{"id":99611,"date":"2026-06-25T19:01:45","date_gmt":"2026-06-25T19:01:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2402-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:01:45","modified_gmt":"2026-06-25T19:01:45","slug":"stc2402-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2402-2017\/","title":{"rendered":"STC2402-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2402-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2017-00007-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nohora Liliana Mart\u00ednez Vargas contra el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias del mismo lugar, la C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n de la Bolsa Mercantil de Colombia, C\u00f3ndor S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales en liquidaci\u00f3n, Bolsa Mercantil de Colombia, Patrimonio Aut\u00f3nomo de Administraci\u00f3n y Pago de Remanentes Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales en Liquidaci\u00f3n (PAR CONDOR) administrado por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular.  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, paz, vivienda adecuada y libre desarrollo de la personalidad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00abordenar la revisi\u00f3n de la sentencia proferida\u2026 el\u2026 16 de julio de 2013\u00bb (folio 95, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Agropar S.A. promovi\u00f3 un juicio ejecutivo en contra de Nohora Liliana Mart\u00ednez Vargas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que en prove\u00eddo de 17 de julio de 2013 dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Indic\u00f3 la accionante que su notificaci\u00f3n fue efectuada en dos direcciones de Bogot\u00e1 en las que no ha vivido ni trabajado, por lo que el embargo efectuado fue contrario a la Ley 861 de 2003.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el pagar\u00e9 que dio origen a la ejecuci\u00f3n ya hab\u00eda sido cancelado a la comisionista Agropar S.A., en cinco pagos, por lo que se le estaba cobrando el mismo t\u00edtulo dos veces, configur\u00e1ndose la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Adujo que los pagar\u00e9s de la C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n de la Bolsa Mercantil de Colombia se caracterizan porque no est\u00e1n numerados, pues en caso de que ocurriera un siniestro los que deb\u00edan ser allegados eran los de la Compa\u00f1\u00eda de Seguros C\u00f3ndor, los que solo tendr\u00edan efectos si esta \u00faltima le pagaba a la C\u00e1mara despu\u00e9s de la reclamaci\u00f3n, todo lo que permit\u00eda que dichas sociedades le prestaran dinero para su actividad productiva; por lo que \u00abseguramente la C\u00e1mara\u2026 surti\u00f3 el debido proceso\u00bb, pues le fue enviado un requerimiento de pago indic\u00e1ndole que C\u00f3ndor le cancel\u00f3 a la C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n afectando las p\u00f3lizas (folio 97, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Sostuvo que si bien existi\u00f3 el pago de C\u00f3ndor S.A., la C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n de la Bolsa Mercantil no pod\u00eda demandarla, pues ya hab\u00eda sido cancelada la deuda; los t\u00edtulos allegados de Agropar S.A. y los no numerados de la mencionada C\u00e1mara no muestran el contrato que le dio origen a la obligaci\u00f3n, lo que produce confusi\u00f3n; la deuda contaba con una p\u00f3liza de seguro, la que nunca fue allegada al estrado acusado, as\u00ed como tampoco el pago del siniestro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Refiri\u00f3 que las p\u00f3lizas fueron expedidas en un d\u00eda que no hubo operaci\u00f3n y en datas no autorizadas; el hecho que la C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n de la Bolsa Mercantil le hubiese endosado en procuraci\u00f3n a C\u00f3ndor S.A. puede ser indicativo que la primera no hizo reclamaci\u00f3n alguna; el riesgo de incumplimiento lo asumi\u00f3 esa \u00faltima sociedad, por lo que no pod\u00eda ser demandada.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Asever\u00f3 que el 7 de octubre de 2016 radic\u00f3 en la Bolsa Mercantil de Colombia y en la Compa\u00f1\u00eda de Seguros unas peticiones en las que solicit\u00f3 copia de las p\u00f3lizas y del pago del siniestro, empero, la Bolsa le contest\u00f3 que le hab\u00eda quedado mal digitada la c\u00e9dula, mientras que C\u00f3ndor S.A. no le contest\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Agreg\u00f3 que el incumplimiento se dio por factores que aquejaron a todos los colombianos en virtud de la \u00abinfluencia porcina\u00bb; se ha visto afectada en su salud f\u00edsica y mental, as\u00ed como en su trabajo; deben ser revisados detenidamente los pagar\u00e9s y las p\u00f3lizas, pues al cobrarle algo indebido le causan un perjuicio irremediable; y toda la actuaci\u00f3n conlleva a \u00abdejar sin techo a [sus] hijos de los cuales uno es menor de edad y a [ella] sin posibilidades de volver a trabajar en lo que [sabe] hacer\u00bb, por lo que se debe interrumpir el remate con \u00abla consecuente anulaci\u00f3n de esa demanda\u00bb (folio 99, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que las decisiones que emiti\u00f3 son ajustadas a derecho, no desconocen el debido proceso y est\u00e1n fundadas en las pruebas oportunamente aportadas y recaudadas; que no cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues se controvierten aspectos que debieron alegarse oportunamente a trav\u00e9s de los mecanismos previstos por el legislador y las actuaciones desplegadas ocurrieron hace dos a\u00f1os aproximadamente; y no ha vulnerado garant\u00eda esencial alguna.  <\/span><\/p>\n

