{"id":99613,"date":"2026-06-25T19:02:10","date_gmt":"2026-06-25T19:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2404-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:02:10","modified_gmt":"2026-06-25T19:02:10","slug":"stc2404-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2404-2017\/","title":{"rendered":"STC2404-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2404-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2016-01198-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda de la Regional de Risaralda, as\u00ed como la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de Dosquebradas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene al accionado \u00abaplicar art. 84 Ley 472\/98 y art 121 CGP\u00bb (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que interpuso una acci\u00f3n popular contra el Banco Popular, bajo el radicado 2013-00200, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que en el aludido tr\u00e1mite nunca se han aplicado los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998, ni el 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que el mismo se ha tenido en cuenta para decretar el desistimiento t\u00e1cito en otros procesos.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Municipio de Dosquebradas indic\u00f3 que desconoc\u00eda de la inactividad en el proceso que aduc\u00eda el actor, la que seguramente era producto de la congesti\u00f3n judicial; que si bien los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 establecen que el juez debe impulsar la acci\u00f3n oficiosamente y observar los tiempos procesales, \u00abno es habitual en Colombia que se cumplan dichos t\u00e9rminos, como consecuencia de la cantidad de procesos\u00bb; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, pues no es el agente que presuntamente amenaza los derechos fundamentales, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite (folio 10, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La Personer\u00eda de Dosquebradas adujo que el estrado convocado la requiri\u00f3 para que asumiera la carga de notificar a la comunidad del auto admisorio de la acci\u00f3n popular formulada por el ahora accionante; que el 23 de septiembre de 2016 le contest\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 71 de la Ley 472 de 1998 le correspond\u00eda al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos financiar los gastos en que deb\u00eda incurrir para dar cumplimiento a lo previsto en el canon 21 \u00eddem, pues si bien tiene la funci\u00f3n de defender los intereses colectivos, el legislador destin\u00f3 un fondo para la financiaci\u00f3n de los gastos que se susciten con dichas acciones constitucionales; que a la fecha no ha sido notificada del auto admisorio; y que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n, en tanto no ha vulnerado derecho alguno.  <\/span><\/p>\n

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3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda refiri\u00f3 que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada\u2026 en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y como no le ha sido comunicado dicho pacto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite excepcional (folio 31 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo tras aplicar la presunci\u00f3n de veracidad por el silencio del accionado, pues observ\u00f3 que desde el 7 de noviembre de 2013 fue admitida la acci\u00f3n popular, pero todav\u00eda no exist\u00eda decisi\u00f3n de fondo, pese a que no se trataba de un caso complejo que justificara esa tardanza.  <\/span><\/p>\n

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Orden\u00f3 al estrado acusado que \u00abimpulse el proceso radicado\u2026 2013-00200-00\u00bb; y que se remitan \u00abcopias de estas diligencias a la Sala Administrativa del CSJ para que analice la problem\u00e1tica del caso y adopte las medidas pertinentes, si a ello hay lugar\u00bb (folio 38, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n se\u00f1alando que no fue notificado de la admisi\u00f3n del resguardo, por lo que no tuvo la oportunidad de pronunciarse y, por ende, no resultaba acertado que se hubiesen tenido como ciertas las manifestaciones del promotor; que el gestor promovi\u00f3 previamente dos acciones populares, las que fueron denegadas; que el actor popular no ha cumplido con su carga procesal; que con la actuaci\u00f3n no se transgreden los derechos del promotor, pues ha sido negligente en el cumplimiento de las cargas que le competen, por lo que mal puede dolerse de la mora en el tr\u00e1mite; y que ha venido impulsando el proceso de manera oficiosa.  <\/span><\/p>\n

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2. El accionante tambi\u00e9n apel\u00f3 reiterando los argumentos del escrito inicial y aduciendo que de no prosperar su acci\u00f3n solicitar\u00eda vigilancia judicial, administrativa y presentar\u00eda acci\u00f3n de cumplimiento, pues el accionado desconoce la Ley 472 de 1998 que le ordena el impulso oficioso de la acci\u00f3n popular (folio 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, esto es, la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2013-00200, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos con los que cuenta en el tr\u00e1mite atacado.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se observa que el promotor no le ha solicitado formalmente a la autoridad cuestionada la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998, ni el 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que no es viable que el juez constitucional se ocupe de la misma.  <\/span><\/p>\n

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Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de similares contornos al de ahora, se se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Por lo dem\u00e1s, se advierte que el despacho acusado ha proferido distintas determinaciones con el fin de avanzar en las etapas del tr\u00e1mite criticado, toda vez que mediante auto de 23 de agosto de 2016 orden\u00f3 requerir al ahora accionante para que cumpliera con la carga procesal que le correspond\u00eda, esto es, notificar del auto admisorio a la accionada y a la comunidad, porque de lo contrario tendr\u00eda por desistida la acci\u00f3n; frente a lo que el gestor remiti\u00f3 un correo electr\u00f3nico en el que manifest\u00f3 no contar con dinero para realizar dicho mandato, pues no ten\u00eda trabajo y lo que percib\u00eda lo empleaba en su subsistencia.  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente, en auto de 7 de septiembre de 2016 el juzgador dispuso oficiar a la Personer\u00eda de Dosquebradas con el fin de que asumiera esa carga, \u00faltima que indic\u00f3 que le correspond\u00eda al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos financiar los gastos en que se incurriera para dar cumplimiento al art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, por lo que solicit\u00f3 su requerimiento. En prove\u00eddo de 11 de octubre de 2016 el despacho acusado ofici\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo para que a trav\u00e9s del aludido Fondo procediera con el se\u00f1alado enteramiento; comunic\u00f3 dicha determinaci\u00f3n; y el 18 de enero de 2017 reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado del Defensor P\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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4. Conforme a lo expuesto, se revocar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, se negar\u00e1 el resguardo impetrado, por las razones consignadas en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y, en su lugar, niega el amparo solicitado, en el entendido expuesto en la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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