{"id":99614,"date":"2026-06-25T19:02:19","date_gmt":"2026-06-25T19:02:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2405-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:02:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:02:19","slug":"stc2405-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2405-2017\/","title":{"rendered":"STC2405-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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STC2405-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2016-01277-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y el Agente del Ministerio P\u00fablico, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado el Defensor del Pueblo de la Regional de Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene al accionado \u00abse admita[n] inmediatamente la[s] acci[ones] popular[es], ya que el requisito por el cual fue[ron] rechazada[s], no est\u00e1 contemplad[o] en la Ley 472 de 1998\u00bb (folios 1 y 3, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que interpuso dos acciones populares contra el Centro de Servicios Crediticios, bajo los radicados 2016-00396 y 2016-00406, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que dichas acciones fueron inadmitidas con fundamento en que deb\u00eda aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad accionada, pese a que en la demanda manifest\u00f3 que el domicilio de aquella se encontraba en Pereira.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adujo que posteriormente fueron rechazadas las aludidas demandas, sin tener en cuenta que esa exigencia no est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, ni tampoco unos precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira adujo que el accionante no interpuso recurso alguno frente a los autos que rechazaron las demandas, las que se encuentran archivadas. Alleg\u00f3 copias de las acciones populares criticadas.  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda refiri\u00f3 que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada\u2026 en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y como no le ha sido comunicado dicho pacto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite excepcional (folio 27 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el accionante no recurri\u00f3 los autos del 17 de noviembre de 2016, por medio de los cuales se rechazaron las demandas por no haber sido subsanadas en el tiempo concedido para ello, resoluciones a partir de las cuales \u00abpodr\u00eda analizarse si hubo alguna irregularidad posible de remediar\u00bb por esta v\u00eda (folio 34, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 36, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que en las acciones populares 2016-00396 y 2016-00406, el promotor   no subsan\u00f3 las demandas de acuerdo a lo dispuesto en los autos proferidos el 25 de octubre de 2016 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; ni tampoco formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra los prove\u00eddos que ordenaron el rechazo de los juicios populares incoados, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 3181  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo General de Proceso, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01).  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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3. Por otro lado, si bien sostiene el actor que las actuaciones criticadas desconocieron los precedentes 2016-00878-01 y 2016-00555-01 de esta Corporaci\u00f3n, se precisa que en los referidos asuntos se accedi\u00f3 al amparo implorado porque las demandas fueron rechazadas por la falta del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de las entidades bancarias all\u00ed demandadas, informaci\u00f3n que pod\u00eda ser consultada por los estrados acusados en la p\u00e1gina de la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que no era un requisito necesario para acreditar la informaci\u00f3n de esos bancos accionados; supuesto que no ocurre en el sub examine.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, las acciones populares con radicados 2016-00396 y 2016-00406, fueron promovidas contra el Centro de Servicios Crediticios, sin que dicha entidad ostente la calidad de financiera, por lo que no era dable que se pudiera subsanar la solicitud de inadmisi\u00f3n del libelo inicial conforme a lo establecido en los precedentes jurisprudenciales referidos a espacio, pues no hacen parte de la base de datos de la mencionada Superintendencia Financiera.  <\/span><\/p>\n

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4. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Reposici\u00f3n. (\u2026) Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez (\u2026).      <\/span><\/p>\n

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