{"id":99651,"date":"2026-06-25T19:07:06","date_gmt":"2026-06-25T19:07:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2476-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:07:06","modified_gmt":"2026-06-25T19:07:06","slug":"stc2476-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2476-2017\/","title":{"rendered":"STC2476-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2476-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00342-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Ram\u00f3n El\u00edas Escobar Restrepo, frente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, integrada por los magistrados Jes\u00fas Emilio M\u00fanera Villegas, Claudia Berm\u00fadez Carvajal y Oscar Hernando Castro Rivera; y el Juzgado Civil del Circuito de Sons\u00f3n (Antq.), vincul\u00e1ndose a las partes e intervinientes en el juicio reivindicatorio (n.\u00b0 2012-00127) que le adelanta Jes\u00fas Emilio G\u00f3mez Jim\u00e9nez.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, \u00abACCESIBILIDAD A LA JUSTICIA Y CONFIANZA EN LA JUSTICIA\u00bb, presuntam  ente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.2. Solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 124 del C. P. C., en relaci\u00f3n con la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, y que se tuvieran en cuenta las indicaciones fijadas al respecto por la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura en comunicaci\u00f3n CSJA-SA15-1607 de 25 de marzo de 2015, pues a esa fecha no se hab\u00eda dictado la sentencia respectiva, sin embargo el a quo profiri\u00f3 decisi\u00f3n de fondo el 29 de abril de esa anualidad, pero la providencia \u00abes nula de pleno derecho, por haber perdido competencia el juez, como lo especifica el art. 121 del C. General del Proceso en su inciso 6o\u00bb. (f. 3).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Los funcionarios citados, \u00abincurrieron en v\u00edas de hecho, no solo, en la citada actuaci\u00f3n, sino al ir, en contrav\u00eda, de los lineamientos fijados por las partes, la ley, la constituci\u00f3n, la doctrina y la jurisprudencia\u00bb, puesto que no tuvieron en cuenta que \u00abla pretensi\u00f3n reivindicatoria excluye de suyo todos los casos en que la posesi\u00f3n del demandado sea de naturaleza contractual, es decir, se rija por un contrato celebrado entre el due\u00f1o y el actual poseedor\u00bb, pues, mientras el contrato subsista constituye ley para las partes; entonces, \u00abla restituci\u00f3n de la cosa pose\u00edda, cuya posesi\u00f3n legitima del acuerdo de voluntades, no puede demandarse sino con apoyo en alguna cl\u00e1usula que la provea, mientras el pacto est\u00e9 vigente. La pretensi\u00f3n reivindicatoria s\u00f3lo puede tener cabida si se la deduce como consecuencia de la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n, de nulidad o de resoluci\u00f3n o terminaci\u00f3n del contrato, es decir, previa nulidad o de resoluci\u00f3n o terminaci\u00f3n del contrato, es decir, previa la supresi\u00f3n del obst\u00e1culo que impide su ejercicio\u00bb. (f. 3).  <\/span><\/p>\n

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2.4. En este proceso se pide la reivindicaci\u00f3n de determinado predio \u00abcomo s\u00faplica enteramente independiente y aut\u00f3noma\u00bb, la que no puede prosperar \u00abmientras el contrato de promesa subsista, pues ocurre que por ese contrato se transform\u00f3 la posesi\u00f3n extracontractual del demandado en posesi\u00f3n respaldada por un contrato y regida por sus estipulaciones\u00bb, mutaci\u00f3n que se realiz\u00f3 \u00aben forma an\u00e1loga a la de la tradici\u00f3n brevi manu prevista por ord.5\u00b0 del art\u00edculo 754 del C. Civil: el promitente comprador ven\u00eda poseyendo el fundo desde antes de celebrarse la promesa, circunstancia que hizo innecesaria la entrega de \u00e9ste a aquel\u00bb, y si el contrato no prev\u00e9 la restituci\u00f3n de la cosa en fuerza de alguna de sus cl\u00e1usulas, \u00abla acci\u00f3n de dominio s\u00f3lo podr\u00e1 tener lugar despu\u00e9s que se aniquile el contrato y precisamente como consecuencia de este aniquilamiento, que transforma nuevamente la posesi\u00f3n en extracontractual, puesto que el convenio ha desaparecido de la vida jur\u00eddica\u00bb. (f. 4).  <\/span><\/p>\n

