{"id":99639,"date":"2026-06-25T19:05:52","date_gmt":"2026-06-25T19:05:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2457-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:05:52","modified_gmt":"2026-06-25T19:05:52","slug":"stc2457-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2457-2017\/","title":{"rendered":"STC2457-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2457-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00336-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Javier Cepeda Visbal contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la parte pasiva de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haber decretado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo singular que instaur\u00f3 contra el municipio de Tubar\u00e1 (Atl\u00e1ntico), por pago total de la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, dejando sin efecto y valor el prove\u00eddo emitido el 12 de diciembre de 2016, dentro de la citada ejecuci\u00f3n, y como consecuencia de ello, ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal de Barranquilla, \u00abdict[ar] una nueva providencia resolviendo el recurso de apelaci\u00f3n [formulado] conforme las directrices del debido proceso y la jurisprudencia imperante sobre el tema que se discute\u00bb (fl. 14).  <\/span><\/p>\n

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2.   Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que en la decisi\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s, la Corporaci\u00f3n censurada confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada el 1\u00ba de julio anterior por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, de dar por terminado el juicio compulsivo mencionado con antelaci\u00f3n, sin atender ninguna de las consideraciones expuestas en el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra dicha determinaci\u00f3n, las cuales apuntaban a demostrar que la obligaci\u00f3n perseguida no hab\u00eda sido cancelada en su totalidad, premisa que sustent\u00f3 en el hecho que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada el 27 de abril de 2015, correspond\u00eda al periodo comprendido \u00abDESDE ENERO 18 DE 2012 HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2014\u00bb, por lo que el ente territorial demandado todav\u00eda adeudaba los intereses corrientes y moratorios causados desde esa \u00faltima data hasta el 23 de junio de 2016, fecha en la que recibi\u00f3 los \u00faltimos t\u00edtulos judiciales puestos a su disposici\u00f3n, por lo que se hac\u00eda necesario realizar una liquidaci\u00f3n adicional del cr\u00e9dito, decisi\u00f3n que, asevera, no solo desconoce la normatividad sustantiva aplicable al asunto, sino tambi\u00e9n la jurisprudencia referente al tema, la cual, pese a ser citada, fue desconocida por la Colegiatura acusada, raz\u00f3n por la que considera que dicha autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos procedimental, f\u00e1ctico, sustantivo y desconocimiento del precedente (fls. 1 a 15).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 14 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 198).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, luego de memorar las actuaciones que despleg\u00f3 con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n que se debate, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, tras aducir que \u00abno ha existido por parte de esa instancia judicial situaci\u00f3n alguna reprochable a la luz de la Constituci\u00f3n\u00bb (fl. 213).    <\/span><\/p>\n

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b.  La titular del Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma ciudad, inform\u00f3 que de acuerdo con el escrito de tutela presentado por el actor, dicha c\u00e9dula judicial no tiene injerencia alguna en las actuaciones reprochadas, \u00abraz\u00f3n por la cual se [l]e hace imposible rendir un informe detallado acerca del mismo\u00bb (fl. 231).   <\/span><\/p>\n

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c.   El Juzgado Noveno Civil del Circuito de dicha urbe, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a manifestar que \u00abel proceso (\u2026) que dio origen a la acci\u00f3n constitucional de la referencia, fue remitido ante el juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito el 11 de agosto de 2014\u00bb, motivo por el cual \u00abno [le] es posible hacer ning\u00fan pronunciamiento sobre los hechos de la tutela\u00bb (fl. 234).   <\/span><\/p>\n

