{"id":99610,"date":"2026-06-25T19:01:24","date_gmt":"2026-06-25T19:01:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2401-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:01:24","modified_gmt":"2026-06-25T19:01:24","slug":"stc2401-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2401-2017\/","title":{"rendered":"STC2401-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2401-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02850-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Ernesto Losada Morantes, aduciendo su calidad de apoderado judicial de Baudillo Cruz Mahecha, contra la Contralor\u00eda Distrital de dicha urbe, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados Tercero de Ejecuci\u00f3n, Dieciocho y Treinta Civiles del Circuito de esta ciudad, as\u00ed como los intervinientes de los procesos ejecutivos y de responsabilidad fiscal objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, informaci\u00f3n, petici\u00f3n, trabajo, libertad de profesi\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene a la acusada \u00abdeclarar la caducidad, prescripci\u00f3n y\/o p\u00e9rdida de fuerza ejecutiva de los actos administrativos decretados dentro del proceso coactivo\u2026 1103-98\u2026\u00bb y \u00abla terminaci\u00f3n del proceso, levantamiento de las medidas cautelares ordenadas y\/o practicadas, comunicaci\u00f3n a las autoridades judiciales pertinentes sobre el desembargo y disposici\u00f3n de remanentes y archivo del proceso\u00bb (folio 58, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Baudillo Cruz Mahecha promovi\u00f3 un juicio ejecutivo en contra de Hernando Borda Casta\u00f1eda, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El referido despacho libr\u00f3 oficios solicitando el embargo de remanentes al Juzgado Treinta Civil del Circuito que tramitaba el juicio hipotecario 1998-726, as\u00ed como a la Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 que conoc\u00eda del coactivo 98-1103.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Indic\u00f3 el accionante que los referidos embargos fueron acatados por la autoridad judicial pero no por la fiscal, pese a los distintos requerimientos efectuados, lo cual ha generado \u00abenormes perjuicios econ\u00f3micos para la parte que represen[ta] al no poder disponer de esos dineros, por culpa y negligencia de la Contralor\u00eda\u00bb (folio 50, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado 30 Civil del Circuito de esta ciudad en auto de 1\u00ba de septiembre de 2015 dispuso la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, el levantamiento de las medidas cautelares y dej\u00f3 a disposici\u00f3n del juzgado correspondiente los dineros embargados, es decir, del Dieciocho Civil del Circuito y no de la Contralor\u00eda, pues \u00e9sta \u00faltima no \u00abes una autoridad judicial\u00bb (folio 50, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.5. Adujo que le solicit\u00f3 a la entidad acusada en varias ocasiones el acatamiento de las \u00f3rdenes de embargo de remanentes, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de la caducidad, prescripci\u00f3n y\/o p\u00e9rdida de fuerza ejecutiva de los actos administrativos y t\u00edtulos con los cuales se inici\u00f3 el juicio de cobro coactivo, especialmente, por haber transcurrido 5 a\u00f1os desde que se inici\u00f3 dicho proceso, se notific\u00f3 el mandamiento de pago y se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Refiri\u00f3 que la Subdirecci\u00f3n de Jurisdicci\u00f3n Coactiva de la Contralor\u00eda no accedi\u00f3 a sus pretensiones \u00abalegando razones\u2026 il\u00f3gicas e ilegales tales como que no acredit[\u00f3] el inter\u00e9s leg\u00edtimo que [le] asiste en el proceso coactivo\u00bb por no contar con poder otorgado por el demandado que lo faculte a intervenir, sin tener en cuenta que cualquier persona puede solicitar la aplicaci\u00f3n de estos fen\u00f3menos, estando el funcionario en la obligaci\u00f3n de decretarlos de oficio cuando los encuentre probados (folio 51, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Asever\u00f3 que dicha entidad tambi\u00e9n le indic\u00f3 que como libr\u00f3 la orden de pago y notific\u00f3 la misma, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n comenzaba a contarse por 5 a\u00f1os m\u00e1s, vencidos los cuales, si no se hab\u00edan ejercido las acciones para obtener el pago, prescribir\u00eda la acci\u00f3n, lo que no ocurr\u00eda en el caso concreto, pues hab\u00eda adelantado todas las gestiones necesarias; sin embargo, no comparte tal