{"id":99638,"date":"2026-06-25T19:05:46","date_gmt":"2026-06-25T19:05:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2456-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:05:46","modified_gmt":"2026-06-25T19:05:46","slug":"stc2456-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2456-2017\/","title":{"rendered":"STC2456-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2456-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00163-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jaime Benito Poveda Romero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.          El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la vivienda digna y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al revocar en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n de instancia, para en su lugar, acceder a lo pretendido por la  se\u00f1ora Marisol Palacio Gamboa, en el marco del proceso ordinario reivindicatorio que en su contra y de Luz Amparo Otero de Poveda, aqu\u00e9lla promovi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal de Bucaramanga, \u00abanul[ar] el proceso de la referencia por las graves nulidades e irregularidades que se cometieron en el tr\u00e1mite del mismo\u00bb (fl. 10).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reclamo, aduce en compendio, que es un \u00abadulto mayor de 69 a\u00f1os de edad\u00bb, y desde el 21 de febrero de 1995, ha habitado de manera ininterrumpida el inmueble objeto del referido juicio reivindicatorio, del cual era inicialmente propietario en virtud de la compraventa instrumentada en Escritura P\u00fablica No. 832 del 23 de febrero de 1995 de la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, negocio \u00e9ste para el cual adquiri\u00f3 una obligaci\u00f3n crediticia con CORPAVI, en el extinto sistema UPAC y con garant\u00eda hipotecaria.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que en el a\u00f1o 1996, la prenombrada entidad promovi\u00f3 en su contra y de su difunta c\u00f3nyuge Luz Amparo Otero de Poveda, proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, en el que \u00abno se realiz\u00f3 la reliquidaci\u00f3n, ni reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, y que culmin\u00f3 con adjudicaci\u00f3n en remate del inmueble al entonces ejecutante Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., el 12 de abril de 1999.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el adjudicatario del bien lo vendi\u00f3 posteriormente a CIGPF Crear Pa\u00eds Ltda mediante Escritura P\u00fablica No. 13368 del 17 de diciembre de 2008, de la Notar\u00eda Treinta y Ocho de Bogot\u00e1, quien a su vez lo enajen\u00f3 a Marisol Palacio Gamboa mediante compraventa instrumentada en Escritura P\u00fablica No. 6239 del 23 de diciembre de 2009 de la Notar\u00eda Tercera de la misma urbe.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que la se\u00f1ora Palacio Gamboa inici\u00f3 en su contra el referido proceso reivindicatorio en el a\u00f1o 2010, que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, en cuyo tr\u00e1mite, dice, hubo las siguientes irregularidades: i) en la demanda se manifestaron \u00abvarias situaciones contrarias a la verdad, lo cual condujo a error judicial al funcionario\u00bb; ii)        no se cit\u00f3 a conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n; iii)        no se le decret\u00f3 una inspecci\u00f3n judicial ni una prueba trasladada que solicit\u00f3; y, iv)        se recibieron unos testimonios improcedentes.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que en sentencia del 31 de octubre de 2014, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bucaramanga neg\u00f3 lo pretendido a trav\u00e9s de esa acci\u00f3n; pero en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por su contraparte, la decisi\u00f3n fue revocada por el Tribunal Superior de dicha localidad el 21 de septiembre de 2016, en un fallo en que, asevera, \u00abconfund[i\u00f3] (\u2026) derecho de dominio o propiedad con derecho de posesi\u00f3n\u00bb; no realiz\u00f3 la debida valoraci\u00f3n de la prueba testimonial recaudada; y, de otro lado, no tuvo en cuenta que \u00abla adjudicaci\u00f3n del inmueble de fecha 12 de abril de 1999, perdi\u00f3 fuerza ejecutoria, seg\u00fan el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, motivos estos por los cuales estima vulneradas las prerrogativas superiores que solicita amparar (fls. 1 a 12 y 87 a 94).   <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 10 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 99).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a).        La titular del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, tras hacer un recuento de las principales actuaciones surtidas dentro del proceso objeto de reproche, concluy\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor (fls. 135 y 136).  <\/span><\/p>\n