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2.5. El demandante aport\u00f3 \u00abla promesa de venta del inmueble y local comercial, que limita la exigibilidad de la acci\u00f3n reivindicatoria y que no permite la viabilidad de la reivindicaci\u00f3n del inmueble objeto de la demanda\u00bb (f. 4).  <\/span><\/p>\n

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2.6.- Los funcionarios judiciales cuestionados incurrieron en \u00abv\u00edas de hecho\u00bb, al apartarse de los lineamientos acordados por las partes en contratos, \u00abque eran ley para ellos, adem\u00e1s de los legales y constitucionales\u00bb y al fundarse en hechos contrarios a los probados, \u00abque no cumpl\u00edan, legalmente, con las solemnidades de las normas vigentes, fuera de estar en desacuerdo con la realidad procesal, existente evidentemente en el expediente\u00bb, los cuales violan las prerrogativas invocadas. (ff. 4-5).  <\/span><\/p>\n

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3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, dejar sin valor, las sentencias que pusieron fin al proceso, y ordenar \u00ablos correctivos del caso, en el t\u00e9rmino de 48 horas, teniendo en cuenta la realidad del debido proceso y el derecho de defensa, evidente y protuberantemente atacados por la Se\u00f1ora Juez Civil del Circuito de Sons\u00f3n Ant. en la Sentencia de primera instancia del veintinueve de abril del dos mil quince (2.015) al haber perdido la competencia autom\u00e1ticamente, con fundamento en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia en la Sentencia de segunda instancia No. 004 del diecisiete de enero de dos mii diecisiete (2.017), por no haber revocado la decisi\u00f3n aludida, nula de pleno derecho\u00bb (f. 5).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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La jueza de circuito querellada se opuso a la prosperidad del amparo por considerar que no se vulneraron las prerrogativas invocadas porque \u00ablas decisiones en el proceso atacado, todas, se tomaron teniendo en cuenta las normas que la codificaci\u00f3n civil y procesal civil, se\u00f1alan para el asunto\u00bb, a tal punto que al ser confirmada por el Superior, hay mayor confianza y certeza de haberse resuelto el asunto en derecho (f. 38).  <\/span><\/p>\n

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El magistrado ponente inform\u00f3 que mediante sentencia del 17 de enero de 2017 se resolvi\u00f3 el recurso de alzada en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por Jes\u00fas Emilio G\u00f3mez Jim\u00e9nez en contra del quejoso constitucional, y que el expediente fue devuelto al juzgado de origen el 9 de febrero pasado (f. 25).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el censor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos \u00abprocedimental\u00bb, \u00abf\u00e1ctico\u00bb y \u00absustantivo\u00bb, enfila su inconformismo, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Contra la sentencia de primer grado, de 29 de abril de 2015, por considerar que est\u00e1 viciada de nulidad, al haberse proferido cuando, en su sentir, la respectiva funcionaria judicial hab\u00eda perdido competencia en aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C. G. del P.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Contra los funcionarios de ambas instancias, porque, en su sentir, desconocieron que su posesi\u00f3n tiene origen contractual lo que exclu\u00eda la pretensi\u00f3n reivindicatoria.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Fallo de primer grado de 29 de abrl de 2015, decisi\u00f3n que fue apelada (ff. 39-51)  <\/span><\/p>\n

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b) Recurso de alzada formulado por el apoderado del demandado y auto de 15 de mayo siguiente que concede la alzada (ff. 52-53)  <\/span><\/p>\n

