{"id":99631,"date":"2026-06-25T19:05:09","date_gmt":"2026-06-25T19:05:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2446-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:05:09","modified_gmt":"2026-06-25T19:05:09","slug":"stc2446-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2446-2017\/","title":{"rendered":"STC2446-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2446-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00897-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mi diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Guti\u00e9rrez Tovar contra el Ej\u00e9rcito Nacional, la Direcci\u00f3n de Sanidad de dicha Fuerza y el Dispensario M\u00e9dico Militar de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Tercera Brigada del Ej\u00e9rcito Nacional, el Centro de Reclusi\u00f3n Militar Cant\u00f3n de N\u00e1poles, el Batall\u00f3n de Polic\u00eda Militar de la aludida unidad militar, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC, y, el Consorcio Fondo PPL2015.  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al \u00abdebido proceso administrativo\u00bb y de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, al no haberle realizado los ex\u00e1menes m\u00e9dicos de retiro, ni convocado la respectiva Junta M\u00e9dico Laboral para valorar su capacidad psicof\u00edsica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita que se ordene a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, \u00abprest[arle] oportunamente toda la atenci\u00f3n m\u00e9dica necesaria\u00bb; \u00abautori[zar] todos los procedimientos en procura de definir [su] situaci\u00f3n m\u00e9dica para poder terminar [su] junta m\u00e9dico laboral [de retiro]\u00bb; y, dar respuesta a la solicitud que elev\u00f3 para que \u00abse ordenara y se emitieran todos los conceptos correspondientes\u00bb para la realizaci\u00f3n de dicha evaluaci\u00f3n (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.   En apoyo de sus reparos, aduce en lo esencial, que en la actualidad se encuentra confinado en el Centro de Reclusi\u00f3n Militar Cant\u00f3n de N\u00e1poles de la Tercera Brigada del Ej\u00e9rcito Nacional, ubicado en la ciudad de Cali, lugar desde el cual, dice, ha enviado varias solitudes a la Direcci\u00f3n de Sanidad de dicha instituci\u00f3n para que autorice la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes necesarios para la realizaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dico Laboral de Retiro, sin obtener hasta el momento, asevera, \u00abuna respuesta clara, precisa y concisa por parte de esa entidad\u00bb.       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente sostiene, que no ha podido culminar dicho proceso m\u00e9dico \u00abdebido a la negligencia\u00bb de la aludida entidad, quien por raz\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica, procedi\u00f3 a \u00abdesvincula[rlo] del Ej\u00e9rcito y autom\u00e1ticamente [a] desactiva[rlo] de los servicios m\u00e9dicos\u00bb, sin tener en cuenta, afirma, \u00ablos graves quebrantos (\u2026) f\u00edsicos, psicol\u00f3gicos y mentales [que padece por] los traumas adquiridos dentro del servicio\u00bb (fls. 1 a 3, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.  El Director del Dispensario M\u00e9dico Militar de Cali, pidi\u00f3 desvincular a esa dependencia del presente tr\u00e1mite constitucional, tras indicar que no es de su competencia la activaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos requeridos por el accionante, sino de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional (fls. 33 y 34, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.  El Jefe Oficina Jur\u00eddica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013USPEC, luego de hacer una rese\u00f1a de las funciones que cumple dicha entidad, peticion\u00f3 lo mismo que el funcionario anterior, con fundamento en que la autoridad encargada de prestar el susodicho servicio m\u00e9dico a la poblaci\u00f3n reclusa del pa\u00eds, es el Consorcio Fondo PPL2015 (fls. 52 a 56, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.  El Gerente del Consorcio Fondo PPL2015, el cual act\u00faa como vocero y administrador del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo de Atenci\u00f3n en Salud a la Poblaci\u00f3n Privada de la Libertad, aunque extempor\u00e1neamente, igualmente reproch\u00f3 la convocatoria de esa agrupaci\u00f3n a la presente actuaci\u00f3n, por cuanto que \u00e9sta \u00abNO ostenta ninguna capacidad jur\u00eddica que le permita legalmente prestar los servicios de salud y lo concerniente a la junta m\u00e9dica laboral controvertidos por el accionante\u00bb (fls. 65 a 68, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.  El Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, tambi\u00e9n de forma tard\u00eda, pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo suplicado, con sustento en que de acuerdo al reporte del Sistema M\u00e9dico Laboral de esa instituci\u00f3n y la solicitud presentada por el actor en el a\u00f1o 2007, las cuales indican que \u00e9ste estaba \u00abapto para el retiro\u00bb, no permiten \u00abpro mandato legal y por observancia del principio de inmediatez y subsidiariedad otra actuaci\u00f3n adicional al respecto\u00bb, dado que, precisamente, no se vislumbr\u00f3 en la ficha m\u00e9dica de aptitud psicof\u00edsica \u00ablesi\u00f3n o afectaci\u00f3n ALGUNA\u00bb, a lo que se suma el hecho que el peticionario inobserv\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 1796 de 2000 (fls. 118 a 120, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e.  Los dem\u00e1s involucrados, guardaron silencio.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia, luego de hacer una s\u00edntesis de la jurisprudencia constitucional referente a la procedencia de la Junta M\u00e9dico Laboral para el personal retirado de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abconforme lo enunciado en el escrito de tutela, al se\u00f1or Edwin Guti\u00e9rrez Tovar, quien se encuentra privado de la libertad desde el a\u00f1o 2008 y por tal motivo retirado de la instituci\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional, en la actualidad no se le han realizado los ex\u00e1menes m\u00e9dicos de retiro y por ende no se le ha convocado a la junta m\u00e9dico laboral militar, a los cuales tiene derecho y son de car\u00e1cter obligatorio conforme las voces de lo dispuesto en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 1796 de 2000, por tanto, la omisi\u00f3n de la entidad accionada, representada en la negativa injustificada de realizarle el examen m\u00e9dico de retiro, vulnera su derecho fundamental al debido proceso administrativo, pues recu\u00e9rdese que aqu\u00e9l tiene car\u00e1cter definitivo para todos los efectos legales, el cual debi\u00f3 practic\u00e1rsele dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produjo la novedad de su desvinculaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este mismo sentido, debe indicarse que no le correspond\u00eda al actor la carga de presentarse ante la autoridad accionada a fin de solicitar y gestionar la pr\u00e1ctica del mencionado examen de retiro, pues recu\u00e9rdese que el accionante se encuentra privado de la libertad desde el a\u00f1o 2008 aunado a que, seg\u00fan lo informado en el escrito de tutela, aqu[\u00e9]l ha solicitado ante la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito en repetidas ocasiones su valoraci\u00f3n, sin que se hubiere sido atendido su pedimento, examen que se hace necesario, toda vez que el mismo tiene por objetivo determinar si al evaluado le asiste derecho a obtener el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de invalidez, una indemnizaci\u00f3n, o la prestaci\u00f3n de servicios asistenciales y de salud, con fundamento en los efectos que la labor desempe\u00f1ada hubiere podido producir en su salud f\u00edsica y mental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a los servicios de salud reclamados, sostuvo en un primer momento:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abAhora bien, con relaci\u00f3n a la petici\u00f3n realizada por el accionante concerniente a la prestaci\u00f3n de servicios asistenciales en salud, esto es, que se ordene a la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar su activaci\u00f3n indefinida en el sistema de afiliados de salud de las Fuerzas Militares para la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dico asistenciales de manera permanente y continua, debe indicarse que aquella petici\u00f3n resulta improcedente, por las razones a saber:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Aunque el actor ha manifestado en su escrito de tutela que al momento de su desvinculaci\u00f3n no se tuvo en cuenta sus graves quebrantos de salud, entre otros, deterioro f\u00edsico, psicol\u00f3gico y mental debido a los traumas adquiridos dentro del servicio, debe indicarse que no obra en el plenario ninguna prueba que indique que el actor se hubiere encontrado recibiendo alguna atenci\u00f3n o tratamiento m\u00e9dico con relaci\u00f3n a alguna afecci\u00f3n producto de la prestaci\u00f3n del servicio militar, o que siendo anterior a aquel, se hubiere agravado de manera sustancial con ocasi\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior a fin de dar aplicaci\u00f3n a las excepciones constitucionales que obligan a la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico por parte del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, hasta tanto se defina de fondo la situaci\u00f3n en materia de salud del involucrado (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo manifestado, no puede desconocerse que como quiera que al accionante no se le realizaron los ex\u00e1menes de capacidad psicof\u00edsica para el retiro de la instituci\u00f3n, en caso de arrojar los mismos alguna patolog\u00eda presentada con causa u ocasi\u00f3n del servicio militar, deber\u00e1 proceder la Direcci\u00f3n de Sanidad de manera inmediata a reactivar en dicho sistema de salud al accionante, a fin que pueda acceder a los medicamentos, procedimientos y tratamientos que requiera