gmt":"2026-06-25T18:59:24","slug":"stc2383-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2383-2017\/","title":{"rendered":"STC2383-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2383-2017  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete  (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Dioselina del Carmen S\u00e1nchez de Rodr\u00edguez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Promiscuo Municipal de Zetaquira y a todas las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2015-0004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, protecci\u00f3n a la tercera edad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados al interior del proceso de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa interpuesto contra Lu\u00eds Gustavo Vargas Soler por cuanto con el fallo \u00abtotalmente inhibitorio\u00bb adoptado por la segunda instancia no se resolvi\u00f3 el problema jur\u00eddico que se plante\u00f3 dejando a la partes en un limbo jur\u00eddico que le est\u00e1 ocasionando perjuicios.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1 \u00abdictar una sentencia conforme a derecho, es decir que ponga fin al conflicto planteado\u00bb [Folio 4, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La accionante promovi\u00f3 demanda de resoluci\u00f3n de del contrato de promesa de compraventa suscrito con Lu\u00eds Gustavo Vargas Soler, por incumplimiento de las obligaciones contractuales respecto del pago del saldo del precio, as\u00ed como la no comparecencia a la notar\u00eda el d\u00eda se\u00f1alado, de igual manera para que se condene a la parte pasiva a la p\u00e9rdida del dinero entregado como arras del negocio, conforme a la cl\u00e1usula cuarta del convenio, as\u00ed como a la restituci\u00f3n del bien objeto de la negociaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Como fundamento de sus pretensiones se\u00f1al\u00f3 que la actora y la parte demandada celebraron promesa de compraventa el 25 de junio de 2013, respecto al predio localizado en el \u00e1rea urbana del municipio de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que hizo entrega del inmueble al promitente comprador y \u00e9ste le dio la suma de $13.000.000 como arras, quedando un saldo de $22.000.000 para cancelar el 25 de septiembre de 2014, fecha acordada para realizar la escritura p\u00fablica en la notar\u00eda de la localidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que se present\u00f3 en la fecha acordada en la notar\u00eda, presentando el d\u00eda anterior los documentos necesarios para la confecci\u00f3n de la escritura y estuvo pendiente los d\u00edas 25 y 26 para cumplir con la negociaci\u00f3n, sin que el comprador compareciera.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que se intent\u00f3 una conciliaci\u00f3n en la notar\u00eda de Miraflores, la cual fue infructuosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Zetaquira \u2013 Boyac\u00e1, autoridad que el 22 de enero de 2015 procedi\u00f3 a admitir la demanda y dispuso correr traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La parte demandada dio contestaci\u00f3n, quien manifest\u00f3 oposici\u00f3n a las pretensiones por considerarlas carentes de asidero jur\u00eddico y probatorio y, sustentadas bajo hechos falsos y actuaciones de mala fe por parte de la actora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1. De igual modo se\u00f1al\u00f3 que no se puede pretender resolver el contrato de compraventa cuando fue la tutelante la que incurri\u00f3 en su incumplimiento respecto del otorgamiento de la escritura p\u00fablica, actuando de mala fe por cuanto aduce haber asistido a la notar\u00eda el d\u00eda indicado, no obstante haberle dicho al demandado que no compareciera porque la otra due\u00f1a del inmueble no pod\u00eda estar presente y prometi\u00f3 vender el dominio de un bien del que solo tiene una expectativa, por haber adquirido los derechos y acciones de una sucesi\u00f3n il\u00edquida aunado a que la certificaci\u00f3n expedida por el notario es falsa porque el 26 de septiembre el extremo pasivo hizo presencia en dicha oficina y la encontr\u00f3 cerrada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En consecuencia la parte pasiva formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abmala fe de la demandante\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb y \u00abtacha de falsedad\u00bb. Medio de defensa del cual se dio traslado, sin que la parte actora se pronunciara al respecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Posteriormente se dio inicio a la audiencia respectiva, dentro de la cual se intent\u00f3 la conciliaci\u00f3n, sin lograr tal cometido y se procedi\u00f3 a la pr\u00e1ctica de pruebas solicitadas por las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Agotada la etapa probatoria se presentaron los alegatos de conclusi\u00f3n, oportunidad que fue aprovechada por los intervinientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Inconforme con la decisi\u00f3n la accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n tras considerar que el problema jur\u00eddico del proceso est\u00e1 encaminado a demostrar que el negocio de promesa de compraventa no se realiz\u00f3 debido al incumplimiento del comprador al no presentarse a la notaria donde deb\u00eda pagar la suma restante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, la parte pasiva tambi\u00e9n la recurri\u00f3 bajo el argumento que la decisi\u00f3n no se ajusta a derecho y es violatoria del debido proceso puesto que al no declarar probadas las excepciones y tampoco conceder las pretensiones no le est\u00e1 dando la soluci\u00f3n al conflicto planteado y por el contrario si est\u00e1 afectando a las partes.