{"id":99618,"date":"2026-06-25T19:03:23","date_gmt":"2026-06-25T19:03:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2409-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:03:23","modified_gmt":"2026-06-25T19:03:23","slug":"stc2409-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2409-2017\/","title":{"rendered":"STC2409-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2409-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2016-00592-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jovany Bland\u00f3n Arbel\u00e1ez contra la Polic\u00eda Nacional, \u00c1reas de Prestaciones Sociales y Grupo de Pensionados de esa instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso administrativo, que considera vulnerados por las autoridades cuestionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como fundamento de esa pretensi\u00f3n el gestor expuso, en s\u00edntesis:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Se desempe\u00f1\u00f3 como patrullero de la Polic\u00eda Nacional desde el 1\u00ba de noviembre de 2003. Que el 10 de agosto de 2007, estando en servicio, sufri\u00f3 un accidente en motocicleta.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante acta n\u00ba 057 de 11 de marzo de 2009, la Junta M\u00e9dico Laboral calific\u00f3 que perdi\u00f3 el 100% la capacidad laboral, determinando que los hechos causantes de tal disminuci\u00f3n ocurrieron en el servicio por causa y raz\u00f3n del mismo, es decir, por enfermedad profesional.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        La Polic\u00eda Nacional reconoci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de la capacidad laboral en la n\u00f3mina global n\u00ba 1 de 2010, por la suma de 68 millones 054 mil 896 pesos.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Se duele de que conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 65 del decreto 1091 de 19951, se debi\u00f3 efectuar el reconocimiento y pago de tal prestaci\u00f3n aumentada en la mitad, por lo cual el 29 de septiembre de 2016 formul\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante esa entidad pidiendo reajustar tal indemnizaci\u00f3n. Sin embargo, el 21 de noviembre siguiente la Polic\u00eda no accedi\u00f3 a lo solicitado, por cuanto el derecho se encontraba prescrito a t\u00e9rminos del art\u00edculo 60 \u00eddem.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Afirm\u00f3 que la entidad criticada ha omitido reconocer esa prestaci\u00f3n conforme al porcentaje previsto en la norma antes citada, por lo que varios de sus compa\u00f1eros en similares circunstancias a las suyas presentaron la reclamaci\u00f3n, siendo \u00e9sta acogida. Agregando que el reconocimiento de tales indemnizaciones databan de los a\u00f1os 1999, 2002, 2003 y 2006, lo que constituye una clara violaci\u00f3n de su derecho a la igualdad.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La Secretar\u00eda General de la Polic\u00eda Nacional explic\u00f3 que las prerrogativas del actor no han sido desconocidas como lo pretende hacer ver, en efecto dijo que \u00ablos motivos por los cuales no es favorable atender el pago doble (sic) solicitado por el actor mediante petici\u00f3n\u2026 [es porque] el derecho ya prescribi\u00f3 en el tiempo, teniendo en cuenta el postulado se\u00f1alado en el art\u00edculo 60 del decreto 1091 de 1995\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto desde que se efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, esto es, el 11 de marzo de 2009, ese acto administrativo era susceptible de cuestionarse mediante los recursos de ley, lo que no ocurri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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En lo relativo al derecho a la igualdad alegado por el quejoso, aclar\u00f3 que la Polic\u00eda Nacional s\u00ed reconoci\u00f3 el pago a los uniformados indicados por \u00e9ste en el escrito de tutela, pero debido a que a aquellos a\u00fan no les hab\u00eda prescrito el derecho, no as\u00ed con el actor, por lo cual no resulta de recibo ese argumento. Record\u00f3 que la tutela se torna improcedente para efectuar reclamaciones econ\u00f3micas.  <\/span><\/p>\n

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Finaliz\u00f3 se\u00f1alando la improcedencia del amparo, toda vez que el accionante tiene a su alcance otros medios judiciales de defensa (folios 48 a 52, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo neg\u00f3 por improcedente la salvaguarda pedida dado que pretende el reconocimiento de una acreencia laboral, la cual es susceptible de ser reconocida en proceso \u00abadministrativo laboral\u00bb, m\u00e1xime cuando no se observa la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, ni la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital del actor, pues a la fecha el reclamante percibe una pensi\u00f3n de invalidez (folios 54 a 56, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el interesado aduciendo que en la decisi\u00f3n que viene de rese\u00f1arse no se tuvieron en cuenta los planteamientos de hecho y de derecho de la demanda de tutela, no se resolvi\u00f3 lo referente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad (folios 246 a 291, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un mecanismo jur\u00eddico creado para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa, se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas y se acate la exigencia de la inmediatez, haciendo uso de ella dentro de un t\u00e9rmino razonable.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se advierte que la queja constitucional est\u00e1 dirigida a cuestionar el acto administrativo de 11 de marzo de 2009, mediante el cual la Junta M\u00e9dico Laboral determin\u00f3 la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral de Jovany Bland\u00f3n Arbel\u00e1ez, con fundamento en la cual la Polic\u00eda Nacional reconoci\u00f3 y orden\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n por disminuci\u00f3n de la capacidad laboral a favor del actor, omitiendo aumentar tal prestaci\u00f3n en la mitad, como, considera el inconforme, debi\u00f3 darse.  <\/span><\/p>\n

