{"id":99633,"date":"2026-06-25T19:05:21","date_gmt":"2026-06-25T19:05:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2451-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:05:21","modified_gmt":"2026-06-25T19:05:21","slug":"stc2451-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2451-2017\/","title":{"rendered":"STC2451-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2451-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00348-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel Enrique S\u00e1nchez Bustamante contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes en el asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.          El accionante a trav\u00e9s de gestora judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con el concepto favorable que se emiti\u00f3 dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que cursa en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, \u00abdej[ando] sin valor la [citada] decisi\u00f3n\u00bb, y como consecuencia de ello, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, \u00abque profiera [una nueva] que consulte el alcance de la normatividad vigente aplicable al tr\u00e1mite de extradici\u00f3n\u00bb (fl. 224).  <\/span><\/p>\n

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2.   Como sustento f\u00e1ctico de su reclamo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que pese a que en la actuaci\u00f3n referida con antelaci\u00f3n le puso de presente a la Corporaci\u00f3n acusada que \u00abla documentaci\u00f3n adosada al expediente de extradici\u00f3n no agotaba los requisitos que para el efecto demanda la Ley 906 de 2004, art\u00edculo[s] 493 y 495\u00bb, dicha autoridad emiti\u00f3 concepto favorable, afirma, \u00abcon una interpretaci\u00f3n sesgada, se sustrajo a la obligaci\u00f3n de la verificaci\u00f3n en estricto rigor de los [aludidos] requisitos\u00bb, en tanto que, a punto de cotejar la validez de \u00ablas actuaciones de los funcionarios adscritos a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a los funcionarios del departamento de Estado de los Estados Unidos\u00bb, indic\u00f3 que \u00abtodos los documentos que aparecen en el idioma ingl\u00e9s, fueron DEBIDAMENTE traducidos al castellano\u00bb, lo cual, dice, \u00abno consulta la realidad\u00bb, ya que el escrito que contiene la traducci\u00f3n no tiene autor, es decir, no fue realizada por \u00abtraductor oficial, perito traductor o funcionario habilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que la citada Sala de Casaci\u00f3n incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico (fls. 200 a 225).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 15 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 227).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  La Directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de la Canciller\u00eda del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de hacer un recuento de las actuaciones que despleg\u00f3 esa dependencia con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n debatido, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, con sustento en que de conformidad con el art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004, \u00ablos documentos que acompa\u00f1[en] la petici\u00f3n de extradici\u00f3n debe estar acompa\u00f1ada de su traducci\u00f3n al castellano y exige que dicha traducci\u00f3n se efect\u00fae por traductor oficial\u00bb (fls. 245 a 248).   <\/span><\/p>\n

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b.  La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, a trav\u00e9s del magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada, se limit\u00f3 a manifestar que se remit\u00eda a \u00ablas razones de hecho y de derecho que llevaron a la Sala a tal determinaci\u00f3n\u00bb (fls. 250 y 251).  <\/span><\/p>\n

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c.  Al momento de registrar el proyecto, no obraba en el plenario m\u00e1s pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s interesados en este tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        De acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio, el actor pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, que se deje sin efecto el concepto favorable emitido por la Sala Especializada en lo Penal de la Corte, dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que cursa en su contra, y como consecuencia de ello, que se ordene a dicha autoridad, proferir uno nuevo con plenas garant\u00edas del debido proceso, pues en su sentir, en los casos que sea necesario, como es el suyo, la traducci\u00f3n al idioma castellano de los documentos aportados en idioma ingl\u00e9s por las autoridades requirentes, debe ser efectuada por \u00abtraductor oficial, perito traductor o funcionario habilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores\u00bb, conforme lo prev\u00e9 nuestro ordenamiento jur\u00eddico y la jurisprudencia.  <\/span><\/p>\n

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3.        Bajo esa perspectiva, para la Corte las pretensiones del accionante no pueden salir avante, toda vez que m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n que plantea, lo cierto es que \u00e9ste cuenta con mecanismos de defensa a trav\u00e9s de los cuales puede plantear los reproches que denuncia en el escrito de protecci\u00f3n, pues aunque la Corporaci\u00f3n acusada dio concepto favorable a la solicitud de extradici\u00f3n presentada por el pa\u00eds de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en todo caso todav\u00eda est\u00e1 a su alcance la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para alegar la ilegalidad el acto administrativo que eventualmente la conceda.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, recu\u00e9rdese, que, el acto acusado no tiene efectos vinculantes sobre el pedido de extradici\u00f3n realizado por el pa\u00eds norteamericano, pues conforme a lo reglado por el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal1 (Ley 906 de 2004), la decisi\u00f3n final acerca de conceder la entrega del tutelante al Estado requirente radica exclusivamente en el Gobierno Nacional, quien tiene la \u00faltima palabra en el asunto.  <\/span><\/p>\n

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4.  En un caso de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al presente, la Sala consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablos cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional:      <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d, (se resalta).  <\/span><\/p>\n

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Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (CSJ STC125-2015, citada en STC3355-2016 y STC8742-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        A no dudar, esa circunstancia, entonces, demarca el fracaso de la demanda de tutela, pues pendiente se encuentran otras herramientas de salvaguarda a las que podr\u00e1 acudir el accionante en procura de proteger las garant\u00edas invocadas, sin que pueda el juez constitucional arrebatar competencias ajenas para pronunciarse sobre un asunto que a\u00fan no ha cobrado firmeza.  <\/span><\/p>\n

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6.         Por tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201cArt\u00edculo 501. Concepto de la Corte Suprema de Justicia.   Vencido el t\u00e9rmino anterior, la Corte Suprema de Justicia emitir\u00e1 concepto. (\u2026) El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligar\u00e1 al gobierno; pero si fuere favorable a la extradici\u00f3n, lo dejar\u00e1 en libertad de obrar seg\u00fan las conveniencias nacionales (\u2026)\u201d (Subraya de la Sala).      <\/span><\/p>\n

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