{"id":99608,"date":"2026-06-25T19:00:51","date_gmt":"2026-06-25T19:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2399-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:00:51","modified_gmt":"2026-06-25T19:00:51","slug":"stc2399-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2399-2017\/","title":{"rendered":"STC2399-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2399-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Plata G\u00f3mez contra el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Oralidad de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al referido despacho y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado [convocado]\u2026\u00bb (folio 133, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Luis Alberto Plata G\u00f3mez promovi\u00f3 el juicio de sucesi\u00f3n doble intestada de sus padres Luis Alberto Plata Serrano y Margarita G\u00f3mez G\u00f3mez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1, despacho que el 18 de noviembre de 2011 dio apertura a la misma, lo tuvo como heredero y le reconoci\u00f3 personer\u00eda a su apoderado.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Mediante prove\u00eddo de 14 de junio de 2013 declar\u00f3 terminado el juicio por desistimiento t\u00e1cito, pero como el estrado se percat\u00f3 que exist\u00eda un memorial que no hab\u00eda sido agregado, con auto de 30 de julio de ese mismo a\u00f1o, se dej\u00f3 sin efecto la citada decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 23 de septiembre de 2014 fueron reconocidos como herederos de los causantes Lucia Margarita, Martha Ignacia, Juan Carlos, Mercedes, Raquel, Alba Olid, \u00c1ngela Mar\u00eda y Samuel Lorenzo Plata G\u00f3mez, quienes aceptaron la herencia con beneficio de inventario; y el 20 de mayo de 2015 fue adelantada la audiencia de inventarios y aval\u00faos, en la que se relacion\u00f3 un \u00fanico inmueble y de la que se corri\u00f3 traslado el 3 de julio de 2015, pero no se present\u00f3 objeci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Posteriormente, fue decretada la partici\u00f3n, el auxiliar de la justicia present\u00f3 el respectivo trabajo, pero al no ser objetado, se le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n en providencia de 28 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Indic\u00f3 el accionante que vive en el predio inventariado desde que ten\u00eda cinco a\u00f1os de edad; a partir del a\u00f1o 1975 vel\u00f3 por el sostenimiento de sus padres, pese a que sus hermanos se fueron de la casa; en mayo de 1984 falleci\u00f3 su progenitor; en 1997 su madre y hermanos firmaron una cesi\u00f3n total y absoluta de los derechos que ten\u00edan sobre el referido predio; y su progenitora muri\u00f3 en el a\u00f1o 2003, fecha a partir de la que intensific\u00f3 el cuidado de la casa.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Adujo que en el a\u00f1o 2007, su hermana \u00c1ngela Mar\u00eda Plata apareci\u00f3 en el inmueble en una situaci\u00f3n cr\u00edtica, por lo que le dej\u00f3 el tercer piso para que viviera, pero a los dos meses ella lo vendi\u00f3 a Hern\u00e1n Cuellar Anzola.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Sostuvo que promovi\u00f3 el juicio de sucesi\u00f3n con el fin de hacer valer el tiempo en que hab\u00eda administrado el bien, las mejoras efectuadas y la cesi\u00f3n realizada, por lo que acord\u00f3 con su abogado que su defensa se encaminar\u00eda a que le fuera adjudicado el 60% del predio, para lo cual le hizo entrega de todos los soportes documentales.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 2012 su mandatario judicial le indic\u00f3 que le fue imposible hacer valer las pruebas sobre la deuda de los cr\u00e9ditos, raz\u00f3n por la que le solicit\u00f3 que le \u00abdevolviera la documentaci\u00f3n\u2026 ya que buscar\u00eda asesor\u00eda por otra fuente\u00bb, pero le entreg\u00f3 las pruebas incompletas, por lo que \u00abqued[\u00f3] entendido t\u00e1citamente que el ya no era [su] apoderado\u00bb, pero curiosamente \u00e9ste \u00abse notific\u00f3 del edicto emplazatorio 26 de marzo de 2012\u00bb  (folio 134, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.9. Asever\u00f3 que desde esa data no se enter\u00f3 de lo acontecido en el proceso, y solo hasta el mes de octubre de 2016 su hermana le inform\u00f3 que se hab\u00eda emitido fallo en la sucesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Refiri\u00f3 que en el juicio fue declarado el desistimiento t\u00e1cito, pero el citador inform\u00f3 que con antelaci\u00f3n se hab\u00eda traspapelado un memorial que estaba dirigido para ese asunto, \u00absin acto legal para incorporarlo\u2026 toda vez que del an\u00e1lisis se extrae que se hizo con el fin de subsanar t\u00e9rminos ya vencidos, para dictar un nuevo acto procesal para darle continuidad al proceso y as\u00ed evitar sanciones y la posible nulidad de todo el proceso\u00bb, lo cual gener\u00f3 la posibilidad de que el juzgador \u00absubsanara la negligencia de no administrar justicia\u2026 y la\u2026 de [su] defensor inicial al que presum\u00eda\u2026 de confianza\u00bb (folio 135, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.11. Manifest\u00f3 que no tuvo la defensa adecuada ni fue notificado para tenerla por otros medios, por lo que no fue objetada la audiencia de inventarios y aval\u00faos, y su abogado no actu\u00f3 en defensa de sus intereses; tiene 79 a\u00f1os de edad; cuenta con enfermedades como diabetes, artrosis degenerativa e hipotiroidismo; no recibe pensi\u00f3n y el \u00fanico patrimonio con el que cuenta es el inmueble que le dejaron sus padres.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Treinta y Uno de Familia de Oralidad de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el accionante fue quien inici\u00f3 el juicio de sucesi\u00f3n, el que se declar\u00f3 abierto el 18 de noviembre de 2011; que en dicha providencia fue reconocido el apoderado del gestor, al que a la fecha no se le ha revocado el poder, por lo que el peticionario siempre cont\u00f3 con representaci\u00f3n id\u00f3nea; que a la diligencia de 20 de mayo de 2015 concurri\u00f3 el abogado del promotor, \u00abquien estamp\u00f3 su firma como asentimiento a la misma, por lo que no es de recibo que se indique que no tuvo representaci\u00f3n adecuada\u00bb; y el petente \u00absustrajo el plenario sin autorizaci\u00f3n, desconociendo el juzgado las intenciones del mismo\u00bb (folio 165, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el actor cont\u00f3 con los mecanismos ordinarios \u2013recursos y objeciones- para controvertir las decisiones que censura, con el fin de que fuera el juzgador de segundo grado quien revisara las determinaciones adoptadas por el a-quo, pero no los agot\u00f3; adem\u00e1s estuvo representado por un profesional del derecho, el que pudo ejercer contradicci\u00f3n; que en caso de que no estuviese conforme con su defensa, debi\u00f3 acudir al estrado judicial con el fin de sustituir o revocar el poder concedido \u00aby no esperar a que todo el procedimiento se llevara a cabo para reclamar por esta v\u00eda que sus derechos le fueron desconocidos\u00bb; y que no encontraba reparo en el tr\u00e1mite adelantado (folio 189, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que necesitaba \u00abun poco de justicia en el desafortunado caso de despojo al cual [lo] quieren someter [sus] 8 hermanos menores\u00bb; solo usa un piso de la casa; sus hermanos nunca se hicieron responsables de los gastos y deudas, pese a que ten\u00edan ingresos; su hermana vendi\u00f3 uno de los pisos, el que compraron dos familias hace diez a\u00f1os, pero \u00abinexplicablemente el juzgado le otorg\u00f3 [la] hijuela y\u2026 est\u00e1 pidiendo el reintegro de su propiedad o el desahucio de sus habitantes\u00bb, lo cual es injusto (folio 224, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.   De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el promotor del resguardo desperdici\u00f3 los medios de defensa con los que contaba para exponer sus reclamos.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el accionante, pese a que fue quien promovi\u00f3 la sucesi\u00f3n doble intestada, no present\u00f3 objeci\u00f3n frente a los inventarios y aval\u00faos, ni tampoco respecto al trabajo de partici\u00f3n, desaprovechando la oportunidad con la que contaba para presentar recurso de apelaci\u00f3n frente a la providencia que aprob\u00f3 tal distribuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la gestora desperdici\u00f3 los medios de defensa con los que contaba para exponer sus reclamos, pues no formul\u00f3 objeci\u00f3n frente a la partici\u00f3n y por consiguiente, desperdici\u00f3 la oportunidad de apelar la sentencia aprobatoria de la misma de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual torna inviable el resguardo constitucional debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario…  <\/span><\/p>\n

