{"id":99615,"date":"2026-06-25T19:02:42","date_gmt":"2026-06-25T19:02:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2406-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:02:42","modified_gmt":"2026-06-25T19:02:42","slug":"stc2406-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2406-2017\/","title":{"rendered":"STC2406-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2016-00926-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Alexander Jim\u00e9nez Valderrama contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00abse declare la inconstitucionalidad del interlocutorio\u2026 de fecha 2 de noviembre de 2016\u2026 y sea estudiado de nuevo por el inferior la demanda para su admisibilidad\u00bb (folio 2 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Alexander Jim\u00e9nez Valderrama promovi\u00f3 un juicio que denomin\u00f3 verbal contra \u00c1ngela Perlaza viuda de Cano, Jafeth, Hoover Eladio, Elizabeth, Ismary, Alexandra, Jackeline y Cristian Cano Perlaza, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Mediante auto de 8 de agosto de 2016 el referido estrado consider\u00f3 que la revisi\u00f3n del asunto deb\u00eda hacerse bajo las normas que gobiernan el proceso ejecutivo, pero que como el t\u00edtulo adjuntado no era exigible ni se cumpl\u00edan los requisitos del art\u00edculo 434 del C\u00f3digo General del Proceso, no libraba mandamiento de pago, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, se mantuvo en auto de 3 de octubre siguiente y fue confirmada el 2 de noviembre del mismo a\u00f1o por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Indic\u00f3 el accionante que hab\u00eda formulado dos demandas ejecutivas con el fin de que se ordenara suscribir un documento, pero no se accedi\u00f3 a librar mandamiento de pago en esos t\u00e9rminos, por considerarse que no se cumpl\u00edan las exigencias legales para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Se\u00f1al\u00f3 que ante dicha circunstancia formul\u00f3 una nueva demanda, esta vez para adelantar un juicio verbal, con una pretensi\u00f3n diferente, a saber, que en vez de que \u00abse oblig[ue] a que se suscriba un documento\u00bb, \u00abse declare la obligaci\u00f3n de suscribir[lo]\u00bb, pero tal ruego tampoco fue admitido (folio 2 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Agreg\u00f3 que los juzgadores no se dieron cuenta que pretend\u00eda tramitar un juicio de conocimiento y no una ejecuci\u00f3n; y lo dejaron en \u00abel limbo\u00bb, pues no puede reclamar su derecho; desconociendo con ello el verdadero contenido de su demanda (folio 2 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas e indic\u00f3 que al efectuar la revisi\u00f3n de la demanda, encontr\u00f3 que no cumpl\u00eda con los requisitos para que se librara mandamiento de pago; que el documento allegado no prestaba m\u00e9rito ejecutivo; que el promotor ha contado con todas las oportunidades para acceder a la jurisdicci\u00f3n, presentando recursos frente a sus inconformidades, los que han sido resueltos de manera argumentada y motivada; que cuenta con acceso a la justicia, toda vez que puede volver a presentar su demanda ajustada a los requerimientos exigidos, pues \u00absi lo que quiere es que se le adelante un tr\u00e1mite declarativo, tiene toda la libertad de presentar sus hechos y pretensiones en ese sentido\u00bb, sin que la tutela sea una tercera instancia para efectuar un nuevo estudio del tema (folio 20 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali se\u00f1al\u00f3 que el tr\u00e1mite impartido se ajust\u00f3 a la normatividad vigente; que no incurri\u00f3 en una actuaci\u00f3n que vulnere los derechos fundamentales del gestor; y se aten\u00eda a la decisi\u00f3n que se adoptara en esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que los juzgadores no incurrieron en v\u00eda de hecho, pues han sido las falencias de la demanda y la falta de claridad que han obligado a los jueces a interpretarla y darle el tr\u00e1mite que legalmente le corresponde; que los falladores estuvieron de acuerdo en que los hechos y pretensiones de la demanda corresponden a un proceso ejecutivo de obligaci\u00f3n de suscribir documento, \u00abno obstante que el actor quiera forzar los hechos y sus pretensiones por una senda jur\u00eddica distinta a la que indica el legislador\u00bb; que resulta claro que el abogado del ahora peticionario \u00abno tiene claro el camino jur\u00eddico a seguir para lograr hacer valer los derechos de su prohijado\u00bb, ni tampoco \u00abque no puede obtener el cumplimiento del contrato de promesa porque no tiene t\u00edtulo ejecutivo alguno para hacer suscribir el contrato prometido pese a que ya en dos oportunidades ello se le ha indicado v\u00eda negaci\u00f3n de la orden de apremio\u00bb (folio 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que las instancias \u00abno estudian, acostumbrados a las generalidades\u00bb (folio 36, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que el 30 de junio de 2016 el promotor present\u00f3 una demanda en contra de \u00c1ngela Perlaza viuda de Cano, Jafeth, Hoover Eladio, Elizabeth, Ismary, Alexandra, Jackeline y Cristian Cano Perlaza, con el fin de que se le diera \u00abel tr\u00e1mite de proceso verbal\u00bb y se hiciera la siguiente declaraci\u00f3n \u00aben sentencia definitiva que haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 368 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso:  <\/span><\/p>\n

