{"id":99629,"date":"2026-06-25T19:04:49","date_gmt":"2026-06-25T19:04:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2442-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:04:49","modified_gmt":"2026-06-25T19:04:49","slug":"stc2442-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2442-2017\/","title":{"rendered":"STC2442-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2442-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00742-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora del amparo en la calidad antes referida, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su descendiente al debido proceso y a la igualdad, supuestamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con la negativa de ordenar la entrega de los dineros retenidos como garant\u00eda de pago de los alimentos fijados judicialmente a favor de \u00e9ste, con cargo a su progenitor, el se\u00f1or Libardo Cort\u00e9s Romero.    <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda la protecci\u00f3n deprecada, y se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esta capital, \u00abexpedir las \u00f3rdenes con destino al Banco Agrario de Colombia de Bogot\u00e1, para que se materialice el pago de la cuota alimentaria del [mentado] menor\u00bb; al Ej\u00e9rcito Nacional que ponga a disposici\u00f3n del Despacho los \u00abdescuentos dejados de consignar por concepto de incremento anual de cuota alimentaria (\u2026) junto con su indexaci\u00f3n\u00bb; que se env\u00ede a la Caja de Retiro de esa misma entidad la orden de embargo del salario del se\u00f1or Libardo Cort\u00e9s Romero, y se expida certificaci\u00f3n donde conste en qu\u00e9 fecha as\u00ed procedi\u00f3; y, finalmente a la prenombrada dependencia, que realice los respectivos descuentos por n\u00f3mina al padre de su menor hijo (fls. 24 y 25 , cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que mediante sentencia del 30 de julio de 2009, la autoridad judicial convocada fij\u00f3 cuota de alimentos a favor de su hijo, y a cargo del referido se\u00f1or Cort\u00e9s Romero, en el equivalente al 20% del salario bruto mensual que \u00e9ste devenga en el Ej\u00e9rcito Nacional, junto con el \u00absubsidio familiar\u00bb a que el menor tiene derecho, y como garant\u00eda de cumplimiento futuro de pago de esa obligaci\u00f3n, embarg\u00f3 el 30% del dinero correspondiente a las cesant\u00edas a favor de \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que la entidad castrense nunca cancel\u00f3 lo correspondiente al \u00absubsidio familiar\u00bb, y consign\u00f3 en el Banco Agrario las respectivas mesadas alimentarias hasta el mes de junio de 2016, porque \u00abel demandado ya no laboraba para esa instituci\u00f3n\u00bb, motivo por el cual, el 12 de octubre siguiente, solicit\u00f3 a la sede judicial citada que ordenara la entrega de \u00ablos dineros que se encontraban pendientes de pago en el Banco para el proceso de alimentos\u00bb, y, que adem\u00e1s, cautelara \u00abel 50% del valor de la pensi\u00f3n que devenga el [alimentante]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que ante esa solicitud, el estrado accionado emiti\u00f3 el oficio No. 2538 del 26 de octubre de 2016, con que requiri\u00f3 al Ej\u00e9rcito Nacional para que informara si \u00abel se\u00f1or Libardo Cort\u00e9s Romero, ya no labora en dicha entidad y en caso afirmativo desde qu\u00e9 fecha y si actualmente se encuentra pensionado\u00bb, pero ante el silencio de esa entidad, reiter\u00f3 su petici\u00f3n al juzgado respecto de la entrega de dineros, lo que le fue negado nuevamente el 15 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, porque \u00abcorresponde[n] al 30% embargado por concepto de cesant\u00edas, los cuales son una garant\u00eda para el cumplimiento de la cuota alimentaria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Tras ese relato, asegura que la autoridad jurisdiccional accionada condicion\u00f3 la entrega de tales dineros, \u00abolvidando que los alimentos del menor son una garant\u00eda constitucional\u00bb, y que es su deber \u00abadoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en la sentencia que fije la cuota de alimentos\u00bb, motivos por los cuales estima que se vulneraron las prerrogativas superiores que solicita aqu\u00ed amparar (fls. 20 a 26, ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a).        La Secretaria del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el expediente contentivo del proceso cuestionado, remiti\u00e9ndose a lo all\u00ed actuado (fl. 38, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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       b).        La Caja de Retiro de la Fuerzas Militares manifest\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial, que como el se\u00f1or Libardo Cort\u00e9s Romero \u00abno recibe asignaci\u00f3n de retiro ni sustituci\u00f3n pensional\u00bb por parte de esa dependencia, no tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para acudir al presente tr\u00e1mite (fls. 56 a 59, ib.).  <\/span><\/p>\n

