{"id":99647,"date":"2026-06-25T19:06:37","date_gmt":"2026-06-25T19:06:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2471-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:06:37","modified_gmt":"2026-06-25T19:06:37","slug":"stc2471-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2471-2017\/","title":{"rendered":"STC2471-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

                                 <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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                                STC2471-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00330-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante abogado, por Bernardo Antonio Mar\u00edn Tob\u00f3n en frente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Quinto Penal Especializado de esa urbe, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, vincul\u00e1ndose a las Fiscal\u00edas 14 Especializada de aquella ciudad y 14 Especializada de este Distrito Capital.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- El quejoso depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, resumidamente, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.- Tras adelantarse las etapas procesales correspondientes, en que la convocada Fiscal\u00eda 14 Especializada de esta ciudad emiti\u00f3 \u00abresoluci\u00f3n acusatoria\u00bb de 11 de mayo de 2012, el despacho encartado, a trav\u00e9s de sentencia de 10 de abril de 2015, le impuso la pena de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n, en calidad de autor del punible de \u00ablavado de activos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          2.2.- Frente a dicha providencia enderez\u00f3 alzada que el tribunal enjuiciado desat\u00f3 el 22 de febrero de 2016, ratificando la condena.  <\/span><\/p>\n

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       2.3.- Tal la raz\u00f3n por la que interpuso \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, siendo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal lo inadmiti\u00f3 a trav\u00e9s de auto de 31 de agosto del a\u00f1o anterior.  <\/span><\/p>\n

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       2.4.- Se duele, cardinalmente, que al interior del sub examine las acreditaciones \u00abaportadas, decretadas y practicadas\u00bb fueron \u00abignoradas\u00bb, particularmente las \u00abdocumentales\u00bb que falazmente se dice fueron \u00abelaboradas\u00bb y \u00absuscritas\u00bb por \u00e9l; la \u00abdiligencia de indagatoria\u00bb y la \u00abversi\u00f3n\u00bb rendidas por el codemandado Bernardo Antonio Mar\u00edn Tob\u00f3n; sus constancias laborales y su hoja de vida, que \u00abevidencian su vinculaci\u00f3n laboral a las denominadas empresas grajales\u00bb; la \u00abdeclaraci\u00f3n de la perito del C. T. I. de la Fiscal\u00eda\u00bb; y, sendas \u00abdeclaraciones juramentadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       De ah\u00ed que, manifiesta, se constituy\u00f3 un acervo demostrativo que \u00abresulta totalmente fals[o] y con [\u00e9l] no puede edificarse ning\u00fan tipo de indicio de responsabilidad penal en su contra\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin valor y sin efectos jur\u00eddicos los mencionados fallos\u00bb y, anejo a ello, \u00abordenar al juzgado accionado se sirva dictar nuevamente el respectivo fallo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          4.- La presente actuaci\u00f3n fue remitida a esta Sala por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 2 de febrero de 2017, tras aducir que  conoci\u00f3 de la demanda de  casaci\u00f3n que el tutelista plante\u00f3 (fls. 35 a 37).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       As\u00ed las cosas, a dicha formulaci\u00f3n se le dio tr\u00e1mite, admiti\u00e9ndola, mediante auto del d\u00eda 14 siguiente (fol. 42).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          El despacho encartado precis\u00f3, en breve, el hist\u00f3rico de las actuaciones procesales surtidas en el sub judice.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El tribunal entutelado rese\u00f1\u00f3 el decurso ritual surtido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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         <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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       2.- Observada la discrepancia elevada, surge que el gestor cuestiona que dentro del litigio objeto de esta salvaguarda fue irregularmente condenado por el juzgado acusado mediante providencia de 10 de abril de 2015, misma que ratific\u00f3 el tribunal encartado el d\u00eda 22 de febrero de 2016, resoluci\u00f3n ante la cual interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que la hom\u00f3loga Penal inadmiti\u00f3 a trav\u00e9s de auto de 31 de agosto siguiente, todo lo cual engendra la presencia de la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto procedimental absoluto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          3.- Obra como cardinales demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n, las siguientes:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Fallo de 10 de abril de 2015, emitido por la c\u00e9lula judicial cuestionada, mediante el cual el censor fue condenado a prisi\u00f3n por el lapso de 6 a\u00f1os, como autor del il\u00edcito de lavado de activos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Sentencia ratificatoria de 22 de febrero de 2016, proferida por el tribunal entutelado.  <\/span><\/p>\n

