{"id":99601,"date":"2026-06-25T18:59:47","date_gmt":"2026-06-25T18:59:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2387-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:59:47","modified_gmt":"2026-06-25T18:59:47","slug":"stc2387-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2387-2017\/","title":{"rendered":"STC2387-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2387-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02884-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecinueve de enero de dos mil diecisiete  por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Humberto Ru\u00edz Sarmiento contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n y todas las personas que participaron en la convocatoria 323 de 2014.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3 el accionante el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna y acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica que considera vulnerados por las entidades accionadas al no resolver de fondo la inconformidad que plante\u00f3 sobre los resultados obtenidos al presentar la prueba de competencias b\u00e1sicas y funcionales del empleo con c\u00f3digo OPEC 208610, ofertado en la convocatoria No. 323 de 2014.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que \u00abse me ofrezca las condiciones de tiempo y lugar para recoger la informaci\u00f3n pertinente y \u00fatil, que se halla en poder de la universidad de Pamplona, para poder ensamblar el contenido argumental que usar\u00e9 para ejercer mi derecho de defensa en forma efectiva frente a sus decisiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Que la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil ordene a la Universidad de Pamplona revisar la prueba de competencias b\u00e1sicas y funcionales en las preguntas que se anotan a continuaci\u00f3n: 8, 27, 28 y 29 por no obedecer los ejes tem\u00e1ticos del C\u00f3digo de empleo u OPEC 208610, que seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte Constitucional este desacato se lleva por delante mi derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Como producto de los 70 o m\u00e1s puntos que logre, despu\u00e9s de efectuada la revisi\u00f3n, en esta prueba se de la orden de evaluar las comportamentales.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Se responda a cabalidad las inquietudes formuladas contra las preguntas formuladas en mi reclamaci\u00f3n: 18, 23,24, 25, 26, 30, 31, 39, 41,68, 69, 75,78,81, 85, 88, 89,94, 96, 99 y 100.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Que se surtan las formalidades requeridas para incluirme en la lista de elegibles\u00bb.  [Folios 22-23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Se\u00f1ala el accionante que la Secretaria Distrital de Planeaci\u00f3n de Bogot\u00e1, por medio de la Comisi\u00f3n Nacional Servicio Civil dio apertura a la Convocatoria No. 323 de 2014 y ofert\u00f3 el cargo No. 208610 denominado Profesional Especializado, identificado con c\u00f3digo 222 y grado 24,  siendo ejecutor la Universidad de Pamplona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Que cumpli\u00f3 con las formalidades de inscripci\u00f3n y el 7 de agosto de 2016, present\u00f3 las pruebas b\u00e1sicas, funcionales y comportamentales, obteniendo un puntaje de 63.4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Que por estar en desacuerdo, reclam\u00f3 haciendo ver, por una parte, que las preguntas Nos. 8,27,28 y 29 del cuestionario no se ajustaron a los ejes tem\u00e1ticos anunciados para el cargo al que se present\u00f3 y por otra, que los interrogantes Nos. 18,23, 24,25,26,30,31,39,41,68,69,75,78,81,85,88,89, 94, 99 y 100 conten\u00edan equivocaciones en sus enunciados, lo que no daba certeza a las respuestas anunciadas en la \u201cclave\u201d como correctas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Refiere que la Universidad de Pamplona exhibi\u00f3 el cuestionario y la \u201cclave\u201d entendida \u00e9sta como las respuestas correctas con la intenci\u00f3n de impedir que se \u00abrecaudaran insumos probatorios\u00bb  que le permitieran ejercer su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Que la referida Universidad al resolver su reclamaci\u00f3n en octubre de 2016 se limit\u00f3 a expresar justificaciones livianas relacionadas con su equipo t\u00e9cnico que a su juicio no cont\u00f3 con expertos en estratificaci\u00f3n socioecon\u00f3mica y en segregaci\u00f3n social urbana, lo que le sirvi\u00f3 para ratificar el puntaje ya obtenido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Que es padre de dos menores que dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l y del ingreso que obtiene como funcionario en provisionalidad de la Secretaria Distrital de Planeaci\u00f3n de Bogot\u00e1.    <\/span><\/p>\n

