{"id":99628,"date":"2026-06-25T19:04:40","date_gmt":"2026-06-25T19:04:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2441-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:04:40","modified_gmt":"2026-06-25T19:04:40","slug":"stc2441-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2441-2017\/","title":{"rendered":"STC2441-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2441-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00629-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ramiro Antonio Barraza, contra los Juzgados Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito y Sexto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo por intermedio de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo con que se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas que fue elaborada dentro del proceso ejecutivo singular que en su contra promovi\u00f3 el Banco GNB Sudameris S.A.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de lo expuesto reclama, entonces, que se \u00abdeclar[e] que [en] las liquidaciones de cr\u00e9dito y de las costas existe error grave, en raz\u00f3n a que el Banco Sudameris ven\u00eda cobrando sin ninguna sentencia que condenara al (\u2026) demandado\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aduce en lo esencial, que dentro del referido cobro judicial, el 13 de junio de 2016, el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla \u00abelabor\u00f3 liquidaci\u00f3n de costas y liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, las que aprob\u00f3 el d\u00eda 29 de ese mismo mes y a\u00f1o, determinaci\u00f3n \u00e9sta que aunque apel\u00f3, fue confirmada por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, con auto del pasado 8 de noviembre, desconociendo que \u00abel banco [ejecutante le] ha venido cobrando por ventanilla desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb cuotas de la obligaci\u00f3n objeto de recaudo, por una suma equivalente a \u00ab$650.000 mensuales\u00bb, de los que, dice, abona \u00abuna suma irrisoria\u00bb al cr\u00e9dito, motivo por el cual considera que esa decisi\u00f3n vulnera los derechos fundamentales que solicita amparar y habilita la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela (fls. 2 a 6, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a).        La titular del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla aclar\u00f3, que conoci\u00f3 de la alzada que el accionante interpuso contra el auto de 29 de junio de 2016, con que el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la misma ciudad \u00abresolvi\u00f3 aprobar la liquidaci\u00f3n de costas elaborada por la Oficina de Apoyo de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civiles Municipales de [esa localidad]\u00bb, y que mantuvo a trav\u00e9s de una decisi\u00f3n dictada con apego a las normas de procedimiento que regulan el caso (fls. 21 a 23, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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       b).        El Banco GNB Sudameris S.A. manifest\u00f3 a trav\u00e9s de su Gerente Regional, que dentro del proceso cuestionado el 15 de febrero de 2016, se dict\u00f3 sentencia con que se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en contra del actor, y que la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito al 1\u00ba de junio siguiente, asciende a la suma de $66\u00b4523.940,887.  Explic\u00f3 que la obligaci\u00f3n objeto de ejecuci\u00f3n es un cr\u00e9dito en la modalidad de libranza, que en \u00abcondiciones normales\u00bb implicaba un descuento mensual al aqu\u00ed accionante por $1\u00b4138.000,oo; pero al haber \u00e9ste cesado en el pago completo de la cuota en las condiciones pactadas, se \u00abpresent\u00f3 mora y se gener\u00f3 la acci\u00f3n de cobro correspondiente\u00bb (fls. 26 a 29, ib.).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo suplicado, tras observar que \u00abde la respuesta que ofreci\u00f3 la Jueza Primera de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de [esa] ciudad, junto con la providencia proferida el 8 de noviembre de 2016, por el citado Despacho Judicial, cuya copia fue aportada con la solicitud de tutela, se aprecia de modo f\u00e1cil la improcedencia del amparo, en tanto no hay duda que los argumentos que sustentan la apelaci\u00f3n del auto que aprob\u00f3 las liquidaciones de cr\u00e9dito y de costas, e incluso la misma solicitud de tutela, en modo alguno cuestionan la liquidaci\u00f3n realizada, sino que ponen de presente un pago total o parcial de la obligaci\u00f3n que se ejecuta por v\u00eda judicial, que sin duda debi\u00f3 argumentarse por el actor a trav\u00e9s de las excepciones de m\u00e9rito que son los instrumentos establecidos en la ley para atacar las pretensiones de la demanda, y no esperar la etapa de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito para hacerlo por cuanto es en ese estadio donde debe discutirse lo alegado\u00bb (fls. 46 a 51, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, alegando similares argumentos a los expuestos en su escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que dentro del t\u00e9rmino de traslado de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por su contraparte al interior del asunto criticado, \u00abaport[\u00f3 una] liquidaci\u00f3n y manifest[\u00f3] que existe un error grave en [aqu\u00e9lla]\u00bb (fls. 61 y 62, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en una v\u00eda de hecho, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del accionante est\u00e1 encaminada concretamente, contra la providencia del pasado 8 de noviembre, en virtud de la cual el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que el 29 de junio anterior profiri\u00f3 el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la misma ciudad, de aprobar la liquidaci\u00f3n de costas elaborada dentro de la referida ejecuci\u00f3n, pues en sentir del actor, all\u00ed ejecutado,  tal determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 sin valorar los pagos mensuales que \u00e9l realiz\u00f3 a la obligaci\u00f3n ejecutada desde antes que se iniciara el cobro coercitivo en su contra.    <\/span><\/p>\n

3.        Revisado el contenido del mentado prove\u00eddo proferido por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito accionado, lo primero que para la Corte salta a la vista, es que a diferencia de lo narrado por el accionante en el escrito de tutela, all\u00ed s\u00f3lo se trat\u00f3 en segunda instancia la inconformidad de \u00e9ste frente al auto con que se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas elaborada dentro de la referida ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.  Establecido lo anterior, advierte la Sala que examinada dicha determinaci\u00f3n, con el l\u00edmite propio del Juez de tutela, se concluye que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una correcta hermen\u00e9utica, la cual resultaba aplicable al asunto objeto de examen, y por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa.  <\/span><\/p>\n

       3.2.   Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que en efecto, una vez el Despacho de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito convocado circunscribi\u00f3 el disenso del actor para con el aludido auto con que, se itera, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas a que  <\/span><\/p>\n

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\u00abexisti\u00f3 un error grave tanto en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito como en la liquidaci\u00f3n de las costas; por cuanto (\u2026) la entidad acreedora no ha efectuado la liquidaci\u00f3n ni reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme a lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, porque su mandante ha venido pagando puntualmente por n\u00f3mina la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) los autos de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y liquidaci\u00f3n de costas no se ajustan a los presupuestos legales y jurisprudenciales, por lo que en su criterio violan el debido proceso de que trata el art\u00edculo 239 de la Constituci\u00f3n; por cuanto la condena en costas debe imponerse en Sentencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Consider\u00f3 sobre esas puntuales inconformidades lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl recurrente en su escrito de apelaci\u00f3n \u00fanicamente se limit\u00f3 a indicar que la liquidaci\u00f3n de costas no se ajusta a los presupuestos legales y jurisprudenciales referentes a la Ley 546 de 1999, alegando que se constituye en violatorio del debido proceso, sin que en el mismo precise cu[\u00e1]les son los errores en que incurri\u00f3 el A-quo en la providencia objeto de alzada, y teniendo de presente que el recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas, de conformidad con lo indicado en la norma antes citada, tiene por objeto que se revisen las controversias que pudieran surgir a partir de la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho, sin que en la sustentaci\u00f3n del respectivo recurso se advierta el cumplimiento de esta carga procesal, y encontrando esta agencia judicial ajustada a las disposiciones antes citadas la liquidaci\u00f3n de costas elaborada por la oficina de apoyo de los juzgados de ejecuci\u00f3n civiles municipales, y que fue aprobada mediante el auto objeto de censura, no queda otro camino que proceder a la confirmaci\u00f3n del mismo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aparte donde se constata que la mentada autoridad judicial estim\u00f3 que las quejas del aqu\u00ed interesado para con el auto con que se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas dentro del referido juicio, no ten\u00edan cabida, pues no tend\u00edan a discutir tal decisi\u00f3n, inferencia \u00e9sta que as\u00ed realizada no merece ning\u00fan reproche, en tanto atiende al procedimiento aplicable, pues es claro