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 26 de mayo de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n al se\u00f1alar que \u00abla inasistencia de las partes en la fecha indicada a la Notar\u00eda a suscribir la correspondiente escritura p\u00fablica por ser el objeto del contrato prometido un bien inmueble, permite concluir un mutuo incumplimiento.\u00bb [Folios 21-29, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En criterio de la peticionaria, con la decisi\u00f3n adoptada por la segunda instancia no se solucion\u00f3 la contrariedad planteada por las partes en la impugnaci\u00f3n por cuanto ella como demandante \u00abse halla privada de la posesi\u00f3n material del pleito objeto de la negociaci\u00f3n, no ha recibido el pago que le han debido realizar el d\u00eda 25 de septiembre de 2014 ni las sanciones pecuniarias que por el incumplimiento se derivaron en contra del demandado\u00bb y su contraparte \u00abno ha obtenido la titularidad del predio objeto de la negociaci\u00f3n y el pago  que debi\u00f3 realizar se halla consignado en el banco agrario de Zetaquira, donde lo deposit\u00f3 de forma extempor\u00e1nea, a m\u00e1s de que ahora adeuda diez salarios m\u00ednimos legales mensuales por la sanci\u00f3n que la primera instancia le impuso.\u00bb [Folios 2-5, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 19 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la queja constitucional y se orden\u00f3 el traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 32-33, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Zetaquira \u2013 Boyac\u00e1 manifest\u00f3 que adopt\u00f3 su decisi\u00f3n porque  no encontr\u00f3 valederos los argumentos de la parte demandada para dar prosperidad a sus excepciones por cuanto con las pruebas recaudadas se mostr\u00f3 que no existi\u00f3 intenci\u00f3n de la accionante de impedir que el demandado acudiera a la  notar\u00eda en la fecha acordada para confeccionar la escritura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, se\u00f1al\u00f3 que del caudal probatorio se evidenci\u00f3 que no pod\u00eda darse prosperidad a la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa suscrito entre los intervinientes  y  pretendida por la tutelante porque el incumplimiento a lo pactado provino de los dos contratantes, atenido a lo preceptuado por el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, norma que llev\u00f3 a la segunda instancia a confirmar lo aseverado. [Folios 40-41, c.1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores indic\u00f3 que se procedi\u00f3 a ratificar la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo tras considerar que se encontraba configurada la figura del mutuo disenso, estipulada en los art\u00edculos 1602 y 1625 del C\u00f3digo Civil  al estar demostrado que las partes incumplieron el contrato de promesa de compraventa. [Folio 43, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 18 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, por hallar insatisfecho el requisito de la inmediatez, por cuanto la decisi\u00f3n atacada data del 26 de mayo de 2016, mientras que la tutela se present\u00f3 el 15 de diciembre de ese a\u00f1o. [Folios 53-59, c1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Una de las Magistradas integrante de la Sala present\u00f3 salvamento de voto tras considerar que a su parecer no se configuraba la falta de inmediatez y debi\u00f3 por tanto resolverse de fondo la tutela, toda vez que \u00abtramitar un proceso por espacio de dos a\u00f1os, con el desgaste institucional, econ\u00f3mico y personal de las partes, conduce a que una direcci\u00f3n del proceso, el Juez procure dar una salida que atienda el conflicto entre las partes; y que en todo caso, defina el derecho en disputa\u00bb [Folio 65, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo, la tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, para cuyo efecto solicit\u00f3 tener en cuenta el salvamento de voto. [Folio 67, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. D\u00edgase inicialmente, que si bien el Tribunal Superior de Tunja resolvi\u00f3 la presente acci\u00f3n considerando la configuraci\u00f3n de la falta de inmediatez, ello no se evidencia, dado que se observa que  el juzgado de segunda instancia emiti\u00f3 el prove\u00eddo confirmando la decisi\u00f3n el 26 de mayo de 2016 y dispuso remitir el expediente al juzgado de origen, el cual tuvo lugar el 20 de junio de ese a\u00f1o, momento en que el a quo profiri\u00f3 el auto de obed\u00e9zcase al superior el 23 de junio siguiente, mientras que la acci\u00f3n de tutela fue presentada por la accionante el 16 de diciembre de ese a\u00f1o, lo que permite inferir que la acci\u00f3n constitucional fue interpuesta dentro del lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, de modo que procede  la Sala a su estudio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Uno de los motivos que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de la providencia en contra de la que se dirigi\u00f3  el reclamo en tutela, esto es, la proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1 el 26 de mayo de 2016, mediante la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el a quo que hab\u00eda declarado impr\u00f3speras las excepciones propuestas por el extremo pasivo y las pretensiones de la demanda de resoluci\u00f3n del contrato de compraventa suscrito entre la actora y Lu\u00eds Gustavo Vargas Soler, se advierte su incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, que hace procedente el amparo, porque se transgreden los derechos fundamentales de la accionante, siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En