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7. En criterio del peticionario del amparo, al interior de la citada convocatoria se vulneraron sus derechos por cuanto \u00abme est\u00e1n impidiendo el derecho constitucional que tengo como colombiano a acceder a la funci\u00f3n p\u00fablica, con base en la experiencia y la idoneidad que he logrado como funcionario en provisionalidad  y, de contera, amenazan la vida digna a que tienen derecho mis hijas\u2026que dependen de este \u00fanico ingreso que tiene mi familia.\u00bb [Folios 16-23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 11 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se dispuso la notificaci\u00f3n de las entidades accionadas y las vinculadas  para que ejercieran su defensa. [Folios 24-25, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil se opuso a la prosperidad del amparo y se\u00f1al\u00f3 que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para lograr la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados y que no se aprecia la existencia de un riesgo inminente.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, manifest\u00f3 que respecto a la particular  censura del accionante, se public\u00f3 una gu\u00eda de orientaci\u00f3n al aspirante, elaborada conjuntamente con la  Secretaria Distrital de Planeaci\u00f3n de Bogot\u00e1, siguiendo los ejes tem\u00e1ticos que ella conten\u00eda, los cuales no obligatoriamente deben abrigar las funciones del cargo, sino que contextualizan la evaluaci\u00f3n dentro de escenarios que resulten cercanos al participante; que elabor\u00f3 y evalu\u00f3 las pruebas de competencia b\u00e1sicas y funcionales y, respecto a las inconsistencias  que seg\u00fan el quejoso se presentaron en las respuestas, tal afirmaci\u00f3n se encuentra desmentida dado que hubo un alto porcentaje de acierto en la contestaci\u00f3n ofrecida por los dem\u00e1s aspirantes. [Folios 41-45, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Universidad de Pamplona reiter\u00f3 lo expuesto por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y tambi\u00e9n solicit\u00f3 no acoger las pretensiones del tutelante para cuyo efecto expres\u00f3 que la reclamaci\u00f3n  efectuada por el actor atac\u00f3 en forma gen\u00e9rica los ejes tem\u00e1ticos de la gu\u00eda orientadora dada, los cuales son un referente, aunado a que al resolverse su queja, se hizo notorio el hecho contrario a lo afirmado por el quejoso de que no exist\u00edan respuestas ambiguas ni confusas por cuanto cada una de ellas obedec\u00edan a criterios de objetividad. [Folios 49-52, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Secretaria Distrital de Planeaci\u00f3n de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela respecto de esa Secretaria, por no existir fundamento l\u00f3gico jur\u00eddico, violaci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales alguno al accionante. [Folios 82-87, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 19 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional deprecada en tanto que el actor dispone de los medios de control ante el juez natural previstos en la Ley 1437 del 2011 para controvertir las razones adoptadas por la administraci\u00f3n en virtud de la convocatoria No. 323 de 2014 que ahora motivan su inconformidad aunado a que no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable por cuanto no se prob\u00f3 que el actor se encuentre imposibilitado para acceder a un nuevo empleo en el evento que lleguen lista de elegibles que le impidan atender sus gastos y los de su familia. [Folios 90-97, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. El tutelante impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, reiterando lo expuesto en el escrito inicial y solicit\u00f3 fuera revocada la sentencia \u00abpor desamparar injustamente a mis hijas menores\u2026y a cambio de esta insensibilidad humana\u2026se profiera un fallo que tutele los derechos constitucionales quebrantados.\u00bb [Folios 107-109, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. Los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

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       Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el cuestionamiento y debate de los actos administrativos adoptados al interior del concurso de m\u00e9ritos al que se inscribi\u00f3 el actor, y en virtud del cual aduce se quebrantaron sus garant\u00edas fundamentales, debe suscitarse y definirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante las acciones correspondientes, como la de simple nulidad, o de nulidad y restablecimiento del derecho.  <\/span><\/p>\n

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Es en tal escenario dise\u00f1ado por el legislador, en donde el peticionario del amparo puede debatir la decisi\u00f3n adoptada  en octubre de 2016 por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil respecto a la reclamaci\u00f3n presentada frente al puntaje obtenido en la prueba de competencias b\u00e1sicas y  funcionales que conllev\u00f3 a su exclusi\u00f3n del concurso.   <\/span><\/p>\n

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Resulta entonces ostensible, que si el promotor del amparo a\u00fan cuenta con otros medios de defensa judicial, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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4. Particularmente se ha dicho que, en seguimiento del Decreto 2591 de 1991, \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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5. Aunado a lo anterior, se reitera que dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.2  <\/span><\/p>\n

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Entonces, con la finalidad de rebatir una decisi\u00f3n de las anotadas caracter\u00edsticas, no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, el accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb 3, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilitara al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional.    <\/span><\/p>\n

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6. De otra parte, contrario a lo expuesto por el  accionante, se recuerda, que los procesos de selecci\u00f3n no garantizan a los participantes la obtenci\u00f3n del empleo ofertado, pues como se ha indicado, \u00ab[e]l participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho sobre el cargo por el cual se opta, lo cual por si s\u00f3lo desvirt\u00faa la vulneraci\u00f3n alegada del derecho al trabajo, pues ello constituye una mera expectativa que en todo caso est\u00e1 supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, las que son de obligatorio cumplimiento y a las que se somete, seg\u00fan la respectiva convocatoria el concursante\u00bb (sentencia de 12 de abril de 2011, expediente 00279-01, ratificada el 1\u00ba de agosto de 2012, exp. 00472-01).  <\/span><\/p>\n

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All\u00ed mismo esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 que \u00ab\u2018[t]odo participante que se somete a un proceso de selecci\u00f3n por v\u00eda de concurso p\u00fablico a fin de optar a un cargo de similar naturaleza, al inscribirse en el mismo, se sujeta de manera libre y voluntaria a las reglas que previamente hayan sido fijadas para adelantar las diferentes etapas al efecto dispuestas a fin de culminar aqu\u00e9l\u2019\u00bb (sentencia de 21 de julio de 2008, Rad. 2008-00169-01)4.  <\/span><\/p>\n

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7. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Providencia de 20 de febrero de 2013, exp. 2012-00100-01.     <\/span><\/p>\n

2 Sentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00201-01, entre otras.    <\/span><\/p>\n

3 Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.    <\/span><\/p>\n

4 Sentencia de 23 de octubre de 2012, exp. T-2012-0029-01. El mismo criterio se adopt\u00f3 en la sentencia de 30 de octubre siguiente, exp. T-2012-0030-01.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2387-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02884-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero  de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99601","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}