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c) Copia de la providencia proferida el 17 de enero de 2017 por el colegiado enjuiciado (ff. 26-34)  <\/span><\/p>\n

4. Analizada la disposici\u00f3n cuestionada (17 de enero de 2017), mediante la cual la Corporaci\u00f3n accionada confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n de primer grado y con la que se agot\u00f3 la jurisdicci\u00f3n dentro del litigio que nos ocupa, advierte la Sala que no se observa proceder constitutivo de los defectos procedimental y material o sustantivo, que el gestor le endilga y que ameriten la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, dado que esa postura en modo alguno no es caprichosa o antojadiza.  <\/span><\/p>\n

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4.1. Lo anterior, en primer lugar, porque para adoptar la determinaci\u00f3n de instancia el Tribunal querellado se\u00f1al\u00f3, en efecto, que no encontr\u00f3 ning\u00fan vicio que pudiera invalidar lo actuado puesto que los alegados en la primera instancia realmente no existen \u00abcomo en efecto lo resolvi\u00f3 de modo repetitivo la se\u00f1ora iudex a quo ante la misma petici\u00f3n reiterativamente formulada por el apoderado del demandado Ram\u00f3n El\u00edas Escobar Restrepo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, en torno al cuestionamiento de que la sentencia de primer grado se halla \u00abviciada de nulidad de pleno derecho\u00bb por haber sido proferida despu\u00e9s del a\u00f1o consagrado en el art\u00edculo 124 del C. de P. C., consider\u00f3 que si bien el canon 9\u00b0 de la Ley 1395 de 2010 \u00able agreg\u00f3 un par\u00e1grafo al art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en el cual estableci\u00f3 el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia de primera instancia [\u2026]; y dispuso tambi\u00e9n que \u00abVencido el respectivo t\u00e9rmino sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso… \u00ab\u00bb, a diferencia de lo consagrado en el precepto 121 del C. G. P, \u00abno se determin\u00f3 que tal situaci\u00f3n generara nulidad de pleno derecho\u00bb, pero adem\u00e1s, \u00abtrat\u00e1ndose de la competencia, s\u00f3lo hay lugar invalidar lo actuado cuando es la funcional\u00bb, am\u00e9n que en el ordenamiento jur\u00eddico procesal civil colombiano, \u00abse adopt\u00f3 el principio de taxatividad en materia de nulidades\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A la par adujo que \u00abla relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal en este asunto se termin\u00f3 de conformar el 15 de agosto de 2013, fecha en la que se notific\u00f3 al \u00faltimo de los convocados en calidad de demandado, Jos\u00e9 Ovidio Su\u00e1rez Silva\u00bb, y que cuando se solicit\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia \u00ab-el 19 de junio de 2014 -no se hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o\u00bb; y, \u00aba partir de esa petici\u00f3n y los recursos que suscit\u00f3 la negativa de esa determinaci\u00f3n, fue que se embaraz\u00f3 el desarrollo del proceso para terminar el recaudo de los medios probatorios y la formulaci\u00f3n de alegatos y emisi\u00f3n del correspondiente fallo\u00bb; sin embargo, al desatarse el recurso horizontal planteado contra la determinaci\u00f3n que deneg\u00f3 tal solicitud, \u00abse determin\u00f3 la pr\u00f3rroga de la competencia, por seis (6) meses m\u00e1s. Y a parir de all\u00ed, el plazo no se cumpli\u00f3 con exactitud a ra\u00edz de las reiterativas e improcedentes solicitudes de nulidad invocadas por la parte demandada, y los recursos contra las decisiones que despachaban desfavorablemente esas s\u00faplicas o las rechazaban de plano; luego, no se cumpli\u00f3 con el t\u00e9rmino por el propio actuar de la parte que alegaba la p\u00e9rdida de competencia y consiguiente nulidad de la actuaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que \u00abdentro del contexto del proceso redise\u00f1ado en la Ley 1395, y regido por el sistema de oralidad es del todo comprensible y razonable que se haya fijado el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, con[tado] desde que se configure la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, para dictar sentencia de primer grado; pues, visto que un proceso civil ordinario queda reducido a dos audiencias, no se ve raz\u00f3n para justificar su duraci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o; pero, en este caso, el asunto se someti\u00f3, como era de rigor, a pleno tr\u00e1mite del juicio civil ordinario escritural regulado en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues, la comentada ley reformatoria no entr\u00f3 envigencia [sic] en el Distrito Judicial de Antioquia. De modo que un plazo concebido dentro del nuevo sistema y tr\u00e1mite del proceso, no encuentra fundamento para operar en el escritural dispendioso consagrado en aquella codificaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Concluy\u00f3, en este sentido, que con la emisi\u00f3n de la sentencia de primer grado no se configur\u00f3 el vicio de nulidad procesal alegado, ni se desconoci\u00f3 ninguna de las preceptivas consagradas en los art\u00edculos 228, 229 y 230 de la carta pol\u00edtica, por lo que \u00abacoger lo pretendido por el apelante seria simplemente apegarse a un simple formalismo, procurando mayor dilaci\u00f3n del proceso, en perjuicio de la real prevalencia del derecho sustancial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.1.2. Lo anterior, am\u00e9n que esta Sala al resolver un asunto de similares aristas se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, en un caso en que se acusaba al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira de haber incurrido en una v\u00eda de hecho porque no se \u00abdeclar\u00f3 incompetente\u00bb a pesar del vencimiento del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 1395 de 2010 que adicion\u00f3 el canon 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el art\u00edculo 200 de la Ley 1450 de 2011, la Corte puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablo decidido por la autoridad accionada en sus providencias de 13 de marzo y 18 de abril del presente a\u00f1o\u2026, no luce antojadizo, arbitrario o caprichoso, que es lo que determina la v\u00eda de hecho judicial, pues con razonamientos admisibles concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a apartarse del conocimiento del caso puesto a su consideraci\u00f3n, bajo el entendido de que las disposiciones que consagran un t\u00e9rmino de seis meses para dictar sentencia en el curso de la segunda instancia no aplicaban por ser propias de un sistema jur\u00eddico normativo orientado hacia un determinado rumbo, concretamente la oralidad en materia civil y de familia\u2026\u00bb (CSJ STC, 17 jun. 2013. rad. 00121-01; reiterada en CSJ STC, 26 mar. y 4 jun. 2014, rads. 00044-01 y 00664-01, respectivamente y  STC146-2015 de 22 de ene. 2015 rad. 2014-02949-00).  <\/span><\/p>\n