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Que los demandados\u2026 se encuentran obligados a suscribir la escritura p\u00fablica de venta real y enajenaci\u00f3n perpetua a favor del demandante Alexander Jim\u00e9nez Valderrama los derechos sucesorales que tienen sobre la cuota del 50% de la mejora construida en el lote bald\u00edo ubicado en la carrera 20 No. 19-30 del municipio de Dagua, de una extensi\u00f3n\u2026, consistente en una casa de habitaci\u00f3n con dos locales comerciales\u2026 distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria 370-116653 de la oficina de registro de Cali\u2026 (folio 6, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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Mediante prove\u00eddo de 8 de agosto de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua consider\u00f3 que la revisi\u00f3n del asunto deb\u00eda efectuarse bajo las normas que gobiernan el proceso ejecutivo, pues del an\u00e1lisis de la demanda extra\u00eda que se pretend\u00eda la suscripci\u00f3n de una escritura p\u00fablica, empero, como el t\u00edtulo ejecutivo no era exigible ni se cumpl\u00edan los requisitos del art\u00edculo 434 del C\u00f3digo General del Proceso, no libraba mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

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Esa decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n por el gestor, pero se mantuvo en auto de 3 de octubre siguiente y se confirm\u00f3 el 2 de noviembre del mismo a\u00f1o por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, tras indicarse que:   <\/span><\/p>\n

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\u2026El presupuesto para el ejercicio de la acci\u00f3n ejecutiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de t\u00edtulo ejecutivo, de los cuales se consagre la certeza judicial, legal o presuntiva del derecho del acreedor y la obligaci\u00f3n correlativa del deudor, es decir, lo que le permite al primero reclamar del segundo el cumplimiento de la obligaci\u00f3n resultante del documento. El documento id\u00f3neo debe incorporarse con la demanda, pues constituye la columna vertebral del proceso, de donde se sigue que sin su presencia, no puede librarse el mandamiento de pago, por ser un presupuesto indispensable de la ejecuci\u00f3n forzada.  <\/span><\/p>\n

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El art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, estatuye al respecto: \u2018Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla con la obligaci\u00f3n en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aqu\u00e9l considere legal\u2019.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte el Art\u00edculo 430 inciso 3o y 4o del C\u00f3digo General del Proceso, en su parte pertinente dispone: \u2018Cuando como consecuencia del recurso de reposici\u00f3n el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto, podr\u00e1 presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciar\u00e1 sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenar\u00e1 notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podr\u00e1 formularse en proceso separado.\u2019.  <\/span><\/p>\n

