{"id":99630,"date":"2026-06-25T19:04:53","date_gmt":"2026-06-25T19:04:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2443-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:04:53","modified_gmt":"2026-06-25T19:04:53","slug":"stc2443-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2443-2017\/","title":{"rendered":"STC2443-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2443-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02183-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Germ\u00e1n Gilberto Acero Calder\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1, el Juzgado Veinte Laboral Adjunto del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del proceso laboral a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia dictada en sede de casaci\u00f3n el 4 de mayo de 2016, dentro del juicio ordinario laboral que instaur\u00f3 contra el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del escrito de tutela se colige que lo finalmente pretendido por el actor, es que se deje sin efecto y valor la aludida determinaci\u00f3n, y como consecuencia de ello, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n acusada, emitir una nueva decisi\u00f3n, en el sentido de no casar la sentencia recurrida (fl. 11, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que el proceso referido en l\u00edneas precedentes lo instaur\u00f3 con el fin de obtener \u00abque se declarara que era beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social SINTRASEGURIDADSOCIAL\u00bb y, por ende, que \u00abse [l]e reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 98 de la mencionada Convenci\u00f3n Colectiva, teniendo en cuenta el 100% del promedio del salario devengado en los \u00faltimos tres a\u00f1os y desde el momento en que cumpli[\u00f3] los requisitos\u00bb, as\u00ed como \u00ab[el] pago del retroactivo causado y la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas\u00bb, pretensiones que fueron negadas el 30 de enero de 2009 por el Juzgado Veinte Laboral Adjunto del Circuito de Bogot\u00e1, al declarar probada de manera oficiosa la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n o competencia, decisi\u00f3n que fue revocada por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de la misma ciudad, mediante fallo de 31 de mayo de 2012, en virtud del recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra dicha sentencia, al determinar que s\u00ed era beneficiario del rese\u00f1ado acuerdo, no obstante haber trabajado los \u00faltimos tres a\u00f1os para la E.S.E. Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, por lo que conden\u00f3 a dicha entidad a reajustar el valor de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y a pagar el correspondiente retroactivo debidamente indexado.   <\/span><\/p>\n

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Expresa que en atenci\u00f3n al recurso extraordinario de Casaci\u00f3n formulado por el extremo pasivo contra lo resuelto, la Corporaci\u00f3n censurada la cas\u00f3 a trav\u00e9s de providencia del 4 de mayo de 2016, pues consider\u00f3 que el Tribunal \u00aberr\u00f3 [en su] conclu[si\u00f3n]\u00bb, afirmaci\u00f3n que, dice, no es cierta, ya que de conformidad con el Decreto 1750 de 2003, en armon\u00eda con los art\u00edculos 357 y 472 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y la sentencia C-991 de 2004, debi\u00f3 entenderse que las prerrogativas contenidas en dicho pacto se extend\u00edan tambi\u00e9n a los trabajadores oficiales no sindicalizados por tratarse de un sindicato mayoritario, raz\u00f3n por la que considera que la se\u00f1alada autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico (fls. 1 a 9, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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b.  La sociedad Fiduagraria S.A. en su calidad de vocera y administradora del patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes del desaparecido I.S.S., se limit\u00f3 a informar que a partir del 31 de marzo de 2015, fecha en la cual se suscribi\u00f3 el acta final de liquidaci\u00f3n del citado instituto, \u00e9ste dej\u00f3 de ser sujeto de derechos y obligaciones (fls. 111 a 115, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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c.   El Coordinador del Grupo de Administraci\u00f3n de Entidades Liquidadas de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica del Ministerio de Salud, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad del presente tr\u00e1mite, en atenci\u00f3n a que la responsable de pronunciarse sobre lo pretendido por el actor es la Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes de la liquidada E.S.E., Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento (fl. 124, ejusdem).    <\/span><\/p>\n

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d.  La Sala de Casaci\u00f3n censurada, el Tribunal y los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que la decisi\u00f3n adoptada por la hom\u00f3loga en lo Laboral se encuentra \u00absustentada en argumentos serios, coherentes y razonables\u00bb, producto de una adecuada \u00abvaloraci\u00f3n del acervo probatorio\u00bb, del cual concluy\u00f3 que \u00abel accionante no pod\u00eda beneficiarse de las prerrogativas convencionales, debido a que pas\u00f3 de ser trabajador oficial a empleado p\u00fablico por la escisi\u00f3n del ISS\u00bb, sumado a que \u00abno cumpli\u00f3 con los requisitos para consolidar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, circunstancias que fueron omitidas por el Tribunal\u00bb (fls. 127 a 134, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante se mostr\u00f3 inconforme con el fallo anterior, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos con los que sustent\u00f3 la queja constitucional (fls. 142 a 154, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la tutela para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que el interesado no cuente con otro medio de defensa judicial id\u00f3neo, pues la acci\u00f3n de amparo no puede constituirse en un mecanismo sustitutivo o paralelo a los mecanismos ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas.    <\/span><\/p>\n

