{"id":99617,"date":"2026-06-25T19:03:10","date_gmt":"2026-06-25T19:03:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2408-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:03:10","modified_gmt":"2026-06-25T19:03:10","slug":"stc2408-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2408-2017\/","title":{"rendered":"STC2408-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2408-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2016-00447-03  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Castel Asociados S.A.S. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma localidad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los ejecutados y los intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La sociedad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas superiores al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial cuestionada en el proceso ejecutivo singular radicado con el n\u00ba 2011-00291, que instaur\u00f3 contra el Consorcio Alimentar por Boyac\u00e1 y \u00absus consorciados\u00bb, a saber, Corporaci\u00f3n Sol Naciente, Fundaci\u00f3n Universal de Servicios Integrales \u00abFussi\u00bb y Fundaci\u00f3n para el Desarrollo Continuo \u00abFunpacom\u00bb; en el que se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, \u00fanicamente, frente a estas \u00faltimas tres, acorde con lo expuesto en sentencia de 4 de diciembre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo a lo anterior, solicit\u00f3 \u00abordenar la entrega inmediata por parte del juzgado accionado de los dineros embargados a favor de la parte ejecutante\u00bb (folio 8, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La promotora de la protecci\u00f3n soporta la petici\u00f3n tutelar en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 19 de mayo de 2016, el despacho acusado dispuso entregar a su favor los dineros consignados por cuenta del juicio ejecutivo, dado que hab\u00eda cobrado firmeza la providencia aprobatoria de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Pedro Antonio Mateus Camargo, quien no era parte en el juicio, acudi\u00f3 a la ejecuci\u00f3n interponiendo reposici\u00f3n frente al anotado prove\u00eddo, siendo resuelta el 16 de junio siguiente manteniendo la orden de entrega; determinaci\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio queja por este \u00faltimo.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El 21 de julio de la misma anualidad se mantuvo la decisi\u00f3n criticada, por lo que la quejosa estim\u00f3 que la orden de entrega del dinero embargado qued\u00f3 ejecutoriada; pese a lo cual la secretar\u00eda del estrado criticado, con la aquiescencia del titular de \u00e9ste, no ha cumplido la disposici\u00f3n de entregar las sumas ordenadas, pretextando que el 21 de julio de 2016 se acumul\u00f3 un proceso ejecutivo distinto al de Pedro Antonio Mateus.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Aquella nueva acumulaci\u00f3n de los ejecutivos 2011-00286 y 2011-00291, referida en el numeral 2.3., ocurri\u00f3 con posterioridad a la firmeza de la orden de entrega de dinero al primigenio ejecutante, circunstancia que ha sido pasada por alto por el funcionario censurado.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Se duele la gestora del ruego de que sin raz\u00f3n procesal y sustancial alguna el despacho cuestionado, por intermedio de su secretar\u00eda, desconoci\u00f3 la ejecutoria de sus propias providencias y se sustrajo del cumplimiento de una orden sobre la cual no \u00abreca\u00eda recurso alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Finalmente, reiter\u00f3 la accionante que desde el 16 de junio de 2016 cobr\u00f3 ejecutoria la orden de entrega del dinero cautelado a la deudora, data \u00e9sta en la que se declar\u00f3 improcedente el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente a tal disposici\u00f3n; de modo que cuando fue emitido el auto que admiti\u00f3 una nueva acumulaci\u00f3n de procesos -21 de julio siguiente- el decreto del desembolso se hab\u00eda consolidado como un derecho adquirido del primigenio acreedor, a favor de quien se libr\u00f3 esa orden y, en caso de que no sea revocada por v\u00eda de impugnaci\u00f3n la acumulaci\u00f3n, el acreedor deber\u00e1 asumir el tr\u00e1mite en el estado en que se encuentre, esto es, sin afectar los intereses del primitivo ejecutante que logr\u00f3 adelantar el juicio para satisfacer su d\u00e9bito.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja remiti\u00f3 las diligencias adelantadas en el proceso 2011-00291 (folio 60, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, habida cuenta que no tiene injerencia alguna en las determinaciones adoptadas por la autoridad judicial cuestionada (folios 92 a 94, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo desestim\u00f3 la salvaguarda tras considerar que las actuaciones del despacho censurado se hallan soportadas en argumentos e interpretaciones razonadas; adicionalmente, indic\u00f3 que a\u00fan existe un escenario natural donde puede darse la discusi\u00f3n referente a la situaci\u00f3n que considera lesiona sus intereses, esto era, el proceso ejecutivo que todav\u00eda est\u00e1 en tr\u00e1mite (folios 205 a 201, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La reclamante apel\u00f3 la decisi\u00f3n rese\u00f1ada cuestionando que el requisito de subsidiariedad s\u00ed se hallaba cumplido al momento de decidirse la tutela, pues el 1\u00ba de septiembre de 2016 el juzgado acusado neg\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que fueron interpuestos frente a la providencia que decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n de ejecutivos, la suspensi\u00f3n del ejecutivo primigenio y la suspensi\u00f3n de pago a los acreedores; explic\u00f3 que tal prove\u00eddo no era susceptible de impugnaci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que \u00abla acumulaci\u00f3n de procesos, suspensi\u00f3n del mismo y suspensi\u00f3n de pago a los acreedores, son aspectos procesales con ocurrencia posterior a la orden de entrega de dineros y de su ejecutoria\u00bb; que la prerrogativa conculcada se predica \u00abno frente a la acumulaci\u00f3n de ejecuciones sino exclusivamente en cuanto a la entrega de dineros\u00bb, situaci\u00f3n esta \u00faltima procesalmente \u00abadquirida y superada\u00bb; arguy\u00f3 que el despacho accionado desconoci\u00f3 la firmeza de su propia decisi\u00f3n que orden\u00f3 entregar los dineros al ejecutante inicial, inobservando los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, dado que le incumbe hacer cumplir sus providencias (folios 237 a 239, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto, se advierte que la queja constitucional tiene origen en el hecho seg\u00fan el cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja se neg\u00f3 a entregar al ejecutante el dinero consignado a \u00f3rdenes del ejecutivo singular n\u00ba 2011-00291, seguido por Castel Asociados S.A.S. contra el Corporaci\u00f3n Sol Naciente, Fundaci\u00f3n Universal de Servicios Integrales \u00abFussi\u00bb y Fundaci\u00f3n para el Desarrollo Continuo \u00abFunpacom\u00bb, pese a que por auto de 19 de mayo de 2016 se hab\u00eda dispuesto su desembolso a favor del acreedor, determinaci\u00f3n esta que cobr\u00f3 firmeza el 16 de junio siguiente cuando se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n propuesta frente a la misma; de suerte que la circunstancia de que el 21 de septiembre de 2016 se hubiese accedido a acumular la ejecuci\u00f3n de la sociedad reclamante a la n\u00ba 2011-00286 no tiene influencia alguna, dado que la orden de entrega estaba en firme y el despacho no puede irse contra sus propias decisiones.  <\/span><\/p>\n