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Para el caso, lo que pretende el apoderado judicial de la parte actora es adelantar el proceso declarativo, con el argumento de que el juzgado de conocimiento en dos ocasiones se abstuvo de librar el mandamiento ejecutivo, olvidando que para dicho tr\u00e1mite debe mediar la revocatoria del auto de mandamiento de pago por v\u00eda de reposici\u00f3n por ausencia de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, situaci\u00f3n que no se ha presentado en el caso de estudio, por lo tanto, no cumple con los requisitos que el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso exige para admitir la demanda declarativa, raz\u00f3n por la cual la juez de primera instancia previo estudio de la demanda consider\u00f3 que la misma deb\u00eda tramitarse conforme a las reglas que rige los procesos ejecutivos, puesto que la pretensi\u00f3n del demandante va encaminada a que la parte demandada se encuentra obligada a suscribir la escritura p\u00fablica de venta a su favor, tr\u00e1mite que se debe realizar conforme lo establece los art\u00edculos 434 y 436 del C\u00f3digo General del Proceso, eso s\u00ed, previo el cumplimiento de ciertos requisitos que no fueron aportados con la demanda como qued\u00f3 anotado en el auto materia del recurso.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia el t\u00edtulo ejecutivo id\u00f3neo para impetrar la presente acci\u00f3n es el contrato de compraventa, en la cual consten las obligaciones, expresas, claras y exigibles a cargo del demandado de conformidad con el art\u00edculo 422 del C.G.P., acompa\u00f1ado de la minuta o el documento que de ser suscrito por el ejecutado o, en su defecto, por el juez -art\u00edculo 434 del C.G.P. (folios 12 y 13, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3. Bajo el anterior contexto, se concluye que en el sub examine se incurri\u00f3 en una v\u00eda hecho, comoquiera que los estrados, acusado y vinculado, no apreciaron la demanda formulada ni el recurso interpuesto frente al prove\u00eddo de 8 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, se observa que en el libelo inicial, el gestor solicit\u00f3 se le diera el tr\u00e1mite de un juicio verbal con el fin de que se declarara, en sentencia, que los demandados estaban obligados a suscribir la escritura p\u00fablica sobre los derechos sucesorales que tienen de la cuota del 50% de un inmueble; sin embargo, como el estrado municipal, sin ninguna justificaci\u00f3n v\u00e1lida, entendi\u00f3 que el juicio se trataba de un proceso ejecutivo y resolvi\u00f3 no librar mandamiento de pago, el gestor recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n, exponiendo que deb\u00eda seguirse con el tr\u00e1mite correspondiente, pues el verbal busca que se constituya la obligaci\u00f3n de suscribir el documento, el que es completamente diferente al ejecutivo que pretend\u00eda la orden de apremio por la obligaci\u00f3n de hacer.  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, el despacho del circuito acusado entendi\u00f3 que lo pretendido por el promotor era adelantar un proceso declarativo porque en dos ocasiones anteriores no se hab\u00eda librado mandamiento de pago, pero que para dicho tr\u00e1mite deb\u00eda mediar la revocatoria del mandamiento de pago, lo cual no se hab\u00eda presentado en ese asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, tal como qued\u00f3 rese\u00f1ado, se observa que los estrados convocado y vinculado, no fueron claros en el estudio e interpretaci\u00f3n de la demanda inicial, ni de los medios de impugnaci\u00f3n formulados, lo cual transgredi\u00f3 sus garant\u00edas esenciales e impidi\u00f3 el estudio de las pretensiones del demandante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, los juzgadores no analizaron que lo pretendido era que se impartiera un tr\u00e1mite declarativo mas no un ejecutivo, ni mucho menos tuvieron en cuenta que el accionante reiter\u00f3 su aspiraci\u00f3n en diferentes ocasiones y que no solicit\u00f3 que se adelantara la actuaci\u00f3n conforme a lo previsto en los art\u00edculos 434 y 436 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que lo adecuado, en caso de considerar que la demanda declarativa no reun\u00eda los presupuestos para ser avocada, era inadmitirla con el fin de que fuese subsanada, que no proceder a negar un mandamiento de pago que, incluso, no reclamaba el actor, variando arbitrariamente el querer de \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

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De manera que se concluye que los juzgadores no sustentaron de forma suficiente y precisa las determinaciones criticadas, mediante las que se entendi\u00f3, err\u00f3neamente, que el juicio instaurado era un ejecutivo y se deneg\u00f3 librar mandamiento de pago, y en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica (\u2026). (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagra que la sentencia deber\u00e1 ser motivada, lo cual se limitar\u00e1 al examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, y citando los textos legales que se apliquen, de suerte que la omisi\u00f3n de tal requisito o su motivaci\u00f3n insuficiente o precaria son razones justificadas para tildarla de v\u00eda de hecho, en la medida que del cumplimiento cabal de tal exigencia depende, en grado sumo, que las partes puedan hacer uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n (CSJ STC, 24 sep. 2010, rad. 2010-00913-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 19 jul. 2013, rad. 2013-01486-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Se impone, entonces, revocar el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo impetrado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en consecuencia, en su lugar:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero: Concede el amparo del derecho al debido proceso del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Segundo: Deja sin efecto los prove\u00eddos de 8 de agosto y 3 de octubre de 2016, emitidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua, as\u00ed como el auto de 2 de noviembre del mismo a\u00f1o, dictado por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, y las providencias que de estos dependan.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Cuarto: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Quinto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2016-00926-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99615","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99615\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}