{"id":99622,"date":"2026-06-25T19:04:00","date_gmt":"2026-06-25T19:04:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2415-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:04:00","modified_gmt":"2026-06-25T19:04:00","slug":"stc2415-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2415-2017\/","title":{"rendered":"STC2415-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2415-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2016-00410-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 13 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Milena Perea Hern\u00e1ndez, como agente oficiosa de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar, contra el Distrito Militar N\u00b0 30, el Batall\u00f3n Vencedores de Cartago y el Ministerio de Defensa Nacional, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Ej\u00e9rcito Nacional, a la Direcci\u00f3n de Reclutamiento y Control de Reservas de esa entidad, a la Octava Zona de Reclutamiento de Armenia y al aqu\u00ed agenciado.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        En la calidad descrita, la actora exige la protecci\u00f3n de los derechos a la libertad, locomoci\u00f3n y debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como fundamento de su reparo, asevera que su representado naci\u00f3 el 14 de agosto de 1998 y se gradu\u00f3 como bachiller el 26 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relata que como aqu\u00e9l fue citado el 1\u00b0 de diciembre de 2016 por el Distrito Militar N\u00b0 30, Batall\u00f3n Vencedores de Cartago \u201c(\u2026) para definir su situaci\u00f3n militar (\u2026)\u201d, se present\u00f3 en esa fecha con esa exclusiva finalidad; no obstante, se le incorpor\u00f3 inmediatamente \u201c(\u2026) de manera arbitraria e ilegal (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Advierte que su agenciado fue privado de su libertad \u201cindignamente\u201d, pues sabe que dur\u00f3 cinco (5) d\u00edas con la misma ropa y durmiendo en el suelo; adem\u00e1s, no se adelant\u00f3 el procedimiento correspondiente, el cual \u201c(\u2026) inicia con la fase de inscripci\u00f3n y culmina en la clasificaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agrega que su prohijado est\u00e1 exento de prestar el servicio militar, por cuanto es el \u00fanico hijo de Aleyda Rodr\u00edguez Salazar, figurando \u00e9sta como su \u00fanica ascendiente en su registro civil de nacimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que la progenitora de Sebasti\u00e1n se encuentra en el exterior \u201c(\u2026) procurando generarse ingresos econ\u00f3micos para brindarle un mejor futuro a su n\u00facleo familiar (\u2026)\u201d, pues son una familia de muy escasos recursos y regresar\u00e1 al pa\u00eds \u201c(\u2026) a principios del a\u00f1o 2017 (\u2026)\u201d para apoyar a su hijo en sus estudios, dado que \u00e9ste (\u2026) obtuvo un buen ICFES [y] desea estudiar medicina (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Acota que su representado convive con dos (2) familiares discapacitados, su t\u00eda de 51 a\u00f1os, quien se desplaza en una silla de ruedas y su abuelo de 80, persona con \u201c(\u2026) ceguera y m\u00faltiples patolog\u00edas (\u2026)\u201d. Afirma que aqu\u00e9llos s\u00f3lo cuentan con Sebasti\u00e1n para su cuidado y esa circunstancia tambi\u00e9n lo exonera de la carga a \u00e9l impuesta (fls. 18 y 19, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, por tanto, ordenar el desacuartelamiento de su agenciado (fl. 19, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        El Distrito Militar N\u00b0 30 manifest\u00f3 que el aqu\u00ed prohijado se present\u00f3 voluntariamente el 1\u00b0 de diciembre de 2016 y tras practic\u00e1rsele los ex\u00e1menes m\u00e9dicos, psicol\u00f3gicos y de odontolog\u00eda, fue declarado apto, incorpor\u00e1ndosele al Batall\u00f3n de Servicios N\u00b0 22, Benedicto Triana con sede en San Jos\u00e9 del Guaviare, quien en adelante es el competente para pronunciarse sobre la situaci\u00f3n del conscripto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Anot\u00f3 que a pesar de inform\u00e1rsele al prohijado de las exenciones consagradas en la ley para la prestaci\u00f3n del servicio militar, aqu\u00e9l no expuso nada al respecto. A\u00f1adi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de quien afirma ser