para el manejo de sus padecimientos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para finalmente se\u00f1alar, respecto de qui\u00e9n es la autoridad responsable de la atenci\u00f3n en salud al tutelante, que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abseg\u00fan lo reglamentado en el Decreto 2496 de 2012, el cual es aplicable al asunto de marras por disposici\u00f3n expresa de su art\u00edculo 1\u00ba, el cual regula el aseguramiento en salud a la poblaci\u00f3n reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u201cINPEC\u201d, incluida la poblaci\u00f3n privada de la libertad en guarniciones militares o de polic\u00eda, (\u2026) es a este Instituto a quien le corresponde garantizar la vinculaci\u00f3n del accionante al R\u00e9gimen Subsidiado en Salud, como quiera que dicha entidad es la legalmente encargada y facultada para realizar este tr\u00e1mite\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, \u00abrealizar todas las gestiones pertinentes, a fin de que al [actor] le sean practicados los ex\u00e1menes para retiro de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 1796 de 20002. Realizado lo anterior, deber\u00e1 autorizar y convocar la pr\u00e1ctica de la correspondiente Junta M\u00e9dico Laboral\u00bb, as\u00ed como, \u00aben caso de arrojar los ex\u00e1menes m\u00e9dicos de retiro (\u2026) alguna patolog\u00eda presentada con causa u ocasi\u00f3n del servicio militar, proceda de manera inmediata a reactivar en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares al accionante, a fin que pueda acceder a los medicamentos, procedimientos y tratamientos que requiera para el manejo de sus padecimientos\u00bb; mientras que al Director del Inpec, \u00abreali[zar] la afiliaci\u00f3n del [accionante] al R\u00e9gimen Subsidiado de Salud, a fin que aqu[\u00e9]l pueda acceder de manera efectiva, continua e ininterrumpida al Sistema General de Seguridad Social en Salud, hasta tanto se defina su situaci\u00f3n m\u00e9dica laboral de retiro\u00bb (fls. 57 a 64, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tanto el Director del Dispensario M\u00e9dico Militar como el de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, se mostraron inconformes con lo resuelto, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos con que replicaron la solicitud de amparo (fls. 121, 122 y 125, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.     La acci\u00f3n de tutela creada por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, reglamentada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, tiene dicho la doctrina constitucional, procede cuando quiera que la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica, o de un particular en los puntuales casos autorizados, vulnere o amenace derechos constitucionales fundamentales, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que su viabilidad o procedencia reclama, en esencia, que la actuaci\u00f3n desplegada comprometa un derecho del linaje advertido y, que no exista mecanismo de protecci\u00f3n distinto.  <\/span><\/p>\n

2.   Descendiendo al caso bajo estudio, de entrada advierte la Sala que el fallo impugnado merece ser revocado, pues, tal y como se ha dicho en casos de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al presente1, el accionante no logr\u00f3 demostrar de qu\u00e9 manera se le est\u00e1n vulnerando las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed pretende, ya que en el expediente no hay evidencia que corrobore el delicado estado de salud en que aduce encontrarse, de tal suerte que se le estuviese ocasionando un deterioro en su integridad f\u00edsica que amerite de manera urgente la intervenci\u00f3n del juez tutela para conjurar dicha situaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando se encuentra afiliado a los servicios de salud del Sistema General de Salud, seg\u00fan inform\u00f3 la Directora Regional Occidente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC (fl. 127, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.    Adem\u00e1s, de los hechos relacionados en el escrito de tutela y la respuesta ofrecida extempor\u00e1neamente por la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional se desprende, que contrario a lo divisado por el a quo constitucional, el solicitante no solo fue negligente en la consecuci\u00f3n del tratamiento m\u00e9dico que dice requerir para restablecer su estado de salud, sino tambi\u00e9n en lo que a \u00e9l le correspond\u00eda en aras de poder llevarse a cabo la correspondiente Junta M\u00e9dico Laboral despu\u00e9s de su retiro de la entidad castrense, para determinar en ese entonces su capacidad psicof\u00edsica, como lo era procurar la obtenci\u00f3n y realizaci\u00f3n de las respectivas \u00f3rdenes m\u00e9dicas, a fin de diligenciar la ficha m\u00e9dica de retiro y la consecuente realizaci\u00f3n de la referida junta, ya que en el plenario no hay medio probatorio alguno que corrobore que el actor haya requerido a dicha autoridad para que accediera a todo lo anterior, como insistentemente \u00e9ste lo