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3.        Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el presente reclamo resulta improcedente, pues al tratarse de pronunciamiento de la administraci\u00f3n, el mismo era susceptible de ser cuestionado ante las autoridades contenciosas, sin que el reclamante as\u00ed lo hubiere hecho, de donde, se reitera, \u00abes deber de los afectados por \u201cactos administrativos\u201d acudir a la v\u00eda gubernativa y a las acciones contenciosas antes de utilizar este camino excepcional, pues, de lo contrario, el mismo no es procedente porque no fue instituido para remediar\u00bb su descuido (CSJ STC, 29 oct. 2012, rad. 76\/2012-00419-01).  <\/span><\/p>\n

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En tal virtud, habida cuenta de que el interesado desperdici\u00f3 los medios judiciales id\u00f3neos de defensa dispuestos en el ordenamiento jur\u00eddico para controvertir el acto administrativo que por este medio excepcional pretende derruir, pues bien pudo acudir a la v\u00eda gubernativa e iniciar la acci\u00f3n de nulidad con restablecimiento del derecho, lo que no hizo, no le est\u00e1 dado convertir la tutela como un remedio de \u00faltimo minuto para reabrir oportunidades desperdiciadas por su propia desidia, lo cual trae como consecuencia que su reclamo sea inatendible (CSJ STC, 29 mar. 2012, rad. 00074-01; reiterada en STC, 4 abr. 2013, rad. 11\/2013-00031-01).  <\/span><\/p>\n

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Mem\u00f3rese que el interesado previamente a acudir a la acci\u00f3n tuitiva debe agotar:  <\/span><\/p>\n

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\u2026los medios ordinarios administrativos y judiciales previstos por el legislador para procurar la protecci\u00f3n de sus derechos, de lo contrario, se propiciar\u00eda una indebida interferencia del juez constitucional en asuntos de competencia de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, y que por gracia del empleo de acci\u00f3n constitucional, se despliegue una jurisdicci\u00f3n paralela a la ordinaria (fallo de 13 de marzo de 2009, exp.00001-01, reiterado el 29 de septiembre de 2011, exp. 00421-01 y el 6 de agosto de 2012, exp. 00494-01); o lo que es igual,\u00ab\u201cpor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026 la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        De otra parte, la cr\u00edtica del gestor del amparo concerniente a que su derecho a la igualdad fue conculcado respecto de compa\u00f1eros que se encuentran en an\u00e1logas circunstancias a la suya, no tiene buen recibo en la medida en que vista la respuesta dada por la autoridad accionada, se advierte que en esos casos se accedi\u00f3 a la reliquidaci\u00f3n por ellos solicitada, en la medida en que a\u00fan no les hab\u00eda prescrito el derecho, situaci\u00f3n diametralmente diferente a la explicada por esa autoridad para negar la petici\u00f3n que en ese sentido le elevara el actor.  <\/span><\/p>\n

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5.        Finalmente, no se observa la procedencia del resguardo ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en la medida en que no se aleg\u00f3 en la demanda de tutela, ni se acredit\u00f3 en este tr\u00e1mite, m\u00e1xime cuando no se advierte que el m\u00ednimo vital del solicitante est\u00e9 comprometido, por cuanto a la fecha aparece devengando una pensi\u00f3n de invalidez.  <\/span><\/p>\n

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En esas condiciones esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es improcedente la protesta materia de estudio, toda vez que no se encuentra probado el menoscabo\u2026, ni lo alegado cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad inminencia y urgencia de tal detrimento (4 de abril de 2011, exp. 00116-01, ratificada el 5 de junio de 2012. exp. 00043-01); m\u00e1xime \u00ab[c]uando se trata de pretensiones econ\u00f3micas de orden laboral\u00bb, frente a lo cual se ha insistido en la improcedencia de la tutela puesto que \u00ab\u2026 \u201cpara obtener el pago de prestaciones laborales, [el] accionante contaba con la posibilidad cierta y efectiva de acudir a la jurisdicci\u00f3n [especializada]\u2026, la cual, conforme a normas que incluso encuentran respaldo constitucional, es quien ostenta la competencia para lograr el cumplimiento forzado de esas obligaciones\u2026\u201d (Prove\u00eddo de 20 de mayo de 2008, exp. 00066-01)\u00bb (CSJ STC, 4 abr. 2013, rad. 11\/2013-00031-01).  <\/span><\/p>\n

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6.        En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Art\u00edculo 65. Disminuci\u00f3n de la capacidad sicof\u00edsica. \u00abEl personal del nivel ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional, que presente disminuci\u00f3n de la capacidad sicof\u00edsica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el art\u00edculo 47 de este decreto, tendr\u00e1 derecho a que el Tesorero P\u00fablico le pague\u2026  <\/span><\/p>\n

Par\u00e1grafo 1\u00ba. Si la disminuci\u00f3n de la capacidad sicof\u00edsica fuere consecuencia de hechos ocurridos en el servicio y por causa y raz\u00f3n del mismo, la indemnizaci\u00f3n de que trata el literal a) de este art\u00edculo se aumentar\u00e1 en la mitad\u00bb.      <\/span><\/p>\n

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