agente oficiosa de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar, porque no se comprob\u00f3 su incapacidad para acudir directamente a este resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, sostuvo que no se ha probado la calidad de hijo \u00fanico del prenombrado, as\u00ed como tampoco que responda por padres discapacitados. Advirti\u00f3 que lo primero debe acreditarse con una certificaci\u00f3n de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, donde se indique que la progenitora de aqu\u00e9l no tiene m\u00e1s descendientes (fls. 44 al 46, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        El Batall\u00f3n de Servicios N\u00b0 22, Benedicto Triana, se\u00f1al\u00f3 que el representado fue vinculado a esa unidad correctamente. Destac\u00f3 la no demostraci\u00f3n de las circunstancias alegadas para exonerarlo de su deber militar, pues aunque a este amparo se anex\u00f3  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) copia del puntaje SISB\u00c9N, ese documento no se constituye como una constancia expedida por la EPS en la que se refleje el n\u00facleo familiar y que permita confirmar que efectivamente el joven (\u2026) es hijo \u00fanico (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDe igual forma, (\u2026) tampoco es aplicable [la otra exenci\u00f3n aducida] toda vez que tal y como lo manifest\u00f3 la accionante, el n\u00facleo familiar del joven (\u2026) est\u00e1 compuesto por una t\u00eda y su abuelo, m\u00e1s no por alguno de sus padres con quienes realmente tendr\u00eda responsabilidad de ayudarlos en su sustento diario (\u2026)\u201d (fls. 61 al 63 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)         Los dem\u00e1s guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) nada hay en el expediente en torno a que el joven incorporado, o la agente oficiosa (\u2026), hayan presentado solicitud de desacuartelamiento ante alguna de las autoridades militares involucradas en este asunto (\u2026)\u201d (fls. 74 al 73, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La promotora impugn\u00f3 indicando que el Distrito Militar N\u00b0 30 \u201c(\u2026) falt\u00f3 a la verdad cuando indic\u00f3 en la contestaci\u00f3n (\u2026) que no se hab\u00edan presentado pruebas (\u2026)\u201d de la situaci\u00f3n de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar, pues junto con la progenitora de aqu\u00e9l, se aercaron al Batall\u00f3n Vencedores el 2 de diciembre de 2016 desde las 7:00 a.m., siendo atendidas hasta las 11:30 a.m.  <\/span><\/p>\n

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En esa oportunidad se les indic\u00f3 que los documentos allegados eran insuficientes y que deb\u00edan traer los registros civiles de las personas que conviv\u00edan con Sebasti\u00e1n, por lo cual se devolvieron a Zarzal -domicilio de \u00e9ste- para obtenerlos. Aunque ese d\u00eda regresaron a las 4:00 p.m., se negaron a escucharlas y tuvieron que volver el lunes 5 de diciembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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Se presentaron a las 6:00 a.m. y las recibieron a las 9:45 a.m., empero el oficial a cargo se rehus\u00f3 a recibir la documentaci\u00f3n \u201c(\u2026) diciendo que simplemente ya no hab\u00eda nada que hacer (\u2026)\u201d, por ello  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Aleyda Rodr\u00edguez Salazar le suplic\u00f3 y llor\u00f3 para que los recibiera, hasta que finalmente [lo logr\u00f3] y [se le] manifest[\u00f3] que [se] estudiar[\u00edan] y que recibir[\u00edan] respuesta (\u2026) en el transcurso de la semana, lo cual realmente nunca ocurri\u00f3 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que la Personer\u00eda Municipal de Zarzal fue quien le ayud\u00f3 a escribir y organizar este auxilio, dadas sus constantes peticiones y esa autoridad expuso los hechos que estim\u00f3 m\u00e1s relevantes (fls. 93 y 94, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Delanteramente debe advertirse la legitimaci\u00f3n de la agente oficiosa para invocar este amparo en nombre de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar, pues como esta Sala lo expres\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]st\u00e1 acreditado que [el agenciado] (\u2026) se encuentra acuartelado prestando servicio militar, circunstancia que comporta