{"id":99636,"date":"2026-06-25T19:05:33","date_gmt":"2026-06-25T19:05:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2454-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:05:33","modified_gmt":"2026-06-25T19:05:33","slug":"stc2454-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2454-2017\/","title":{"rendered":"STC2454-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2454-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00297-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Dar\u00edo Pati\u00f1o Jaramillo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la parte pasiva y los dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no haber proferido a\u00fan, sentencia de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que promovi\u00f3 en contra de Mar\u00eda Aurora Mart\u00ednez de Mesa.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que proceda a  \u00abdar agilidad al tr\u00e1mite correspondiente, resolviendo las peticiones pendientes\u00bb, al interior de la citada actuaci\u00f3n (fl. 5).  <\/span><\/p>\n

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2.   En sustento de su inconformidad aduce, en concreto, que el 26 de marzo de 2012, fue \u00abradicado y repartido\u00bb a la Magistrada Gloria Patricia Montoya Arbel\u00e1ez el proceso referido en l\u00edneas anteriores, para tramitar el recurso de apelaci\u00f3n formulado frente a la sentencia de 17 de enero de la precitada anualidad, que fue emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que el pleito aludido ha ingresado varias veces al despacho para sentencia, e incluso, el 14 de julio de 2015, el Tribunal accionado se declar\u00f3 incompetente para adelantar la ejecuci\u00f3n hipotecaria y propuso conflicto de competencia; empero, en auto 27 de octubre siguiente, esta Corporaci\u00f3n radic\u00f3 el conocimiento del asunto en cabeza del ad quem acusado, y desde 26 de noviembre de la precitada anualidad, fecha en que la actuaci\u00f3n retorn\u00f3 a la referida funcionaria, no se ha emitido el fallo correspondiente, situaci\u00f3n que, en su opini\u00f3n, desconoce la garant\u00eda invocada (fls. 4 a 6).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 10 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 9).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, expres\u00f3 que \u00abpara la fecha se cuenta con una carga laboral superior a los 300 procesos, de los cuales el setenta y cinco por ciento (75%) son para sentencia. De este \u00faltimo n\u00famero, el 95% son procesos escriturales, raz\u00f3n por la cual se opt\u00f3 por continuar fall\u00e1ndolos en el orden que ingresaron a despacho; mientras que de manera simult\u00e1nea se est\u00e1n se\u00f1alando y tramitando las audiencias dentro de los procesos verbales de la Ley 1395 de 2010, as\u00ed como procesos orales que se rigen por el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo refiri\u00f3, que \u00abno es posible fallar los procesos que t[iene] (\u2026) para sentencia, en menos de seis (6) meses y mucho menos ser\u00eda justo tanto para los usuarios del sistema de justicia, como para la Dra. Mar\u00eda Euclides Puerta Montoya, Magistrada que sigue en turno, que simplemente se le remitieran los procesos pendientes, para que ella lo hiciera en dos (2) meses, mas aun si se considera que quien ahora funge como ponente ser\u00eda revisora de la misma, por hacer parte de una Sala fija\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, dijo que \u00abestuv[o] incapacitada desde el 12 de diciembre de 2014 hasta el cuatro de febrero de 2017, por haber sufrido fractura en [su] pies izquierdo, tal situaci\u00f3n oblig\u00f3 a reprogramar las actuaciones del despacho, con el consiguiente atraso en los t\u00e9rminos\u00bb  (fls. 10 a 17).  <\/span><\/p>\n

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a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.    <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    Con respecto a problem\u00e1ticas donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ ST, 29 abr. 2011, Rad. 00094-01, citada en STC8513-2015 y en STC15393-2016).  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. S\u00ed, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019  (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.  <\/span><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC15393-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.    En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte que el amparo suplicado por el se\u00f1or Luis Dar\u00edo Pati\u00f1o Jaramillo resulta procedente, pues ciertamente, de la revisi\u00f3n del registro de actuaciones del proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3 en contra de Mar\u00eda Aurora Mart\u00ednez de Mesa, se observa que el Tribunal accionado super\u00f3, con holgura, no s\u00f3lo el t\u00e9rmino de cuarenta (40) d\u00edas que le conced\u00eda el  art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para presentar el proyecto de fallo de segunda instancia ante los dem\u00e1s integrantes de la Sala, sino tambi\u00e9n el lapso superior de seis (6) meses establecido por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 1395 de 20101, si se tiene en cuenta que las diligencias ingresaron al Despacho para tal fin desde el 26 de noviembre de 2015 (fl. 1); adem\u00e1s, se evidencia que el caso sometido a su consideraci\u00f3n, esto es, un proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario, es de aquellos asuntos que no reviste un grado de complejidad que explique la demora en la definici\u00f3n del asunto, ya que versa sobre aspectos ilustrados ampliamente a nivel doctrinal y jurisprudencial.  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora, la Sala no desconoce la congesti\u00f3n que afecta a muchos Despachos judiciales en el pa\u00eds, como tampoco el c\u00famulo de acciones de tutela que los ciudadanos presentan a\u00f1o tras a\u00f1o, pero tal circunstancia, la cual afronta en general la administraci\u00f3n de justicia, no excusa la enorme tardanza en la resoluci\u00f3n de la segunda instancia dentro del referido pleito, pues como lo manifest\u00f3 la misma funcionaria censurada en otro tr\u00e1mite de tutela que guarda similitud con el presente \u00absu Despacho fue objeto de medidas de descongesti\u00f3n hasta el mes de mayo de 2014, esto es, casi un mes antes de que la rese\u00f1ada actuaci\u00f3n ingresara para fallo, por lo que no se comprende como dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s a\u00fan no se ha adoptado all\u00ed una decisi\u00f3n de fondo\u00bb (STC15393-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.         As\u00ed las cosas, las razones esgrimidas se estiman suficientes para concluir que debe concederse la protecci\u00f3n pretendida con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n, pero, esta vez, como se hizo en recientes oportunidades2, no se ordenar\u00e1 a la Magistrada censurada que proceda a emitir el fallo que legalmente corresponda, sino que se dar\u00e1 cumplimiento al procedimiento previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo que, conforme a su inciso 6\u00ba, \u00ab[s]er\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido la competencia para emitir la respectiva sentencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por Luis Dar\u00edo Pati\u00f1o Jaramillo. En consecuencia, se dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: ORDENAR a la Magistrada Gloria Patricia Montoya Arbel\u00e1ez, integrante de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a dar estricto cumplimiento a lo previsto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el accionante promovi\u00f3 en contra de Mar\u00eda Aurora Mart\u00ednez de Mesa.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Que adicion\u00f3 un par\u00e1grafo al citado canon.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC12151-2016 y STC15393-2016.      <\/span><\/p>\n

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