efecto, el funcionario judicial resolvi\u00f3 que la \u00abinasistencia de las partes en  la fecha indicada a la Notar\u00eda a suscribir la correspondiente escritura p\u00fablica por ser el objeto del contrato prometido un bien inmueble, permite concluir un mutuo incumplimiento\u00bb. De igual modo consider\u00f3 que  \u00abLa figura del mutuo disenso nace en el ejercicio de la autonom\u00eda privada que tienen las personas para manejar de sus intereses como deseen, figura fundamentada en los art\u00edculos 1602 y 1625 del C\u00f3digo Civil Colombiano el cual se puede dar expresa o t\u00e1citamente en la primera las partes manifiestan su voluntad entre ellas directa y reflexivamente, y en la segunda forma el juez en un proceso debe calificar la conducta de las partes para concluir que \u00e9stas desean dar por terminado el v\u00ednculo que los ata.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese entendido, sin llevar a cabo ning\u00fan estudio anal\u00edtico respecto a que realmente las partes tuvieran el deseo inequ\u00edvoco por disolver el contrato, concluy\u00f3 que tal figura se hab\u00eda configurado en el  presente asunto, siendo de destacar que al respecto ha sido criterio de la Sala  que \u00abno le es dado al sentenciador variar la causa petendi para deducir de oficio la disoluci\u00f3n del contrato\u00bb, ni siquiera mediando mutuo disenso t\u00e1cito, el cual, adem\u00e1s, \u00abno se presenta por el mero incumplimiento de ambas partes contratantes, sino con la evidencia rotunda de que \u00e9stas (\u2026) se han comportado de tal manera que de su conducta emerge su com\u00fan deseo de disolver el v\u00ednculo\u00bb.  (CSJ CS 16 abr.2002, rad. 7255)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se evidencia que la autoridad encartada si bien dej\u00f3 sentado, lo cual no es materia de reproche, el incumplimiento de las obligaciones de ambas partes, dicha circunstancia no le impon\u00eda aplicar autom\u00e1ticamente el mutuo disenso t\u00e1cito, conforme lo ha indicado esta Sala, m\u00e1xime cuando, desde el comienzo lo indic\u00f3 el Ad Quem, la pretensi\u00f3n de la reclamante tuvo por objeto la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa con el consecuente reconocimiento de los perjuicios, petici\u00f3n de estirpe y consecuencias diferentes al \u201cmutuo disenso\u201d, aspecto que correspond\u00eda estudiar minuciosamente y especialmente cuando se observa desde el  escrito de la demanda que la voluntad de los contratantes no era, propiamente, la de desistir de la convenci\u00f3n,  an\u00e1lisis que no realiz\u00f3 el despacho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo que de suyo conllev\u00f3 a que se vulnerara el debido proceso de la actora, pues en torno a este punto no  pod\u00eda el Ad Quem omitir en sus consideraciones pronunciarse al respecto, ello teniendo en cuenta adem\u00e1s  que los reparos efectuados por los impugnantes al fallo de primera instancia iban encaminados por un lado a que se declarara la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes por incumplimiento del promitente comprador y por otro lado, que al no declarar el A Quo  probadas las excepciones y tampoco conceder las pretensiones no le hab\u00eda dado soluci\u00f3n al conflicto planteado y por tanto era necesario darle una salida a la controversia, aspectos que tampoco tuvo en cuenta el fallador, faltando as\u00ed al deber impuesto de motivar adecuadamente sus decisiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De manera que, la actuaci\u00f3n desplegada por el juzgado acusado de no incorporar las consideraciones a que hab\u00eda lugar en la providencia objeto de inconformidad respecto a las razones por las que consideraba se presentaba un mutuo incumplimiento y nada dijo respecto a los reparos efectuados por los impugnantes, quebranta el derecho al debido proceso de la  accionante, por lo que hay lugar a prohijar el amparo solicitado, por una motivaci\u00f3n insuficiente en la decisi\u00f3n judicial, lo que constituye una flagrante v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, ante la inexistencia de otro mecanismo de defensa, se impone la prosperidad del amparo invocado, por lo que se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n del Tribunal y se ordenar\u00e1 a la autoridad accionada que declare sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de 26 de mayo de 2016, que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n  y en su lugar, se ordenar\u00e1 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1 que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, emita una nueva providencia en la que resuelva sobre la pretensiones presentadas por los impugnantes, pero esta vez pronunci\u00e1ndose en relaci\u00f3n a cada uno de los argumentos aducidos por ellos, teniendo en cuenta lo considerado en este fallo.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado y, en su lugar, CONCEDE el amparo constitucional invocado. En consecuencia, ORDENA:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1 que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, emita una nueva providencia en la que resuelva sobre la pretensiones presentadas por los impugnantes, pero esta vez pronunci\u00e1ndose en relaci\u00f3n a cada uno de los argumentos aducidos por ellos, teniendo en cuenta lo considerado en este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado Ponente      STC2383-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete  (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99597","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99597"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99597\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}