{"id":99644,"date":"2026-06-25T19:06:08","date_gmt":"2026-06-25T19:06:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2468-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:06:08","modified_gmt":"2026-06-25T19:06:08","slug":"stc2468-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2468-2017\/","title":{"rendered":"STC2468-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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                                STC2468-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00270-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Dec\u00eddese la tutela instaurada, mediante abogado, por Raquel Castillo Gonz\u00e1lez en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente contra la magistrada Julia Mar\u00eda Botero Larrarte, vincul\u00e1ndose a la Superintendencia de Sociedades – Delegada para Procedimientos Mercantiles.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- El extremo promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la colegiatura encartada dentro del juicio de responsabilidad por incumplimiento a los deberes de administraci\u00f3n de la sociedad Gyptec S. A. que, en su contra y en la de otros 12 sujetos, les formul\u00f3 Carlos Hakim Daccach.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- La Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 el libelo demandatorio que origin\u00f3 el sub judice \u00aba trav\u00e9s de auto N\u00ba. 8005204 del 09 de abril de 2014 y [\u2026] le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite de proceso verbal sumario de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.2.- Durante el decurso del mismo fueron emitidos \u00abdistintos autos respecto de los cuales la parte actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n, recursos que fueron negados por la Superintendencia de Sociedades y por la sala [cuestionada] en el tr\u00e1mite de distintos recursos de queja\u00bb, bajo el argumento de que en trat\u00e1ndose de un litigio \u00abverbal sumario\u00bb su adelantamiento es en \u00ab\u00fanica instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- El d\u00eda 8 de junio de 2016, \u00abla Superintendencia de Sociedades profiri\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual neg\u00f3 la mayor\u00eda de las pretensiones formuladas por el demandante y [la] absolvi\u00f3 -entre otros demandados- [a ella]\u00bb, raz\u00f3n por la que en \u00abla audiencia mediante la cual se dict\u00f3 sentencia, [\u2026] la parte demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra de la aludida providencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.4.- Tal alzada result\u00f3 \u00abrechazad[a] de plano por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles mediante auto No. 800-10254 proferido el 01 de julio de 2016, por considerar que el proceso objeto de debate, al ser tramitado bajo las formalidades del proceso verbal sumario deb\u00eda ser de \u00fanica instancia, de conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 24 y 390 del mismo compendio de normas y del art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.5.- Desavenida \u00abcon la decisi\u00f3n proferida por la delegatura, el 08 de julio de 2016 [\u2026] la parte demandante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n\u00bb y en \u00absubsidio queja\u00bb, mismo que fue desatado adversamente por determinaci\u00f3n de 29 de agosto ulterior que, entonces, \u00aborden\u00f3 iniciar el tr\u00e1mite del recurso de queja\u00bb ante la sala querellada.  <\/span><\/p>\n

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       2.6.- Aconteci\u00f3 que el colegiado accionado, por pronunciamiento de 12 de octubre siguiente, \u00ab[c]ontrariando todos los precedentes anteriores [\u2026] resolvi\u00f3 el recurso de queja y declar\u00f3 indebidamente denegado el [\u2026] de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 08 de junio de 2016, y concedi\u00f3 en el efecto devolutivo el [vertical enfilado] por la parte actora\u00bb contra dicha providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Aduce que tal determinaci\u00f3n alberga anomal\u00eda, comoquiera que \u00abel tribunal [accionado] cambi\u00f3 el procedimiento bajo el cual debe tramitarse el conflicto societario, pues si el mismo es el verbal sumario, tal como qued\u00f3 visto, as\u00ed debe tramitarse sin que haya lugar a \u00faltima hora a disponer un proceso de dos instancias, m\u00e1xime cuando antes y de manera reiterada hab\u00eda reconocido que era de una sola instancia\u00bb, emergiendo as\u00ed, primeramente, \u00abindebida interpretaci\u00f3n [\u2026] a las normas del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n aplicables a los procesos verbales sumarios\u00bb; en segundo orden, grande desatenci\u00f3n al \u00abprincipio de leg\u00edtima confianza en la administraci\u00f3n de justicia por cuanto desconoci\u00f3 sus propios pronunciamientos\u00bb lo que destronca \u00abuna expectativa cierta y porque no decirlo una situaci\u00f3n consolidada\u00bb; en tercer lugar, inviable mutaci\u00f3n de \u00abla naturaleza de un proceso verbal sumario a proceso verbal\u00bb alterando \u00abde manera abrupta\u00bb la ritualidad que era menester observar; y, finalmente, err\u00f3nea declaraci\u00f3n de competencia \u00abpara conocer de un recurso de apelaci\u00f3n en un proceso de \u00fanica instancia, aun cuando exist\u00eda una prohibici\u00f3n expresa en la ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin efecto\u00bb el pronunciamiento de 12 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       El tribunal encartado precis\u00f3 que su \u00abprove\u00eddo no responde a arbitrariedad alguna, en la medida que obedece a las razones f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y jurisprudenciales, que all\u00ed se consignaron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La Supersociedades guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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       2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se actu\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos procedimental absoluto, sustancial y org\u00e1nico, enfila su inconformismo contra el tribunal encartado dado que profiri\u00f3 el auto de 12 de octubre de 2016, que declar\u00f3 indebidamente denegado el recurso vertical interpuesto contra la sentencia dictada en el sub examine.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Obran como acreditaciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Resoluci\u00f3n de 9 de abril de 2014, mediante la cual la superintendencia convocada \u00abadmiti[\u00f3] la demanda\u00bb que propici\u00f3 el sub lite y dispuso tramitarla por el \u00abproceso verbal sumario\u00bb (fol. 2).  <\/span><\/p>\n

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       3.2.- Sendas decisiones adoptadas por la Superintendencia de Sociedades a trav\u00e9s de las cuales, en cada caso, rechaz\u00f3 \u00abde plano\u00bb las apelaciones propuestas por el all\u00ed demandante. Dichas fueron emitidas el 24 de noviembre de 2014 (fls. 3 y 4); el 17 de febrero (fol. 8), 31 de marzo (fol. 12) y 8 de abril (fls. diecisiete a 19) de 2015.   <\/span><\/p>\n

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       3.3.- M\u00faltiples prove\u00eddos proferidos por la corporaci\u00f3n entutelada, mediante los que declar\u00f3 \u00abbien denegado[s]\u00bb los recursos verticales ut supra referidos. Ellos fueron adiados 29 de abril (fls. 5 a 7), 22 de mayo (fls. 9 a 11) y 29 de mayo (fls. 13 a 15 y 20 a 22) de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.4.-  Sentencia fechada 8 de junio de 2016, en que la autoridad administrativa vinculada, tras poner de presente en los antecedentes que \u00ab[e]l 6 de noviembre de 2014 se celebr\u00f3 la audiencia judicial convocada por el despacho\u00bb, resolvi\u00f3: \u00abPrimero. Declarar que Jorge Hakim Tawil, Alejandra Hakim Dow, Jos\u00e9 Alejandro Samper Carre\u00f1o, Jaime Cano Fern\u00e1ndez y Jos\u00e9 Mauricio Rodr\u00edguez Morales incumplieron los deberes a su cargo como administradores de Gyptec S. A., al participar en operaciones viciadas por conflictos de inter\u00e9s sin contar con la autorizaci\u00f3n exigida en el numeral 7 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995. Segundo. Declarar la nulidad absoluta de todos los actos y contratos por cuya virtud Jorge Hakim Tawil y Alejandro Hakim Dow recibieron, de parte de Gyptec S. A., cuantiosas sumas a t\u00edtulo de pr\u00e9stamos y anticipos, seg\u00fan el contenido de las tablas presentadas en el cap\u00edtulo VII de esta sentencia. Tercero. Por virtud de lo anterior, ordenarles a Jorge Hakim Tawil y Alejandro Hakim Dow que le paguen a Gyptec S. A. las sumas de $980.965,653 y $1.701.680.608, respectivamente, junto con los intereses que correspondan hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo de estas obligaciones. Cuarto. Desestimar las dem\u00e1s pretensiones formuladas contra Jorge Hakim Tawil, Alejandro Hakim Dow, Jos\u00e9 Alejandro Samper Carre\u00f1o, Jaime Cano Fern\u00e1ndez y Jos\u00e9 Mauncio Rodr\u00edguez Morales. Quinto. Desestimar todas las pretensiones formuladas contra Ang\u00e9lica Patricia de la Torre G\u00f3mez, Luis Miguel Garc\u00eda Pel\u00e1ez, Daniel Alfredo Mater\u00f3n Osorio, Caitos Alberto Campos Murcia, Edduar Leonardo Fl\u00f3rez Boh\u00f3rquez. Luis Fernando Amaya Mateus y Raquel Castillo Gonz\u00e1lez. Sexto. Declarar que prosperan tas excepciones descritas en los Cap\u00edtulos VI y VII de esta sentencia. S\u00e9ptimo. Efectuar las condenas en costas y agencias en derecho descritas las tablas presentadas en el Cap\u00edtulo VII do esta sentencia\u00bb (fls. 24 a 58).  <\/span><\/p>\n