que el recurso de apelaci\u00f3n \u00abtiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida\u00bb (art. 320 C.G. del P.), esto es, el quantum de las costas liquidadas, el que valga mencionar, observ\u00f3 ajustado a derecho. No obstante, dicha juzgadora consider\u00f3 prudente manifestarse sobre las quejas del accionante, y anot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abConviene precisar respecto a algunos de los fundamentos esgrimidos por el recurrente, en particular lo se\u00f1alado respecto a la Ley 546 de 1999, que tales disposiciones al igual que la jurisprudencia esgrimida por la Corte Constitucional sobre tal disposici\u00f3n normativa, tienen por objeto los cr\u00e9ditos hipotecarios para adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo, supuesto de hecho \u00e9ste que no es el del presente proceso, por cuanto la obligaci\u00f3n que se ejecuta es respecto a un cr\u00e9dito ordinario, de modo que mal pudiere hac\u00e9rsele extensivos los efectos de aquella norma. Igualmente es de apreciar que los fundamentos esgrimidos por el recurrente tienen por objeto enervar las pretensiones del ejecutante siendo que la oportunidad para ello era en la contestaci\u00f3n de la demanda mediante excepciones de m\u00e9rito, acto que no ejerci\u00f3 el demandado, y no si\u00e9ndole dable al juez revivir etapas legalmente pretermitidas al interior de los procesos, no hay lugar a su examen\u00bb (fls. 7 a 10, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Motivaciones que, en cuanto a su manera de realizaci\u00f3n, no merecen reproche en sede de este especial mecanismo de protecci\u00f3n, pues se observan extra\u00eddas de la realidad procesal y de una adecuada hermen\u00e9utica de la normatividad aplicable, ya que all\u00ed el despacho accionado coligi\u00f3, primero, que la reliquidaci\u00f3n a que hace alusi\u00f3n la Ley 546 de 1999 no era procedente dentro de la ejecuci\u00f3n criticada, porque la obligaci\u00f3n objeto de recaudo no cumpl\u00eda con los par\u00e1metros legales all\u00ed establecidos, pues entre otras particularidades, no fue adquirida para compra de vivienda a largo plazo; y segundo, que el puntual disenso que expuso el actor respecto a la cuant\u00eda de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, no es procedente, porque con el mismo pretende modificar el monto por el que se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, buscando con ello reabrir un debate clausurado en la respectiva sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta \u00faltima queja es reiterada por el promotor del amparo en esta oportunidad, al buscar que a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional se ordene invalidar la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, porque supuestamente no contempla en el capital unos supuestos pagos por \u00e9l efectuados con anterioridad al inicio de la ejecuci\u00f3n, lo cual, al margen de ser una simple afirmaci\u00f3n sin prueba, en todo caso no tiene cabida en la instancia procesal en que se encuentra el juicio cuestionado, pues como ha tenido oportunidad de precisar la Sala,    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito es una etapa dentro del proceso ejecutivo, en la que las partes o el juzgador natural tienen la facultad de ajustar la obligaci\u00f3n previamente determinada en el mandamiento de pago y en la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, lo que se traduce en que en ese estadio del juicio, ni los contendientes ni la autoridad judicial pueden nuevamente debatir las condiciones del monto del cr\u00e9dito, pues esa labor se agota al resolver las excepciones de m\u00e9rito en la respectiva sentencia. De manera que, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito debe ce\u00f1irse a lo dispuesto en la orden de apremio y en la sentencia, ya que de otro modo el proceso ejecutivo se convertir\u00eda en un escenario \u00b4aeternum\u00b4 para discutir el \u00b4quantum\u00b4 de la obligaci\u00f3n objeto de recaudo\u00bb (STC-11123-2016).  <\/span><\/p>\n

4.   Puestas as\u00ed las cosas, al margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta \u00edntegramente o no el se\u00f1alado pronunciamiento del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, se concluye que no puede tildarse de antojadizo o caprichoso, lo cual impide su revocatoria en esta Sede, pues la diferencia de criterio que expone la parte aqu\u00ed interesada no permite, por s\u00ed sola, predicar el quebranto de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca, siendo que en la decisi\u00f3n censurada se observaron las normas que eran aplicables al caso concreto; de all\u00ed que la determinaci\u00f3n impartida no se ofrezca absurda o contraria al ordenamiento que el legislador dispuso para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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       6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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