{"id":99604,"date":"2026-06-25T19:00:14","date_gmt":"2026-06-25T19:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2391-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:00:14","modified_gmt":"2026-06-25T19:00:14","slug":"stc2391-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2391-2017\/","title":{"rendered":"STC2391-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2391-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2016-00822-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecinueve de enero de dos mil diecisiete por la Sala de Familia de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Julio Orlando Rodr\u00edguez Castillo contra el Juzgado Treinta y Dos de Familia de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho al debido proceso, el cual considera vulnerado por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de la suma irrisoria que fij\u00f3 a su favor por concepto de honorarios como perito.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto esa decisi\u00f3n y, en su lugar, se ajuste el monto de sus honorarios de conformidad con lo establecido en las normas que regulan el asunto.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En providencia de 5 de septiembre de 2012 el Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1 acept\u00f3 la conciliaci\u00f3n efectuada entre Gloria Esperanza Castellanos Ladino y German Ignacio Morales Torres. Por tal motivo, declar\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, y disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal que entre ellos se cre\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2. Ante la solicitud de Gloria Castellanos el 29 de mayo de 2014 se dio apertura al tr\u00e1mite liquidatario.  <\/span><\/p>\n

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3. Agotadas las etapas pertinentes, el 5 de junio de 2015 se llev\u00f3 a cabo diligencia de inventarios y aval\u00faos, ocasi\u00f3n en la cual, a efectos de determinar el valor de los inmuebles que integran los activos de la sociedad, se nombr\u00f3 al accionante como perito avaluador.  <\/span><\/p>\n

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4. Enterado de la decisi\u00f3n, en escrito de1 17 de julio siguiente el auxiliar de la justicia acept\u00f3 la designaci\u00f3n y solicit\u00f3 que se fijaran como gastos de pericia la suma de $700.000. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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5. Presentada la experticia, en auto de 19 de diciembre se orden\u00f3 el traslado, ocasi\u00f3n en que las partes solicitaron su aclaraci\u00f3n, la cual fue presentada por el auxiliar el 2 de mayo de 2016. [Folio 2]  <\/span><\/p>\n

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6. En auto de 2 de junio se dispuso el traslado de la enmienda del trabajo que realiz\u00f3 el accionante.  <\/span><\/p>\n

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7. Por escrito de 26 de julio de 2016 el avaluador solicit\u00f3 al despacho la fijaci\u00f3n sus honorarios.  <\/span><\/p>\n

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8. En atenci\u00f3n al anterior requerimiento, en auto de 30 de agosto siguiente, el juzgador fij\u00f3 por el referido concepto la suma de $173\u2019490,oo, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 por estado al d\u00eda siguiente. [Folio 5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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9. Inconforme con el monto, el 8 de septiembre \u00faltimo, el auxiliar de justicia objet\u00f3 los objet\u00f3, por considerar que no acompasan con lo que al respecto establece el acuerdo 1518 de 2002, seg\u00fan el cual dicho valor debe fijarse en proporci\u00f3n a los metros cuadrados sobre los cuales se dio la experticia.  <\/span><\/p>\n

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10. Por considerarse extempor\u00e1nea, en auto de 7 de octubre de 2016, el despacho rechaz\u00f3 la objeci\u00f3n. [Folio 12, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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11. Esa decisi\u00f3n el auxiliar formul\u00f3 recuso de reposici\u00f3n, que fue resuelto adversamente el 1 de diciembre de 2016. [Folio 17]  <\/span><\/p>\n

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12. El perito acude al amparo constitucional por considerar que la referida decisi\u00f3n vulnera sus derechos, pues el juzgado incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, al dejar de aplicar las normas que regulan la fijaci\u00f3n de peritos.   <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio28, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El 19 de enero de 2017 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo constitucional peticionado, por considerar que en el tr\u00e1mite cuestionado no se cometi\u00f3 arbitrariedad alguna.  <\/span><\/p>\n

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3. Inconforme, el accionante la impugn\u00f3 insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada.  Manifest\u00f3 que el despacho accionado debi\u00f3 fijar honorarios en el auto en que dispuso el traslado del trabajo que realiz\u00f3, lo cual le hubiese permitido estar pendiente de la decisi\u00f3n que al respecto se emiti\u00f3 y ejercer la objeci\u00f3n de forma oportuna.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, en la medida en que el accionante no ejerci\u00f3 de forma oportuna los mecanismos de defensa que la ley le otorga para cuestionar el monto de los honorarios que se fijaron a su favor, luego, de la extemporaneidad decretara por el despacho respecto de la objeci\u00f3n que formul\u00f3 no puede derivarse vulneraci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, ha de advertirse que de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 388 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, norma regulatoria del tr\u00e1mite de fijaci\u00f3n de los honorarios de los auxiliares de justicia, \u00ablas partes y el auxiliar podr\u00e1n objetar los honorarios en el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que los se\u00f1ale\u00bb  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, establecido por parte del despacho el valor que el auxiliar deb\u00eda recibir como pago por la labor prestada, lo cual se realiz\u00f3 mediante auto de  30 de agosto de 2016, el perito debi\u00f3 formular su reparo a m\u00e1s tardar el 5 de septiembre siguiente, no obstante, s\u00f3lo lo hizo hasta el d\u00eda 8 de ese mes.  <\/span><\/p>\n

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Dicha situaci\u00f3n fue la que motiv\u00f3 el rechazo de la objeci\u00f3n formulada por el auxiliar, decisi\u00f3n que, contrario a lo que manifest\u00f3 la accionante, no puede considerarse lesiva de inter\u00e9s constitucional alguno, en la medida en que la misma no es producto de una motivaci\u00f3n irrazonable que permita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que est\u00e1 amparada en la aplicaci\u00f3n que el juzgador hizo de la legislaci\u00f3n procesal civil.  <\/span><\/p>\n

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Sin que pueda considerarse que la extemporaneidad de la objeci\u00f3n formulada por el auxiliar, sea excusable por la inobservancia que se le endilga al despacho respecto de la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del art\u00edculo 239 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues si bien dicha norma establece que los honorarios deber\u00e1n fijarse en el auto que ordene el traslado del dictamen, el art\u00edculo 388 de la misma codificaci\u00f3n, tambi\u00e9n le permite se\u00f1alarlos cuando hayan finalizado su cometido.  <\/span><\/p>\n

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Pero m\u00e1s all\u00e1 de lo anterior, lo cierto es que en el caso los honorarios se fijaron en virtud de la petici\u00f3n que al respecto realiz\u00f3 el accionante, por lo que era evidente la proximidad de la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se resolver\u00eda su pedimento y, por tanto, la necesidad de aquel estuviera atento a la actuaci\u00f3n para que, de ser necesario, ejerciera oportunamente los mecanismos que la ley le brinda para proteger sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed la cosas, prudente es recordar que la acci\u00f3n de tutela no puede ser empleada para soslayar que es en el proceso judicial donde -por excelencia- debe procurarse la protecci\u00f3n de las prerrogativas de orden fundamental de quienes participan en el litigio.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si el tutelante no aprovech\u00f3 el instrumento de defensa establecido en el ordenamiento procesal para controvertir la providencia en cita, no pueden aspirar a que en esta excepcional v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Ene. 2011, Exp. 00027-00)  <\/span><\/p>\n

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3. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Disposici\u00f3n aplicable de conformidad con el transito legislativo establecido en el numeral 5 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso.      <\/span><\/p>\n

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