{"id":99653,"date":"2026-06-25T19:07:18","date_gmt":"2026-06-25T19:07:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2479-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:07:18","modified_gmt":"2026-06-25T19:07:18","slug":"stc2479-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2479-2017\/","title":{"rendered":"STC2479-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2479-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02531-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Mar\u00eda Amparo Castrill\u00f3n de Montoya contra la Superintendencia de Sociedades y la sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo S. A. en Liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la \u00abSEGURIDAD SOCIAL\u00bb, a la vida, a la igualdad, a la salud, al m\u00ednimo vital, a la \u00abASISTENCIA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD\u00bb y a la \u00abINTEGRIDAD F\u00cdSICA Y MORAL\u00bb, presuntamente conculcados por la entidad y la empresa accionada, al haber suspendido los pagos de su mesada pensional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicita entonces, concretamente, que se ordene a las  convocadas, \u00abpagar las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el mes de marzo de 2015 (\u2026), [las] cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y las primas entregadas en los meses de junio y diciembre de cada a\u00f1o\u00bb (fl. 24, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.  En apoyo de tales pretensiones, aduce en compendio, que pese a que desde el a\u00f1o 1982 empez\u00f3 a recibir la pensi\u00f3n que le fue reconocida a su difunto marido, a partir del mes de marzo de 2015, la Empresa Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. y el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedad, suspendieron el pago de las mesadas, las primas anuales y las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, que tienen todas a su cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que en la actualidad tiene 84 a\u00f1os de edad, por lo que es una persona de la tercera edad, y que su \u00fanico sustento es la citada asignaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual las anteriores circunstancias, asegura, vulneran los derechos fundamentales invocados (fls. 18 a 25, Cit.).    <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El liquidador de la sociedad Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. \u2013en liquidaci\u00f3n, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna a la inconforme, pues la cesaci\u00f3n en los pagos pensionales se gener\u00f3 por una parte, en la falta de liquidez de la empresa y por la otra, en la negativa del Ministerio de Trabajo respecto del plan de normalizaci\u00f3n pensional; a lo que agreg\u00f3, que como quiera que la Corte Constitucional ampar\u00f3 los derechos de los pensionados, ha realizado todas las conductas tendientes para su concreci\u00f3n, restando \u00fanicamente el visto bueno de la citada Cartera (fls. 98 a 107, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.        La Superintendencia de Sociedades a trav\u00e9s del Delegado para Procedimientos de Insolvencia, precis\u00f3 en lo fundamental, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abse han efectuado todas las gestiones que puede adelantar es[a] entidad en pro de favorecer a la accionante. Debe recordarse que (\u2026) no existen recursos l\u00edquidos para garantizar el pago de las mesadas pensionales adeudadas por la sociedad en liquidaci\u00f3n y por ello, en Sentencia T 149 de 2016 la Corte Constitucional orden\u00f3 un nuevo aval\u00fao y un nuevo intento de venta del \u00fanico activo con que cuenta la sociedad de manera que se logre el respectivo pago a los pensionados. As\u00ed, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtir\u00eda ning\u00fan efecto, (\u2026), por existir \u00f3rdenes concernientes al caso concreto de Aluminio Reynolds Santodomingo S.A.\u00bb (fls. 158 a 164, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.        El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Trabajo, en calidad de interviniente, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abdentro de sus funciones no se encuentra la de ordenar el pago de las mesadas pensionales de los pensionados y jubilados a cargo de las empresas privadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, destac\u00f3 que la impago de las mesadas pensionales por parte de la compa\u00f1\u00eda en liquidaci\u00f3n obedece a la \u00abfalta de recursos en efecto y no [a la] ausencia del concepto previo de[l] Ministerio para la normalizaci\u00f3n de ese pasivo\u00bb, pues no considera \u00abviable que los pensionados que cuentan en este momento con una avanzada edad, reciban en lugar de su mesada pensional vitalicia, la prorrata de los bienes que posee la empresa, como lo plantea el liquidador, pues en este evento no se estar\u00eda asegurando los recursos que garanticen el m\u00ednimo vital de los pensionados\u00bb (fls. 374 a 388, ib\u00eddem).            <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que respecto de la puntual tem\u00e1tica la Corte Constitucional ya se pronunci\u00f3, ordenando todas las medidas tendiente a lograr la liquides necesaria para la cancelaci\u00f3n de las acreencias pensionales.   <\/span><\/p>\n