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       b).         La Juez Segunda Civil del Circuito de la misma ciudad manifest\u00f3, que en el proceso ejecutivo hipotecario que all\u00ed curs\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante, el 25 de marzo de 1999, se adjudic\u00f3 en remate al Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., el inmueble objeto de garant\u00eda, actuaci\u00f3n que fue aprobada mediante auto del 13 de abril de ese mismo a\u00f1o, y por la cual el 25 de junio siguiente se comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n Civil Municipal de Polic\u00eda de Gir\u00f3n para la pr\u00e1ctica de la entrega.  <\/span><\/p>\n

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       Indic\u00f3 que aunque el 18 de julio de 2001, el aqu\u00ed interesado solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n de ese proceso por falta de reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n crediticia objeto de recaudo, a ello no se accedi\u00f3 con prove\u00eddo del d\u00eda 19 de ese mismo mes, porque para ese momento el asunto se encontraba \u00abterminado por agotamiento del objeto del proceso\u00bb, situaci\u00f3n \u00e9sta que efectivamente se declar\u00f3 mediante auto del 29 de octubre de 2002, y que fund\u00f3 la respuesta negativa a las nuevas solicitudes de terminaci\u00f3n de proceso, que con sustento en el mismo argumento de falta de reliquidaci\u00f3n, presentaron la ejecutada Luz Amparo Poveda el 27 de enero de 2006, y el aqu\u00ed accionante el 8 de mayo de 2009 (fls. 161 y 162).   <\/span><\/p>\n

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c).        La representante legal para asuntos judiciales de Crear Pa\u00eds S.A. inform\u00f3, que el ente societario CIFPF Crear Pais Ltda. fue liquidado el 17 de agosto de 2016 y por ende, la entidad que representa no ha vulnerado las prerrogativas superiores que se solicitan en amparo (fls. 164 a 171).     <\/span><\/p>\n

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d).        Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en una v\u00eda de hecho, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor est\u00e1 encaminada concretamente, contra la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2016 por el del Tribunal Superior de Bucaramanga,         mediante la cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada el 31 de octubre de 2014 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, para entonces, acceder a las pretensiones reivindicatorias formuladas en contra del aqu\u00ed interesado y otra, pues en sentir de \u00e9ste, en el fallo se present\u00f3 una confusi\u00f3n conceptual entre propiedad y posesi\u00f3n, y, se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de la prueba testimonial recaudada.  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, el actor tambi\u00e9n se duele de unas supuestas irregularidades procesales presentadas en el tr\u00e1mite de la primera instancia de ese juicio.   <\/span><\/p>\n

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3.    No obstante, una vez examinada la determinaci\u00f3n de fondo atacada, es decir, la de segunda instancia antes individualizada, se revela para la Sala que el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera contraria a considerarse caprichosos, absurdos o infundados, son el resultado del an\u00e1lisis normativo aplicado al caso controvertido, desestim\u00e1ndose entonces la consolidaci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico, pues como se ha dicho reiteradamente, aqu\u00e9l \u00abse produce cuando el juez toma una decisi\u00f3n sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisi\u00f3n en el decreto o valoraci\u00f3n de las pruebas; de una valoraci\u00f3n irrazonable de las mismas; de la suposici\u00f3n de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios\u00bb (SU198-13 reiterada en STC11351-2015, STC14045-2015 y STC17014-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.1.   Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que en efecto, en punto a la queja del promotor del amparo, revisado el contenido del prove\u00eddo proferido por la mentada Colegiatura, all\u00ed se tuvo en cuenta que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ablos demandados actuales, fueron en otrora los propietarios del inmueble hipotecado en favor del Banco Colpatira S.A, pero debido a la mora en que incurrieron frente al cr\u00e9dito hipotecario, su inmueble sali\u00f3 a p\u00fablica subasta, y finalmente fue adjudicado al acreedor hipotecario, en ausencia de postores.  <\/span><\/p>\n