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       3.5.- Pronunciamiento de 1\u00ba de julio siguiente con que la Supersociedades, tras exponer en los antecedentes del mismo que las otras alzadas interpuestas por \u00ablos apoderados Carlos Dar\u00edo Barrera [y] Juan Jos\u00e9 Rodr\u00edguez\u00bb finalmente fueron \u00abdesistidas\u00bb, procedi\u00f3 a \u00abrechaz[ar] de plano\u00bb el medio impugnativo vertical formulado por el reclamante contra el fallo de marras, aduciendo que se trata de un asunto verbal sumario y por ende de \u00fanica instancia (fol. 59).  <\/span><\/p>\n

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       3.6.- Providencia de 12 de octubre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, emitida por el tribunal encartado a trav\u00e9s de la que \u00abprimero. Declar[\u00f3] indebidamente denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por [\u2026] Carlos Hakim Daccach en contra de la sentencia proferida el 8 de junio de 2016, por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. segundo. conced[i\u00f3] en el efecto devolutivo el recurso de alzada al que se ha hecho m\u00e9rito. [\u2026]\u00bb (fls. 60 y 61).  <\/span><\/p>\n

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       4.- En cuanto concierne con el rebate planteado en punto del auto enunciado en el numeral inmediatamente anterior, ha de se\u00f1alarse que contrario sensu a lo manifestado por la disconforme, el mismo no alberga anomal\u00eda que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada.  <\/span><\/p>\n

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       4.1.- Lo apuntado en vista que en \u00e9l se sostuvo, en suma, que \u00abbajo lo dispuesto por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la Ley 222 de 1995, los conflictos que tuvieran origen en el contrato social se sujetaban al tr\u00e1mite del proceso verbal sumario (arts. 435 y 233, respectivamente). Por consiguiente eran de \u00fanica instancia\u00bb (subrayado original).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Empero, agreg\u00f3, \u00aba efectos de dirimir la cuesti\u00f3n que ata\u00f1e la atenci\u00f3n [\u2026] se traer\u00e1n a colaci\u00f3n las reglas de transici\u00f3n dispuestas para el proceso verbal sumario, bajo el cual se adelant\u00f3 la demanda por responsabilidad de los administradores, incoada por la parte hoy disidente, especialmente la contenida en el literal b) in fine del numeral 3\u00ba del art. 625 del C. General del Proceso, que reza \u201c(\u2026) proferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n (\u2026)\u201d, esto es, la Ley 1564 de 2012\u00bb. Por tanto, predic\u00f3 que \u00ab[d]e conformidad con el precepto normativo en cita, la acci\u00f3n de la referencia, con posterioridad al 8 de junio de 2016, fecha en la que se profiri\u00f3 la sentencia N\u00ba. 800-52, debe tramitarse con plena observancia del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Realz\u00f3 que \u00abpertinente es memorar que a voces del numeral 4\u00ba del art. 20 idem, \u201clas controversias que surjan con ocasi\u00f3n del contrato de sociedad\u201d incumben a los jueces civiles del circuito en primera instancia, quedando derogado t\u00e1citamente el art. 233 de la Ley 222 de 1995; como ello es as\u00ed, le asiste raz\u00f3n a la recurrente, habida cuenta que la normatividad vigente, de manera indirecta, consagr\u00f3 la segunda instancia para acciones como las de la referencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Apunt\u00f3, asimismo, que \u00ab[s]ea del caso aclarar que con lo anterior no se desconoce el numeral 8\u00ba del art. 625 ibidem dado que no se est\u00e1 alterando la competencia que ya se hubiera fijado atendiendo el r\u00e9gimen de cuant\u00edas, si en cuenta se tiene que la aludida modificaci\u00f3n concierne \u00fanicamente a la naturaleza de la controversia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Aun\u00f3 que \u00abel art. 11\u00b0 del Estatuto en menci\u00f3n, impone interpretar las reglas procesales sin perder de vista que \u201cel objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u201d y que \u201clas dudas que surjan a la interpretaci\u00f3n de las normas del presente c\u00f3digo deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho (…)\u201d, am\u00e9n que aqu\u00e9llas \u201c(…) son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley (art. 13 idem)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.- Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- De ese tenor las motivaciones, el prove\u00eddo recriminado, se itera, no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental pues, con independencia de que la Corte lo proh\u00edje en su totalidad dado que este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, lo cierto es que abierta y ostensiblemente no obedeci\u00f3 a voluntad acomodaticia alguna, sino a un discernimiento plausible y razonable que se sustent\u00f3 en la normatividad vigente, es decir, entre otros, en los preceptos 11, 13, 20-4\u00ba y 625 numerales 3\u00ba y 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que la providencia en cuesti\u00f3n no puede ser catalogada como an\u00f3mala por conducto de veleidad o ligereza de quien la emiti\u00f3, es decir, no encierra los defectos material, procedimental absoluto u org\u00e1nico reprochados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          Lo anterior, valga decirlo, comoquiera que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.1.- En la tarea de administrar justicia los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el cual el fallador constitucional no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos, a no ser que incurran en una desviaci\u00f3n evidente o grosera de la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ese planteamiento lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, entre otras decisiones, en CST STC, 3 jul. 2014, rad. 001340-00, al se\u00f1alar que \u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado …\u201d, (Sent. del 11 de mayo de 2001, exp. 0183), situaci\u00f3n que como qued\u00f3 visto, no se avizora en el sub judice\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.2.- El art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, que trata acerca del \u00abtr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u00bb, en su numeral 3\u00ba correspondiente a los \u00abprocesos verbales sumarios\u00bb, puso de presente, en el literal b) de este, que \u00ab[s]i la audiencia del art\u00edculo 439 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ya se hubiere convocado, el proceso se adelantar\u00e1 conforme a la legislaci\u00f3n anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n\u00bb (sublineado propio, como los siguientes).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Del mismo modo, el precepto 20 ejusdem, relativo a   la \u00abcompetencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia\u00bb, en su numeral 4\u00ba, aduce que ellos conocer\u00e1n \u00ab[d]e todas las controversias que surjan con ocasi\u00f3n del contrato de sociedad, o por la aplicaci\u00f3n de las normas que gobiernan las dem\u00e1s personas jur\u00eddicas de derecho privado, as\u00ed como de los de nulidad, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de tales personas, salvo norma en contrario\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       A su vez, la norma 24 ibidem, regulatoria del \u00ab  ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas\u00bb, prescribe en el literal b), de su numeral 5\u00ba, que \u00ab[l]a Superintendencia de Sociedades tendr\u00e1 facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a: [\u2026] La resoluci\u00f3n de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral\u00bb. Asimismo, el primer inciso del par\u00e1grafo 3\u00ba del citado canon prev\u00e9 que \u00ab[l]as autoridades administrativas tramitar\u00e1n los procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Asimismo, de un lado, el canon 368 ibid, de los \u00ab  asuntos sometidos al tr\u00e1mite del proceso verbal\u00bb, estipula que \u00ab[s]e sujetar\u00e1 al tr\u00e1mite establecido en este Cap\u00edtulo todo asunto contencioso que no est\u00e9 sometido a un tr\u00e1mite especial\u00bb; y, de otro, su par 390 no enlist\u00f3 dentro de los asuntos que han de rituarse por el \u00abprocedimiento verbal sumario\u00bb los temas correspondientes a disputas de \u00edndole societaria, es decir, los excluy\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Finalmente, la regla 624 del mismo compendio legal, que modific\u00f3 \u00abel art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887\u00bb, ense\u00f1a que \u00ab[l]as leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad\u00bb. Tal se acompasa con lo positivado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 ejusdem, que prev\u00e9: \u00ab[n]o obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sobre este \u00faltimo aspecto, valga decirlo, la Sala tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar en CSJ AC5110-2016, 11 ago. 2016, rad. 2016-01393-00, que conforme a la doctrina \u00aben lo concerniente a las leyes que se refieran a la competencia, procedimientos y recursos, su aplicaci\u00f3n es inmediata y las partes no tienen derechos adquiridos para seguir aplicando las disposiciones antiguas, que s\u00f3lo preve\u00edan meras expectativas cuando estaban vigentes [claro solar Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Volumen I, de las personas, numeral 153, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago, p. 83]. Esto, por cuanto se presupone que la nueva ley se encuentra mejor adaptada a las necesidades actuales que la derogada, por lo que, como es reconocido por los hermanos Mazeaud, \u201cEs necesario, pues, que se aplique lo m\u00e1s pronto posible, incluso a los procesos en tr\u00e1mite\u201d [mazeaud Henri y Jean, Lecciones de Derecho Civil, Parte Primera Volumen I, numeral 152, Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, Buenos Aires, p. 236]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.3.- Lo primero que ha de tenerse de presente, es que en el sub lite la audiencia positivada en el canon 439 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se convoc\u00f3 para el d\u00eda 6 de noviembre de 2014, esto es, en \u00e9poca pret\u00e9rita a la plena entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, misma que aconteci\u00f3 el d\u00eda 1\u00ba de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por tanto, comoquiera que la sentencia en el litigio verbal sumario que ocupa la atenci\u00f3n se profiri\u00f3 el 8 de junio del a\u00f1o pasado, es decir, ya entrada en total vigor la Ley 1546 de 2012, de inmediato surge que el \u00abtr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u00bb oper\u00f3 en la litis estudiada conforme a lo establecido en el literal b), numeral 3\u00ba, art\u00edculo 625 de tal marco normativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Dicha regla dispuso que, en los asuntos verbales sumarios, como lo fue el sub examine bajo la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y a fin de que opere la apuntada transici\u00f3n legal, ha de tenerse en cuenta que \u00ab[s]i la audiencia del art\u00edculo 439 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ya se hubiere convocado, el proceso se adelantar\u00e1 conforme a la legislaci\u00f3n anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n\u00bb; es decir, una vez emitido el fallo correspondiente, a partir de ah\u00ed, el litigio en cuesti\u00f3n atraviesa el umbral del C\u00f3digo General del Proceso y queda sujeto por ende a las directrices pertinentes en \u00e9l establecidas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         Aqu\u00ed vale acotar que el legislador en la citada norma no habl\u00f3 de que la aplicaci\u00f3n de la nueva ley se dar\u00eda desde la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb de la sentencia ni tampoco luego de su \u00abejecutoria\u00bb. No, es expl\u00edcito que el partir de aguas de leyes adjetivas que sobre el particular adopt\u00f3 principia inmediatamente luego que la misma es \u00abproferida\u00bb, de donde emerge que como el siguiente instalamento ritual que sigue a la emisi\u00f3n de aquella es proceder a la correspondiente intimaci\u00f3n, es claro que el acto procedimental notificatorio, as\u00ed como todos y cada uno de los ulteriores reglados por ley, ya se debe cumplimentar bajo las pautas del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan ello as\u00ed es de entender a fin que la acotada mutaci\u00f3n que implica dar lugar a la aplicaci\u00f3n de la ley procesal en el tiempo, no quede en letra muerta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por supuesto, y conforme al elenco de normas enantes trascrito, deviene que en trat\u00e1ndose de asuntos en los que est\u00e1 de por medio el debate de una controversia emanada de un contrato societario, que en el particular caso fue enfilada por una disputa en contra de los administradores de Gyptec S. A., luego de \u00abdictarse sentencia\u00bb, debe aplicarse el C\u00f3digo General del Proceso, mismo que estableci\u00f3 que esos litigios han de tramitarse, bajo su imperio, por la cuerda del proceso verbal (art\u00edculo 