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       Por lo anterior, orden\u00f3 al Ministerio de Trabajo por intermedio de la Subdirectora de Pensiones y\/o Contribuciones, que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de dicha providencia, \u00abponga en conocimiento de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y del liquidador de la SOCIEDAD ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N JUDICIAL (\u2026) el oficio No.187031 de noviembre 8 de 2016\u00bb; as\u00ed mismo dispuso, \u00abINSTA[R]\u00bb a la Superintendencia de Sociedades y a la citada empresa \u00abpara que a la mayor brevedad posible, desplieguen todas las medidas tendientes a ofertar los bienes de la empresa accionada como material chatarrizado, haciendo uso de las plataformas tecnol\u00f3gicas y entidades especializadas en la venta de activos, a efectos que con lo recaudado se cubra el c\u00e1lculo actuarial y se haga efectiva la conmutaci\u00f3n pensional (\u2026)\u00bb; y, cumplido lo anterior, \u00abcon la celeridad del caso, deber\u00e1 procurar el DIRECTOR DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES del MINISTERIO DE TRABAJO, una vez se presente la propuesta para la normalizaci\u00f3n del pasivo pensional efect\u00fae el mencionado liquidador, EMITIR el concepto que estime pertinente, de conformidad con lo reglado en el Decreto 1269 de 2000\u00bb (fls. 574 a 577, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El Delegado de la Superintendencia de Sociedades y el Agente Liquidador de la citada empresa, impugnaron el anterior fallo, se\u00f1alando en lo fundamental, que se desconoci\u00f3 el tan mentado precedente constitucional, en punto de la venta de los activos y que \u00e9stos no fueran rematados por debajo de su aval\u00fao (fls. 584 a 585 y 599 a 602, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la pretensi\u00f3n de la aqu\u00ed interesada, sin duda, va encaminada a que se ordene a la Superintendencia de Sociedades y a la empresa Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. en Liquidaci\u00f3n Judicial, \u00abpagar las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el mes de marzo de 2015 (\u2026) [las] cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y las primas entregadas en los meses de junio y diciembre de cada a\u00f1o\u00bb (fl. 24, Cit.); pues en su sentir, tal emolumento es el \u00fanico medio que garantiza su sostenimiento.    <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las solicitudes elevadas respecto de la mencionada autoridad y la mentada compa\u00f1\u00eda, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por la peticionaria resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que no ha hecho uso de las herramientas de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.         En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas al presente tr\u00e1mite, el informe aqu\u00ed presentado por las accionadas y el an\u00e1lisis de la sentencia T-149-16 de la Corte Constitucional, la se\u00f1ora Mar\u00eda Amparo Castrill\u00f3n de Montoya no ha expuesto ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, a trav\u00e9s del correspondiente incidente por desacato al mentado fallo de tutela, de que tratan los art\u00edculos 27 y siguientes ib\u00eddem, las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional\u00edsimo, para solicitar all\u00ed el pago de las acreencias pensionales que en el citado fallo se ordenaron tanto a la Superintendencia de Sociedades, al Liquidador de Aluminios Reynolds Santodomingo S.A. \u2013en Liquidaci\u00f3n y al Ministerio del Trabajo, ello con el fin de lograr la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas superiores cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed reclama.  <\/span><\/p>\n

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\u00abante la ausencia de recursos econ\u00f3micos y la incertidumbre acerca de la terminaci\u00f3n del proceso liquidatorio, la Corte estima que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar a los pensionados el pago oportuno de sus mesadas adeudadas desde el mes de enero de 2015, y si bien no se puede acoger la totalidad de la solicitud del Ministerio de Trabajo, en el sentido que opere la venta de activos por un valor inferior al aval\u00fao, es evidente que teniendo en cuenta el marco normativo aplicable, tanto el Liquidador como el Ministerio de Trabajo con aprobaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, les corresponde recurrir a todos los mecanismos previstos para la normalizaci\u00f3n de pasivos, entre los cuales est\u00e1n: i) la constituci\u00f3n de reservas, negociaci\u00f3n y pago de pasivos, conmutaci\u00f3n total y\/o parcial a trav\u00e9s de la constituci\u00f3n de fiducias, la constituci\u00f3n de patrimonios aut\u00f3nomos, conforme lo establecido en el art\u00edculo 41 de la Ley 550 de 1990 y al art\u00edculo 2 del Decreto 1260 de 2000. ii) la conmutaci\u00f3n pensional por medio de una compa\u00f1\u00eda de seguros a trav\u00e9s de una renta vitalicia; iii) la prevista en la Ley 550 de 1999, que consiste en la conciliaci\u00f3n de las acreencias pensionales ante la autoridad administrativa del trabajo debido a la evidente imposibilidad de llevar a cabo la conmutaci\u00f3n pensional con Colpensiones, por la insuficiencia de dinero en efecto de la empresa para realizar el pago total y\/o parcial de contado, a que haya lugar, del c\u00e1lculo actuarial para el caso de los pensionados de la empresa, por cuanto es un deber del Estado propiciar la participaci\u00f3n de todas las parte implicadas y que ven afectadas su vida econ\u00f3mica, en ejercicio de la democracia participativa para temar sociales.  <\/span><\/p>\n