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2. Patrimonio Aut\u00f3nomo de Administraci\u00f3n y Pago de Remanentes Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales en Liquidaci\u00f3n (PAR CONDOR), administrado por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A., se\u00f1al\u00f3 que revisados los archivos de C\u00f3ndor S.A. constat\u00f3 que las p\u00f3lizas de cumplimiento mencionadas por la peticionaria no se encuentran registradas en la relaci\u00f3n que le entreg\u00f3 la extinta aseguradora; que el 15 de diciembre de 2016 contest\u00f3 la petici\u00f3n que le present\u00f3 la ahora accionante; que desconoce los pormenores del juicio ejecutivo, pues no es un proceso que le hubiesen trasladado; que no asume la representaci\u00f3n legal del extinto C\u00f3ndor, ni es parte, cesionaria o subrogataria de las obligaciones de la misma, por lo que no existe un v\u00ednculo contractual y no es procedente su vinculaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

3. La Bolsa Mercantil de Colombia refiri\u00f3 que la  C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n de la Bolsa Mercantil de Colombia fue una persona diferente, la que entr\u00f3 en liquidaci\u00f3n voluntaria desde el 15 de abril de 2014; que la gestora no ha sido su cliente; que revisadas las bases de datos se advierte que actu\u00f3 como mandante a trav\u00e9s de diferentes sociedades comisionistas en operaciones adelantadas en la Bolsa, las que no tienen relaci\u00f3n con esta tutela; que observaba una discusi\u00f3n econ\u00f3mica; que el 17 de noviembre de 2016 contest\u00f3 la petici\u00f3n elevada indic\u00e1ndole que los documentos solicitados se encontraban en poder de la Fiduciaria Popular S.A.; que esta \u00faltima debe ser vinculada, ya que en virtud del contrato de fiducia mercantil es la responsable de atender los pagos y procesos remanentes de la liquidaci\u00f3n de la aludida C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n; y existe falta de legitimaci\u00f3n, pues no ha conculcado ning\u00fan derecho.   <\/span><\/p>\n

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4. La Fiduciaria Popular S.A. asever\u00f3 que celebr\u00f3 con la extinta C\u00e1mara de Compensaci\u00f3n de la Bolsa Mercantil de Colombia un contrato de fiducia mercantil de administraci\u00f3n y pagos, en virtud del cual constituy\u00f3 un Patrimonio Aut\u00f3nomo para el manejo de recursos, archivos monetarios y no monetarios; que no \u00abes una extensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica del fideicomitente, ni es la continuaci\u00f3n de su proceso liquidatorio\u00bb; que no est\u00e1 dentro de sus funciones certificar la realizaci\u00f3n de pagos a favor de la referida C\u00e1mara, menos aun si los mismos se efectuaron antes de la constituci\u00f3n del fideicomiso, por lo que los dineros que presuntamente haya recibido en calidad de acreedor, solo podr\u00e1 certificarlos esa entidad; y que ofici\u00f3 a la sociedad Supla S.A., encargada de la custodia y archivo de la documentaci\u00f3n proveniente de la extinta C\u00e1mara, para la b\u00fasqueda de la informaci\u00f3n disponible de las p\u00f3lizas de cumplimiento, con el fin de remit\u00edrsela a la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. (folio 171, cuaderno 1).   <\/span><\/p>\n

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5. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad sostuvo que las decisiones que ha emitido no han transgredido las prerrogativas de la gestora; que ha resuelto todas las solicitudes y respetado los t\u00e9rminos procesales; que la oportunidad para controvertir lo decidido por el estrado acusado el 16 de julio de 2013 ya feneci\u00f3, pues frente a esa decisi\u00f3n no hubo oposici\u00f3n alguna; que la promotora elev\u00f3 dos solicitudes de nulidad, las que fueron despachadas desfavorablemente, por lo que este mecanismo excepcional no puede convertirse en una herramienta adicional para atacar las decisiones que cuentan con asidero legal; que la almoneda programada no pudo llevarse a cabo porque la parte interesada no alleg\u00f3 las publicaciones de que trata el art\u00edculo 450 del C\u00f3digo General del Proceso; y todas las actuaciones se han ajustado a los par\u00e1metros exigidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues el auto que orden\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n data del 16 de julio de 2013 y la censora solo interpuso la tutela el 19 de diciembre de 2016; que tampoco cumple con dicho presupuesto el cuestionamiento de la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, pues este qued\u00f3 zanjado en auto de 11 de abril de 2014, el que mantuvo el prove\u00eddo de 13 de marzo anterior en el que se hab\u00eda resuelto el incidente de nulidad formulado por el apoderado de la demandada; y no cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que en el proceso no ha elevado petici\u00f3n alguna tendiente a solicitar la protecci\u00f3n del patrimonio de familia inembargable.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 283, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a dicho presupuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados.  En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00).  <\/span><\/p>\n

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3. En adici\u00f3n, se advierte que la promotora no hizo uso de los mecanismos de defensa con los que contaba para censurar el prove\u00eddo de 14 de septiembre de 2016, a trav\u00e9s del que se rechaz\u00f3 la nulidad por ella formulada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la accionante no controvirti\u00f3 la aludida determinaci\u00f3n, desperdiciando el escenario id\u00f3neo para exponer sus inconformidades, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Finalmente, se le recuerda a la promotora que la entrega del inmueble es el resultado y la consecuencia natural de las decisiones adoptadas en el juicio ejecutivo cuestionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, la Sala ha indicado que  <\/span><\/p>\n

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\u2026en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales (CSJ STC, 29 nov. 2006, rad. 2006-00079-01; reiterada en STC, 13 may. 2011, rad. 2011-00119-01; y STC11576-2014, 29 ag., rad. 2014-00245-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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