argumentaci\u00f3n, pues han transcurrido 16 a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 el mandamiento, \u00abperjudicando de paso el embargo de remanentes surtido en el otro proceso y el cual no ha querido acatar\u00bb (folio 51, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.8. Sostuvo que en dicho tr\u00e1mite acredit\u00f3 que le asist\u00eda inter\u00e9s en las resultas del juicio ejecutivo, pues \u00abnotific\u00f3, tanto personal como judicialmente, [su] actuaci\u00f3n dentro del mismo\u00bb; y existen precedentes de las altas Cortes en relaci\u00f3n con la p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos contenida \u00aben el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u00bb (folio 52, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.9. Agreg\u00f3 que act\u00faa en nombre propio y en desarrollo del ius postulandi otorgado por Baudillo Cruz Mahecha en el juicio 1999-00347, pero \u00abno [le] es posible acreditar dicho poder, adem\u00e1s por cuanto descono[ce] el paradero, lugar de trabajo, domicilio y residencia actual de [aquel] desde hace bastante tiempo, pero es [su] deber profesional representar sus intereses\u00bb (folio 70, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que remiti\u00f3 el juicio ejecutivo 1997-00347 al Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta ciudad desde el 3 de septiembre de 2013.  <\/span><\/p>\n

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2. La Contralor\u00eda de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el proceso de responsabilidad fiscal termin\u00f3 con auto de 31 de marzo de 1998, con el que se declar\u00f3 responsable fiscal a Hernando Borda Casta\u00f1eda, \u00abel que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo ejecutivo del proceso de cobro coactivo\u00bb, tr\u00e1mite en el que se profiri\u00f3 mandamiento de pago el 25 de septiembre de 1998; que en el juicio de jurisdicci\u00f3n coactiva no es viable debatir temas atinentes al proceso de responsabilidad fiscal ni a los actos administrativos proferidos en este, pues se encuentran ejecutoriados, tr\u00e1mite en el que se brindaron todas las garant\u00edas; que el accionante no acredit\u00f3 un inter\u00e9s leg\u00edtimo dentro del juicio coactivo, pues no obra poder que le hubiese otorgado el ejecutado para intervenir, ni tampoco prob\u00f3 el inter\u00e9s que le asiste en las resultas del ejecutivo 1999-00347.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que el cobro que adelanta se funda en una jurisdicci\u00f3n administrativa especial cuya funci\u00f3n es el recaudo de los dineros p\u00fablicos con ocasi\u00f3n de la fijaci\u00f3n de responsabilidad fiscal; que si bien es cierto entre la fecha de ejecutoria de las resoluciones que sirven de t\u00edtulo ejecutivo y la fecha de notificaci\u00f3n del mandamiento de pago -23 de septiembre de 2004-, \u00abtranscurri\u00f3 el lustro\u00bb indicado en el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, dicha circunstancia no conduce a la p\u00e9rdida de ejecutoria de dichos actos, pues en esa norma se indica que pierden esa fuerza cuando la administraci\u00f3n no ha realizado actividad alguna para ejecutarlos, mas no como lo entiende el promotor, esto es, que se cuenta desde la notificaci\u00f3n de la orden de apremio; que se libr\u00f3 mandamiento el 17 de marzo de 2003, es decir, dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de los actos; que ha adelantado todas las actuaciones tendientes a la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n; y obra auto que dispone se le entreguen los dineros producto del remate adelantado en el otro proceso, de acuerdo con la solicitud de remanentes y la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (folios 76 y 77, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad adujo que no exist\u00eda ning\u00fan cargo en su contra.  <\/span><\/p>\n