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4.2.- Pero adem\u00e1s, porque en torno a la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia cuestionada de 16 de febrero de 2017, de confirmar la decisi\u00f3n del a quo en cuanto acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n reivindicatoria, tampoco se observa proceder constitutivo de los defectos sustantivo y f\u00e1ctico que el gestor le endilga y que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.2.1 En efecto, para emitir su providencia la colegiatura querellada, memor\u00f3 los elementos axiol\u00f3gicos que deben ser acreditados para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria. Seguidamente, procedi\u00f3 a valorar todos los medios probatorios allegados al proceso y, se\u00f1al\u00f3 que en este caso, \u00abcontrario a lo alegado por el censor, es muy s\u00f3lida la prueba de la posesi\u00f3n del demandado, comenzando porque se cuenta con su confresi\u00f3n [sic] expresa, literal, precisa y reiterada\u00bb, puesto que de conformidad con el art\u00edculo 197 del C. P. C., \u00ab(l)a confesi\u00f3n por apoderado judicial valdr\u00e1 cuando para hacerla haya recibido autorizaci\u00f3n de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el art\u00edculo 101\u00bb, y, en la contestaci\u00f3n de la demanda, el convocado por intermedio de su mandatario judicial \u00abafirm\u00f3 abiertamente su condici\u00f3n de poseedor del inmueble pretendido en reivindicaci\u00f3n\u00bb, pues dijo que \u00abcomo lo confiesa el actor Jes\u00fas Emilio G\u00f3mez Jim\u00e9nez, es el se\u00f1or Ram\u00f3n El\u00edas Escobar Restrepo, quien posee, como se\u00f1or y due\u00f1o, parte del inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria nro. 028-0002731\u00bb, donde agreg\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abel demandado adquiri\u00f3 este bien, por medio de documentos suscritos con el se\u00f1or Jos\u00e9 Oviedo Su\u00e1rez Silva\u00bb (destacado del texto, as\u00ed como las siguientes).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed consider\u00f3, que esa declaraci\u00f3n de parte dada en el citado acto procesal \u00abconstituye plena confesi\u00f3n judicial, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 197 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, porque satisface todas las exigencias consagradas en el precepto 195 ejusdem. Esa manifestaci\u00f3n, en tanto ha sido realizada por medio de apoderado judicial del demandado, se hizo de modo consciente, legal, expreso y libre, sobre un hecho personal del demandado, del cual se le derivan efectos negativos a sus intereses jur\u00eddicos\u00bb, pero adem\u00e1s, en la contestaci\u00f3n del libelo \u00abtambi\u00e9n plante\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, sin precisar si ordinaria o extraordinaria, como era necesario hacerlo: pero el fundamento f\u00e1cti[c]o afirmado fue que ‘Los se\u00f1ores Jos\u00e9 Oviedo Su\u00e1rez Silva y Ram\u00f3n El\u00edas Escobar Restrepo han ejercido sus actividades de se\u00f1or y due\u00f1o, sobre el inmueble identificado p[or] el demandante en el libelo\u00bb\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3, que al absolver el interrogatorio de parte manifest\u00f3 de manera expresa, directa y precisa el animus possidendi puesto que afirm\u00f3 que \u00ab[d]esde el d\u00eda que yo le pagu\u00e9 a don Ovies y dio este