368 ejusdem), ya que a tales los excluy\u00f3 del listado al efecto establecido en la norma 390 ibidem que estipul\u00f3 los asuntos a litigar por el \u00abproceso verbal sumario\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          El tr\u00e1mite verbal que regula el C\u00f3digo General del Proceso, recu\u00e9rdese, permite la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n enfilado contra la sentencia que es notificada bajo su \u00e9gida (canon 373-5\u00ba ibid), tanto m\u00e1s por cuanto que el precepto 624 de la nueva ley civil adjetiva, modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887, determina que como las leyes de sustanciaci\u00f3n prevalecen \u00absobre las anteriores\u00bb desde que inician a regir, lo propio depara que, entonces, los recursos interpuestos bajo el ordenamiento que impera a la hora de su formulaci\u00f3n deban ce\u00f1irse, en su todo, a la apuntada ley, para el caso novel, lo que traducido al asunto que concita la atenci\u00f3n de la Sala deriva en que como en el sub examine la sentencia fue emitida el 8 de junio de 2016, y operado justo despu\u00e9s de ello el tr\u00e1nsito legislativo, la notificaci\u00f3n de la misma ya aconteci\u00f3 bajo las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n el ejercitamiento de los recursos que el citado estatuto prev\u00e9, d\u00e1ndole por tanto v\u00eda libre, al tratarse de un juicio de \u00abdoble instancia\u00bb, a la interposici\u00f3n, concesi\u00f3n, formulaci\u00f3n de reparos concretos y sustentaci\u00f3n de alzada promovida, seg\u00fan lo determinan las pautas que perfilan el juicio verbal, al cual torn\u00f3 el asunto en cuesti\u00f3n tras la mutaci\u00f3n procesal acontecida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Aclarase aqu\u00ed, eso s\u00ed, que no obstante el tema de que ahora se trata resulta ser ajeno a los precisos derroteros que puedan verse inescindiblemente ligados con asuntos anejos a la \u00abcompetencia\u00bb al efecto atribuida en la Ley 1564 de 2012 para dirimir aspectos ata\u00f1ederos con disputas oriundas del contrato de sociedad, lo cierto es que, al margen del tr\u00e1mite que se ven\u00eda impartiendo en el sub judice en cotas procesales anteriores a la emisi\u00f3n de la sentencia en \u00e9l dictada, as\u00ed como tambi\u00e9n a las contingentes discusiones o controversias sobre la \u00abvigencia\u00bb del art\u00edculo 233 de la Ley 222 de 1995 -y dem\u00e1s disposiciones regulatorias de procedimientos especiales-, ello dadas las derogaciones t\u00e1citas y org\u00e1nicas (c\u00e1nones 71 y 72 del C\u00f3digo Civil y 3\u00ba de la Ley 153 de 1887) que emanan de los preceptos 22 de la Ley 1395 de 2010, 20-4\u00ba, 24, 368, 390 y concordantes del C\u00f3digo General del Proceso, es de ver que como dicho fallo se notific\u00f3 y curs\u00f3 su lapso de ejecutoria en vigor del \u00faltimo estatuto civil adjetivo citado, que prev\u00e9 el recurso de apelaci\u00f3n para esos tr\u00e1mites societarios porque ello surge justamente de la aplicaci\u00f3n del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n en \u00e9l contemplado, deviene as\u00ed que actualmente y luego de operar el acotado cambio de legislaciones, no puede contemplarse el sub examine como si fuera un asunto de \u00fanica instancia, que ahora ya no lo es.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y es que, no puede perderse de vista, si para los asuntos de la estirpe arriba rese\u00f1ada que se surten ante los jueces civiles del circuito es dable propiciar la segunda instancia, mal ser\u00eda que lo propio no fuere as\u00ed para aquellos semejantes que se encauzan por ante las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, como es la manera en que fungi\u00f3 la Superintendencia de Sociedades en el sub lite, pues esa es disparidad que no contempl\u00f3 el legislador y, por contrario, la clausur\u00f3 abiertamente al se\u00f1alar que \u00ab[l]as autoridades administrativas tramitar\u00e1n los procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces\u00bb, entendido este en que no hizo exclusi\u00f3n ninguna a la hora de hacerse operar el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n que estipul\u00f3 en la Ley 1564 de 2012, ni mucho menos lleg\u00f3 a restringir ese entender en lo correspondiente con la interposici\u00f3n de recursos -u otro tipo de actuaciones- que sean plausibles cuando se act\u00faa ante un funcionario judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Todo lo dicho permite concluir que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia emitida en el sub lite el 8 de junio de 2016, acaecido como fue el \u00abtr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u00bb de que trata el literal b) del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, era legalmente viable de ser concedido, lo que, it\u00e9rase, deriva en que no hay lugar a conjurar ninguna anomal\u00eda en la actuaci\u00f3n auscultada y por tanto no es menester la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

