{"id":99606,"date":"2026-06-25T19:00:40","date_gmt":"2026-06-25T19:00:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2393-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:00:40","modified_gmt":"2026-06-25T19:00:40","slug":"stc2393-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2393-2017\/","title":{"rendered":"STC2393-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2393-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-21-000-2016-00233-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecisiete de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo de Jes\u00fas Valencia Valencia y Francisco \u00c1ngel Barreneche Oquendo, por medio de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, que considera vulnerados por la autoridad judicial acusada con ocasi\u00f3n de la devoluci\u00f3n de las solicitudes de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras promovidas por ellos, mediante la Unidad Administrativo Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se dejen sin efecto las providencias cuestionadas y se admitan las demandas presentadas.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2016, Jairo de Jes\u00fas Valencia Valencia y Francisco \u00c1ngel Barreneche Oquendo, a trav\u00e9s de la Unidad Administrativo Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, promovieron solicitudes de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras sobre los predios denominados \u00abLa Guajira\u00bb y \u00abEl Tejar\u00bb de la vereda Tres Piedras, y \u00abLas Rocas\u00bb de la vereda San Laureano o Laureteano, de Maceo, Antioquia.  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de esos asuntos, inadmiti\u00f3 la formulada por el se\u00f1or Valencia Valencia, en auto del 10 de agosto siguiente, ante el incumplimiento de los requisitos que debe contener la solicitud respectiva.  <\/span><\/p>\n

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3. La parte actora alleg\u00f3 el memorial y los documentos solicitados en la decisi\u00f3n anterior, sin embargo el juzgador dispuso la devoluci\u00f3n del libelo introductor por falta de subsanaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 23 de agosto del a\u00f1o citado.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el extremo activo interpuso el recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. El despacho accionado, mediante providencia de 30 de septiembre de 2016, no repuso el auto recurrido.  <\/span><\/p>\n

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6. De otro lado, respecto a la solicitud incoada por el se\u00f1or Barreneche Oquendo, el juez de la causa determin\u00f3 inadmitirla el 23 de septiembre de la anualidad precedente, por no reunir los presupuestos establecidos en la normatividad.  <\/span><\/p>\n

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8. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2016, se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de la segunda demanda referida ante la ausencia de subsanaci\u00f3n de sus deficiencias.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio de los peticionarios de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la sede judicial acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al exigir requisitos para la admisibilidad de las solicitudes de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, que no est\u00e1n previstas en el art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011, pues el juzgador tuvo que recurrir a interpretaciones extensivas en normas que reglamentan la actuaci\u00f3n administrativa previa para tal fin, en contrav\u00eda a los principios que rigen esa justicia transicional. [Folios 1-7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 15 de diciembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al estrado judicial querellado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieron sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja se opuso a la prosperidad del resguardo, por cuanto los demandantes no subsanaron en debida forma las solicitudes de restituci\u00f3n, al no acreditar la inscripci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n de los predios durante el tr\u00e1mite administrativo de inclusi\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. [Folios 37-40, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 17 de enero de 2016, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta neg\u00f3 el amparo, debido a que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional del se\u00f1or Barreneche Oquendo no cumple el requisito de subsidiariedad pues no se inco\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de la demanda, y frente al se\u00f1or Valencia Valencia indic\u00f3 que la providencia cuestionada no fue resultado de una arbitrariedad, capricho o excesivo formalismo del despacho accionado, porque la falta de inscripci\u00f3n de la medida preventiva y publicitaria puede afectar los derechos de terceras personas, con lo que se previenen nulidades futuras, y de otro lado indic\u00f3 que la exigencia del aporte de los documentos de identidad del n\u00facleo familiar del solicitante se cumple con la verificaci\u00f3n por parte del juez instructor de esa informaci\u00f3n en la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil. [Folios 50-64, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, los promotores de la queja la impugnaron, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 68-69, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que vienen de comentarse, pues los querellantes tuvieron a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Corte encuentra que las quejas de Jairo de Jes\u00fas Valencia Valencia y Francisco \u00c1ngel Barreneche Oquendo recaen en las providencias que inadmitieron y ordenaron la devoluci\u00f3n de sus solicitudes de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, promovidas por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, se observa que esas personas omitieron utilizar los mecanismos de defensa judicial que ten\u00edan a su alcance en aquellos procesos, puesto que no manifestaron oportunamente las inconformidades que ac\u00e1 exponen a trav\u00e9s de las herramientas que el ordenamiento adjetivo les confiere, debido a que, en el caso del se\u00f1or Valencia Valencia, no se interpuso el recurso de reposici\u00f3n contra el auto inadmisorio del 10 de agosto de 2016, entre tanto el se\u00f1or Barreneche Oquendo no inco\u00f3 ese medio de impugnaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de 15 de noviembre del a\u00f1o citado que dispuso devolver su solicitud, a pesar de que dichas oportunidades y escenarios eran los id\u00f3neos para que ejercieran sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que, a su juicio, se presentaron.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de unas cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque los quejosos no hizo uso oportuno de las mecanismos que contempla la normatividad procesal, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que los interesados han desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Sumado a lo anterior, esta Corporaci\u00f3n advierte que los promotores de la queja todav\u00eda cuentan con instrumentos para acudir a la justicia transicional establecida en la Ley 1448 de 2011, sin que sea procedente que utilizar la v\u00eda constitucional como un mecanismo alternativo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior se debe a que, si bien la sede judicial acusada no admiti\u00f3 las solicitudes de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras incoadas por los actores y, en su lugar, decidi\u00f3 devolverlas, a trav\u00e9s de las providencias proferidas el 23 de agosto y el 15 de noviembre de 2016, respectivamente, lo cierto es que esas personas tienen la oportunidad de promover nuevamente tales demandas, con el objetivo de que el funcionario se pronuncie sobre la admisibilidad de las mismas.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que no sea procedente el resguardo deprecado, puesto que los impulsores de la salvaguarda no pueden pretender que por medio de la presente acci\u00f3n constitucional incoada, el juez de tutela se anticipe a la decisi\u00f3n del juez natural.  <\/span><\/p>\n

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4. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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