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d.  Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Luis Javier Cepeda Visbal resulta procedente, pues es evidente, que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, con la providencia emitida el 12 de diciembre de 2016, por medio de la cual resolvi\u00f3 \u00abConfirmar el auto apelado de fecha 1\u00ba de julio [anterior]\u00bb, proferido por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, que a su vez dispuso, entre otros, \u00ab[d]ecretar la TERMINACI\u00d3N\u00bb del proceso ejecutivo singular que aqu\u00e9l instaur\u00f3 contra el municipio de Tubar\u00e1 (Atl\u00e1ntico), \u00abpor PAGO TOTAL DE LA OBLIGACI\u00d3N\u00bb (fls. 162 a 165), incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos procedimental y f\u00e1ctico, al adoptar una decisi\u00f3n que luce arbitraria frente a la normatividad adjetiva aplicable a este tipo de asuntos y a la prueba incorporada en el citado juicio, como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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2.1.          En efecto, dicha Corporaci\u00f3n, a punto de resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandante contra la declaratoria de terminaci\u00f3n del proceso efectuada por el juzgado de ejecuci\u00f3n acusado, precis\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab2.2. La queja toral del inconforme radica en que, habiendo transcurrido un tiempo considerable entre la primera liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y el pago, debi\u00f3 abrirse paso a una liquidaci\u00f3n adicional que permitiera actualizar lo adeudado, pues de lo contrario se estar\u00eda avalando el enriquecimiento sin causa del municipio, a costas de su empobrecimiento. Empero, habiendo revisado el expediente, denota la suscrita que la mora en la cancelaci\u00f3n estuvo rodeada de factores que mal podr\u00edan imput\u00e1rsele al demandado, a pesar de la podre labor de su apoderado judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.3. A manera de recuento procesal o antecedentes de la liquidaci\u00f3n, se denot\u00f3 que el representante judicial del Municipio de Tubar\u00e1, se limit\u00f3 a contestar la demanda sin formular excepciones, ni siquiera la evidente, de falta de competencia territorial, que dicho sea de paso, se subsan\u00f3 ante el silencio, siendo raz\u00f3n para que el 3 de julio de 2014, se siguiera la ejecuci\u00f3n conforme al mandamiento de pago, en virtud del art\u00edculo 507 C.P.C.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, se observ\u00f3 que el 3 de diciembre de 2014, el apoderado del ejecutante present\u00f3 la primera y \u00fanica liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, aprobada el 27 de abril de 2015, momento a partir del cual deb\u00eda hacerse entrega de los dineros embargados.  <\/span><\/p>\n

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No obstante advi\u00e9rtase, que a dicha fecha no reposaba en el informativo decreto de medida cautelar alguna.  <\/span><\/p>\n

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El primer auto que orden\u00f3 el embargo y secuestro de dineros del Municipio de Tubar\u00e1, reposa a folio 100 del cuaderno principal y data de octubre 23 de 2015, prove\u00eddo que como viene expuesto en el ac\u00e1pite de antecedentes, fue modificado previa interpretaci\u00f3n de reposici\u00f3n por el demandante, para delimitar el embargo en la suma de $146.788.412.oo, \u00faltima decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada el 17 de febrero hoga\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

Fue entonces el 19 de febrero de 2016 que por la Secretar\u00eda del Juzgado, se ofici\u00f3 al Gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. a fin que se consignaran las sumas de dinero recibidas por el Municipio de Tubar\u00e1 por concepto de la utilizaci\u00f3n del relleno sanitario \u201clos dep\u00f3sitos\u201d, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario y a \u00f3rdenes de la Oficina de Ejecuciones Civil del Circuito, y tan pronto se materializ\u00f3 este mandato, el demandante solicit\u00f3 la inscripci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales a su nombre, si\u00e9ndole entregado el primero, el 19 de abril de 2016 y los segundos, el 22 de junio de 2016, motivo por el cual una vez verificado el pago total, se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Qui\u00e9rase con ello decir, que la falta de satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n luego de presentada y aprobada la \u00fanica liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, no obedeci\u00f3 de manera exclusiva a la culpa del demandado, quien no pod\u00eda disponer indiscriminadamente de sus recursos como si de un particular se tratara, y ello daba lugar a la improsperidad de la liquidaci\u00f3n adicional de que habla el ejecutante en la sustentaci\u00f3n de su recurso\u00bb (fls. 162 a 165).  <\/span><\/p>\n

