{"id":99632,"date":"2026-06-25T19:05:15","date_gmt":"2026-06-25T19:05:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2450-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:05:15","modified_gmt":"2026-06-25T19:05:15","slug":"stc2450-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2450-2017\/","title":{"rendered":"STC2450-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-0361-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Alirio Moran Mueses contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente conculcado por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n del auto de segunda instancia dictado el 2 de febrero de 2017, a trav\u00e9s de cual se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad que impetr\u00f3, dentro del juicio declarativo de responsabilidad civil extracontractual que en su contra y de Cootransmayo Ltda y Q.B.E. Seguros S.A., promovieron Ligia M\u00e9ndez M\u00e9ndez, Jos\u00e9 Ignacio Garc\u00eda Motta, Margarita Rojas de Garc\u00eda, Gricerio, Serley, Jhon Fredi, Mini Joana, Jos\u00e9 Ignacio y Daladiel Garc\u00eda Rojas.    <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda la protecci\u00f3n deprecada, ordenando a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, dejar sin efectos la decisi\u00f3n aludida, y en consecuencia, decretar la nulidad invocada (fl. 118).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja expone en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que el juicio referido en l\u00edneas anteriores fue promovido para que se le declarara civilmente responsable de los perjuicios ocasionados con motivo de la muerte por accidente de tr\u00e1nsito, del se\u00f1or Edilson Garc\u00eda Rojas, quien colision\u00f3 con su motocicleta la parte trasera del bus de servicio p\u00fablico de placas UFF-697, en la v\u00eda que de Altamira conduce a Pitalito (Huila), hecho ocurrido el 16 de febrero de 2009, pretensiones que fueron denegadas en tr\u00e1mite de primera instancia, pero concedidas en tr\u00e1mite de alzada por la Colegiatura criticada.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que pese a lo anterior, y dados los yerros que, asegura, se evidencian en el tr\u00e1mite procesal surtido desde el momento en el que se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por los demandantes, m\u00e1s exactamente, en lo relativo a su carencia de representaci\u00f3n legal en el juicio, tras haber terminado el contrato de prestaci\u00f3n de servicios que suscribi\u00f3 con el apoderado que otrora lo defendi\u00f3, present\u00f3 incidente de nulidad ante el ad quem, quien a trav\u00e9s del auto adiado 2 de febrero de 2017, lo rechaz\u00f3 de plano sin justificaci\u00f3n alguna, lo que a todas luces, dice, vulnera las prerrogativas ius fundamentales que denuncia como conculcadas (fls. 106 a 120).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del pasado 16 de febrero, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, ordenando su traslado a los involucrados para que ejerzan su derecho de defensa y contradicci\u00f3n (fl. 209).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sub examine, el conflicto se centra en precisar si la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en el quebrantamiento endilgado, al rechazar de plano la solicitud de nulidad que el se\u00f1or Mor\u00e1n Montes plante\u00f3 ante la Corporaci\u00f3n accionada, en tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primer grado que result\u00f3 adversa a sus intereses en el marco del juicio declarativo a que se ha hecho referencia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Estudiados los medios de convicci\u00f3n militantes en el expediente y revisadas las actuaciones blanco del debate, de entrada se observa que el amparo inquirido no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues el aqu\u00ed interesado actu\u00f3 de forma incuriosa, al dejar de atacar, a trav\u00e9s del recurso de s\u00faplica, el auto calendado 2 de febrero de la anualidad que avanza, advi\u00e9rtase, que al tenor del art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abprocede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia\u00bb; y como quiera que, por virtud del cano 320 de la misma obra, es susceptible del recurso de alzada, el prove\u00eddo que \u00abel que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva\u00bb, como lo es el que se ataca por la presente v\u00eda excepcional, sin lugar a dubitaciones, procedente resultaba tal medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por lo antes expuesto, encuentra la Corte que con la mentada omisi\u00f3n, se desaprovech\u00f3 la oportunidad id\u00f3nea para alegar las insuficiencias relativas a los supuestos vicios de los que adolece el tr\u00e1mite procesal acaecido desde el momento de la interposici\u00f3n del recurso de alzada, que una vez desatada desfavoreci\u00f3 los intereses del gestor del amparo, sin que sea posible reabrir un debate por esta v\u00eda frente a aspectos que debieron ser planteados ante el juez natural y respetando las reglas propias del juicio.  <\/span><\/p>\n

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4.   Sobre el particular, la Corte de vieja data en diversos pronunciamientos ha dicho, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada en STC1897-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.   Por los motivos que se acaban de exponer, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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