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       c).        De manera extempor\u00e1nea, el Director de Personal del Ej\u00e9rcito Nacional inform\u00f3, que el se\u00f1or Cort\u00e9s Romero se encuentra retirado de esa instituci\u00f3n desde el mes de junio de 2016, conforme la Resoluci\u00f3n 0596 del 30 de marzo anterior, y que \u00aben la actualidad devenga sueldo de retiro reconocido por la Caja de Sueldos de Retiro de las FFMM\u00bb (fls. 94 y 95, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el amparo suplicado, tras constatar de la revisi\u00f3n del expediente que contiene el asunto objeto de reproche, que no se cumple con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, pues \u00aben efecto, la accionante solicit\u00f3 a la Juez demandada que, ante el no pago de las cuotas de alimentos de los meses de julio a septiembre de 2016, se le entregaran t\u00edtulos consignados a nombre del proceso, por concepto del embargo del 30% de las cesant\u00edas, como garant\u00eda del cumplimiento de la obligaci\u00f3n, a lo cual no accedi\u00f3 la funcionaria, mediante providencia que no fue objeto de reparo alguno\u00bb; a lo cual agreg\u00f3, que en todo caso, \u00abla juez ha desplegado la actividad que le corresponde, en procura de establecer las circunstancias en que se halla el deudor de los alimentos y as\u00ed poder resolver sobre la entrega de las mesadas, solo que no recibido respuesta por parte del pagador del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Con sustento en esto \u00faltimo estim\u00f3, que como \u00abel se\u00f1or pagador del ej\u00e9rcito ha sido renuente en acatar la orden emitida en el oficio No. 2538 de 26 de octubre de 2016, del Juzgado 7\u00ba de Familia, respuesta que resulta vital para tomar las determinaciones del caso, y tampoco, dio contestaci\u00f3n a la presente acci\u00f3n, de acuerdo con prescrito en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, deben tenerse por ciertos los hechos que se consignaron en el libelo en relaci\u00f3n con \u00e9l, esto es, que no ha dado respuesta al oficio en el que se le ordena informar si el se\u00f1or Libardo Cort\u00e9s Romero labora o no en la entidad, se tutelar\u00e1n los derechos invocados frente al mismo y, adem\u00e1s, se dispondr\u00e1 oficiar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Procuradur\u00eda Delegada para las Fuerzas Militares, para que se investigue la conducta del se\u00f1or Pagador del Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia, ante su actitud omisiva frente a las \u00f3rdenes judiciales\u00bb (fls. 61 a 67, ejusdem.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la accionante, alegando similares argumentos a los expuestos en su escrito inicial; a m\u00e1s de agregar, que las providencias emitidas por el Despacho accionado en torno a sus solicitudes de entrega del dinero a favor de su peque\u00f1o, no son susceptibles del recurso de alzada, por haber sido emitidas en un proceso de \u00fanica instancia (fls. 87 a 89, ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, El Director de Personal del Ej\u00e9rcito comunic\u00f3 al Juez constitucional a quo, que en cumplimiento al fallo de tutela envi\u00f3 a la autoridad judicial convocada, por correspondencia y a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico <Flia07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>, el oficio No. 20163171740951 con que a su vez dio respuesta al oficio No. 2538 del 26 de octubre de 2016 (fls. 96 a 100, ib\u00edd.).    <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura de la accionante se dirige, puntualmente, contra la decisi\u00f3n del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1, plasmada en autos del 19 de octubre y 15 de noviembre de 2016, de negar la entrega de unos dineros depositados en el Banco Agrario por concepto de los alimentos fijados en el proceso referenciado, pues en sentir de aqu\u00e9lla, con tal proceder se est\u00e1 obstaculizando la satisfacci\u00f3n de los intereses superiores de su menor hijo, quien se beneficia de dichos rubros.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, de la revisi\u00f3n de la documental adosada al expediente y el an\u00e1lisis del actuar procesal de la accionante, surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones por ella planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues la decisi\u00f3n del juzgado accionado de negar la entrega de tales dineros, no fue recurrida por la aqu\u00ed interesada a trav\u00e9s del recurso ordinario previsto por el legislador para tal efecto, esto es, el de reposici\u00f3n (art. 318 C.G. del P.), mecanismo de impugnaci\u00f3n que estuvo a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de los derechos fundamentales de su descendiente.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras en CSJ STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.   Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.4.    En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda a la tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar las decisiones que hoy cuestiona, por ser el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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       4.        