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       3.3.- Prove\u00eddo de 31 de agosto del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, mediante el cual determin\u00f3 \u00abinadmitir\u00bb la demanda de casaci\u00f3n presentada por el peticionario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.- Concerniente con las censuras enfiladas contra el despacho reprochado y el cuerpo colegiado ad quem accionado, advierte la Corte que el reclamo constitucional resulta inane por el incumplimiento del principio de residualidad, en tanto que no es factible acudir a este excepcional\u00edsimo escenario luego de haber sido dilapidados los mecanismos legales de defensa que se tuvieron al alcance.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Lo propio, en vista que pese a que el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia de segundo grado proferida por la referida colegiatura, tal devino inadmitida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal mediante auto de 31 de agosto de 2016, a causa de las falencias al efecto all\u00ed apuntadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose desperdiciado por el reclamante la memorada v\u00eda de resguardo por motivo de no ejercitarla id\u00f3neamente, se frustra la salvaguarda instada a consecuencia de la inobservancia del requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Esta Sala, en CSJ STC13448-2014, 2 oct. 2014, rad. 02174-00, citado en CSJ STC3345-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00594-00, ha resaltado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[E]l car\u00e1cter extraordinario de ese medio de impugnaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.- Relativamente a la disconformidad que se endereza contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es de ver que analizada la determinaci\u00f3n por esta emitida el 31 de agosto de 2016, se observa que en ella no obr\u00f3 anomal\u00eda, toda vez que su resoluci\u00f3n de no dar tr\u00e1mite a la demanda de casaci\u00f3n est\u00e1 sustentada en una postura respetable, asentada en el marco normativo que regula el preciso tema abordado, particularmente, lo establecido en los art\u00edculos 213 y 216 del C. de P. Penal (Ley 600 de 2000), preceptos que contemplan la potestad de inadmitir el recurso extraordinario.  <\/span><\/p>\n

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       Ello, habida cuenta que, referente al \u00abfalso juicio de existencia por omisi\u00f3n\u00bb, denot\u00f3 que \u00ab[s]i existe identidad de sentido entre los fallos de primera y de segunda instancia, es imperativo evidenciar que el error atribuido al fallo del tribunal tambi\u00e9n es predicable frente al del a quo, pues conforman una unidad jur\u00eddica inescindible\u00bb, am\u00e9n que, explicit\u00f3, \u00abaun cuando el cargo relaciona los medios de prueba no re\u00fane los presupuestos anteriores, debido a que algunos guardan relaci\u00f3n con vicio distinto al alegado en la censura, su contenido material no es reproducido en \u00e9l y en general omite mostrar su trascendencia frente al sentido del fallo, de modo que si hubieran sido tenidos en cuenta, los juzgadores habr\u00edan reconocido la duda probatoria a favor del acusado\u00bb, realzando por dem\u00e1s que \u00abla obligaci\u00f3n legal de los juzgadores es la de relacionar y valorar en lo posible las pruebas que sirven de fundamento a la decisi\u00f3n judicial, sin que constituya un imperativo citar todas y cada una de las recaudadas en la actuaci\u00f3n aun cuando carezcan de relevancia en la soluci\u00f3n del asunto, ya que contrario a lo demandado por el libelista, el numeral 4 del art\u00edculo 170 de la ley 600 de 2000, impone \u00fanicamente \u201cla valoraci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas en que ha de fundarse la decisi\u00f3n\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En punto del \u00abfalso juicio de identidad\u00bb, sostuvo que \u00ab[e]l casacionista limita la censura a reproducir el cap\u00edtulo de la sentencia relacionado con la responsabilidad penal y las partes relacionadas con los documentos privados contentivos de la transacci\u00f3n entre Gerardo Antonio Grajales Hern\u00e1ndez y Lorena Henao Montoya, la reuni\u00f3n que Sonia Trejos Aguilar sostuvo con Ra\u00fal Grajales Lemus y los tres gerentes de las empresas, de actas de asambleas, entre otros, tambi\u00e9n mencionados por el a quo, sin precisar cu\u00e1les fueron objeto de tergiversaci\u00f3n y de qu\u00e9 manera\u00bb, aconteciendo que \u00ab[t]ales consideraciones no cumplen con los presupuestos de t\u00e9cnica exigidos en el desarrollo del cargo propuesto, pues aun cuando el actor cita prueba documental no muestra que la misma haya sido tergiversada en su contenido material\u00bb, de donde emerge que \u00ab[l]a conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual, la firma que aparece en el folio 241 como de[l quejoso] es la misma con la que Ra\u00fal Grajales suscribe la diligencia de audiencia p\u00fablica, de modo que los documentos base del fallo fueron falsificados materialmente, no deja de ser una especulaci\u00f3n del casacionista sin relaci\u00f3n alguna con la clase de error alegado en la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.2.- Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

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       5.3.- Por supuesto, las inferencias recogidas independientemente que sean prohijadas o no, it\u00e9rase, mal pueden tildarse de abiertamente caprichosas o arbitrarias para que sean objeto de cuestionamiento en sede tutelar, aparte que no se vulner\u00f3 el derecho de defensa ni las garant\u00edas procesales, seg\u00fan as\u00ed qued\u00f3 expuesto en la providencia transcrita, puesto que en ella expresamente se se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[d]adas las manifiestas deficiencias presentadas por el libelo la Sala lo inadmitir\u00e1, sin que supere sus defectos para disponer su tr\u00e1mite de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 217 de la Ley 600 de 2000, porque no observa la violaci\u00f3n de garant\u00edas de los sujetos procesales ni se da ninguno de los supuestos que permita su intervenci\u00f3n oficiosa\u00bb, m\u00e1xime cuando no es est\u00e1 v\u00eda de amparo el camino para abordar un nuevo estudio, si el realizado por la instancia adecuada no se observa arbitrario o irracional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.4.- As\u00ed las cosas, como ha sostenido la Corte, la circunstancia de que el resultado de la determinaci\u00f3n censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 7 abr. 2011, rad. 00604-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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                                           MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                      STC2471-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00330-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99647","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99647\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}