una limitaci\u00f3n, pues, no puede disponer de todo el tiempo que necesite para acudir a los jueces en busca de resguardo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Ahora bien, el tema de la \u201clegitimaci\u00f3n\u201d en la mencionada hip\u00f3tesis no es nuevo, al punto que la jurisprudencia ha indicado que \u201cexiste una limitaci\u00f3n de tiempo y espacio que le impide a quien se encuentra acuartelado ejercer aut\u00f3nomamente la acci\u00f3n de tutela, todo ello debido al estricto r\u00e9gimen al cual son sometidos, tal como la disciplina y la obediencia debida a sus superiores, que coincide con el cumplimiento de los preceptos establecidos por el orden militar (\u2026). As\u00ed, quien est\u00e9 prestando el servicio militar y pretenda presentar una acci\u00f3n de tutela \u2018les implica, por lo menos, salir del cuartel en los horarios de atenci\u00f3n de la Rama Judicial con el objeto de radicar la solicitud y, como hemos se\u00f1alado, esta posibilidad se ve ampliamente limitada en la pr\u00e1ctica tanto por el car\u00e1cter de la conscripci\u00f3n como por la estricta sujeci\u00f3n a las \u00f3rdenes del superior\u2019 (\u2026) En conclusi\u00f3n, es a todas luces leg\u00edtimo por parte de un padre o madre, agenciar los derechos de su hijo que se encuentra prestando el servicio militar obligatorio, sin importar incluso que estos tengan la mayor\u00eda de edad, pues como se se\u00f1al\u00f3, al acuartelamiento comporta una limitaci\u00f3n material para que la persona pueda ejercer sus derechos en forma personal, esto es, presentar la acci\u00f3n de tutela (sentencia de 14 de abril de 2011, expediente T-291 de 2011 de la Corte Constitucional). Sentencia de 19 de julio de 2012, exp.5000122030002012-00448-01 (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Solamente se ha variado la posici\u00f3n comentada, en casos especiales, denegando el amparo al concluir la falta de legitimaci\u00f3n2, cuando del material probatorio fulge indiscutible la posibilidad del soldado de impetrarlo directamente; no obstante, en este asunto est\u00e1n acreditados los presupuestos de la agencia oficiosa, pues el representado est\u00e1 reci\u00e9n incorporado al Batall\u00f3n de Servicios N\u00b0 22, Benedicto Triana con sede en San Jos\u00e9 del Guaviare, lugar alejado de su domicilio \u2013 Zarzal (Valle del Cauca)- y a la fecha de formulaci\u00f3n de esta protecci\u00f3n no contaba con familiares cercanos para que le ayudaran con la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        Precisado lo anterior, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para acceder a la salvaguarda peticionada, por cuanto se halla lesionado el derecho al debido proceso del agenciado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, revisado el paginario se observa que si bien el Distrito Militar N\u00b0 30 aleg\u00f3 haber puesto en conocimiento de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar, en la data de su incorporaci\u00f3n, las causales consagradas en los art\u00edculos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993 para la exoneraci\u00f3n del servicio militar y que aqu\u00e9l no manifest\u00f3 nada al respecto, no se alleg\u00f3 a este auxilio prueba de esa gesti\u00f3n en aras de controvertir las irregularidades enrostradas por esta v\u00eda a la vinculaci\u00f3n del agenciado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esa circunstancia, permite colegir la lesi\u00f3n de la garant\u00eda referida, pues si Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar no tuvo oportunidad de exponer si se encontraba en una de las situaciones legales establecidas para exonerarse de la prestaci\u00f3n del servicio y tampoco se le indic\u00f3 con claridad cu\u00e1les documentos deb\u00eda aportar para acreditarla, es claro el menoscabo del debido proceso, sobre el cual esta Corporaci\u00f3n ha advertido que constituye  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento, tr\u00e1mite, juicio o actuaciones administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados estos que est\u00e1n consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (CSJ SC, 5 may. 2011 Rad. 00063-01, reiterada el 5 mar. 2015, exp. ATC1153-2015) (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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La Corte Constitucional, por