{"id":99605,"date":"2026-06-25T19:00:35","date_gmt":"2026-06-25T19:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2392-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:00:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:00:35","slug":"stc2392-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2392-2017\/","title":{"rendered":"STC2392-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2392-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2017-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintisiete de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en la acci\u00f3n de tutela que David Alfred Lucumi Marulanda promueve contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito dela misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la autoridad judicial accionada al obtenerse de revocar el mandamiento de pago que en su contra se emiti\u00f3, pese a que las facturas cambiarias base de la ejecuci\u00f3n, no cumpl\u00edan los requisitos que la ley establece para ser tenidos como tal.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Ante la demanda formulada por Balanceados del Valle SAS, el 4 de noviembre de 2015 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali libr\u00f3 mandamiento de pago en contra del accionante, por las obligaciones contenidas en 23 facturas cambiarias. [Folio 19, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Mediante auto de 1 de junio de 2016 se tuvo por notificado al accionante por conducta concluyente.  <\/span><\/p>\n

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3. El 18 de agosto de 2016, mediante recurso de reposici\u00f3n, el ejecutado solicit\u00f3 la revocatoria del mandamiento de pago, pues las facturas allegadas como t\u00edtulos valores no cumpl\u00edan los requisitos para ser tenidas como tales, en la medida en que en ellas no consta la fecha de recibido, requisito indispensable de conformidad con el numeral 2 del art\u00edculo 744 del C\u00f3digo de Comercio.  <\/span><\/p>\n

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4. En providencia de 5 de diciembre \u00faltimo se desat\u00f3 adversamente el medio de impugnaci\u00f3n formulado, pues en consideraci\u00f3n del despacho, con independencia de las falencias que pueden tener los documentos allegados para ser tenidos como facturas cambiarias, lo cierto es que cumplen con los requisitos para ser tenidos como t\u00edtulos ejecutivos, siendo entonces improcedente la revocatoria de la orden de pago.  <\/span><\/p>\n

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5. El accionante acude al amparo constitucional, por considerar que la referida decisi\u00f3n vulnera su derecho al debido proceso e insiste en que no es posible librar mandamiento de pago con base en unos documentos que no cumplen los requisitos necesarias para ser tenidos como t\u00edtulos valores.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 19 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 78, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. En oportunidad correspondiente, el Juzgado accionado manifest\u00f3 que la interpretaci\u00f3n realizada no puede dar lugar a la vulneraci\u00f3n alegada, en la medida en que es validad desde el punto de vista doctrinal.  <\/span><\/p>\n

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3. El 27 de enero \u00faltimo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali deneg\u00f3 el amparo solicitado por el accionante, por considerar que la motivaci\u00f3n expuesta por el juzgador no es arbitraria.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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2. De la revisi\u00f3n de la providencia que por esta v\u00eda se cuestiona, advierte la sala la improcedencia del amparo peticionado, pues, con independencia de que se comparta o no la motivaci\u00f3n expuesta por el juzgador accionada, esta no se ajusta a ninguna de las caracter\u00edsticas antes se\u00f1aladas, por lo que no puede concluirse que genera una mengua en los derechos del reclamante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para conservar el mandamiento de pago, estim\u00f3 el juzgado que los documentos adjuntos a la demanda deb\u00edan tenerse como t\u00edtulos ejecutivos en la medida en que cumpl\u00edan los presupuestos que al respecto contemplaba el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente al momento de formularse la demanda ejecutiva.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto estableci\u00f3 que \u00ablas facturas obrantes a folio 8 a 21 cumplen con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 488 del CPC, (\u2026) pues son claras expresas y exigibles pues all\u00ed se indica quien es el acreedor y deudor, fecha de factura y fecha de vencimiento y que provienen del deudor con su correspondiente firma de recibido de a satisfacci\u00f3n del contenido\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Luego de lo cual, insisti\u00f3 que pese a que no se cumple \u00abtodos los requisitos de las factura cambiaria de compraventa como t\u00edtulo valor, los a (sic) presentados para su cobro no pierden la calidad de t\u00edtulo ejecutivo y por ende la validez del negocio jur\u00eddico que le dio origen\u00bb   <\/span><\/p>\n

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As\u00ed la cosas, la motivaci\u00f3n expuesta por el sentenciador no parece irracional, siendo preciso recordar que en un caso de similares caracter\u00edsticas al aqu\u00ed estudiado, esta Corporaci\u00f3n sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla funcionaria judicial accionada realiz\u00f3 una razonable interpretaci\u00f3n tanto de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica como jur\u00eddica, de la cual si bien eventualmente puede disentirse, no se erige en raz\u00f3n suficiente para conceder el amparo, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala \u201cno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u201d ; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la teor\u00eda de la conversi\u00f3n que alega el accionante, no constituye un punto pac\u00edfico en la doctrina, verbi gratia, mientras el tratadista BERNARDO TRUJILLO CALLE, sostiene una tesis a favor que denomina de la \u201cconversi\u00f3n del negocio jur\u00eddico\u201d , conforme con la cual, \u201clas instituciones jur\u00eddicas valen por lo que son, antes que por el nombre con que se les denomine\u201d; dicha tesis es controvertida por el doctor GILBERTO PE\u00d1A CASTRILL\u00d3N , quien sostiene que es improcedente, puesto que tiene \u201cun fundamento jur\u00eddico inadecuado, ya que se llega a esa construcci\u00f3n a espaldas de lo que ordena el art. 620…\u00bb1  <\/span><\/p>\n

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3. De ese modo, las motivaciones expuestas no pueden considerarse antojadizas o arbitrarias, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fallo de tutela de 2 de mayo de 2006, Exp. 2006-013397.      <\/span><\/p>\n

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