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2.2.   Al escrutarse lo anterior, para la Corte es evidente que el Tribunal no efectu\u00f3 una correcta valoraci\u00f3n de la informaci\u00f3n que arroja el expediente contentivo de la ejecuci\u00f3n criticada, en la medida que se pas\u00f3 por alto las previsiones del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no acat\u00f3 que habiendo \u00abliquidaciones en firme del cr\u00e9dito y de las costas\u00bb, el juez s\u00f3lo podr\u00e1 declarar \u00abterminado el proceso una vez que sea aprobada\u00bb la liquidaci\u00f3n adicional \u00aba que hubiere lugar\u00bb, cuando \u00e9sta, adem\u00e1s, venga \u00abacompa\u00f1ada del t\u00edtulo de consignaci\u00f3n de dichos valores a \u00f3rdenes del juzgado\u00bb, presupuestos que brillan por su ausencia en el rese\u00f1ado litigio, debido a que estaban pendientes por cuantificar los intereses (corrientes y moratorios) que le corresponden al acreedor por el per\u00edodo comprendido entre la liquidaci\u00f3n inicial aprobada el 27 de abril de 2015, comprensiva hasta el 30 de noviembre de 2014, y el pago que se dio con la entrega de los t\u00edtulos judiciales al ejecutante1.  <\/span><\/p>\n

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2.3.   En ese sentido, la raz\u00f3n est\u00e1 de parte del aqu\u00ed interesado, en tanto que s\u00ed hay lugar a una liquidaci\u00f3n adicional, pues se ha dicho que mientras perdure la mora los r\u00e9ditos siguen corriendo, siendo imperioso, entonces, elaborar una nueva deducci\u00f3n aritm\u00e9tica del total adeudado, que comprenda los intereses causados hasta el instante del pago, ya que esto es indispensable \u00abcon el prop\u00f3sito de obtener una cuantificaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reclamada que refleje la realidad de la relaci\u00f3n que trabaron los all\u00ed litigantes\u00bb (CSJ STC 22 ago. 2012, Rad. 01721-00, citada en STC7395-2015), circunstancia que de haber sido aceptada por la citada Corporaci\u00f3n, sin rebeld\u00eda, la hubiese llevado, ineludiblemente, a revocar la decisi\u00f3n apelada.  <\/span><\/p>\n

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3.  As\u00ed las cosas, es claro para la Sala que las deducciones efectuadas por la Colegiatura censurada, en relaci\u00f3n al pago total de la obligaci\u00f3n perseguida en la memorada actuaci\u00f3n, no son razonables y, por ende, las mismas lucen defectuosas, lo que justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer los derechos fundamentales conculcados.    <\/span><\/p>\n

4.         Por tanto, se conceder\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n, a fin de que el Tribunal censurado proceda nuevamente a resolver sobre el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la parte demandante en el litigio de la referenciada, teniendo en cuenta las razones aqu\u00ed esbozadas.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por Mar\u00eda Cristina Miranda. En consecuencia se dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto la providencia proferida el 12 de diciembre de 2016, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro del proceso ejecutivo singular que el accionante instaur\u00f3 contra el municipio de Tubar\u00e1 (Atl\u00e1ntico), con radicado No. 2012-00255-00, as\u00ed como las que dependan de ella.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, profiera nuevamente la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, en relaci\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n presentado por el ejecutante contra el auto emitido el 1\u00ba de julio de 2016, dentro del citado tr\u00e1mite, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 El primer t\u00edtulo judicial fue entregado al demandante el 19\/04\/16, mientras que los siguientes, tres en total, el 23 de junio siguiente, tal y como lo manifest\u00f3 el mismo tutelante en el escrito de tutela.      <\/span><\/p>\n

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