Sin embargo, y aun dejando de lado lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que mediante auto del pasado 19 de octubre, la sede judicial accionada, ante la solicitud que dentro del proceso cuestionado la aqu\u00ed interesada elev\u00f3 para que se ordenara el pago de lo adeudado por el all\u00ed demandado por concepto de cuota alimentaria, dispuso que de manera previa a resolver, que se oficiara a la Pagadur\u00eda del Ej\u00e9rcito Nacional, \u00aba fin de que se sirva informar (\u2026) si conforme lo informa la demandante, el se\u00f1or Libardo Cort\u00e9s Romero ya no labora en dicha entidad y en caso afirmativo desde qu\u00e9 fecha y si actualmente se encuentra pensionado\u00bb (fl. 12, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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4.1.   Ese requerimiento, tras ser comunicado a dicha dependencia mediante Oficio No. 2538 del 26 de octubre siguiente, fue atendido el pasado 19 de diciembre a instancias de la presente acci\u00f3n constitucional a trav\u00e9s del oficio No. 20163171740951, con que el Director de Talento Humano del Ej\u00e9rcito Nacional inform\u00f3 que: \u00ab[u]na vez verificado el Sistema de Informaci\u00f3n de Administraci\u00f3n de Talento Humano (SIATH) se encontr\u00f3 que el se\u00f1or SP\u00ae Libardo Cortes Romero c.c. (\u2026), se encuentra retirado de la instituci\u00f3n desde el 31 de marzo de 2016, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 0596. Cabe se\u00f1alar que esta secci\u00f3n retuvo la cuota de alimentos ordenada hasta la n\u00f3mina del mes de junio de 2016, como \u00faltimo mes de alta devengado por el demandado, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990\u00bb, comunicado que se constata enviado a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del Juzgado accionado, <Flia07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co> (fls. 96 a 100, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.  De lo anterior se colige, entonces, que al haber sido suministrada la anterior informaci\u00f3n, qued\u00f3 cumplido el requisito a que el Juzgado accionado supedit\u00f3 el estudio de la solicitud de entrega de dineros de la accionante, circunstancia \u00e9sta que impide que haya un pronunciamiento por parte del Juez constitucional, pues est\u00e1 pendiente el pronunciamiento que sobre el particular debe emitir el juez natural, el que eventualmente puede abrir paso a la prosperidad de lo que aqu\u00ed se persigue.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.  En este orden de ideas, se concluye que la presente acci\u00f3n deviene presurosa, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios ante el juez de la contienda, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 03 jul. 2015, rad. 00229-01, reiterado en STC3854-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.4.   En el mismo sentido ha dicho la Corte de tiempo atr\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2012, Rad. 00201-01 y STC8258-2015).  <\/span><\/p>\n

5.  Adicionalmente, la Sala no aprecia tampoco la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, pues, no est\u00e1 probado que el lapso que tarde en resolverse la aludida solicitud, implique per se la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de las caracter\u00edsticas antes aludidas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha puntualizado que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se demostraron las circunstancias necesarias para otorgarlo en esos t\u00e9rminos, es decir, no se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC 17 jul. 2015, Rad. 00264-02, reiterado en CSJ STC 23 jul. 2015, Rad. 00980-02 y STC3854-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6.        Finalmente, respecto a los dem\u00e1s pedimentos de la aqu\u00ed interesada, atinentes a que se ordene al Ej\u00e9rcito Nacional que ponga a disposici\u00f3n de la sede judicial cuestionada los \u00abdescuentos dejados de consignar por concepto de incremento anual de cuota alimentaria (\u2026) junto con su indexaci\u00f3n\u00bb; que se env\u00ede a la Caja de Retiro de esa misma entidad la orden de embargo del salario del se\u00f1or Libardo Cortes Romero, y se expida certificaci\u00f3n donde conste en qu\u00e9 fecha as\u00ed procedi\u00f3; y, por otra parte, que a la prenombrada dependencia se le ordene realizar los respectivos descuentos por n\u00f3mina al padre de su menor hijo, no obra prueba en el plenario de solicitudes en tal sentido a tales entidades, situaci\u00f3n que de entrada cierra la puerta a la prosperidad de las mismas a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, de cara a la subsidiariedad que lo caracteriza.   <\/span><\/p>\n

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       7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC2442-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00742-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-            ANTECEDENTES        1. La promotora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99629","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99629","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99629"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99629\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}