contra[t]o que me lo firmaron all\u00e1, es m\u00edo. Lo que yo tengo es lo que yo compr\u00e9\u00bb; y, \u00abla prueba testimonial recaudada es bien coherente y mayoritariamente dadora de fe de la posesi\u00f3n ejercida por el accionado ahora recurrente, respecto de la cual afirman en promedio que data de ocho a\u00f1os atr\u00e1s; igualmente refieren que, justo ejerciendo tal posesi\u00f3n, es que realiz\u00f3 el conjunto de mejoras probadas en el proceso, raz\u00f3n por la cual fueron reconocidas en el fallo de primer grado\u00bb, por lo que \u00abninguna duda existe respecto de que si es el demandado Escobar Restrepo el actual y \u00fanico poseedor del bien inmueble objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria formulada en este proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Parejamente sostuvo, respecto a la integraci\u00f3n del contradictorio en la \u00abdiligencia de conciliaci\u00f3n\u00bb efectuada ante la Personer\u00eda, que \u00ab[l]a conciliaci\u00f3n lograda entre el ahora demandante y Jos\u00e9 Oviedo Su\u00e1rez Silva fue sobre el conflicto jur\u00eddico surgido entre ambos originado con el contrato de promesa de compraventa que celebraron \u00e9stos; luego, es una relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial en la cual no estaba involucrado Escobar Restrepo; de manera que no hab\u00eda raz\u00f3n para llamarlo a \u00e9l, pues, \u00ab[a]quel acuerdo con el cual se resolvi\u00f3 el asunto litigioso entre G\u00f3mez Jim\u00e9nez y Su\u00e1rez Silva, resolvi\u00f3 o rescindi\u00f3 un contrato de promesa de compraventa sobre el mismo bien ra\u00edz pose\u00eddo por Escobar Restrepo, pero all\u00ed no se negoci\u00f3 los derechos de \u00e9ste, ni tom\u00f3 decisi\u00f3n alguna en su nombre De manera que se dej\u00f3 a salvo su derecho a denunciar el pleito a su promitente vendedor, lo que no hizo en este proceso. Con todo, perfectamente puede convocarlo a juicio despu\u00e9s, para que se discuta las responsabilidades civiles entre ambos\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas puntualiz\u00f3 que en Colombia \u00abse pe[r]mite la venta de cosa ajena; es lo establecido en el art\u00edculo 1871 del C\u00f3digo Civil; pero, por supuesto, sin perjuicio de los derechos del propietario, entre los que se cuenta el de acci\u00f3n reivindicatoria consagrado en el precepto 946 ejusdem. La norma primera citada dispone: \u00abLa venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del due\u00f1o de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo.\u00bb (Negrillas ajenas al original). De manera que, si alguien vende un bien ajeno, pero no ha podido traditarlo, como en este caso acontece, por tratarse de un inmueble, asumir\u00e1 las consiguientes responsabilidades frente al otro contratante con el cual negoci\u00f3; pero, ese acto jur\u00eddico es inoponible al propietario que no ha consentido en su realizaci\u00f3n, como aqu\u00ed sucedi\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, procedi\u00f3 a confirmar la providencia de primer grado que acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n reivindicatoria, puesto que consider\u00f3 que \u00abtodos los presupuestos sustanciales y procesales est\u00e1n s\u00f3lidamente satisfechos para que se hubiera decidido as\u00ed\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adopt\u00f3 la providencia objeto de censura.  <\/span><\/p>\n