manifest\u00f3 en el escrito de tutela, sin que pueda excusar tal desidia en el hecho de haber sido privado de la libertad en el a\u00f1o 2008, pues es sabido que los reclusos del pa\u00eds, a m\u00e1s de tener la posibilidad de contar con una persona que los represente judicialmente en la defensa de sus intereses, cuentan con dependencias hacia el interior de los centros penitenciarios que los ayudan a tramitar y radicar solicitudes ante cualquier entidad u organismo del Estado; adem\u00e1s, de admitirse que s\u00ed fue as\u00ed, debi\u00f3 acudir con prontitud al juez de tutela para salvaguardar sus derechos, y no casi 8 a\u00f1os despu\u00e9s de haber sido desvinculado del Ej\u00e9rcito Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  Por otra parte, no puede afirmarse en este particular caso, que la entidad convocada est\u00e9 desconociendo lo normado en el Decreto 1796 de 2000, pues es claro el art\u00edculo 8\u00ba de la citada norma en advertir, que el examen para retiro \u00abdebe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de car\u00e1cter obligatorio en todos los casos\u00bb, enfatizando que \u00ab[c]uando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal t\u00e9rmino, dicho examen se practicar\u00e1 en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Polic\u00eda por cuenta del interesado\u00bb, lo cual est\u00e1 en concordancia con el art\u00edculo 35 del mismo decreto, el cual reza que cuando un miembro de la Fuerza P\u00fablica \u00abse haya desvinculado sin derecho a la asignaci\u00f3n de retiro, pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n o pensi\u00f3n de invalidez y abandone o reh\u00fase sin justa causa, por un t\u00e9rmino de dos (2) meses, o durante el mismo per\u00edodo no cumpla con el tratamiento prescrito por la Sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto\u00bb, la instituci\u00f3n \u00abquedar\u00e1 exonerada del reconocimiento y pago de las prestaciones econ\u00f3micas que de ello se deriven\u00bb, lo cual deja en evidencia que el tutelante no s\u00f3lo tuvo en sus manos las oportunidades necesarias para realizarse dicha evaluaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n el tiempo suficiente para ello, sin que pueda endilg\u00e1rsele, entonces, acto u omisi\u00f3n alguna a la Direcci\u00f3n de Sanidad enjuiciada que d\u00e9 lugar a la vulneraci\u00f3n alegada, pues, se reitera, el actor en una conducta totalmente negligente dej\u00f3 que trascurriera \u00e9ste sin hacer nada al respecto, pues no es de otra manera como puede entenderse que hasta este momento haya acudido a esta senda excepcional\u00edsima, cuando afirma estar incapacitado desde aquel entonces.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.   Por lo anterior, conviene recordar que para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza, carece de sentido hablar de la necesidad de amparo, criterio igualmente sostenido por la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

\u00abes indispensable un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o en el menoscabo material o moral del derecho cuya efectividad se solicita a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Por consiguiente, quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u00bb (C.C. T-864\/99, reiterado en T-088\/08).  <\/span><\/p>\n

       <\/span><\/p>\n

6.   Por \u00faltimo cabe agregar, que si bien es cierto no est\u00e1 demostrado en el expediente que al peticionario se le realiz\u00f3 la evaluaci\u00f3n m\u00e9dico laboral de retiro, mal podr\u00eda la Corte ordenar su pr\u00e1ctica cuando, por un lado, el actor fue quien propici\u00f3 su no realizaci\u00f3n en tiempo, y por el otro, una orden en tal sentido resultar\u00eda inocua, pues, precisamente, como no demostr\u00f3 el grave estado de salud en que dice encontrarse, producto del servicio prestado a la Naci\u00f3n, la valoraci\u00f3n a todas luces ser\u00eda intrascendente, m\u00e1xime cuando, seg\u00fan se advierte del informe rendido por la autoridad de sanidad acusada, al accionante s\u00ed le fue diligenciada su ficha m\u00e9dica de aptitud psicof\u00edsica, en la cual no se report\u00f3 lesi\u00f3n o afectaci\u00f3n alguna que diera lugar a la pr\u00e1ctica de un examen o tratamiento complementario.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.    Corolario de lo anterior, se invalidar\u00e1 el fallo refutado, para en su lugar, desestimar el resguardo implorado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y, en su lugar, NIEGA la protecci\u00f3n suplicada.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC761-2015 y STC11501-2016.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente      STC2446-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00897-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mi diecisiete (2017).-         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99631","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99631"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99631\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}