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3.        Al respecto, advierte la Corte que si bien la promotora afirma no criticar el prove\u00eddo de 21 de julio de 2016, por el cual se resolvi\u00f3 acumular los procesos ejecutivos 2011-00286 y 2011-00291, lo cierto es que tal pronunciamiento trajo como consecuencia natural para el proceso, en particular para la censora, que se suspendiera el pago a los acreedores, dado que lo que dio lugar a esta acumulaci\u00f3n fue la existencia de bienes embargados en el proceso 2011-00291, impidiendo que uno solo de los acreedores de las obligadas fuese el beneficiario de los dineros cautelados en detrimento de los dem\u00e1s acreedores de las deudoras; por lo que resulta procedente entender que t\u00e1citamente qued\u00f3 sin vigencia la orden de entrega de dinero a la compa\u00f1\u00eda accionante, por virtud de la suspensi\u00f3n ordenada en tal providencia.  <\/span><\/p>\n

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El despacho cuestionado cuando desat\u00f3 la reposici\u00f3n formulada contra el citado auto, explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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Tal como entonces se se\u00f1al\u00f3 el proceso m\u00e1s antiguo es el 2011-0286, no solamente por haber sido el que primero se radic\u00f3, sino en el que el mandamiento ejecutivo se notific\u00f3 primero a los demandados. Todos los procesos se encuentran en el tr\u00e1mite de la primera instancia; se trata de obligaciones quirografarias, por ende han podido tramitarse en la misma demanda; existen demandados comunes.  <\/span><\/p>\n

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\u2026La raz\u00f3n por la cual se solicit\u00f3 oportunamente la acumulaci\u00f3n, a la cual accedi\u00f3 el Juzgado, es la existencia de bienes embargados en un solo proceso, por lo cual de no prosperar la acumulaci\u00f3n, uno solo de los demandantes se beneficiar\u00eda con los dineros embargados en detrimento de los dem\u00e1s y contrario a lo afirmado por el recurrente en todos los procesos los \u00fanicos bienes embargados son dineros, que le adeudan diferentes entidades a la parte demandada, no existen inmuebles embargados o automotores, para que se indique que son diferentes de un proceso a otro.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Por si fuera poco, los procesos que se acumulan, cursan en este mismo despacho, no se ha fijado fecha para el remate, por cuanto no existe bienes muebles, ni inmuebles embargados, solo existen gravados dentro del proceso dineros; ninguno de los procesos se ha terminado, aunque se han realizado entregas parciales de dineros, lo cual no es \u00f3bice para que se impida la acumulaci\u00f3n; existen demandados comunes y los bienes demandados son comunes, adem\u00e1s son los \u00fanicos bienes embargados.  <\/span><\/p>\n

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Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que las consideraciones y fundamentos esgrimidos por el funcionario cognoscente para mantener la acumulaci\u00f3n de los procesos y, en consecuencia, la suspensi\u00f3n del pago a los acreedores, no resultan arbitrarios o caprichosos, pues obedecieron a los supuestos de hecho del asunto particular, y a la interpretaci\u00f3n de las normas establecidas para casos como el de ahora.  <\/span><\/p>\n

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Ello por cuanto, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la sociedad promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de cu\u00e1ndo debi\u00f3 entenderse suspendido el pago a los acreedores, por el hecho de existir una orden anterior que hab\u00eda dispuesto entregar a \u00e9sta el dinero para satisfacer su d\u00e9bito; sin embargo, se repite, esa disposici\u00f3n se vio cobijada por la posterior emitida en el sentido de detener el pago a los ejecutantes, inferencia que no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria,  <\/span><\/p>\n

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\u2026m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese, por dem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u2026 (CSJ STC, 6 may. 2011, rad. 2011-00829-00).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por consiguiente, el fallo de primer grado ser\u00e1 respaldado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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