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La providencia debidamente ejecutoriada, correspondiente al auto del 12 de abril de 1999, m\u00e1s su inscripci\u00f3n bajo la anotaci\u00f3n No. 13 al folio de matr\u00edcula inmobiliaria 300-213866, constituyen el t\u00edtulo traslaticio del derecho de dominio del inmueble ubicado en la carrera 18 No.30-14 manzana D, Lote 10 de la Urbanizaci\u00f3n Castilla Real del Municipio de Gir\u00f3n, en favor del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A..  <\/span><\/p>\n

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El acto judicial, ejecutoriado, de la adjudicaci\u00f3n del bien dado en garant\u00eda real al acreedor hipotecario, tambi\u00e9n nos permite establecer que los propietarios y demandado, deudores hipotecarios, dejaron de ser titulares del derecho real de dominio y poseedores del bien inmueble perseguido judicialmente, a trav\u00e9s del proceso radicado 20830 de 1996, que promovi\u00f3, el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, contra los aqu\u00ed demandados, Luz Amparo Otero de Poveda y Jaime Benito Poveda Romero.  <\/span><\/p>\n

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Al dar contestaci\u00f3n a la demanda ordinaria de reivindicaci\u00f3n, los demandados Luz Amparo Otero de Poveda y Jaime Benito Poveda Romero insisten en que su posesi\u00f3n ha sido ininterrumpida desde el a\u00f1o 1995, cuando a trav\u00e9s de compraventa adquirieron el inmueble, y esta afirmaci\u00f3n no puede ser considerada verdadera, de cara, precisamente, a lo anotado anteriormente.  <\/span><\/p>\n

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Los demandados, Luz Amparo Otero de Poveda y Jaime Benito Poveda Romero, han recurrido a v\u00edas de hecho, as\u00ed lo ilustran al responder la demanda ordinaria reivindicatoria, que no ocupa, para no entregar materialmente el inmueble, a ellos rematado, vendido en p\u00fablica subasta, por una autoridad judicial, eso los coloca, indiscutiblemente en una situaci\u00f3n f\u00e1ctica de violencia, de conformidad al contenido del art\u00edculo 773 del C.C. Versiones confirmadas por los testigos que se asomaron el 5 de diciembre de 2012 a dar su declaraci\u00f3n sobre el tema de la posesi\u00f3n, en cabeza de los demandados, y por qu\u00e9 se justificaba su permanencia en el inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Por m\u00e1s que los demandados hayan demorado, mejor, entorpecido la diligencia de entrega del bien adjudicado al Banco Colpatira Red Multibanca Banco Colpatira S.A., por auto del 12 de abril de 1999, providencia inscrita bajo la anotaci\u00f3n No. 13 al folio de matr\u00edcula inmobiliaria 300-213866, el paso del tiempo no les dar\u00e1 la calidad de poseedores pac\u00edficos legitimados, para adquirir por v\u00eda de la usucapi\u00f3n el mismo bien, que se les remat\u00f3, a partir de su persecuci\u00f3n judicial por deuda hipotecaria.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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       Aparte donde se constata la realizaci\u00f3n por parte de la autoridad judicial citada, de un recuento objetivo de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que soporta la contienda suscitada entre las partes, de donde valga resaltar, se extrae la presencia a grandes rasgos de los elementos principales para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria de cuyo desenlace se duele el actor, pues qued\u00f3 establecido; el derecho de dominio en cabeza del demandante, cuyo origen es la aludida adjudicaci\u00f3n en remate; la actual posesi\u00f3n material por parte del demandado, aqu\u00ed accionante, a quien no se le discute tal calidad, sino la fecha de iniciaci\u00f3n de la misma, la manera como la obtuvo y como la ejerce; que la pretensi\u00f3n  reivindicatoria recae sobre cosa determinada, y; que hay identidad entre el bien que el actor pretende reivindicar y el pose\u00eddo por el demandado.  <\/span><\/p>\n