su parte, ha anotado que dicha prerrogativa comprende  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) \u00ab(i) ser o\u00eddo durante toda la actuaci\u00f3n, (ii) a la notificaci\u00f3n oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuaci\u00f3n se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n desde su inicio hasta su culminaci\u00f3n, (v) a que la actuaci\u00f3n se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico, (vi) a gozar de la presunci\u00f3n de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violaci\u00f3n del debido proceso (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Atendiendo al control de convencionalidad impuesto a todas las autoridades p\u00fablicas y privadas, debe traerse a colaci\u00f3n lo expresado por la Corte Interamericana en cuanto al enunciado derecho, consagrado en el canon 8\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. As\u00ed, manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) \u00ab[C]ualquier actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de los \u00f3rganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa Corte observa que el elenco de garant\u00edas m\u00ednimas establecido en el numeral 2 del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n se aplica a los \u00f3rdenes mencionados en el numeral 1 del mismo art\u00edculo, o sea, la determinaci\u00f3n de derechos y obligaciones de orden \u00abcivil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros \u00f3rdenes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn cualquier materia la discrecionalidad de la administraci\u00f3n tiene l\u00edmites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n se encuentre regulada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEs un derecho humano el obtener todas las garant\u00edas que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administraci\u00f3n excluida de cumplir con este deber. Las garant\u00edas m\u00ednimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisi\u00f3n pueda afectar los derechos de las personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa justicia, realizada a trav\u00e9s del debido proceso legal, como verdadero valor jur\u00eddicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso (\u2026), y los Estados no pueden sustraerse de esta obligaci\u00f3n (\u2026) (subraya la Sala, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panam\u00e1  (Fondo), sentencia de 2 de febrero de 2001, p\u00e1rrs. 124 a 126 y 128) (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Ahora, aun cuando no est\u00e1 probado que la agente oficiosa y la progenitora del incorporado hubiesen acudido a las autoridades querelladas a exponer la tem\u00e1tica aqu\u00ed planteada, lo cierto es que en virtud de esta salvaguarda el Ej\u00e9rcito Nacional ya tiene conocimiento de la aducida condici\u00f3n de hijo \u00fanico de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar, circunstancia objetiva que lo releva de su deber militar conforme al literal c) del art\u00edculo 28 de la Ley 48 de 1993.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, seg\u00fan lo esgrimi\u00f3 la Corte Constitucional en un asunto de similares contornos, la tutela procede en casos como el presente aunque no se hubiese reclamado un pronunciamiento de la administraci\u00f3n ni agotado un proceso contencioso administrativo, pues la prestaci\u00f3n del servicio militar es de car\u00e1cter temporal, por lo cual resulta necesaria la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n. En efecto, esa Corporaci\u00f3n acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [Se] encuentra (\u2026) acredita[do] el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues ninguno de los accionantes cuenta con otro mecanismo de defensa judicial eficaz y oportuno para lograr la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. Si bien la discusi\u00f3n podr\u00eda plantearse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, luego de agotarse el tr\u00e1mite propio de la actuaci\u00f3n administrativa de la que debe surgir una decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n, ya sea escrita o ficta o presunta, esta v\u00eda no ser\u00eda id\u00f3nea para garantizar la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales conculcados cuando se configura una causal de