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En un asunto similar al que ahora se examina, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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\u2018\u2026la censura planteada contra la sentencia de 18 de septiembre de 2012 tambi\u00e9n es improcedente por no cumplir con el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el accionante omiti\u00f3 formular las objeciones correspondientes frente al trabajo de partici\u00f3n, con lo cual desaprovech\u00f3 la posibilidad de apelar dicho fallo, habida cuenta que, contrario a lo que afirma, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil s\u00f3lo excluy\u00f3 ese medio de defensa respecto de las sentencias dictadas en los procesos sucesorales en los que no se objeta la partici\u00f3n. En raz\u00f3n de lo anotado, la tutela solicitada se enmarca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues a esta especial jurisdicci\u00f3n solamente puede acudirse previo agotamiento de los recursos y mecanismos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico consagra. (CSJ STC 19 feb. 2013, Rad. 2012-00524-01) (CSJ STC1003-2014, 6 feb. 2014, rad. 2013-00742-01) (CSJ STC5994-2015, 15 may., rad. 2014-00604-02).  <\/span><\/p>\n

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Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice que le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC exp. 05001-22-03-000-2008-00065-01).  <\/span><\/p>\n

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3. De otro lado, sobre la manifestaci\u00f3n que desde el a\u00f1o 2012, cuando discuti\u00f3 con su abogado, no se enteraba de lo acontecido en el proceso, se advierte que ello no excusa su deber de estar pendiente del tr\u00e1mite adelantado, \u00abpues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (CSJ STC, 8 jun. 2011, rad. 00083 01).  <\/span><\/p>\n

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Ahora, frente a las quejas que eleva respecto de su abogado y la supuesta negligencia del mismo, se le recuerda que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01).  <\/span><\/p>\n

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4. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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