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3.2.   Y habiendo establecido lo anterior, el juez plural citado consider\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n este expediente militan pruebas que permiten colocar a los demandantes en mejor situaci\u00f3n jur\u00eddica, frente al ejercicio de la posesi\u00f3n de los demandados. Los demandantes han logrado acreditar y justificar un mejor derecho a aquel que esgrime la parte pasiva de la contienda judicial, de tal forma que la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 762 del C.C. ser\u00e1 desatendida, en favor de los reivindicantes, am\u00e9n de reiterar la necesidad, dentro del ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria, de verificar la cadena, ininterrumpida de t\u00edtulos de dominio, acompa\u00f1ados del ejercicio de la posesi\u00f3n materia sobre los mismos.\u00bb    <\/span><\/p>\n

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       3.3.   Razonamiento en el cual ahond\u00f3 el Juzgador citado al precisar:  <\/span><\/p>\n

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El \u00fanico argumento esgrimido por la defensa, es su rebeld\u00eda a cumplir con una orden judicial, pero \u00e9ste no es suficiente por s\u00ed solo para desatender las s\u00faplicas de la demanda. En consecuencia se avizora el revocamiento de la providencia de primera instancia, para dar paso a la prosperidad de las pretensiones reivindicatorias de la demandante\u00bb (fls. 27 a 41).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Conclusi\u00f3n que se observa extra\u00edda del haber probatorio y de una adecuada hermen\u00e9utica de la normatividad sustancial aplicable al litigio, pues de esa labor el juez plural accionado extrajo, sin nunca negar la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda el aqu\u00ed interesado sobre el bien objeto de reivindicaci\u00f3n que, contrario a lo expuesto por \u00e9ste, principi\u00f3 en fecha posterior a la del t\u00edtulo de dominio que aleg\u00f3 su contraparte, consistente en la adjudicaci\u00f3n en remate, lo cual dedujo dando un razonable alcance a las consecuencias que para el asunto tuvo tal adjudicaci\u00f3n pues lo cierto aqu\u00ed es, que el accionante, para repeler la pretensi\u00f3n reivindicatoria, no pod\u00eda alegar ser simple poseedor antes de la adjudicaci\u00f3n en remate, pues la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre el bien antes de ese hito procesal, era consecuencia del derecho de propiedad de que era titular, derecho que perdi\u00f3 porque se adjudic\u00f3 en remate.  <\/span><\/p>\n

4.        Dicho lo anterior, es evidente que la conducta de la Colegiatura citada, no merece reproche alguno en el campo de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque el aqu\u00ed interesado no comparta la conclusi\u00f3n a que arrib\u00f3, lo resuelto fue justificado y soportado en debida forma por la realidad procesal, la normatividad sustancial y la jurisprudencia aplicable a la materia, lo que la llev\u00f3 a establecer a trav\u00e9s de una hermen\u00e9utica razonable, que la acci\u00f3n de dominio deb\u00eda prosperar, circunstancias que entonces impiden cualquier tipo de intervenci\u00f3n frente a las mismas por parte del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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5.        T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Finalmente, las quejas atenientes a irregularidades presentadas en el tr\u00e1mite de la primera instancia, consistentes en la supuesta falta de conciliaci\u00f3n prejudicial, la negativa a decretar unas pruebas,  y el recaudar otras improcedentes, escapan a la \u00f3rbita del juez constitucional debido al considerable lapso transcurrido entre esos eventos \u2013antes del 31 de octubre de 2014 cuando se emiti\u00f3 el fallo de primer grado dentro del juicio cuestionado, y la fecha de interposici\u00f3n del amparo, motivo suficiente para que este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional resulte improcedente frente a tales quejas, por falta de cumplimiento del requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Corolario de lo expuesto, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, habr\u00e1 de negarse el amparo suplicado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente         STC2456-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00163-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99638","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99638\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}