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Destaca la corte el deber del liquidador en procurar efectuar actuaciones que le permitan realizar recaudos de dineros, la recuperaci\u00f3n y productividad de los bienes representativos de los activos de la empresa. En este sentido le corresponde obrar con la diligencia de un \u201cbuen hombre de negocios\u201d de conformidad con las funciones establecidas en los art\u00edculos 22 y 23 de la Ley 222 de 1995\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3.   Consideraciones con base en las cuales, adem\u00e1s de disponer de medidas especiales para amparar las garant\u00edas superiores de las personas que se encuentran en la misma situaci\u00f3n que alega la inconforme, modul\u00f3 los efectos de la decisi\u00f3n constitucional en comento, para ser aplicable \u00abinter comunis\u00bb, respecto a lo cual estim\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPor las condiciones particulares del caso, los efectos de esta decisi\u00f3n har\u00e1n extensi\u00f3n a todas las personas involucradas que se hallen en la misma situaci\u00f3n del demandante, lo cual se explica por las circunstancias espec\u00edficas y particulares de la sociedad en liquidaci\u00f3n, entre las cuales sobresalen, para este prop\u00f3sito, las siguientes: la situaci\u00f3n de igualdad en que se encuentran los pensionados (compartidos y directos), a quienes les asiste el derecho a participar en la distribuci\u00f3n de los activos de la compa\u00f1\u00eda; rige el principio de solidaridad, adem\u00e1s, se trata de una empresa en proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria, que ya tiene, por lo tanto, definida su vocaci\u00f3n de extinci\u00f3n. Por lo anterior, en esta oportunidad, la decisi\u00f3n de la Corte tendr\u00e1 efectos inter comunis frente al proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria de Aluminios Reynolds Santodomingo \u2013 En Liquidaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que todos los pensionados pertenecen a una comunidad, en situaciones de igualdad de participaci\u00f3n, y con el fin de evitar entre ellos desequilibrios injustificados\u00bb (Subraya la Corte)(C.C. T-149\/16).  <\/span><\/p>\n

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4.         As\u00ed las cosas, no cabe duda que los efectos del mentado fallo de revisi\u00f3n imped\u00eda al a quo volver a manifestarse sobre las quejas de la actora, por cuanto ya existe un pronunciamiento de fondo en sede constitucional respecto a los mismos hechos, derechos y pretensiones aqu\u00ed tra\u00eddas, pues como qued\u00f3 visto, lo resuelto tiene plenos efectos sobre ella, dada la calidad que dice ostentar, esto es, de pensionada, por lo cual debe \u00e9sta primero, entonces, procurar acogerse a las medidas que en dicha sentencia dispuso el \u00f3rgano de cierre constitucional para superar la vulneraci\u00f3n que alega1, y ante el eventual incumplimiento en la implementaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de las mismas, acudir a los mecanismos procesales disponibles ante el juez encargado de asegurar el cumplimiento de la decisi\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        De este modo, es evidente que la petici\u00f3n de amparo respecto de la puntual tem\u00e1tica no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por existir cosa juzgada constitucional frente a la situaci\u00f3n endilgada y contar la accionante con otros mecanismos id\u00f3neos para lograr obtener lo aqu\u00ed pretendido, pues como de tiempo atr\u00e1s lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n,  \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 10 feb. 2012, Rad. 2011-00174-01, reiterado entre otros en STC5006-2014, STC13469-2016)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Corolario de lo anterior, se impone invalidar el fallo constitucional de primera instancia, para entonces, desestimar la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y, en consecuencia, se NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional, T \u2013 272 de 2014 \u00abAs\u00ed por ejemplo, la Corte, ha decidido en varios casos emplear la figura de los efectos inter comunis para modular sus fallos con el fin de extender las decisiones adoptadas en proceso de tutela a personas que, estando en situaci\u00f3n equiparable a la de los demandantes, no han instaurado la acci\u00f3n respectiva, acudieron a la tutela y obtuvieron respuestas dispares, o acudieron a un procedimiento separado. En este orden, si bien por regla general los efectos de la tutela son inter partes, la Corte ha modulado los efectos de sus sentencias para asegurar el derecho a la igualdad de quienes hacen parte de un universo objetivo de personas que se encuentran en la misma situaci\u00f3n de los demandantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esta hip\u00f3tesis, las personas que se encuentran en la misma situaci\u00f3n que los peticionarios en un proceso en el que el amparo fue concedido con efectos inter comunis, pueden optar por impulsar la garant\u00eda de sus derechos ante el juez encargado de asegurar el cumplimiento de la sentencia, o, acudir a una nueva acci\u00f3n de tutela. En ambos eventos la autoridad judicial  debe contrastar la situaci\u00f3n del solicitante con los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la sentencia que dict\u00f3 los efectos comunes y, en caso de encontrar acreditada la identidad entre un caso y otro, dar aplicaci\u00f3n a las medidas de protecci\u00f3n ordenadas en dicha decisi\u00f3n\u00bb      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC2479-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02531-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99653"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99653\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}