       Sobre un asunto an\u00e1logo, esta Corporaci\u00f3n puso de presente, en CSJ STC14775-2016, 14 oct. 2016, rad. 2016-01864-01, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relativo al reclamo seg\u00fan el cual, el recurso de alzada debi\u00f3 tramitarse conforme al otrora vigente Estatuto de Ritos Civiles y no a trav\u00e9s del C\u00f3digo General del Proceso, dicho reparo se desestimar\u00e1, teniendo en cuenta que en virtud de \u00e9sta \u00faltima norma, particularmente en el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 625, relacionado con las reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n para los juicios en curso, se estableci\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) 4. Para los procesos verbales de mayor y menor cuant\u00eda:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) b) Si la audiencia del art\u00edculo 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ya se hubiere convocado, el proceso se adelantar\u00e1 conforme a la legislaci\u00f3n anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a nueva legislaci\u00f3n (\u2026)\u201d (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, una vez emitido el fallo, como aconteci\u00f3 en el pleito materia del presente resguardo, su actuaci\u00f3n posterior, esto es, lo atinente a la interposici\u00f3n, sustentaci\u00f3n y tr\u00e1mite de los recursos interpuestos contra aqu\u00e9l, deben acogerse irremediable a la nueva legislaci\u00f3n procesal (v\u00e9ase).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.4.- Por lo pret\u00e9rito, en el sub judice \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01), tanto m\u00e1s cuando \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), entre otras cosas, \u00abpues lo que en \u00faltimas pretende la accionante es que por esta v\u00eda constitucional se reviva una discusi\u00f3n suficientemente ventilada ante la justicia ordinaria, [\u2026]\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2011, rad. 00012-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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SALVAMENTO DE VOTO  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00270-00  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. No comparto la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia objeto de este pronunciamiento, por cuanto en mi criterio el Tribunal accionado s\u00ed err\u00f3 al conceder la apelaci\u00f3n deprecada respecto del fallo emitido el 8 de junio de 2016 dentro del juicio materia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan se acredit\u00f3 en esta tramitaci\u00f3n la Superintendencia de Sociedades mediante resoluci\u00f3n de 9 de abril de 2014 admiti\u00f3 la demanda genitora del sublite ahora objetado y dispuso darle curso atendiendo a las directrices estipuladas por el legislador para el proceso \u201cverbal sumario\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Para decidir de la forma reprochada la Corporaci\u00f3n accionada se afinc\u00f3 en el literal b) del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, regulatorio del \u201ctr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u201d, seg\u00fan el cual en juicios como el arriba se\u00f1alado: \u201cSi la audiencia del art\u00edculo 439 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ya se hubiere convocado, el proceso se adelantar\u00e1 conforme a la legislaci\u00f3n anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del mandato transcrito no es viable concluir que el decurso \u201cverbal sumario\u201d por el cual se adelant\u00f3 la controversia societaria puesta en conocimiento de la se\u00f1alada Superintendencia, quien apoy\u00f3 su gesti\u00f3n en la regla 233 de la Ley 222 de 19951, por haberse iniciado en el a\u00f1o 2014, es decir antes de la plena entrada en vigor del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual acaeci\u00f3 el 1\u00b0 de enero de 2016, se pod\u00eda modificar esa tramitaci\u00f3n, como equivocadamente lo entendi\u00f3 el colegiado tutelado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aceptar las inferencias del ad quem querellado conllevar\u00eda a preterir lo estatuido en los mandatos 624 y 625 num. 8 