{"id":99634,"date":"2026-06-25T19:05:25","date_gmt":"2026-06-25T19:05:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2452-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:05:25","modified_gmt":"2026-06-25T19:05:25","slug":"stc2452-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2452-2017\/","title":{"rendered":"STC2452-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2452-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00278-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fundaci\u00f3n Internacional de Apoyo al Desarrollo Social y Comunitario Sostenible \u2013Fundecos, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la educaci\u00f3n, a una vivienda digna, supuestamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n de revocar el fallo de instancia, para en su lugar, seguir adelante con la ejecuci\u00f3n singular que en su contra promovi\u00f3 el se\u00f1or Daniel Luna Hern\u00e1ndez.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abrevoc[ar] la sentencia proferida (\u2026) el 14 de marzo de 2016, [y] desembarg[ar] las cuentas bancarias que en virtud del proceso ejecutivo se encuentran [cauteladas]\u00bb (fls. 52 y 53).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reclamo, aduce en compendio, que la referida ejecuci\u00f3n, que conoci\u00f3 en primera instancia el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, fue promovida para el cobro de dos cheques que hab\u00eda librado a la favor del ejecutante, y respecto de los cuales hab\u00eda dado orden de no pago al banco librado, porque fueron entregados a aqu\u00e9l como garant\u00eda de pago por sus servicios de intermediario para contratar con \u00abentidades p\u00fablicas\u00bb, honorarios que, afirma, ya hab\u00eda cubierto en varias cuotas, en efectivo y con otros cheques.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que con base en esos hechos, el 24 de noviembre de 2015, dicha sede judicial declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abpago total\u00bb propuesta dentro del juicio, porque \u00abno hab\u00eda ning\u00fan negocio que sustentara el cobro de esos cheques, pues el se\u00f1or Luna no pudo probarlo y se limit\u00f3 a decir que era un pr\u00e9stamo que \u00e9l le hab\u00eda hecho a la Fundaci\u00f3n, y a negar el pago de las sumas de dinero\u00bb, decisi\u00f3n que tras ser apelada por su contraparte, fue revocada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia del 14 de marzo de 2016, bajo el argumento que era la Fundaci\u00f3n \u00abquien deb\u00eda demostrar que no exist\u00eda negocio jur\u00eddico en el cual se basaba el cobro de los cheques\u00bb, lo cual, afirma, le era \u00abimposible\u00bb, y en cambio \u00abel accionante no ten\u00eda prueba alguna de haberle prestado el dinero a la fundaci\u00f3n\u00bb, motivos por los cuales no comparte tal determinaci\u00f3n, y considera vulneradas con la misma, no s\u00f3lo sus prerrogativas superiores, sino tambi\u00e9n las de los ni\u00f1os, j\u00f3venes, adultos mayores y su empleados, que se benefician de tales dineros (fls. 46 a 54).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 14 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 70).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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a).        El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que ante la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, que dentro del juicio cuestionado emiti\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 19 de octubre de 2016 remiti\u00f3 el proceso a los despachos de ejecuci\u00f3n (fls. 85 y 86).   <\/span><\/p>\n

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b).        Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        De cara a los argumentos planteados por la inconforme, se advierte que la actuaci\u00f3n aqu\u00ed reprochada es, puntualmente, la decisi\u00f3n del 14 de marzo de 2016, por medio del cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 revocar el fallo que el 24 de noviembre de 2015, emiti\u00f3 el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro de la referida ejecuci\u00f3n, para en su lugar, entonces, seguir adelante con el cobro, pues en  coactivo, pues en sentir de la accionante, all\u00ed ejecutada, aquella determinaci\u00f3n fue proferida con desapego al debido proceso y a trav\u00e9s de una indebida valoraci\u00f3n probatoria.  <\/span><\/p>\n

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4.        No obstante, una vez revisadas las diligencias y el registro de actuaciones del aludido proceso en el portal web de la rama judicial, se anticipa el fracaso de lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, teniendo en cuenta que los cuestionamientos est\u00e1n dirigidos contra una decisi\u00f3n de fondo emitida el 14 de marzo de 2016, la que si bien fue objeto de recurso de casaci\u00f3n, se constata que la resoluci\u00f3n de la queja con que esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n de aquel mecanismo extraordinario, se notific\u00f3 en estado del 13 de junio de 2016 (fls. 79 a 83), en tanto que la demanda de tutela se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 6 de febrero de 2017 (fl.54), de donde deviene claro que la solicitud de amparo respecto de esas puntuales decisiones, fue presentada tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013casi ocho meses, sin que la interesada solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dicha actuaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de negarse la protecci\u00f3n invocada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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