exenci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio militar, teniendo en cuenta que el mismo es de car\u00e1cter temporal, raz\u00f3n por la cual la acci\u00f3n de tutela debe entenderse en este contexto como un mecanismo  aut\u00f3nomo con las restricciones previstas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Vistas as\u00ed las cosas, el Ej\u00e9rcito Nacional, a trav\u00e9s del Batall\u00f3n de Servicios N\u00b0 22, Benedicto Triana con sede en San Jos\u00e9 del Guaviare, ha debido impulsar el tr\u00e1mite respectivo para dilucidar lo aqu\u00ed rebatido; sin embargo, a la fecha de esta decisi\u00f3n no ha adoptado ninguna determinaci\u00f3n sobre el particular, lo cual evidencia el menoscabo de la prerrogativa atr\u00e1s rese\u00f1ada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Por lo expuesto y ante la probable existencia de la causal de exenci\u00f3n enunciada, acreditada sumariamente con la certificaci\u00f3n emitida el 30 de noviembre de 2016 por la Personer\u00eda del Municipio de Zarzal (Valle del Cauca) (fl. 7, cdno. 1), la agente oficiosa o la progenitora de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar deber\u00e1n acudir a la citada dependencia aportando la constancia expedida por la EPS dando cuenta de la composici\u00f3n del n\u00facleo familiar del prenombrado o la emitida por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, donde se indique que aqu\u00e9l es el \u00fanico hijo de Aleyda Rodr\u00edguez Salazar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tras recepcionarse lo anterior y siempre que est\u00e9 probado el motivo de exoneraci\u00f3n rese\u00f1ado, el Batall\u00f3n de Servicios N\u00b0 22 citar\u00e1 a una audiencia p\u00fablica al agenciado, en presencia de un delegado de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que manifieste si desea continuar o no incorporado al Ej\u00e9rcito Nacional, ello en aras de garantizar el derecho de retracto del cual puede hacer uso el personal castrense seg\u00fan la jurisprudencia de esta Sala7.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, en caso de que aqu\u00e9l exprese su negativa a permanecer conscripto, el Batall\u00f3n de Servicios N\u00b0 22 dispondr\u00e1 su desacuartelamiento inmediato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Por tanto, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, conceder la protecci\u00f3n rogada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n solicitada en nombre de Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se le ordena al Batall\u00f3n de Servicios N\u00b0 22, Benedicto Triana con sede en San Jos\u00e9 del Guaviare, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n de la documentaci\u00f3n que debe ser aportada por Claudia Milena Perea Hern\u00e1ndez y\/o Aleyda Rodr\u00edguez Salazar, donde se acredite la condici\u00f3n de hijo \u00fanico del agenciado, realice una audiencia p\u00fablica en presencia del soldado Sebasti\u00e1n Rodr\u00edguez Salazar y de un delegado de la Defensor\u00eda del Pueblo y le pregunte a aqu\u00e9l si opta por continuar su actividad militar o no; en ese \u00faltimo caso, deber\u00e1 procederse a su desacuartelamiento inmediato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1CSJ. STC de 26 de marzo de 2015, exp. 76111-22-13-000-2015-00043-01    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 11 de agosto de 2014, expediente 2014-00211-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. ATC de 20 de enero de 2016, exp. 05001-22-03-000-2015-00817-01    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional. Sentencia SC-980 de 2010    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 08001-22-13-000-2015-00665-01    <\/span><\/p>\n

6 Corte Constitucional. Sentencia T-039 de 2014    <\/span><\/p>\n

7 CSJ. STC de 11 de octubre de 2012, exp. 2012-00375-01; reiterada el 31 agosto de 2011, rad. 00194-01; el 23 de enero de 2014, exp. 2013-00466-01 y el 30 de septiembre de 2014, exp. 68001-22-13-000-2014-00480-01, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente      STC2415-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2016-00410-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99622","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99622"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99622\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}