ib\u00eddem. N\u00f3tese, el primero de ellos reza, entre otras cosas: \u201cLa competencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y el segundo estipula: \u201cLas reglas sobre competencia previstas en este c\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda. Por tanto, el r\u00e9gimen de cuant\u00edas no cambia la competencia que ya se hubiere fijado por ese factor\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En adici\u00f3n de lo anterior, se encuentra que la decisi\u00f3n reprochada soslay\u00f3 la perentoriedad del art\u00edculo 13 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando establece: \u201c[l]a competencia es improrrogable, cualquiera sea el factor que la determine\u201d, premisa que apunta a la conservaci\u00f3n de la fijada con arreglo a las normas vigentes al momento de iniciaci\u00f3n de la respectiva controversia mientras ella se tramita, de lo cual se sigue que durante su gestionamiento no son admisibles cambios al respecto y, menos, cuando conducen a la aplicaci\u00f3n de otro procedimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Aun cuando en la actualidad las controversias derivadas del contrato de sociedad ser\u00e1n conocidas en primera instancia por los jueces civiles del circuito o por la Superintendencia de Sociedades, literal b), numeral 5\u00b0 art\u00edculo 24 del CGP, a trav\u00e9s del rito verbal, esa nueva competencia atribuida por la Ley 1564 de 2012 a los citados juzgadores s\u00f3lo opera con efectos futuros, lo cual imposibilita extender esa facultad retroactivamente para comprender pleitos adelantados bajo un compendio legislativo diferente y vigente para la data de presentaci\u00f3n de la respectiva demanda,  fecha en la cual se defini\u00f3 el procedimiento regulatorio de ese juicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ahora, si bien el precepto 625 ib\u00eddem contempla en punto de litigios \u201cverbales sumarios\u201d, que \u201cproferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n\u201d, ello no supone de modo alguno que las gestiones a surtirse despu\u00e9s del fallo gocen de doble instancia, lo realmente colegido de la norma es que el decurso subsiguiente debe ajustarse a las directrices pertinentes establecidas en el referido compendio legal pero en todo aquello que se avenga con su particular naturaleza.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Al margen de lo dicho, si se admitiera, en gracia de discusi\u00f3n, que el referido proceso, por el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, admite ahora la segunda instancia, su conocimiento estar\u00eda radicado exclusivamente en los jueces civiles del circuito, y no en el Tribunal, porque seg\u00fan las reglas de competencia vigentes al inicio del asunto, ya consignadas, la Superintendencia de Sociedades actu\u00f3 como juez municipal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es patente, entonces, que la Corporaci\u00f3n ahora accionada, mediante la providencia objeto del reproche analizado, est\u00e1 asign\u00e1ndose una competencia que no tiene y, consiguientemente, usurpando la que, por mandato legal (art. 27, C. de  P.C.), le corresponder\u00eda, se reitera, \u00fanicamente a los jueces que ocupan el nivel superior de quien conoci\u00f3 en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Sin duda, el prove\u00eddo generador de la inconformidad aqu\u00ed analizada, viola ostensible y flagrantemente el debido proceso, en la forma como aparece concebido en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, al desconocer el tr\u00e1mite aplicable al asunto debatido; la condici\u00f3n de ser uno de aquellos que se surten en \u00fanica instancia; las reglas de competencia calificadas como de orden p\u00fablico, por tanto, de estricto cumplimiento; y los jueces facultados para conocerlo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignada mi anunciada discrepancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ut supra.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 \u201cLos conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composici\u00f3n, se sujetar\u00e1n al tr\u00e1mite del proceso verbal sumario, salvo disposici\u00f3n legal en contrario\u201d (negrilla fuera de texto).      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                      STC2468-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00270-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)                         Dec\u00eddese la tutela instaurada, mediante abogado, por Raquel Castillo Gonz\u00e1lez en frente de la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}