2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Germ\u00e1n Gilberto Acero Calder\u00f3n resulta improcedente, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la determinaci\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 4 de mayo de 2016, por medio de la cual cas\u00f3 la sentencia proferida el 31 de mayo de 2012 por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario laboral que el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 contra el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS (fls. 86 a 95, cdno. 1), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, la Corporaci\u00f3n acusada, luego de analizar el \u00fanico cargo formulado por la entidad demandada a la luz de la normatividad aplicable al asunto y la postura que ha adoptado respecto de la calidad de los trabajadores del extinto ISS luego de la expedici\u00f3n del Decreto 1750 de 2003, en armon\u00eda con las pruebas recaudas en el rese\u00f1ado juicio laboral, concluy\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en el error jur\u00eddico denunciado en lo referente a la aplicaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva invocada por el demandante, por haber desconocido que \u00e9ste no consolid\u00f3 el derecho convencional reclamado antes de la escisi\u00f3n del instituto demandado, \u00fanico supuesto en que resulta procedente lo pretendido, raz\u00f3n por la que deb\u00eda casarse la sentencia refutada.       <\/span><\/p>\n

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Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, la Colegiatura censurada precis\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abRespecto a lo planteado por la censura, esta Sala se ha pronunciado en m\u00faltiples ocasiones en casos de similares contornos al presente, en los que se concluy\u00f3 que los servidores del Instituto de Seguros Sociales que pasaron a las empresas sociales del Estado, en virtud del Decreto 1750 de 2003, cambiaron su condici\u00f3n de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos, salvo quienes ejerc\u00edan labores propias del mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria o de servicios generales, de suerte que quienes adquirieron la calidad de empleados p\u00fablicos en las mencionadas empresas tienen un r\u00e9gimen salarial y prestacional especial y no gozan dentro del ordenamiento de los beneficios convencionales o de las particulares ventajas de los trabajadores oficiales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en la sentencia SL12348-2014, sobre la tem\u00e1tica en comento, esta Sala asent\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAl margen de las falencias t\u00e9cnicas que plantean los opositores, en torno a los temas que aborda la acusaci\u00f3n, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha definido en repetidas oportunidades que los servidores del Instituto de Seguros Sociales incorporados a las plantas de personal de las empresas sociales del Estado, mudaron su condici\u00f3n de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos, salvo los que ejerc\u00edan labores propias de mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria o de servicios generales. En el mismo sentido, ha adoctrinado que esos nuevos empleados p\u00fablicos tienen un r\u00e9gimen salarial y prestacional establecido legalmente, por lo que no pueden ser beneficiarios de los derechos establecidos para los trabajadores oficiales en las convenciones colectivas de trabajo.  <\/span><\/p>\n

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En la sentencia CSJ SL, 23 jul 2009, rad. 35399, reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ SL468-2013 y CSJ SL644-2013, se dijo al respecto:  <\/span><\/p>\n

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De conformidad con el tenor literal del art\u00edculo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados p\u00fablicos de las ESEs, se regir\u00e1n por el r\u00e9gimen salarial y prestacional de los empleados p\u00fablicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el r\u00e9gimen propio de los trabajadores oficiales que ten\u00edan antes de la escisi\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales.  <\/span><\/p>\n

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La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresi\u00f3n o definici\u00f3n concerniente a lo que se deber\u00eda entender por <derechos adquiridos> que conten\u00eda el citado art\u00edculo 18, seg\u00fan la sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casaci\u00f3n, en esencia se fund\u00f3 en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026.) Ya que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es un sistema jur\u00eddico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aqu[\u00e9]lla es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convenci\u00f3n conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definici\u00f3n prevista en el art\u00edculo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aqu[\u00e9]lla resulta restrictiva del \u00e1mbito de protecci\u00f3n de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

\u201cDe conformidad con lo dicho, esta Corporaci\u00f3n estima que la expresi\u00f3n (\u2026) es inconstitucional por restringir el \u00e1mbito constitucional de protecci\u00f3n de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 18.\u201d (resalta y subraya la Sala).\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consider\u00f3 que dentro de los <derechos adquiridos> que se deb\u00edan respetar a quienes pasaran a ser empleados p\u00fablicos de las Empresas Sociales del Estado, por raz\u00f3n de la escisi\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales, estaban tambi\u00e9n comprendidos aqu[\u00e9]llos que se derivaran de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, pero l\u00f3gicamente que se tratara de situaciones jur\u00eddicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales deb\u00edan cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, n\u00f3tese que la mencionada motivaci\u00f3n, cuando se refiere a qui[\u00e9]nes est\u00e1n cobijados por la convenci\u00f3n colectiva, alude exclusivamente a los <trabajadores> para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta Corporaci\u00f3n no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados p\u00fablicos de las ESEs se puedan beneficiar de ah\u00ed en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando \u00e9stos ostentaban la condici\u00f3n de trabajadores oficiales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo esta \u00f3rbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relaci\u00f3n a quienes por mandato legal se les cambi\u00f3 la naturaleza del v\u00ednculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va m\u00e1s all\u00e1 del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, trat\u00e1ndose de un empleado p\u00fablico de las ESE, los derechos consolidados o causados despu\u00e9s de la entrada en vigencia del tantas veces mencionado Decreto 1750 de 2003, no es dable otorgarlos teniendo como fuente la convenci\u00f3n colectiva de trabajo.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, en lo que incumbe a la sentencia de exequibilidad C- 349 del 20 de abril de 2004, cabe decir que por virtud de que la misma se remite a lo expuesto en la sentencia C-314 de 2004, sirven las mismas consideraciones para estimar que el respeto de los derechos adquiridos que all\u00ed se mencionan, se concibe en los t\u00e9rminos antes expresados. (negrillas fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

