{"id":99600,"date":"2026-06-25T18:59:44","date_gmt":"2026-06-25T18:59:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2386-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:59:44","modified_gmt":"2026-06-25T18:59:44","slug":"stc2386-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2386-2017\/","title":{"rendered":"STC2386-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2386-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2016-01211-011  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dieciocho de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en las acciones de tutela promovidas por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de aquella ciudad; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Alcald\u00eda Municipal de la referida localidad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al inadmitir y rechazar las acciones populares que present\u00f3 contra Bancolombia S.A., con fundamento en exigencias no contempladas por el legislador.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se ordene la admisi\u00f3n de sus demandas y se \u00ab\u2026vincule a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se pronuncie [sobre] si existe denegaci\u00f3n al acceso a la administraci\u00f3n judicial por la tutelada\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Cristian V\u00e1squez, present\u00f3 cinco Acciones Populares contra igual n\u00famero de sucursales de Bancolombia S.A., por considerar que vulneraba las garant\u00edas colectivas de la comunidad usuaria, al no contar en su local comercial con gu\u00eda e int\u00e9rprete acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, como lo dispone el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 382 de 2005.  <\/span><\/p>\n

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2. El 25 de noviembre de 2016, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, resolvi\u00f3 inadmitir cada una de las demandas para que el interesado allegara el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad financiera accionada, apoyado en el auto AC5832-2016, emitido por esta Corporaci\u00f3n dentro del radicado 11001-02-03-000-2016-02388-00, donde se dirimi\u00f3 el conflicto de competencia suscitado en una de las acciones populares formuladas por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

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3. El 28 de octubre de 2016, el accionante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n las anteriores determinaciones.  <\/span><\/p>\n

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5. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, las transgrede al exigir requisitos que el legislador no ha previsto, para la presentaci\u00f3n de ese tipo de acciones. [Folios 1-13, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 su traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 4-5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El juzgado accionado, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copia de una de las actuaciones cuestionadas e inform\u00f3 que todas ellas fueron tramitadas de la misma forma y en las mismas fechas. [Folios 19-24, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda \u2013 Regional Risaralda, se mostr\u00f3 ajena a los hechos en los cuales el quejoso fundamenta su reclamo, puesto que sus reparos est\u00e1n dirigidos a controvertir \u00fanica y exclusivamente actuaciones del Juzgado accionado. [Folios 25-27, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, aleg\u00f3 su falta de legitimidad en la causa por pasiva y, consecuentemente, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional. [Folios 28-33, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 18 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que el actor no hizo uso de la herramienta jur\u00eddica con que contaba para cuestionar el rechazo de sus demandas. [Folios 41-44, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, para lo cual insisti\u00f3 en la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de acciones populares y en la imposibilidad de exigir requisitos adicionales a los consagrados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. [Folio 48, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)  <\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse una de las providencias objeto de la queja, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso del actor, habida cuenta que las acciones populares que present\u00f3 contra Bancolombia fueron inadmitidas y posteriormente rechazadas, con fundamento en la falta de un requisito no consagrado por el legislador en la normatividad especial que regula la materia.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, mediante prove\u00eddo de noviembre 25 de 2016, el juzgador accionado decidi\u00f3 inadmitir las referidas demandas para que el actor popular aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que conste el domicilio de la parte demandada, para lo cual otorg\u00f3 un lapso de tres (3) d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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Como soporte de su postura, la autoridad memor\u00f3 el auto AC5832-2016, emitido por esta Corporaci\u00f3n dentro del radicado 11001-02-03-000-2016-02388-00, donde se dirimi\u00f3 un conflicto de competencia suscitado entre los juzgados Cuarto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda) y \u00danico Civil del Circuito de Caldas (Antioquia).  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, aunque es cierto que en aquel pronunciamiento se adujo que corresponde al actor suministrar en la demanda la informaci\u00f3n necesaria que le permita al juzgador determinar la competencia e inclusive la jurisdicci\u00f3n y que de no hacerlo se debe solicitar la respectiva clarificaci\u00f3n, ello no equivale a decir que es requisito para admitir la demanda el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad demandada, al punto que de lo que se habla en el referido pronunciamiento, es de \u201cinformaci\u00f3n\u201d y no de \u201cdocumentaci\u00f3n\u201d; en todo caso, tal exigencia, seg\u00fan se dijo en aquella decisi\u00f3n de la Corte, es para clarificar la competencia no la admisibilidad de la acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo anterior, es de ver que para la fecha del pronunciamiento reprochado \u2013 25 de noviembre de 2016 – ya se encontraba vigente en todo el territorio nacional el C\u00f3digo General del Proceso, en cuyo art\u00edculo 85, el legislador estableci\u00f3 que \u00ab\u2026[l]a prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

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Si en cuenta se tiene que la entidad accionada es una entidad bancaria, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, es evidente que en su sistema de informaci\u00f3n reposa dicha certificaci\u00f3n y por tanto, no era requisito indispensable para admitir la demanda, ni siquiera para establecer la competencia, sobre todo porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no est\u00e1 consagrado como tal.  <\/span><\/p>\n

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Agr\u00e9guese que enterado de la inadmisi\u00f3n, el actor, como coadyuvante reconocido de la queja, la impugn\u00f3 y como fundamento de su censura argument\u00f3, precisamente, que el funcionario judicial no pod\u00eda imponerle cargas que la ley no preve\u00eda, no obstante lo cual se mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada, que, como ya se vio es desconocedora de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca.  <\/span><\/p>\n

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6. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos las actuaciones objeto de censura a partir del auto inadmisorio de las acciones populares Nos. 2016-00540, 2016-00541, 2016-00543, 2016-00544 y 2016-00549, inclusive, y en su lugar les d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

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7. Para finalizar, en punto del concepto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n acerca de la alegada violaci\u00f3n al derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia,  la Sala precisa que no es esta acci\u00f3n el mecanismo adecuado para elevar ese tipo de pedimentos.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: ORDENAR al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos el auto inadmisorio de las acciones populares Nos. 2016-00540, 2016-00541, 2016-00543, 2016-00544 y 2016-00549, inclusive, y en su lugar les d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Tr\u00e1mite al cual fueron acumuladas las tutelas con radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2016-01213-01, 66001-22-13-000-2016-01221-01, 66001-22-13-000-2016-01222-01 y 66001-22-13-000-2016-01240-01.      <\/span><\/p>\n

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