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4. Central de Inversiones S.A. se\u00f1al\u00f3 que no conoc\u00eda el contenido de la tutela a efectos de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso hipotecario adelantado en ese despacho e indic\u00f3 que el 5 de abril de 2005 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate, siendo adjudicado el inmueble; que en el curso del juicio recibi\u00f3 4 solicitudes de remanentes provenientes de la Contralor\u00eda, de los Juzgados D\u00e9cimo Laboral del Circuito, Dieciocho Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal, todos de Bogot\u00e1; que el proceso se encuentra en el tr\u00e1mite de la entrega de dineros conforme a la graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos efectuada, faltando que la Contralor\u00eda discrimine la liquidaci\u00f3n de lo all\u00ed debido e informe el n\u00famero de cuenta donde deben ser dejados a disposici\u00f3n los dep\u00f3sitos por intermedio del Banco Agrario; que ese \u00faltimo cr\u00e9dito tiene prelaci\u00f3n; que lo atinente a la caducidad, prescripci\u00f3n, y\/o p\u00e9rdida de fuerza ejecutiva de los actos administrativos que dieron origen a la deuda fiscal, deben ser expuestas en el curso del juicio coactivo, no siendo esta v\u00eda la adecuada para pronunciarse sobre ellas.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n por activa, puesto que el hecho de que el promotor hubiese actuado como apoderado del demandante en el proceso ejecutivo, no lo habilitaba para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos; que el accionante debi\u00f3 presentar poder, o en su defecto, indicar los motivos que le imped\u00edan al referido ciudadano asumir la defensa de sus garant\u00edas; y aunque inform\u00f3 que actuaba en causa propia, lo cierto es que los perjuicios econ\u00f3micos solo afectaban a su mandante.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que acude a la tutela conforme al poder otorgado por Baudillo Cruz Mahecha el 7 de junio de 2004 para el juicio ejecutivo 1999-00347, en donde se le reconoci\u00f3 personer\u00eda con el fin de que representara sus intereses, \u00abincluidas facultades adicionales e inherentes para su materializaci\u00f3n y efectividad y por medio de la acci\u00f3n de tutela, si fuere necesaria\u00bb; que no fue posible la notificaci\u00f3n del demandante \u00abporque al parecer ya no vive all\u00ed y descono[ce] su paradero actual\u00bb; que no solo se trata del resguardo de los derechos de su poderdante sino tambi\u00e9n de sus prerrogativas al trabajo e igualdad de recibir una remuneraci\u00f3n, pues ha laborado en el asunto por m\u00e1s de 12 a\u00f1os sin percibir contraprestaci\u00f3n alguna al haber pactado sus honorarios cuota litis; y prima lo sustancial sobre lo formal (folio 218, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el accionante carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso coactivo objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el promotor no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, por lo que no puede promover el resguardo a t\u00edtulo personal, pues el hecho de que haya sido el apoderado de la parte ejecutante en el juicio hipotecario 1999-00347, no lo habilita para acudir directamente a la tutela ni para cuestionar las decisiones adoptadas en los procesos que se relacionan con este \u00faltimo, concretamente, el tr\u00e1mite coactivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01).  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026si el promotor no es sujeto procesal ni ha sido reconocido como tercero interesado dentro del juicio\u2026 donde solicita el amparo, pese a que el actor sea su poderdante y aqu\u00e9l alegue con vehemencia \u2018tener la facultad para recibir\u2019, le est\u00e1 vedado acudir a la presente herramienta constitucional a pedir protecci\u00f3n por el presunto cercenamiento de los derechos alegados, pues esa facultad est\u00e1 reservada solamente a los titulares, salvo en los casos de la agencia oficiosa, instituci\u00f3n que aqu\u00ed no se da debido a que el gestor en el escrito de impugnaci\u00f3n dijo actuar \u2018en mi propio nombre\u2019 (Sentencia de 6 de marzo de 2012, exp. 76001-22-10-000-2012-00010-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2018La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2019. (CSJ STC, 25 abr. 2013 rad. No. 00819-00, reiterada en la STC 10 abr. 2014, rad. 00093-01) (CSJ STC4917-2015, 24 abr. 2015, rad. 2015-00111-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, para que el apoderado judicial de una parte pueda promover una acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de derechos en el interior del asunto en que act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de ella, tiene necesariamente que satisfacer la prueba de la representaci\u00f3n que se le exige, en este caso espec\u00edfico, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, a saber: \u2018la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u2019 (CSJ STC16132-2016, 8 nov. 2016, rad. 2016-00203-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC2401-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02850-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}