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Esto es, que se acredit\u00f3 la condici\u00f3n de poseedor del demandado, aqu\u00ed accionante, respecto del inmueble objeto del proceso, y que si bien, este aleg\u00f3 que el contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con el se\u00f1or Jos\u00e9 Oviedo Su\u00e1rez Silva el 18 de agosto de 2006, sigue vigente porque no ha sido resuelto ni existe pronunciamiento judicial al respecto, tambi\u00e9n lo es que mediante acuerdo conciliatorio el reivindicante y el se\u00f1alado Su\u00e1rez Silva resolvieron o rescindieron \u00abun contrato de promesa de compraventa sobre el mismo bien pose\u00eddo por Escobar Restrepo\u00bb, pero en dicho acto, \u00abno se negoci\u00f3 los derechos de este, ni tom\u00f3 decisi\u00f3n alg\u00fan en su nombre\u00bb, y si bien en Colombia se permite la venta de cosa ajena, sin perjuicio de los derechos del propietario, mientras no se extingan por el lapso del tiempo, dicho acto jur\u00eddico le es inoponible a este que no ha consentido en su realizaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que al encontrar reunidos los elementos estructurales de la pretensi\u00f3n reivindicatoria confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n que la acogi\u00f3;  hermen\u00e9utica respetable que se bas\u00f3, cardinalmente, en los art\u00edculos 174, 176, 177, 195 y 197 del C. P. C.,  y en los preceptos 946, 952 y 1871 y concordantes del C\u00f3digo Civil, la que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, todo lo cual no merece reproche a partir de la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Lo se\u00f1alado impone deducir, que lo pretendido por el quejoso, es anteponer su propio criterio al de las autoridades censuradas, y atacar, por esta v\u00eda, las disposiciones que la desfavorecieron, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del funcionario constitucional, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional, no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u201d. (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01)  <\/span><\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en  STC9884-2015 30 jul. 2015 rad. 0156200).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.-Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que la circunstancia de que la decisi\u00f3n adoptada en la providencia censurada resulte desfavorable a una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en si misma considerada, escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, como quiera que este:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir no se est\u00e1 demostrando el efecto apuntado en la demanda , ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses (CSJ STC 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada, entre otras, en STC 3 sep. 2015 rad. 00493-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.- Consecuentemente con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2476-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00342-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99651\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}