En igual sentido, la Corte ha determinado que los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales, incorporados como empleados p\u00fabicos a las empresas sociales del Estado, pod\u00edan adquirir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, si hab\u00edan consolidado ese derecho mientras ten\u00edan la condici\u00f3n de trabajadores oficiales, por tratarse de derechos adquiridos conforme a disposiciones vigentes. (Ver, entre otras, las sentencias CSJ SL644-2013 y CSJ SL803-2013).  <\/span><\/p>\n

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Esa misma conclusi\u00f3n se ha construido desde el punto de vista f\u00e1ctico, teniendo en cuenta que el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, razonable y objetivamente entendido, obliga a que el respectivo servidor cumpla los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras mantiene la naturaleza jur\u00eddica de trabajador oficial (Ver CSJ SL888-2013 y CSJ SL713-2013). En dichas decisiones tambi\u00e9n se precis\u00f3 que, contrario a lo que aduce la censura, mientras el trabajador no tenga los requisitos de edad y tiempo de servicios, no genera alg\u00fan derecho adquirido, sino que mantiene una mera expectativa pensional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Bajo esta \u00f3ptica, resulta atinada la censura del recurrente, pues el Tribunal, en efecto, err\u00f3  al concluir que al demandante le era aplicable la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, a fin de acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 98 convencional, esto es, con el 100% del promedio de lo percibido en los dos \u00faltimos a\u00f1os de servicio, toda vez que, conforme qued\u00f3 demostrado en el plenario y no fue objeto de discusi\u00f3n en esta sede, a la data de escisi\u00f3n del ISS, 26 de junio de 2003, el actor no ten\u00eda 55 a\u00f1os de edad ni los 20 a\u00f1os de servicios para consolidar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, pues ingres\u00f3 al servicio del ISS el 27 de octubre de 1986 y naci\u00f3 el 22 de enero de 1951, adem\u00e1s de que no demostr\u00f3 que desempe\u00f1ara para la ESE demandada un cargo que se encontrara dentro de la excepci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 16 del Decreto 1750 de 2003, por lo cual  mut\u00f3 su condici\u00f3n de trabajador oficial a la de empleado p\u00fablico, lo que le impide beneficiarse de las prerrogativas convencionales en los t\u00e9rminos previamente descritos\u00bb (fls. 86 a 95, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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3.  Surge de lo anteriormente expuesto, que los mencionados argumentos en los que, se repite, la instancia judicial acusada edific\u00f3 la providencia aqu\u00ed cuestionada, relacionados con que, en s\u00edntesis, el peticionario no es beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva suscrita en el 2006 entre el extinto ISS y \u201cSINTRASEGURIDADSOCIAL\u201d, por no haber consolidado el derecho pensional previsto en su art\u00edculo 98 con anterioridad a la escisi\u00f3n del citado instituto, no revelan arbitrariedad o desmesura, pues como bien se explic\u00f3 en la decisi\u00f3n que pasa de transcribirse, en virtud del Decreto 1750 de 2003, especialmente, los art\u00edculos 16 a 19, los servidores p\u00fablicos que a la entrada de su vigencia se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de Prestaci\u00f3n de Servicios de Salud, a las Cl\u00ednicas y a los Centros de Atenci\u00f3n Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedaron autom\u00e1ticamente incorporados, sin soluci\u00f3n de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el aludido decreto, en calidad de empleados p\u00fablicos, con la salvedad de quienes \u00absin ser directivos, desempe\u00f1en funciones de mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria y de servicios generales, quienes ser\u00e1n trabajadores oficiales\u00bb, siendo una de ellas la ESE Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento, por lo que s\u00f3lo aquellos trabajadores oficiales que lograron adquirir su derecho extralegal con anterioridad a dicha mutaci\u00f3n, podr\u00edan reclamarlo con posterioridad a ella, postura que no se muestra carente de razonabilidad, en tanto que est\u00e1 soportada en argumentos serios y respetables.  <\/span><\/p>\n

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4.   Por consiguiente, cabe concluir, que en la actividad censurada no se incurri\u00f3 en la causal de procedencia del amparo denunciada, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la determinaci\u00f3n criticada, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituye causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC10081-2015, STC728-2016 y STC9898-2016).  <\/span><\/p>\n

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A ese respecto, se ha considerado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, Rad. 00297-01, reiterada en STC10726-2015 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, Rad. 00514-01, mencionada en STC10972-2015; STC1512-2016; STC4936-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.   Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC2443-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02183-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99630","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99630"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99630\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}