{"id":99598,"date":"2026-06-25T18:59:30","date_gmt":"2026-06-25T18:59:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2384-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:59:30","modified_gmt":"2026-06-25T18:59:30","slug":"stc2384-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2384-2017\/","title":{"rendered":"STC2384-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2384-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2016-00646-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Enrique Doria Lozano contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n \u2013ICFES\u2013.  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y confianza leg\u00edtima, que estima vulnerados por las entidades p\u00fablicas accionadas con ocasi\u00f3n del resultado negativo en la evaluaci\u00f3n de car\u00e1cter diagn\u00f3stico formativo, para el ascenso de grado o la reubicaci\u00f3n de nivel salarial de los educadores oficiales.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene a los organismos encausados que corrijan los errores en los que pudieron haber incurrido en su proceso evaluativo.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Edgar Enrique Doria Lozano es docente en una instituci\u00f3n educativa ubicada en Santa Cruz de Lorica, C\u00f3rdoba.  <\/span><\/p>\n

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2. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional suscribi\u00f3 el contrato interadministrativo n.\u00b0 648 de 2016 con el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n \u2013ICFES\u2013, con el objetivo de que este \u00faltimo dise\u00f1ara los instrumentos de evaluaci\u00f3n para los docentes y directivos docentes pertenecientes al r\u00e9gimen del Decreto 1278 de 2002 e, igualmente, los aplicara.  <\/span><\/p>\n

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3. El aqu\u00ed quejoso se inscribi\u00f3 a la \u00abEvaluaci\u00f3n de Car\u00e1cter Diagn\u00f3stico Formativo\u00bb, para el ascenso de grado o la reubicaci\u00f3n de nivel salarial de los educadores oficiales, a trav\u00e9s de la plataforma \u00abMaestro 2025\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. Dentro del proceso referido, el reclamante no aprob\u00f3, debido a que obtuvo el puntaje global de 76,78 %, siendo 80 % el m\u00ednimo requerido.  <\/span><\/p>\n

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5. Inconforme con esta puntuaci\u00f3n, el se\u00f1or Doria Lozano present\u00f3 una reclamaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. El Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n \u2013ICFES\u2013, mediante comunicaci\u00f3n fechada el 16 de septiembre de 2016, niega la petici\u00f3n anterior, en la que se precis\u00f3 que la valoraci\u00f3n de uno de los elementos de la  \u00abEvaluaci\u00f3n de Car\u00e1cter Diagn\u00f3stico Formativo\u00bb era realizada por pares que ejercen la profesi\u00f3n de la docencia, y que no era procedente rehacer los instrumentos aplicados en ese proceso.  <\/span><\/p>\n

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7. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que las entidades acusadas no apreciaron en debida forma los criterios del proceso evaluativo destinado a su ascenso de grado o reubicaci\u00f3n del nivel salarial, pues no se valor\u00f3 correctamente el aspecto relacionado con la \u00abReflexi\u00f3n y planeaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica educativa y pedag\u00f3gica\u00bb, \u00abPraxis pedag\u00f3gica\u00bb y \u00abAmbiente en el aula\u00bb, e inclusive se cometieron en errores administrativos al efectuar ese procedimiento. [Folios 1-9, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 14 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a las autoridades p\u00fablicas querelladas, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. [Folio 43, c. 1]  <\/span><\/p>\n

       2. Dentro de la oportunidad concedida, los organismos encausados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 16 de enero de 2011, la Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que las entidades p\u00fablicas accionadas no vulneraron los derechos fundamentales del accionante, puesto que en el proceso de \u00abEvaluaci\u00f3n de Car\u00e1cter Diagn\u00f3stico Formativo\u00bb, cuya finalidad es el ascenso de grado o la reubicaci\u00f3n de nivel salarial de los educadores oficiales, el reclamante no obtuvo el puntaje m\u00ednimo para poder ascender en el escalaf\u00f3n de conformidad con los lineamiento legales de ese concurso. [Folios 50-57, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, sin dejar ver su disenso con el fallo. [Folio 66, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que el accionante puede acudir a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n aleg\u00f3, pues para tal fin contempl\u00f3 el legislador la posibilidad de atacar la actuaci\u00f3n administrativa en sede judicial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, esa persona tiene a su alcance los medios de control ordinarios ante los jueces naturales para cuestionar las decisiones del Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n \u2013ICFES\u2013 y el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, adoptadas durante el tr\u00e1mite de la \u00abEvaluaci\u00f3n de Car\u00e1cter Diagn\u00f3stico Formativo\u00bb, para el ascenso de grado o la reubicaci\u00f3n nivel salarial de los educadores oficiales, regidos por el Estatuto Profesionalizaci\u00f3n Docente previsto en el Decreto 1278 de 2002, especialmente el resultado de la prueba realizada al aqu\u00ed quejoso, cuya reclamaci\u00f3n fue resuelta desfavorablemente el 16 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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De manera que si el tutelante no ha agotado todos los recursos ordinarios con los que cuenta, no resulta dable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de un litigio que ha de ser dirimido, de manera exclusiva, por el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia para ello, ante el cual puede solicitar medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, para evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las decisiones administrativas abiertamente ilegales.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la presente, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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